“Para profundizar mi tarea iniciada el año pasado, he vuelto a presentar un nuevo proyecto de declaración dirigido al Poder Ejecutivo Nacional solicitando que lleve adelante las acciones necesarias para modificar el decreto 432/97  por el que se establecen los requisitos para el otorgamiento de las pensiones por invalidez y vejez en nuestro país”, expresó Soledad Carrizo.

 

“Esto esta ligado a mi convicción de que el asistencialismo estatal no debe estar guiado por criterios de indigencia y extrema desprotección para su concesión, sino por la lógica de acompañamiento y solidaridad  para que todos los habitantes del país puedan alcanzar un proyecto de vida y una integración social plena”.

 

Motivada por la preocupación de alcanzar una protección integral de las personas con discapacidad y vejez, el proyecto se encamina a lograr la readecuación de los criterios de otorgamiento de estas pensiones en conformidad con la Convención de los Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre los Derechos de Adultos Mayores.

 

“Lo que busco es lograr una mayor accesibilidad para el universo de sujetos afectados y en este sentido, la reforma que el proyecto propone responde a un proceso de extensión de derechos para un universo vulnerable que los distintos tratados internacionales suscriptos por nuestro país obligan a proteger”, agregó Carrizo.

 

“Hoy, el decreto 432/97 de 1997 que define los requisitos para el acceso a pensiones por vejez e invalidez resulta deficiente y restrictivo, manifestando una contraposición con los compromisos internacionales para la protección de las personas con discapacidad y vejez, en tanto dispone de condiciones gravosas y exorbitantes que terminan por restringir el acceso de un alto número de potenciales beneficiarios, provocando con ello el desamparo y desatención sobre su estado de vulnerabilidad”, concluyó Carrizo.