La imponente marcha popular del jueves pasado ha puesto en cruda evidencia que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es “para todos y todas”. Buena parte de la ciudadanía siente que es ignorada, que sus reclamos no son siquiera considerados por un Poder Ejecutivo que impone sus políticas sin admitir discusión alguna, ni atender puntos de vista diferentes.

No es fácil desentrañar consignas en movilizaciones espontáneas y tan extendidas, pero parece claro que existe preocupación por una corrupción estatal tan intolerable como impune, por la ineficacia en prevenir tragedias como la de Once o las recientes inundaciones, por una inflación que horada cada vez más una estancada e imprevisible situación económica, pero sobre todo por un modo de gobernar que lejos de enfrentar estas cuestiones sólo se preocupa en acrecentar su poder hasta el punto de intentar suprimir todo límite constitucional.

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