La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el Consenso Fiscal, firmado por 23 de los 24 gobernadores, y el proyecto de Responsabilidad Fiscal, por el cual los mandatarios provinciales se comprometieron a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años.

Carrizo aseguró que este acuerdo, “recorre transversalmente a todos los proyectos y temas que hemos tratado hasta estos días, que también transita y transitará durante el próximo año por todas las legislaturas provinciales y que será función de los legisladores provinciales controlar el cumplimiento de los compromisos que cada gobernador asumió con su firma el 16 de noviembre de este año. Aquí materializamos la idea de un consenso prácticamente unánime que reconfigure las relaciones provinciales, nacionales y municipales, con una idea de sustentabilidad futura”.

“Se trata precisamente de la agenda federal que tanto se reclamaba y se pudo lograr, con un inmenso esfuerzo de negociación y acuerdo entre intereses nacionales e intereses provincialesSin embargo, es necesario hacer especial referencia a 2 cuestiones que me dejan muy satisfecha y por los cuales personalmente he trabajado desde hace tiempo: la cuestión de la autonomía municipal y el Fonavi”, aclaró.

También se refirió a la autonomía y dependencia económica como términos incompatibles. “No podemos pensar en un proceso de reformulación federal cuando varias provincias argentinas carecen de leyes locales para la coparticipación interna, o en caso de tenerla no la cumplen, produciendo una asfixia hacia su interior. En esto es muy importante ser contundente: la autonomía municipal no debe depender de la buena predisposición de los gobiernos provinciales de turno”.

 

“Cito el caso de mi provincia. Córdoba tiene 428 entidades municipales con mayor o menor autonomía, y se jacta de ser la provincia que más promueve el municipalismo y el desarrollo de sus gobiernos locales. Sin embargo, la práctica no se condice con sus dichos. El consenso que hoy estamos trabajando promete una reconfiguración y reorganización del sistema de distribución de recursos, traducido en la modificación de la base sobre la que se calcula la coparticipación bruta de Nación a Provincias y esto es lo que pedimos, un discurso coherente que permita trasladar las bondades de este consenso hacia el interior de cada provincia, y especialmente la provincia de Córdoba cuyo gobernador ha manifestado una interpretación restrictiva de los beneficios de este acuerdo hacia los municipios. Esta misma visión restrictiva hacia el desarrollo de los municipios cordobeses ha provocado que en últimos  4 años y 9  meses no se distribuyera hacia el interior 12.900 millones”, aseguró Carrizo.

“Así las cosas”, agregó, “este consenso resulta por demás prometedor al obligar a las provincias a mejorar y transparentar sus vínculos internos. Este pacto permitirá sanear una deuda histórica, garantizando formalmente a los municipios de todo el país su reconocimiento como tercer orden estatal y como actores fundamentales del escenario federal”.

“En segundo lugar, merece destacarse también una cuestión muy poco visibilizada pero que ha tenido grandes consecuencias y que personalmente he trabajo a través de un proyecto de ley durante este año, y es el tema del Fondo Nacional para la Vivienda o FONAVI, que cuyos recursos son desde 2002 de libre disposición para las provincias beneficiarias. Esto ha generado que las provincias a través de sus órganos de ejecución hayan dispuesto libre y discrecionalmente la imputación de los recursos a otras finalidades, en clara contradicción con la política nacional de vivienda”.

“Hacia 2016, el déficit habitacional se ha mantenido constante llegando a los 3,5 millones de hogares. En este contexto resulta incoherente y contraproducente mantener un permiso para que las provincias sigan desviando recursos para viviendas. Por eso este pacto que hoy acompañamos establece entre los compromisos asumidos por las provincias, la restitución de la exclusividad en la aplicación del los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) a las problemáticas habitacionales, poniendo fin a un permiso que hoy resulta contraproducente”, concluyó Carrizo.