POLITICA

 

 

EN EL TIMBREO, EL GOBIERNO NEGÓ EL TARIFAZO Y PERFILÓ A SUS CANDIDATOS 

Después del traspié con la Corte, la postura oficial es que la suba de tarifas no afectó a la gente. Desembarco en el Conurbano con ministros que podrían ser postulantes en 2017
Después del traspié con la Corte, la postura oficial es que la suba de tarifas no afectó a la gente. Desembarco en el Conurbano con ministros que podrían ser postulantes en 2017
Economía y política
Comenzando con el título de “Medidas sociales”, el PDF de 8 páginas enumera las principales medidas de Mauricio Macri en sus primeros 9 meses de gobierno. Con el material leído y estudiado, después del revés de la Corte Suprema por el tarifazo, con ítems como “Devolución del IVA a beneficiarios de la AUH y jubilados”, “Plan nacional de vivienda” o el “Estado en tu barrio”, el propio Presidente con sus ministros salieron el pasado sábado a timbrear por tercera vez desde que Cambiemos asumió el poder. Con las legislativas de 2017 cada vez más cerca, sorteando los avatares de la gestión, la práctica volvió a desplegar toda su impronta de campaña. De esta manera, con foco en el Conurbano bonaerense, clave para balancear cualquier elección de medio término, se probaron el traje de posibles candidatos hoy ocupantes de despachos nacionales como Esteban Bullrich (Educación) en Almirante Brown; Carolina Stanley (Desarrollo Social) en Esteban Echeverría y Jorge Triaca (Trabajo) en San Justo.
Con la excepción de Macri junto a la gobernadora María Eugenia Vidal en San Miguel, un distrito vidalista con su intendente de licencia Joaquín De la Torre asumiendo hoy en el gabinete provincial, el resto visitó territorios ajenos. Con el jefe de Gabinete Marcos Peña, después de una semana bonaerense de pasos por Hurlingham, Chascomús, La Plata y Berisso, Bullrich pasó por las calles gobernadas por el (ex) sciolista Mariano Cascallares; Stanley los pagos del peronista Fernando Grey; y Triaca, acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, le tocó ni más ni menos que La Matanza de Verónica Magario, bastión del PJ provincial.
No fueron los únicos en timbrear lejos de, en los papeles, intendencias de Cambiemos: Pablo Avelluto (Cultura) fue a José C. Paz de un hoy casi vidalista Mario Ishii; Francisco Cabrera (Producción) a Escobar; y Andrés Ibarra (Modernización) en el San Fernando del massista Luis Andreotti.
La lógica de calentar los motores de la campaña se trasladó al resto del país: Mario Negri, titular del interbloque de Cambiemos en Diputados, llevó a varios correligionarios de la UCR a su provincia, la peronista Córdoba; otro radical, el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaille viajó a su Formosa natal; y hasta la (nueva) visita de Rogelio Frigerio (Interior) a Entre Ríos, esta vez a Maciá a entregar viviendas, alimentó las versiones pensando en 2019.
El manual repartido para la praxis del tercer timbreo, con la antesala del fallo del máximo tribunal, se encarga de listar estadísticas para sostener la teoría de que el tarifazo es una “sensación”, como alguna vez lo fue la inseguridad. “¿A quiénes afecta las nuevas tarifas de gas?”, se pregunta el texto y se responde: “Solamente a la mitad de los hogares”, antes de explicar que “5 de cada 10 usuarios no son afectados por el aumento, ya sea porque usan gas por garrafa o porque tienen algún beneficio (Tarifa Social)”.
Continúa el texto evangelizador para golpear las puertas de los vecinos: “Con los aumentos incluidos, casi 9 de cada 10 hogares recibieron facturas de menos de $ 500 por mes”, luego de negar que haya habido “aumentos de más del 1000%” y defender por qué el Gobierno no llamó a las audiencias públicas que, luego, lo obligó la Corte.
En radio Del Plata, ayer, el diputado Nicolás Massot, titular del bloque PRO, validó la tesis oficial, al afirmar que los aumentos han sido dramatizados “mediáticamente”. El Cronista menciona a Mario Negri/

 

 

 

 

JORNADAS DE CIENCIA POLÍTICA

 

Durante la semana, expondrán y participarán varios columnistas habituales de el estadista, como Julio Burdman, Luis Tonelli, Mario Serrafero, Mariano Fraschini y Nicolás Tereschuk, entre otros.

Desde el lunes y hasta el viernes, se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) las jornadas de Ciencia Política, con eje en diferentes fenómenos de la política nacional e internacional, entre los que no estarán exentos temas actuales como la reforma electoral que promueve el Poder Ejecutivo, el funcionamiento del Congreso Nacional en el contexto actual y la situación en América Latina, entre otros.

“La temática es muy amplia y se ha organizado alrededor de seis ejes: Política Comparada; Opinión Pública y Análisis Político; Política Latinoamericana; Teoría y Filosofía Política; Administración y Políticas Públicas; y Relaciones Internacionales”, explica Elsa Llenderrozas, directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA. “La iniciativa ha tenido una enorme repercusión y la respuesta a nuestra convocatoria ha sido sorprendente. Toda la semana se realizarán paneles en simultáneo donde participarán 75 estudiantes y graduados recientes, de más de 15 universidades y centros de investigación, nacionales y extranjeras”, destaca.

Los cambios en el sistema de votación que busca introducir el Gobierno Nacional y la propuesta de sancionar por ley la obligatoriedad de los debates presidenciales, se tratarán en varios paneles durante toda la semana.

Uno de ellos, el martes, lo encabezará María Cristina Girotti, directora nacional de Asuntos Políticos y Reforma Política de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales que encabeza Adrián Pérez; junto a ella, participarán los docetes de la UBA, Fermín Ubertone, Jorge Portero, Ezequiel Sigman y María Belén Natiello. Al día siguiente, Girotti compartirá mesa con las diputadas Silvia Lospennato y Carla Carrizo, y el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral.  El jueves, en tanto, Facundo Galván y María Inés Tula expondrán acerca de “Elecciones, Reforma Política y Observación Electoral”.

Durante las jornadas, además, expondrán varios columnistas habituales de el estadista, como Julio Burdman, Mariano Fraschini y Nicolás Tereschuk, entre otros, y participarán de la apertura y el cierre, respectivamente, Luis Tonelli, y Mario Serrafero, Martín D’Alessandro y  Juan Manuel Abal Medina, respectivamente. El Estadista menciona a Carla Carrizo/

 

 

 

 

TRANSICIÓN PRESIDENCIAL: EL PRO QUIERE QUE HAYA UN INVENTARIO 

La página del Congreso Tras la mala experiencia de Macri con Cristina, envió un proyecto. Prevé que se entregue una “memoria del Estado”.
Cuando en diciembre pasado, Cristina Kirchner intentó fijar condiciones y luego se escabulló de la ceremonia de traspaso de mando a Mauricio Macri, cobró fuerza la necesidad de fijar reglas de juego para las transiciones presidenciales. El proyecto del Ejecutivo para regular la materia ingresó a principios de este mes a Diputados, y está en lista de espera para ser tratado luego de la reforma electoral.
Buscando dar certezas frente a la telenovela por entregas en que se convirtió el traspaso en diciembre (vale recordar que el PRO terminó llevando el tema a la Justicia), el proyecto establece que “el presidente de la Nación electo se encontrará en condiciones de asumir el cargo a partir de las cero horas del día siguiente al de la finalización del mandato de cuatro años del presidente saliente” .
Pero la iniciativa va más allá de los actos simbólicos de la banda y el bastón. El aspecto clave que se regula es la información que debe tener a disposición el gobierno entrante para “evitar la parálisis de la administración pública”.
Así, el proyecto postula que deberá entregarse una “memoria del estado” (que luego irá al Congreso) y “como mínimo” contar con información de cada ministerio y organismos públicos en cuanto a autoridades y personal de la planta permanente, transitoria o de contratados; de su situación financiera; de los procesos judiciales que pudiera haber; las contrataciones; los informes de auditoría; y el inventario de bienes, depósitos o disponibilidad financiera, entre otros aspectos. El jefe de Gabinete del gobierno saliente es la autoridad de aplicación de la ley.
“El proyecto es producto del estado en que se encontró la administración al asumir el gobierno -dicen fuentes oficiales-. Se pasaron cuatro meses tratando de reconstruir porque no había un sólo papel, los que habían dejado computadora no tenían información adentro, te encontrabas los muebles vacíos”.
El proyecto del Ejecutivo, elaborado por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, junto a la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Marina Carbajal, deberá ser debatido en la comisión de Asuntos Constitucionales , por ahora abocada a la reforma electoral para instaurar la boleta única electrónica. El tercer proyecto de reforma política que ya llegó al Parlamento es el de debate presidencial obligatorio, que ingresó por el Senado.
Transición presidencial no aparece como una urgencia para el Gobierno porque -al igual que debate obligatorio- recién se aplicaría en 2019. Pero podría tratarse en unas semanas. “Hay que legislar este tema después de lo que nos pasó. No es difícil tener consenso” , sostiene la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, que recordó haber presentado un proyecto similar. La iniciativa tendría también el visto bueno del peronismo disidente y la centroizquierda. Clarín/

 

 

 

RODOLFO URTUBEY. SENADOR DEL BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA 
“LA PROCURADORA NO DEBE SER SACADA A LOS EMPUJONES” 

-Ahora están en discusión en el Senado los proyectos de ley de arrepentido y de extinción de dominio, que tuvieron media sanción en Diputados. ¿Les harán cambios? -Vamos a hacer muchas modificaciones, algunas muy sustanciales. Básicamente, en arrepentido la idea es fijar un limite temporal a la posibilidad de arrepentirse, que para nosotros debe ser en el momento de la elevación de la causa a juicio.
-¿Y en caso de extinción de dominio? -No hay una posición unificada en el bloque, pero en general estamos de acuerdo en que debe desarrollarse en el marco del proceso penal. Los jueces civiles no son jueces especializados en la materia, no tienen competencia que tenga que ver con analizar estrategias para esconder bienes que provengan de actividades delictivas complejas. Con esto, más el impulso de un fiscal especializado, vamos a poder superar esta experiencia que tenemos en los procesos penales que hay que esperar hasta que la sentencia sea firme y definitiva para la recuperación de activos.
¿Y si el acusado termina finalmente absuelto? -Ahí podría haber una revisión de la sentencia de extinción de dominio y lo que se devuelva sea el valor de los bienes y no los bienes en sí mismos.
-¿Qué opina del proyecto de reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal, que hoy está en la Cámara de Diputados? -Entendemos que esa modificación debe avanzar en un sentido que no sea solamente hacer unaley en función de la actual procuradora general sino introducir reformas que tengan sentido y que hagan funcionar mejor a la Procuración.
-¿Qué piensa del apuro del oficialismo para desplazar a Gils Carbó de la Procuración? -Estoy en contra de cualquier medida violenta que afecte las instituciones.
Ni la procuradora ni ningún magistrado debe ser sacado a los empujones de su cargo a menos que se acredite que hay una causal por mal desempeño.
En ese sentido, la reforma de la ley de Ministerio Público no debe ser un mecanismo sólo pensado para remover a la procuradora.
-¿Pero el proyecto original no apuntaba a removerla? -Sí, el original del Ejecutivo tenía ese propósito. Me parece evidente aquel proyecto buscaba restarle poder para avanzar en su remoción.
-En el kirchnerismo acusan al bloque del FpV en el Senado de ser demasiado moderado. ¿Usted lo ve así? -No, somos responsables y tenemos una conducta de compromiso con la gobernabilidad. Clarín/

 

 

 

 

A SALVO DE LA TRAICIÓN Y DEL CHANTAJE 

Hay un aspecto de la reforma electoral impulsada por el Gobierno al que no se le está otorgando la debida importancia. Me refiero a la decisión de que sea el Estado, y ya no como hasta ahora los partidos políticos, el que garantice la presencia de toda la oferta electoral en los lugares de votación.
La introducción del voto electrónico o, en su defecto, de la boleta única de papel permitirá liberar a la política electoral de la excesiva injerencia de los intereses localistas y particularistas, contribuyendo, así, a fortalecer los liderazgos partidarios nacionales y mejorar nuestra democracia.
Para dar cuenta de los alcances del cambio propuesto hay que tomar en cuenta el carácter accidentado de nuestra historia electoral y su corolario: impidió que las reglas que estructuran el comportamiento electoral revelaran todas sus potencialidades, que recién comenzaron a manifestarse con la estabilidad democrática inaugurada en 1983, en particular cuando los dos grandes partidos de implantación nacional, la UCR y el PJ, dejaron de ser lo que eran: uno porque perdió apoyo electoral y otro porque se fue faccionalizando.
Este nuevo escenario en el sistema de partidos fue el terreno propicio para que cobraran vigor las tendencias localistas y particularistas latentes en las reglas electorales, y para que proliferaran prácticas manipuladoras de la oferta electoral. En materia de reglas se puede señalar la existencia de un federalismo electoral fuerte que multiplicó los centros de poder; una regulación permisiva respecto del surgimiento y mantenimiento de partidos políticos que incrementó su número; la paradoja de reconocer partidos distritales que compiten en elecciones nacionales; la organización descentralizada de los propios partidos políticos que otorga autonomía a sus subunidades locales; los fallos de la Justicia que, en algunos casos, contribuyeron a fortalecer la organización distrital de los partidos frente a la nacional y, en otros, habilitó las listas espejo.
En materia de prácticas, la boleta partidaria, aquella con la que los partidos hacen proselitismo, diseñan y llevan a los lugares de votación, exhibió toda su capacidad estratégica. Una modalidad habitual fue colocarla al servicio de la competencia interna dentro de una misma familia política. Surgieron así la boleta corta, es decir partidos que, cuando las elecciones son simultáneas, presentan listas para cierta categoría (concejales y legisladores provinciales), pero no para candidatos nacionales; las listas espejo, que llevan los mismos candidatos bajo siglas partidarias distintas; las colectoras, con un mismo candidato para una categoría (presidente), pero se diferencian por presentar postulantes de distintos partidos en otras, como por ejemplo diputado nacional; los cortes de boleta no espontáneos.
Todas las estrategias mencionadas tienen a los poderes locales como principales actores, porque se necesita de ellos para que la boleta llegue al cuarto oscuro. Un ejemplo de su impacto fue la elección de diputados de 2009 en la provincia de Buenos Aires, en la que el ex presidente Néstor Kirchner perdió porque obtuvo menos votos que la lista del FPV para la elección de legisladores provinciales o concejales. Ese resultado fue producto de la utilización de boletas cortas en algunos distritos (por caso, Tigre) o del corte de boleta, como sucedió en La Plata.
Los efectos del uso estratégico de la boleta que acabamos de describir se nutren de lo que en la jerga electoral se conoce como “el poder territorial”, en cuyas manos se colocan su confección y distribución. Al hacerlo se abren también las oportunidades a la extorsión y la traición. Sobre este último punto resulta pertinente aclarar que los riesgos de la boleta en manos de los partidos fueron oportunamente advertidos por quienes a fines del siglo XIX advocaron en los Estados Unidos por la introducción de la boleta única.
Hay otro impacto adicional del uso estratégico de la boleta sobre el cual es preciso llamar la atención, y es el que juega con la desinformación y la confusión del elector. Cuando el elector, en el mar de boletas que encuentra en el cuarto oscuro, identifica la de su candidato preferido, ¿sabe acaso que se trata de una boleta corta cuyo objetivo es restarle apoyo a un contrincante que compite en otra categoría? ¿Tiene claro que su candidato preferido está en distintas listas colectoras y que, quizá, termine votando en otras categorías candidatos que le son ajenos? ¿Sabe el elector que puede estar votando a los candidatos de su preferencia, pero no al partido de su preferencia? Mantener en secreto estos efectos, como ocurre con frecuencia, tiene mucho de deshonestidad electoral, pues estamos frente a operaciones políticas que especulan con la confusión o ignorancia de los ciudadanos.
Colocar las elecciones a salvo del poder territorial y de la deshonestidad electoral fortalecerá los liderazgos partidarios nacionales al no exponerlos al chantaje y a la traición, y a la vez ofrecerá a los electores opciones claras al momento de votar Por esta razón, la iniciativa del Gobierno de proponer al Estado como garante de la oferta electoral es un dato clave para nuestra democracia, pues importa un verdadero salto de calidad. Directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT y miembro de Argentina Elige La Nación/

 

 

 

ALBERTO DALLA VÍA: “LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL NO CEDERÁ EL CONTROL DE LAS ELECCIONES” 

El juez cuestiona el proyecto de boleta única electrónica que impulsa el Gobierno
La incorporación de una urna que expida la boleta única electrónica (BUE), una máquina, a la hora de votar garantiza la celeridad, pero no la transparencia. Por eso, los jueces y la Cámara Electoral no podemos ni debemos renunciar a ejercer funciones de control.” Así lo afirma Alberto Dalla Vía, en su carácter de presidente de la Cámara Nacional Electoral, y sus afirmaciones, en buena medida, dejan traslucir el malestar que sienten muchos jueces federales por la intención del Gobierno de avanzar rápidamente con un proyecto para incorporar la boleta única electrónica.
En efecto, la idea original de crear un organismo electoral dentro del Poder Ejecutivo fue dejada de lado por las quejas de los magistrados. El Ejecutivo también pretendía unificar el calendario electoral nacional y provincial en sólo dos domingos, pero los gobernadores le explicaron que tienen sus necesidades.
Así, aquel proyecto amplio quedó reducido tan sólo a la introducción de la BUE, similar a la que se usó en Salta y en la Capital Federal, y a un proyecto para tornar obligatorios los debates presidenciales. Pero aun así los jueces siguen siendo muy críticos del proyecto oficial por incorporar la BUE. -¿Por qué objeta la BUE, si en la Capital permitió un recuento rápido y la gente quedó satisfecha?
-Porque el proyecto no nos permite a los jueces ejercer suficientes controles. Fíjese: ese proyecto establece que nosotros tendremos la facultad de controlar el hardware, es decir, las máquinas que comprará el Poder Ejecutivo; el software que usarán las máquinas y que comprará el Gobierno; el escrutinio de los votos, y la trazabilidad de la distribución de las urnas. Sin embargo, no sólo nosotros no diseñamos ese sistema -a diferencia de Brasil, donde la justicia desarrolla el software y las máquinas, para evitar trampas-, sino que no nos dan los recursos necesarios para hacerlo. Es decir, estaríamos trabajando a ciegas. Y nosotros, los jueces, no podemos privatizar la soberanía popular y rendirnos frente a una urna electrónica. -Sin embargo, el Gobierno acaba de ceder y le entregó a la Justicia la realización del escrutinio provisional, que actualmente está en manos de Interior. Esto agrega transparencia.
-Sí, esa modificación es positiva, pero no alcanza. Tenemos que poder auditar todos los pasos de la elección, para seguridad de la población. La Argentina tiene una tradición de control judicial y no debemos desaprovechar esa experiencia. -¿Cuántas urnas serían necesarias para cubrir una elección?
-Tantas como mesas hay en el país, es decir, unas 100.000 urnas. -¿Qué es lo que ustedes necesitarían?
-Nosotros, para poder auditar todo el sistema, necesitamos que la futura ley nos asigne un presupuesto propio y que esas partidas estén garantizadas en el presupuesto nacional y no dependa de la voluntad del titular de Hacienda. Necesitamos contratar ingenieros y personal que audite las urnas, y un técnico y un fiscal por cada establecimiento de votación, para seguir la distribución de las urnas y solucionar cualquier problema que surja. Actualmente, por ejemplo, el Renaper toma fotos y huellas y nos pasa esa información para que hagamos los padrones y nosotros debemos confiar en su veracidad, porque no tenemos forma de chequearla. Ahora nos va a pasar lo mismo con la urna electrónica? -¿Cuánto tiempo tienen para hacer la auditoría?
-Le aclaro que todavía no sabemos qué es lo que tenemos que auditar, pero el proyecto ya fijó un plazo: 120 días antes de la elección, es decir, el 15 de abril. -Sin embargo, a los ciudadanos les parece eficiente y positivo dejar atrás las boletas de papel.
-En la mayor parte del mundo se sigue votando con papel. La CNE siempre sostuvo que hay que dejar de lado la lista sábana y pasar a una boleta única, de papel o electrónica. El problema no está en el sistema, sino en asignarle a esa BUE un efecto mágico, ilusorio y de transparencia, que no lo tiene. El escrutinio será más rápido, pero no más transparente. -Las listas sábana seguirán vigentes.
-La boleta electrónica reduce el efecto arrastre que se nota cuando hay boletas en las mesas. Pero sí la lista sábana continuará, porque no se modifica el sistema proporcional ni el método D’Hont de distribución de bancas, aunque en la BUE aparezcan sólo las cabezas de esas listas. El proyecto tampoco encara una verdadera reforma política, porque no modifica la ley de partidos políticos, que deberían ser fortalecidos. -¿Cuáles son los aspectos positivos que le ve al proyecto?
-Se fueron solucionando algunos temas. Por ejemplo, originariamente el Gobierno proponía que las PASO fueran voluntarias, pero la UCR y el PJ reclamaron que siguieran siendo obligatorias. Ese proyecto también pretendía que cada ciudadano pudiera votar sólo dentro de un único partido, pero esto también se corrigió, para darles más libertad a los electores, como tienen ahora, y podrán votar por distintos partidos cuando elijan diputados, senadores o presidente. El proyecto siempre es perfectible. Otro de los aspectos positivos es que habrá un fiscal ante la Cámara Nacional Electoral, y el número de peritos contadores, que inspeccionan el financiamiento de los partidos, subirá de 8 a 24. Pero el tema central es que el proyecto debilita el control judicial. En 2009 el Gobierno nos sacó atribuciones para transferirlas a la Dirección Nacional Electoral y al Ministerio del Interior y ahora siguen dentro del Ejecutivo. Los jueces queremos recuperar las facultades que nos sacaron.

La Nación/

 

 

ACETOLIVA 

Economía y política
Nito Artaza confirmó su pase al massismo El ex senador Eugenio “Nito” Artaza confirmó ayer en Corrientes su ingreso al Frente Renovador que conduce Sergio Massa, en el marco del congreso provincial en el que aseguró: “Somos muchos los radicales que no creemos en el liberalismo descarnado”. Artaza, que participó del congreso provincial del Partido Renovador en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, agregó: “Apoyamos a Sergio Massa. Nos sumamos a construir el Frente Renovador. Tenemos que pensar una provincia productiva y justa donde los correntinos podamos vivir y desarrollarnos”. Por su parte, el presidente del Partido Renovador en Corrientes, Germán Braillard Poccard, destacó el crecimiento de la fuerza y advirtió que su rol en la provincia será “pedir al gobierno nacional más federalismo y mayor atención al Norte Grande”. Fue durante un encuentro en el club Ferrocarril de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, con la participación de 150 dirigentes de diversas ciudades de la provincia; del que Artaza participó luego de visitar el barrio correntino de San Roque junto a su pareja, la artista Cecilia Milone, para estar presente en una chocolatada organizada por la Fundación Augusta por el Día del Niño. Política en el Día del Niño El diputado nacional Sergio Massa estuvo en los festejos por el Día del Niño en Troncos del Talar, junto al intendente de Tigre, Julio Zamora. Cientos de vecinos habían colmado las plazas del municipio para disfrutar de los sorteos, juegos, inflables y espectáculos gratuitos. Sin embargo, no faltaron las declaraciones políticas. “En los barrios, la suspensión del tarifazo trajo alivio”, dijo allí Massa.
También el intendente de Vicente López, Jorge Macri, compartió con los vecinos el festejo por el Día del Niño. Fue el sábado en la plaza Alem, de Munro, adonde junto al vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, habló con las familias presentes sobre la importancia del deporte en la lucha contra las adicciones.
Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Garro, participó de los festejos en la República de los Niños ayer por la tarde, cuando declaró ciudadano ilustre del tradicional paseo al artista Carlos Balá, de 91 años. “Fue emocionante. Es un orgullo haberlo designado primer ciudadano ilustre de la República de los Niños”, destacó Garro. La resistencia cultural a la paridad de género El presidente de la UCR, José Corral, decidió ponerse al frente del reclamo de las dirigentes del partido para que la reforma electoral que impulsa el Gobierno incluya una ampliación del cupo femenino en cargos electivos. Eso le valió alguna que otra cargada entre sus correligionarios, que parecen tener resistencias a la paridad de género en el Congreso. Fue en una de las habituales reuniones de los martes, cuando Corral le comunicó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el proyecto de ley de género que busca llevar el cupo femenino del 30 al 50%. En medio de su avanzada, algunos de sus colegas lo trataron de “pollerudo”. Corral, que es casado y tiene dos hijas, respondió con otro chiste al comentario machista: “Soy el intendente que más platos lavó de la historia argentina”. Encina, intendente de Margarita Belén El peronista Roberto Encina fue electo ayer como intendente de la localidad chaqueña de Margarita Belén y reemplazará al dirigente de su partido Roberto Polich, fallecido en funciones el pasado 23 de junio. Encina, actual secretario de Gobierno de la localidad, consiguió el apoyo de varios funcionarios del gobernador Domingo Peppo, quien compartió anoche los festejos. El Cronista/

 

 

 

EL SENADO CONGELA LO DE LA LEY DEL ARREPENTIDO 

Los dos proyectos impulsados como herramientas contra la corrupción y el narcotráfico quedaron trabados luego de que todos los especialistas consultados los cuestionaran.
El Senado dejó en suspenso el debate sobre los proyectos de ley del arrepentido para los casos de corrupción y de recuperación de bienes de procedencia ilícita debido a la gran cantidad de cambios que les harían, pero retomará la semana próxima el tratamiento del proyecto de Acceso a la Información Pública. Los dos proyectos impulsados por el massismo y avalados por el oficialismo como herramientas contra la corrupción y el narcotráfico quedaron trabados en la Cámara alta luego de que todos los especialistas convocados para dar su opinión los cuestionaran.
El tratamiento de las iniciativas está congelado desde el 4 de agosto, cuando se realizó la última reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el entrerriano Pedro Guastavino, del PJ FpV, y no se retomará hasta principios de septiembre. Así lo indicaron a NA fuentes de esa comisión, que señalaron que si bien los senadores de todos los bloques siempre tuvieron presente que deberían hacerles modificaciones a los proyectos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados- la cantidad de cambios es mayor a la prevista.
Fueron tantos los cambios sugeridos por los especialistas, que los asesores jurídicos de la Comisión de Justicia encargados de la lectura fina de los proyectos concluyeron que deberían ser redactados casi desde cero, según supo esta agencia.
Reunión informal
Los jefes de bloque y algunos de los senadores que participaron de los debates en comisión mantendrán la semana próxima una reunión informal en la que tratarán de ponerse de acuerdo respecto de los cambios que le harán a los proyectos, revelaron fuentes parlamentarias a NA.
La intención es evitar que sean archivados; los senadores no quieren dar la impresión de que frenaron los “proyectos contra la corrupción”, que pese a ser del massismo el Gobierno adoptó como propios.
Para compensar la demora en la aprobación de estas iniciativas, que dejó al Senado en una situación casi de parálisis, el jefe del bloque del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, se movió para reactivar el debate del proyecto de Acceso a la Información Pública, impulsado por el Gobierno. La iniciativa está en la Comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza el neuquino Marcelo Fuentes, uno de los senadores del ala kirchnerista del bloque PJ-FpV, quien hace marchar a paso lento el proyecto del Poder Ejecutivo. Según supo NA, Pichetto le pidió a Fuentes que retomara el debate de ese proyecto cuanto antes y el reclamo fue acompañado por Guastavino y por Juan Manuel Abal Medina, que presiden las otras dos comisiones que participan del debate sobre Acceso a la Información Pública.
Así, el plenario de las comisiones de Asunto Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se reunirá el próximo martes a las 13.00 para escuchar a referentes de ONG y especialistas en el tema, al tiempo que no se descarta la firma del dictamen para el proyecto. Diario Popular/

 

 

 

NO HAY ACUERDO SOBRE LAS REFORMAS A INTRODUCIR POR LA OPOSICIÓN 

 

Se complica en Senado la ley del arrepentido: todo al freezer y cambio de agenda
El Senado dejó en suspenso el debate sobre los proyectos de ley del arrepentido para los casos de corrupción y de recuperación de bienes de procedencia ilícita debido a la gran cantidad de cambios que proponen para la iniciativa., pero retomará esta semana el tratamiento del proyecto de Acceso a la Información Pública.
Finalmente los proyectos sobre arrepentidos y recuperación de bienes, fueron observados por especialistas que concurrieron a dar su opinión y así se trabaron en el Senado, a principios de agosto cundo la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunió por última vez, mientras que el cronograma dispone de un nuevo encuentro para principios del mes próximo. Las dos iniciativas fueron impulsadas por el Frente Renovador de Sergio Massa, pero también con aprobación del oficialismo con la idea de contar con dos leyes que podrían utilizarse como herramientas contra la corrupción y el narcotráfico.
La cantidad de retoques que deben hacerse a las normas que fueron aprobadas por Diputados es mayor de lo esperada y requerirá de una revisión por parte de los senadores, de acuerdo a las diferentes propuesta que hicieron los expertos. En Diputados, el proyecto que amplía la figura del arrepentido a los casos de corrupción, se aprobó con 194 votos a favor y solamente 5 en contra, en junio pasado pero también con gran cantidad de modificaciones.
En el Senado buscarán que las iniciativas no terminen olvidadas sin tratamiento y mucho menos trabadas. Mientras, el jefe del bloque del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, reactivó el proyecto del Gobierno sobre Acceso a la Información Pública (ya aprobado también por Diputados). Esta semana debe reunirse un plenario de las comisiones para oír opiniones y firmar el dictamen del borrador, que establece que cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz y se amplía a los tres poderes, y al Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa,empresas del Estado, concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros. Ambito Financiero/

 

 

 

 

ASUME (TARDE) ROSENKRANTZ EN LA CORTE CON FOCO EN TARIFAZO DE LUZ 

Cinco días más tarde del primer fallo trascendente de la Corte Suprema en la era Cambiemos, asumirá hoy a las 12.30 el quinto juez del tribunal, Carlos Rosenkrantz. Reconocido jurista de la escuela de Carlos Nino, el abogado y exrector de la Universidad de San Andrés está identificado con la representación de grandes empresas y corporaciones, y llega a una Corte en pleno proceso de transición, en la que deberá opinar por los aumentos a la luz dispuestos por el gobierno nacional. En el oficialismo todavía cruzan reproches por la demora en su incorporación por la que adujo motivos académicos y profesionales- lo que pudo haber modificado el escenario en el que el Poder Ejecutivo cosechó un fallo adverso. Una de sus principales adversarias es la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, a quien enfrentó en litigios cuando la funcionaria era fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
Su intención era jurar el 29 de agosto, en homenaje a Nino a quien reconoce como su mentor. El gobierno pujó por su incorporación en medio de la discusión por las tarifas del gas, pero solo logró que se adelante su asunción para hoy. A diferencia del acto en el que tomó su cargo Horacio Rosatti (otro de los jueces nombrados en “comisión” por Mauricio Macri) en el cuarto piso del Palacio de Tribunales habrá muchos jueces convocados, además de otras personalidades y los habituales invitados por protocolo. Pese a que su pliego fue aprobado por el Senado el 15 de junio con los estertores del caso de José López que aportaron los votos faltantes-, el jurista difirió su incorporación y dejó con cuatro miembros al tribunal que fue protagonista la semana pasada. Sin embargo, a partir de hoy intervendrá en otra causa cuyo resultado final desvela al gobierno: la sentencia sobre la medida cautelar que suspendió por tres meses el tarifazo de luz en toda la provincia de Buenos Aires. Hasta el 6 de septiembre, el ministerio Público Fiscal podrá expedirse, a partir de lo cual la Corte, en pleno estará en condiciones de expedirse.
El primer paso tras la ceremonia de hoy será la aprobación por el pleno de su equipo de trabajo que se instalará en la vocalía estratégicamente ubicada junto a la del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Hasta ahora solo hay solicitudes para secretarias privadas, el resto de su equipo jurídico aun es un misterio que se develará en breve. Uno de los nombres que resonaron en tribunales como candidato a integrarlo es el de Federico Morgenstern, uno de los prosecretarios de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la vocalía que preside Martín Irurzun. Autor de un libro en el que desarrollaba el criterio de la “Cosa Juzgada Fraudulenta” aplicable a casos de corrupción, su mención como probable asesor del nuevo magistrado encendió algunas alertas.
Tardía
En el gobierno hubo reproches cruzados por el aval político para retrasar su jura. Voceros del oficialismo pujaron por instalar la posibilidad de que Rosenkrantz se incorporara la semana pasada, y fallara en el caso por el aumento de gas. Sin tiempos materiales para que eso suceda, dentro del tribunal leyeron esa posibilidad como uno de los últimos intentos del Ejecutivo de torcer el fallo adverso, cuyas señales bajaban con mayor fuerza. Si la intención oficial era forzar una suerte de desempate, la sola idea de que pudiera interpretarse su desembarco como un intento de colonización del Ejecutivo obligó a la Corte a adelantar su consenso y culminó por inclinar el único voto que se perfilaba favorable a la postura de la Casa Rosada. Los cuatro consideraron que el tribunal ingresaba en zona de riesgo de desprestigio si eso sucedía. Para el caso tarifazo II (el de la luz), el gobierno busca conjurar malas nuevas.
Empresas
Previo al tratamiento de su pliego, Rosenkrantz de ascendencia radical- debió admitir el listado de clientes de su estudio, ante los que eventualmente deberá enfrentar un conflicto de interés en caso de que llegue algún expediente para tratar en el tribunal. El camino para ese caso será su excusación. Conocido es que representó al Grupo Clarín en la audiencia pública por la Ley de Medios, pero también litigó a favor de Cablevisión, YPF, Musimundo, América TV, Ávila Inversora, La Nación, La Rural (en cuya causa ya intervino la Corte), Carbap, McDonald’s, y las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo. También representó a Panamerican Energy (de donde proviene José Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos y segundo de Juan José Aranguren) y Central Térmica Patagónica SA. Bouzat, Rosenkrantz y Asociados declaró haber asesorado a los Fondos de inversión GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus (donde se desempeñó Mario Quintana, actual secretario de Coordinación Interministerial)
Rosenkrantz litigó contra el Estado en un reciente caso de éxito: fue patrocinante de la provincia de Santa Fe que logró que la Corte de tres miembros le reconociese la validez del reclamo de devolución del 15% de la masa coparticipable. Ocurrió días antes de que fuese propuesto para el máximo tribunal.
Completa. A partir de hoy, con la incorporación del jurista, la Corte quedará totalmente integrada y sin vacantes. Ambito Financiero/

 

 

NEGOCIAN UN SALTO GRADUAL HACIA LA BOLETA ELECTRÓNICA 

Charlas informales por la reforma electoral
Pablo Tonelli
Las negociaciones abiertas en la Cámara de Diputados entre el ofi cialismo y parte de la oposición empiezan a delinear un camino gradual en el salto hacia la Boleta Única Electrónica (BUE). En el cruce de propuestas y borradores, la chance más sólida es un avance en tres etapas, que concluiría con las máquinas en todos los cuarto oscuro del país recién en 2021. Mientras que el año próximo sólo se utilizarían en los distritos con algún tipo de experiencia previa, como Salta, la provincia de Buenos Aires o Chaco. A los que podrían sumarse Córdoba o Santa Fe, donde ya votan con boleta única, pero en papel.
Para esta semana no está convocado el plenario de comisiones que venía discutiendo la reforma electoral enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Lo que sí continuarán son las charlas informales, de las que participan Cambiemos, el massismo, el bloque Justicialista, el socialismo y hasta interlocutores del PJ. Intentarán terminar de acordar el texto defi nitivo para la próxima semana en busca del dictamen defi nitivo.
En Cambiemos ya casi dan por hecho que será imposible aplicar el sistema electrónico en todo el país en las legislativas 2017. Desde el interbloque UNA, que comanda Sergio Massa, pidieron que se utilice en un 30% de las mesas el año que viene y en un 60% en las presidenciales 2019, hasta cubrir el 100% en 2021. Un diputado ofi cialista que participa de estas charlas admitió esa opción, pero dejó abierta la posibilidad de hacerla en dos pasos, en lugar de en tres.
La duda es qué hacer en el resto de las mesas sin máquina electrónica.
En parte de la oposición, incluido el massismo y el socialismo, piden que se pase al régimen de boleta única que usa Córdoba.
Pero en Cambiemos pretenden mantener la boleta en papel diseñada por el kirchnerismo en la última reforma electoral, sin pasos intermedios, hasta llegar a la BUE. Ya sea en 2019 o 2021.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), recibió la semana pasada varios de los cambios propuestos por la oposición.
En el plenario de comisiones del jueves, frustrado por falta de quórum, adelantó uno: el traspaso a la Cámara Nacional Electoral del escrutinio provisorio, medida que cuenta con amplio opoyo en la oposición.
Incluído el peronismo.
Otro de los puntos en danza es la equiparación de género. La propuesta que manejan en Cambiemos es que hombres y mujeres se repartan los cargos en partes iguales e intercalados. “El ala femenina del ofi cialismo ya dio el visto bueno”, confi ó a BAE Negocios uno de los opositores que negocia los cambios al proyecto, “veremos ahora qué dicen los muchachos”. Bae/

 

 

 

REVELAN QUE CRISTINA OCULTÓ MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS POR CASI US$ 500 MILLONES

 

Esta historia empieza, como tantas, en Río Gallegos, Santa Cruz. Sigue en Buenos Aires. Después en Nueva York. Y se diversifica a ciudades de varios países, exóticas o cosmopolitas, en las que sin embargo funciona un lenguaje común internacional: el de los bancos y las empresas off shore. Esta historia es una historia de 492 millones de dólares que fueron transferidos a cuentas de los cinco continentes por 21 personajes y sociedades comerciales vinculadas a los Kirchner. Algunos de esas personas están siendo investigadas por la Justicia en casos de lavado de divisas o corrupción. Son operaciones que el Estado Nacional K intentó ocultar. Lo hizo la Procuradora General del Tesoro, Angelina Abbona, quien se llevó esa documentación antes de dejarle su cargo a su sucesor, Carlos Balbín. Era información obtenida a través de seis bancos distintos por los fondos buitres en un juicio que se desarrollo bajo jurisprudencia estadounidense por decisión de Néstor Kirchner. Clarín había revelado desde 2014 algunos de estos movimientos ocultos. Cuando supo que debía dejar su cargo, Abbona intentó llevarse a su casa esa documentación clave. Pero alguien la encontró. El programa del domingo PPT, de Jorge Lanata, difundió el contenido de otra buena parte de las operaciones bancarias que los Kirchner quisieron ocultar. El informe sobre esta acción insólita tomada por el Poder Ejecutivo K fue titulado “CristinaLeaks”. Fuentes del caso afirman que Abbona se llevó al sur austral la información por orden de la ex presidenta.

La Procuradora es la jefa de los abogados que deben velar por los intereses de la Nación en todos los juicios. Fue justo a través de ese organismo que los Kirchner buscaron que no trascendieran las maniobras de sus socios o financistas vinculados a ellos.

Entre los documentos difundidos por PPT están registrados movimientos millonarios de hijos del ex socio de Cristina Fernández, Martín Báez. Del financista histórico de la familia, Ernesto Clarens. Del abogado de los Báez, Jorge Chueco, operador en la financiera SGI, hoy preso junto a su ex jefe en el penal de Ezeiza. De Federico Elaskar, ex propietario de esa financiera, apodada “La Rosadita” por su vinculación con el poder, quien a pesar de estar embargado por juicios incluso de una empresa familiar logró girar montos millonarios a los Estados Unidos.

Clarín había adelantado también sobre el intento de ocultamiento de estas cuentas descubiertas por los buitres, de cómo el Gobierno K supo del tema. PPT mostró nuevas revelaciones de los “CristinaLeaks”, tras analizar alrededor de 3.500 páginas que incluyen miles de operaciones bancarias. El programa también mostró el origen de la información, el estudio que defendió a la Argentina en el juicio contra los buitres. ¿Por qué el Gobierno K le ocultó a la sociedad que los buitres encontraron esas transferencias bancarias millonarias vinculadas al poder K?

La ex Procuradora Abbona se vio obligada a devolver parte de la información que se había llevado a su casa. El actual jefe de los abogados del Estado, Balbín, aportó esa información a la causa judicial conocida como La Ruta del Dinero K. El fiscal del caso, Guillermo Marijuán, pidió la indagatoria de Abbona. La acusa de haber cometido el delito de encubrimiento.

Entre el contenido de los “CristinaLeaks” se encuentran, entre otros, movimientos de uno de los hijos de Lázaro Báez, Martín, por 1.340.090 dólares a través del Standar Bank. Y también giró dólares mediante cuentas del HSBC.

De la información se desprende también que Jorge Chueco (abogado asesor de Báez) hizo transferencias mediante el Standar Charter por doscientos quince mil dólares, entre otras operaciones.

El financista clave en el armado de los negocios de la obra pública nacional K, Ernesto Clarens, usó el HSBC y el Citibank, por caso, para girar millones de dólares a cuentas a su nombre y de otras a nombre de empresas a bancos de China o las Islas Vírgenes. Una de las firmas vinculadas a este financista, que fue amigo y consejero de Néstor Kirchner durante décadas, se llama Fairland International.

La empresa suiza Helvetic Services Group, compradora de SGI e investigada por lavado en La Ruta del Dinero K, también está involucrada en los “CristinaLeaks”. Esa firma movió 34.546.966 dólares mediante el Citibank, el HSBC, el Bank of America, el banco suizo UBS, y el Estándar Bank. Todos esos millones dieron vueltas por bancos de varios países: pasaron por Montevideo, Panamá, Zurich, Andorra, Hong Kong. En el contenido de los “CristinaLeaks” también hay fondos que transferidos al exterior por empresas y personajes de 123 empresas radicadas en Nevada, Estados Unidos, que la Justicia de ese país determinó que están vinculadas a los Báez. Todas son manejadas por otra compañía más registrada en el paraíso fiscal y geográfico que son las Islas Seychelles: esa firma se llama Aldyne LTD. El juez y el fiscal de La Ruta del Dinero K planean viajar al exterior en busca de más información.

En el 2013, en medio del comienzo de la investigación de La Ruta del Dinero K, Cristina Fernández aprovechó un viaje presidencial oficial para hacer una parada en Seychelles. Esa escala se informó mucho tiempo después mediante el Boletín Oficial, detectó el entonces diputado Gerardo Millman.

En Seychelles está registrada la firma que controla a las 123 empresas de Nevada, y que a su vez tiene representantes en la Argentina, como la misteriosa Helvetic Group.

En los “CristinaLeaks” se confirma que los beneficiarios finales de Aldyne, o sea, también de las 123 empresas que la Justicia argentina atribuyó a Báez, tiene dos destinatarios finales sugestivos. Uno es el operador de bolsa Jorge Galitis. Otro es el abogado Edgardo Levita, quien manejó, según denuncias de la oposición, una empresa de aviones privados que la familia Kirchner usó mientras ocupaba la Presidencia de la Nación.

Levita figuró además como representante en la Argentina de Helvetic Services Group.

Levita fue quien más se movió para frenar la investigación sobre La Ruta del Dinero K cuando era investigada por el fiscal José María Campagnoli. Lo hizo en consonancia con el Gobierno K. El abogado interpuso un recurso de amparo en varios medios, incluido Clarín, para que su nombre no se mencione y se le pida derecho a réplica.

Las revelaciones sobre “CristinaLeaks” acaban de empezar. Clarín/

 

 

 

EL JUEZ Y EL FISCAL VIAJAN A EE.UU. PARA BUSCAR LAS CUENTAS VINCULADAS A BÁEZ

 

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuánplanean viajar a EE.UU para tomarle testimonio de abogadosestudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), que defendió a la Argentina frente a los fondos buites, como un atajo para confirmar la información bancaria sobre Lázaro Báez incluída en el juicio de Nevada abierta gracias al fallo llamado discovery. Casanello ya envió hace dos años un exhorto al juez de Las Vegas, Cam Ferenbach para pedirle por esos movimientos financieros e inmobiliarios realizados por 123 empresas offshore creadas en Nevada a pedido de Helvetic Services Group, que dirige el argentino Néstor Ramos y es la dueña de La Rosdita. El viaje sería para pedir el testimonio de un abogado argentino Ezequiel Sanchez Herrera que trabaja en aquel bufete norteamericano. El estudio panameño Mossack Fonsenca entregó esos datos al juez Ferenbach gracias al fallo discovery del juez Griesa que los habilitó a buscar bienes del estado argentino para cobrar la deuda con la Argentina durante el gobierno de Cristina. En el 2014 Clarín reveló parte esas operaciones financieras que anoche fueron ampliadas por el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata. Casanello tiene desde el viernes todos los mails que recibió la ex procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona.

Además, el juez y el fiscal hoy, a las 9, irán a la Cancillería a entregar un exhorto a Suiza para que confirme oficialmente que los cuatro hijos de Báez controlan una cuenta en Suiza a nombre de la fundación panameña trucha Kinsky con 25 millones de dólares, lo que de confirmarse complicaría la libertad bajo palabra de Martín Báez en la causa de la ruta del dinero K. Los recibirá el director de Derechos Humanos y ex embajador en Suiza Leandro Despouy para facilitarle el trámite. Incluso, por ahí los recibe la cancillería Susana Malcorra. Es un giro de 180 grados. Durante la gestión de Cristina, el ex canciller Héctor Timerman frenó la cooperación judicial con Suiza en materia de las cuentas de los Báez en el exterior. Si Suiza manda los extractos bancarios de Kinsky, la Justicia podrá tener un mapa más amplio de las cuentas negras del kirchnerismo en el exterior.

Un tercer camino en el exterior es el exhorto que Casanello está preparando para mandar a Seychelles a pedido del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici para confirmar oficialmente si el broker Jorge Galitis y el financista Edgardo Levita son “los beneficiarios finales” de Aldyne, la empresa madre de aquellas 123 firmas offshore de Nevada. Casanello ya ordenó la inhibición general de bienes Galitis y Levita y ahora espera la respuesta a ese exhorto para avanzar sobre esta pista.

El financista es el mismo que consiguió dos medidas cautelares contraClarín en juzgados civiles. Levita logró una cautelar en el 2014 en el juzgado nacional en lo civil 105 que ordenó que este diario también debe informar que el financista “ha iniciado actuaciones con el propósito de exigir se le brinde la posibilidad de ejercer su derecho de respuesta a las afirmaciones vertidas en su contra”. Luego, inició otro amparo, donde obtuvo la misma medida cautelar llamado “Levita, Edgardo Raúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ amparo” (Expte Nº 42.958/14), en trámite por ante el Juzgado Civil nº 39 a efectos de ejercer su derecho a réplica. La primer medida cautelar está firme y la segunda se encuentra apelada anta la Sala M de la Cámara Civil. No obstante, este diario pidió una entrevista a Levita que la derivó a su abogada, Lorena Totino, quien negó también las sospechas que había sobre su cliente. Es más, Levita denunció a este periodista por violación de secreto y la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación rechazaron la denuncia. Clarín/

 

 

 

 

DENUNCIAN A DE VIDO POR DESVIAR FONDOS PARA VIVIENDAS EN LA RIOJA

 

Julio De Vido dijo que él se hace cargo de “todo lo firmado” durante su gestión. Ante la Justicia acumula denuncias por el destino de fondos millonarios que debían traducirse en viviendas, obras que en varios casos no se concluyeron. En esta oportunidad la Oficina Anticorrupción (OA) denunció la posible existencia de “una estructura corrupta” en el manejo de $ 17 millones que por convenio, recibieron un grupo de fundaciones de la provincia de La Rioja y que según sospecha el organismo que dirige Laura Alonso se utilizaron “para la financiación de candidatos o funcionarios”.

Con los barrios prometidos inconclusos, sobre el ex ministro de Planificación Federal y su mano derecha José López (preso por querer esconder US$ 9 millones), recae una nueva denuncia penal que impulsó la OA. En ella sospechan que los fondos que debían dirigirse a la construcción de viviendas -en el marco de los “Planes Federales de Vivienda”-, fueron “desviados” a través de fundaciones intermediarias, a “funcionarios del gobierno” de La Rioja y “a candidatos a intendentes y diputados nacionales”, indica el documento al que accedió Clarín.

Unos 1.100 kilómetros separan Capital Federal de La Rioja, otra provincia kirchnerista donde se detectó el envío de millonarios fondos para la construcción de viviendas. El programa “Federal Plurianual” de agosto de 2011, destinó $ 17.401.900 para la construcción de 300.000 viviendas y el mejoramiento de 50.000. La firma de los convenios fue a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia y se usaron al menos tres Fundaciones que según la OA, integraron una “estructura corrupta” para desviar fondos. Estas instituciones se habrían creado sólo para recibir el dinero proveniente del extinguido ministerio de Planificación, “donde no se controló absolutamente nada” señala la denuncia.

En primer caso, se habla de la Fundación Nuevo Atardecer (creada en marzo de 2014). En mayo de 2015 recibió $ 3 millones para el mejoramiento de 100 casas. Ese mismo día, realizó “6 transferencias a diferentes intendentes y a candidatos a diputados”.

Un mes después la Fundación en el marco del programa Federal de Mejoramiento de Vivienda que dependía de De Vido y López, recibió $ 2.091.660, de los $ 13.944.400 que se comprometió Nación a enviarle. Así, en un mes se destinaron casi $ 5 millones a una institución con un año de antigüedad y sin antecedentes como constructora. Pero la OA hace hincapié en que los fondos se dirigieron “a varios candidatos” del FPV.

En este entramado, se incluyen otras Fundaciones calificadas como “sospechosas” que reiteran la modalidad denunciada y calificada por Laura Alonso como una “estructura de corrupción”. Se trata de Fundación Futuro y Fundación Amanecer. Con estatutos de conformación idénticos: mismos objetos sociales y en la misma escribanía, se denunció que muchos de sus integrantes resultan “inexistentes para la AFIP” y otros, directamente “son funcionarios o empleados del Gobierno provincial”.

Lejos de combatir el déficit habitacional, el programa financiado por Planificación Federal tuvo fines “políticos y electorales”, señalaron desde la organismo Anticorrupción.

La figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” es la que le adjudica la OA a De Vido y a López responsable de la unidad ejecutora de los planes, “donde no se controló ni se exigió la rendición de fondos”, indica la denuncia. Clarín/

 

 

 

 

EL GOBIERNO LLAMARÁ ESTA SEMANA A LAS AUDIENCIAS POR LA LUZ

 

La convocatoria oficial se publicará esta semana en el Boletín Oficial. Con el objetivo de evitar otro golpe como en los aumentos de gas, el Gobierno llamará a audiencias públicas por las tarifas de electricidad. Será en la tercera semana de septiembre y para esa fecha la Corte Suprema ya habrá resuelto sobre la cuestión, estimaron altas fuentes del Ejecutivo. El llamado intentará funcionar como una señal, con la intención de corregir en parte el escenario que generó el fallo del jueves. A su vez, la jura de Carlos Rosenkrantz este mediodía en el máximo tribunal mejora las perspectivas para la Casa Rosada, en palabras de un funcionario influyente por “sus ideas más cercanas al mercado”.

Como adelantó Clarín el jueves, el Gobierno tomó la decisión de avanzar con las audiencias públicas por la luz unas horas después de que la Corte Suprema las exigiera para el gas y suspendiera los aumentos para los usuarios residenciales. “También es mucha plata y tenemos que corregir antes de que lo marque la Corte. Con audiencias, el planteo deviene abstracto”, adelantó uno de los funcionarios que quedaron a cargo de la estrategia, ya con Juan José Aranguren -ministro de Energía- desplazado de la centralidad de las decisiones luego del revés que obligó a Mauricio Macri a replantear sus pasos.

Con los incrementos en las tarifas de electricidad frenados en la provincia de Buenos Aires por la sala II de la Cámara Federal de La Plata y en otros distritos, la Corte tratará la cuestión el 6 de septiembre. Así lo adelantó a la Procuración, cuando le giró el expediente para que emita su dictamen. El Gobierno buscará influir con una señal antes del fallo. A diferencia del gas, con la luz el Gobierno tiene jurisdicción sobre los precios mayoristas, el transporte y sobre las concesiones de Edesur y Edenor -con servicios en la Capital y el Gran Buenos Aires-, y no sobre la distribución en el resto del país, que depende de las provincias.

A la convocatoria a audiencias públicas, que procurará funcionar como una muestra de una “corrección” en línea con lo dispuesto por la Corte, en la Casa Rosada expresaron expectativas ante el ingreso al máximo tribunal de Rosenkrantz, el segundo magistrado propuesto por Macri que estará en funciones para tratar el tema.

“Yo no lo conozco, pero he leído lo que escribe y tiene ideas más cercanas al mercado”, dijo a este diario un encumbrado integrante del Gabinete. De cualquier modo las consideraciones serán más moderadas que en la previa del fallo por el tarifazo del gas: el Presidente era optimista por la información que le acercó buena parte de los funcionarios con vínculos con la Justicia y luego el pronunciamiento de la Corte generó desconcierto y pases de factura. Clarín/

 

 

 

LAS REFORMAS, SIN HOJA DE RUTA AÚN

DEBATE

LILIANA DE RIZ

 

Para comprender lo que nos pasa cobra actualidad una reflexión de Durkeim: “Las sociedades turbulentas en la superficie son con frecuencia las más rutinarias, porque las transformaciones demandan tiempo y reflexión, y exigen la continuidad del esfuerzo. Con frecuencia sucede que los movimientos de esa agitación cotidiana se anulan recíprocamente y el Estado queda, en lo esencial, sin cambios” La combinación de tiempo, reflexión y continuidad del esfuerzo, tomados en conjunto, remite a los principales desafíos de los cambios que el país necesita.

La pobreza y desigualdad que tenemos recortan la preferencia por políticas cuyos beneficios sean mayores en el largo que en el corto plazo. La persistencia del ideario nacional y popular que privilegia el presente, a riesgo de hipotecar el futuro, y de prácticas y mentalidades que defienden la noción de que el Poder tiene dueño, no rinde cuentas y reparte premios y castigos a su arbitrio, conspiran contra todo esfuerzo de reforma que tuerza el rumbo de recurrente fracasos.

Impulsar la deliberación democrática sobre las reformas debiera ser un objetivo de Cambiemos. Hay un ambiente intelectual poseedor de una masa crítica, pluralidad de puntos de vista y canales de expresión para producir una reflexión sobre las respuestas a los desafíos. Fue necesario elaborar un documento sobre el estado del Estado que recibió el nuevo gobierno para iluminar la dimensión de la crisis soterrada que dejó la administración de Cristina Kirchner. Empero, ese documento no alcanza para convencer a los ciudadanos de los sacrificios que deben hacer. Son pocos los que pueden responder a la pregunta de cómo es posible que sigamos sometidos a la alta inflación y la pobreza crezca pese a la promesa de una mayor estabilidad que hiciera el Presidente. En este escenario, el aumento de las tarifas de los servicios básicos detonó el malestar de la población que oscila entre la esperanza y la indignación. Poco ayudan las marchas y contramarchas del Gobierno sobre este tema. Su credibilidad se erosiona. Se precisa un debate sobre las reformas. Salimos de una década en la que la reflexión fue sustituida por la improvisación. La transferencia de ingresos y el reconocimiento de derechos a los excluidos deberán ir acompañados por la capacitación para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ni clientes, ni súbditos, ciudadanos plenos. Reformar la educación, la salud, la previsión social … es larga la lista de las cosas que se dejaron de hacer. Hay que explicarles con claridad a los argentinos la dimensión de la tarea a emprender si queremos un futuro de progreso para nuestros hijos. Esta hoja de ruta falta. Los ciudadanos tienen que saber a qué atenerse, qué esfuerzos se les exigirán y cómo esos requerimientos se adecuarán a sus posibilidades materiales de afrontarlos.

La continuidad en el esfuerzo es condición para quebrar la rutina que nos condenó a encarnar el mito de Sísifo. Argentina ha sido pródiga en revoluciones inconclusas y restauraciones fallidas. La riqueza conspiró contra la grandeza, como lo señaló Julio Irazusta. La idea de que en este país bendecido por la Providencia basta con tomar el timón del Estado para conducirlo a su destino de grandeza guió la vocación fundacional de experiencias civiles y militares cuyos desenlaces fueron el país fundido y quebrado.

Las reformas no son indoloras, contrarían intereses y aunque beneficien a muchos, se difuminan, mientras que perjudican a pocos en forma concentrada. Los afectados negativamente se movilizan contra las reformas, los beneficiarios no alcanzan a percibir los frutos que podrían recoger. En tiempos de reforma los gobernantes deben encontrar equilibrios entre objetivos aparentemente antagónicos: lograr la confianza de los inversores y la de los electores, conciliar técnica y política, concentración y descentralización, representación y participación.

La tensión entre la lógica de la reconstrucción estatal que coincide con programas de estabilización monetaria e implica procesos de reorganización fiscal y financiera, y la lógica del respeto a la división de poderes, la sujeción a mecanismos de control y nuevas instancias de participación directa que abran las puertas a múltiples demandas de la sociedad hacia el poder, está siempre presente. La mayor vulnerabilidad de la economía frente al cambio del escenario económico internacional y a la crisis brasileña completan el complejo rompecabezas para armar. Confiemos en que se puede, pero es necesario que los gobernantes den reiteradas y claras muestras de que están en el buen camino y que los ciudadanos contribuyamos a despejar de obstáculos ese camino. Clarín/

 

 

 

 

DOS INQUIETANTES FRENTES QUE SE ABREN

POR CARLOS PAGNI/

 

Mauricio Macri pasó las últimas 96 horas con una palabra rebotando en su cabeza: Juanjo. Ese sobrenombre es la señal de dos crisis. Y condensa dos de sus principales desafíos. “Juanjo” Aranguren, el ministro de Energía, es el rostro de una dificultad objetiva que el Gobierno, por torpeza y obstinación, agigantó: la necesidad de pasar de una sociedad hipersubsidiada a una más competitiva.

Macri heredó una economía que sacrificó la inversión y el ahorro en el altar del consumo. Este rasgo, que caracterizó a toda la gestión de los Kirchner, fue más acentuado en el sector de la energía. La transición hacia un nuevo orden alimenta un debate que el fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas no cerró. Al contrario. El Gobierno tiene en su agenda un problema nuevo e inquietante: las audiencias para determinar los nuevos precios no sólo incidirán en la ecuación fiscal. Serán también un ágora ideal para la confrontación política.

El jueves pasado irrumpió en escena un nuevo “Juanjo”: Gómez Centurión. Director de la Aduana, fue suspendido de ese cargo a raíz de una denuncia que recibió Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Se trató de una grabación anónima, en la que un presunto colaborador de Gómez Centurión dice haberse ganado su confianza para extorsionar a importadores. Ese registro, publicado por el portal Infobae, fue editado. Aparece intercalada la voz del funcionario, extraída de mensajes cuyo destinatario no fue aún identificado.

Macri ordenó investigar lo que pasó. La justicia federal ya abrió una causa. Mientras tanto, el director de la Aduana denunció ser víctima de una operación mafiosa de ex servicios de inteligencia vinculados al contrabando y al comercio clandestino de efedrina. Esta afirmación de Gómez Centurión se vuelve verosímil a la luz de muchos antecedentes.

El argumento del funcionario suspendido es que las imputaciones pretenden impedir sus pesquisas en la Aduana. Remite a tres actividades. Gómez Centurión estuvo hasta ahora detrás del destino de varios containers con cargamentos de efedrina, que entraron al país de manera ilegal y fueron derivados a depósitos fiscales todavía no identificados. No hace falta consignar la extrema sensibilidad de estas diligencias en el contexto de la causa que se sigue por el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez.

Estos procedimientos provocaron la remoción de Andrés Jorge Pino, uno de los responsables de la Aduana de Ezeiza. Esa decisión produjo una reacción sospechosa. Un funcionario de la AFI, Eduardo Miragaya, se comunicó con Gómez Centurión para pedir que suspendiera el traslado de Pino. Miragaya es un fiscal incorporado a la ex SIDE por la subdirectora Silvia Majdalani.

El pedido de Miragaya es llamativo. A él se le atribuye haber negociado la declaración judicial del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, extraditado desde Paraguay. La AFI tuvo una intervención directa en la presentación de Pérez Corradi: uno de sus funcionarios, Diego Biorci, cuñado de Majdalani, habría ido a Asunción para discutir los términos de la entrega. Ese traslado, al parecer, desencadenó el alejamiento del coronel Raúl Bertoia, jefe del área exterior de la agencia. La aparición de Pérez Corradi provocó una conmoción en el oficialismo. Fuera del contexto en el que se lo indagaba, relató, citando a un preso que hace ocho años habría escuchado a otro preso, que Ernesto Sanz había sido sobornado para acusar en el Consejo de la Magistratura a un controvertido juez que terminó siendo removido.

Miragaya está en la AFI por su vinculación con Majdalani. Y Majdalani llegó allí, entre otras razones, por su estrechísima amistad con Francisco Larcher, el hombre fuerte de esa oficina durante el kirchnerismo. Estas relaciones llevan hacia otro de los conflictos que vuelven convincente la denuncia de Gómez Centurión. El funcionario explicó ayer que la acusación anónima que recibió puede ser una reacción a su investigación por contrabando contra la empresa de depósitos fiscales TCT, a la que le revocó la licencia. Entre los socios de esa empresa estuvieron Luis “el Gaita” Álvarez y Damián Sierra.

Sierra falleció hace poco. Era funcionario de la Aduana. Estaba en pareja con la titular de ese organismo durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP, Silvina Tirabassi. Sierra ganó notoriedad cuando se lo identificó como el dueño de una lujosa posada en Buzios. Y, más tarde, cuando se detectó que fue quien sacó a Antonio Stiuso del país después de que declaró en la causa Nisman por primera vez. Realizaron ese viaje en una Grand Cherokee que figuraba a nombre de la empresa House to House, cuyo vicepresidente había sido detenido como narcotraficante en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Importaciones clandestinas

A través de estas vinculaciones, las acusaciones de Gómez Centurión contra una mafia de contrabandistas y ex espías resucitan la denuncia penal que formuló Oscar Parrilli, el jefe de la AFI que desplazó a Stiuso y a su superior, Larcher, el amigo de Majdalani. En febrero de 2015, Parrilli informó que un grupo de agentes liderados por Stiuso, Nicolás Mercado y el delegado de Inteligencia en Ezeiza, Alejandro Patrizio, realizó importaciones clandestinas por más de 100 toneladas, a nombre de la ex SIDE, entre 2013 y 2015.

La denuncia fue radicada en el juzgado penal tributario de Rafael Caputo. Se ignora si la dirección jurídica de la AFI sigue impulsando la causa, que ahora recobra significado.

Hubo otro vínculo entre contrabando y espionaje: Alan Bogado, el agente inorgánico de la ex SIDE acusado por Nisman de filtrar información a Irán, operaba en la Aduana a las órdenes de Stiuso, según él mismo declaró. Otra coincidencia: Maximiliano Rusconi, ex abogado del joven que entregó el arma con la que apareció muerto Nisman, Diego Lagomarsino, acaba de demandar a Gómez Centurión.

Macri está ante un enorme reto. Suspendió a Gómez Centurión, quien desde su paso por el gobierno porteño ganó fama de incorruptible, por una acusación anónima. Pero la defensa que ahora esgrime ese funcionario insinúa un problema mucho más grave: la oscura continuidad de vínculos mafiosos a través de los organismos de inteligencia. Si Gómez Centurión fue atacado con la complicidad de funcionarios de la AFI por desarmar una trama de contrabando y narcotráfico, Macri deberá resolver no sólo qué hace con la Aduana, sino también con su oficina de Inteligencia.

Frente a esta descomposición del tejido estatal, el problema ligado a las tarifas, asociado al otro “Juanjo”, parece menor y provisorio. Igual, el Gobierno está alarmado. Las audiencias públicas, que de haberse realizado en febrero habrían pasado inadvertidas, se han transformado, desde el fallo de la Corte, en la plataforma de una disputa de poder.

La principal dificultad es que, más allá de cualquier debate técnico, es imposible pensar que el Ministerio de Energía que conduce Aranguren pueda llegar al 16 de septiembre, fecha de la asamblea para tratar el aumento del gas, con el mismo cuadro de tarifas. Por razones políticas, deberá modificarlo.

El otro riesgo es que la audiencia se demore por una ola de objeciones procesales. Mario Quintana y Gustavo Lopetegui quedaron a cargo de la organización. Dependen de la Corte tanto como antes: el tribunal está en condiciones de limitar o consentir lo que para el oficialismo puede ser un sabotaje a repetición. En la discusión sobre el gas, pero también sobre la electricidad, la velocidad es crucial. Si la reunión se va prorrogando, comienza a haber margen para otro tipo de reclamos: amparos de consumidores industriales o comerciales, por ejemplo.

Aquí está la raíz de por qué los funcionarios han sido tan respetuosos del fallo del jueves pasado. El argumento más reiterativo fue el de Marcos Peña: “Al anular un cuadro tarifario por no realizar audiencias, dejaron en vigencia otro cuadro tarifario para el que tampoco se realizaron audiencias”. Los jueces dan una respuesta formal para esa ironía: los precios fijados por Cristina Kirchner no fueron objetados más que en presentaciones muy acotadas.

El pronunciamiento de los máximos magistrados del país fijó una interpretación general del ajuste de tarifas y de la forma de convalidarlo frente a los consumidores. Fue poco detallista en términos jurídicos. Por ejemplo: el decreto 367/2016, en el que el Gobierno justifica la suspensión de esas consultas, no aparece mencionado en todo el texto. Y tampoco hay una explicación sobre la eventual inconstitucionalidad de la ley 25.790, que puso entre paréntesis el marco regulatorio del gas. A los jueces les alcanzó con referirse a “ciertos textos normativos” para liquidar el problema que plantea esa trama reglamentaria.

Para Macri el principal perjuicio de la sentencia es que legitima las demandas sin hacerse cargo de los costos. La discusión que se reabrirá a propósito de las audiencias. El oficialismo está ante el desafío de presentar el aumento de precios como una quita de subsidios muy poco equitativa: la convalidación de las actuales tarifas es también la convalidación de que el 10 por ciento más rico de la población recibe el 20 por ciento de la ayuda. Y el 10 por ciento más pobre, sólo el 8.

Macri experimenta una contrariedad especial frente a las tormentas que lo sacuden. Aprecia a los dos “Juanjos” más que a otros funcionarios. Ambos comparten un rasgo que él aprecia en el ejercicio del poder. Aranguren es cabeza dura. Tanto que soportó sin pestañear más de 80 querellas penales de los Kirchner. Gómez Centurión en su vida anterior, en el Ejército, fue comando. Lo condecoraron al heroico valor por su comportamiento en la Guerra de Malvinas. Los dos deliberan poco. Son casi talibanes. La Nación/

 

 

 

AMIA: EL GOBIERNO INSISTIRÁ EN LA CAPTURA DE LOS IRANÍES

 

El gobierno de Mauricio Macri prepara un escrito para plantear ante Interpol la continuidad de las circulares rojas de captura internacional contra cinco iraníes acusados de haber participado en el atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994.

Si bien esas circulares, pedidas por el gobierno de Cristina Kirchner en 2007, tienen vigencia hasta fin de año, la cancillería argentina y la Secretaría de Derechos Humanos quieren adelantarse y dar ahora una muestra firme de que el Gobierno continuará en el rumbo de perseguir a los iraníes por el ataque.

En esta misma línea, el mes próximo se presentará en el Congreso un proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo que prevé el juicio en ausencia a los cinco iraníes señalados por la Justicia, que están en Teherán y se niegan a declarar ante los tribunales de la Argentina. Con ambas medidas, un nuevo gesto de buena predisposición hacia la comunidad judía, el Gobierno ratifica su intención de avanzar en el esclarecimiento del atentado.

 

Según pudo saber LA NACION, la canciller Susana Malcorra instruyó al embajador plenipotenciario en derechos humanos, el ex titular de la AGN Leandro Despouy, para llevar adelante la presentación de la ratificación de las circulares rojas contra los iraníes ante Interpol.

En este sentido, existe una doble intención del gobierno nacional en esa presentación a Interpol. Por una parte, busca evitar que el régimen iraní exija el levantamiento de los pedidos de captura contra sus ciudadanos, entre los que se encuentran algunos funcionarios del gobierno de Hasan Rohani. Hace un mes, la Argentina alertó a Colombia sobre una visita de un ministro iraní que tenía previsto viajar a Bogotá y que tiene pedido de captura. Finalmente no se concretó el viaje, pero el de las circulares rojas es un tema sensible, eje de la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer muerto. En esa denuncia mencionó un presunto encubrimiento de Cristina Kirchner a Irán a partir del levantamiento de esos pedidos de captura a cambio de una ayuda económica a la Argentina.

El levantamiento de esta causa, que había sido archivada por la Justicia, estaría ahora en condiciones de reflotarse.

A la vez, en la Cancillería saben que en los próximos días se realizará en Indonesia una reunión anual de Interpol en la que se discutirá el nuevo reglamento de ese organismo internacional. Se contempla la posibilidad de que haya cambios en los mecanismos de presentación de las circulares rojas, tendientes a flexibilizar y acotar los plazos de los pedidos de captura internacional.

Las circulares rojas reclamadas en 2007 por la Argentina tienen una vigencia de un año, con lo que caducarían en enero del año que viene si el Gobierno no hiciera una presentación para ratificarlas con varios meses de antelación. Los sospechosos del ataque terrorista a la AMIA sobre quienes pesan las circulares rojas son Mohsen Rabbani (quien figura en las escuchas que involucran a ex funcionarios argentinos y que era agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires), Ali Fallahijan (ex ministro de Inteligencia), Mohsen Rezai (comandante de la Guardia Revolucionaria iraní), Ahmad Reza Asghari (tercer secretario de la embajada en Buenos Aires) y Ahmad Vahidi (ex ministro de Defensa iraní).

El embajador Despouy puso a trabajar al equipo de abogados de la cancillería para elaborar los fundamentos de la presentación ante Interpol. Para esto debe sustentar con hechos y datos concretos que justifiquen jurídicamente el sostenimiento por parte de la Argentina del pedido de captura de los iraníes acusados en la Justicia.

El vicepresidente de la AMIA, Ralph Thomas Saieg, expresó a LA NACION que desde esa entidad “siempre se siguió con extrema atención el tema de los pedidos de captura”. “Siempre confiamos en la justicia argentina y manifestamos nuestra posición, que se la hemos hecho saber a las autoridades, a favor de que se respete la decisión del juez [Rodolfo] Canicoba Corral de mantener vigentes las alertas, entendiendo la importancia vital que tienen: son una herramienta imprescindible para que los acusados se presenten en la justicia argentina.”

Por otra parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano , y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, trabajan en estos días en el borrador final del proyecto de ley sobre juicio en ausencia.

“Hay una intención concreta del Gobierno de presentar el proyecto de ley de juicio en ausencia para dar una muestra de compromiso del Gobierno a la comunidad judía y a los familiares de las víctimas de la AMIA al mismo tiempo que enjuiciar a los iraníes acusados para cerrar de una vez esa oscura historia de la Argentina”, admitió a LA NACION un destacado funcionario del Gobierno que trabaja en los detalles finales para la presentación del proyecto de ley.

Esta herramienta legal es cuestionada por algunos juristas, ya que no permite una defensa de los acusados y tampoco puede llevarse adelante la eventual condena. Sin embargo, Garavano ya había dado firmes señales de avalar el juicio en ausencia, ante la falta de respuestas de Irán para poner a los acusados a disposición de la justicia argentina.

Los cinco sospechosos iraníes

Interpol mantiene pedidos de búsqueda y captura en su contra desde 2007

Mohsen Rezai

Ex comandante de los Guardianes de la Revolución

Era secretario del Consejo de Discernimiento de Irán y comandante de los Guardianes de la Revolución. Está acusado de ser uno de los organizadores del atentado de 1994

Mohsen Rabbani

Ex agregado cultural en Buenos Aires

Fue el presunto cerebro del ataque. Vivió muchos años en nuestro país y eran conocidas sus vinculaciones con la inteligencia iraní. Sigue ligado al régimen de los ayatollahs

Ahmad Asghari

Ex tercer Secretario de la Embajada en Buenos Aires

Hay poca información sobre sus movimientos, ya que voló intempestivamente del país el 1° de julio de 1994. Se presume que era quien movía las redes terroristas de manera clandestina

Ahmad Vahidi

Ex comandante de la fuerza Al Quds

Se lo acusa de planear y financiar el atentado a la AMIA. En ese entonces era el jefe de una unidad de elite de la guardia revolucionaria iraní, responsable de múltiples atentados

Alí Fallahijan

Ex ministro de información y Seguridad iraní

Fallahijan habría participado en una de las reuniones cruciales en las que se decidió, planeó y consideró la logística del atentado contra la sede de la AMIA

Los pedidos de captura, una década después

Qué pasó con las circulares rojas desde que el país las pidió

Piden las circulares

En noviembre de 2007, tras un pedido argentino, Interpol establece las cédulas rojas que ordenan la captura de cinco ex funcionarios iraníes

Presencia y disculpa

Uno de los cinco iraníes sospechosos, el ministro de Defensa iraní Vahid Vahidi, visitó Bolivia en 2011 y no fue detenido. Evo Morales pidió luego disculpas

Pacto con irán y dudas

En enero de 2013, la Argentina e Irán firman el Memorándum de Entendimiento. Ante las críticas, el gobierno recurre a Interpol, que ratifica la vigencia de las cédulas rojas

Nuevos aires

Al llegar al poder, Mauricio Macri deja sin efecto el pacto con Irán y ratifica que la búsqueda de los iraníes sospechados de estar vinculados al atentado continúa. La Nación/

 

 
DETRÁS DEL MAYOR GOLPE POLÍTICO, UNA MÓDICA VICTORIA EN LA BATALLA CULTURAL

POR LUIS MAJUL

 

Cómo debe ser interpretado el fallo de la Corte sobre las tarifas? De diferentes maneras. Es, que duda cabe, el mayor golpe político que sufrió el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, en diciembre del año pasado. Pero también podría ser considerado un módico triunfo desde el punto de vista fiscal. Porque, de acuerdo a los técnicos de la administración, le terminará costando al Estado, poco más de $ 20 mil millones, cuando en un momento se esperaba que el agujero llegara a los $ 80 mil millones, lo que hubiera puesto en riesgo no solo buena parte del plan económico, sino el mismo principio de gobernabilidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, también se le podría agregar otra interpretación lógica y bastante ventajosa para el oficialismo: aún en medio de estas idas y venidas, Macri habría logrado inyectar, en parte de la sociedad, la vacuna antipopulista. Esto es: habría logrado empezar a instalar, de una vez por todas, y durante un buen tiempo, la idea de que ni la luz, ni el gas ni el agua son gratis; que se trata de un bien muy caro y muy preciado; que si no se paga con las tarifas se termina pagando con una altísima inflación, que es, como todo el mundo sabe, el mayor impuesto de los pobres. ¿Esto quiere decir que Macri y su gabinete resultaron indemnes? De ninguna manera. Ahora, cada vez que un cálculo técnico no acierte con decimales incluidos, el Gobierno será acusado, y con razón, de improvisar sobre la marcha. A partir de este momento, cuando el jefe de Estado quiera tomar una decisión que debería ser discutida en audiencia pública o enriquecida o consensuada por la mirada de los legisladores y el resto de la sociedad, le recordarán que ya no podrá hacerlo. Le achacarán que quiso hacer lo mismo con el aumento de las tarifas y que le salió el tiro por la culata. Después de semejante desbarajuste, además, Macri le endilgarán, por enésima vez, poca sensibilidad frente a los que menos tienen y mucha preocupación por el mundo de las inversiones y los negocios, por más que quienes estamos mínimamente informados sepamos que los subsidios a la energía no se podían sostener más. Sin embargo, de tanto que estuvimos pendientes del valor de la boleta de los servicios, de a poco, muchos argentinos nos fuimos enterando de datos que parecen sorprendentes, pero son incontrastables. Un ejemplo: los subsidios a la luz, el gas y el transporte de Néstor y Cristina terminaron beneficiando mucho, pero mucho más a los más ricos que a quienes menos tienen. ¿A quiénes, por ejemplo? A los residentes en countries de la zona norte de la provincia de Buenos que calefaccionan sus piscinas a precio de bicoca. A los vecinos de Recoleta, Barrio Parque, Barrio Norte y la parte más exclusiva de barrios como Palermo o Devoto, quienes suelen usar el aire acondicionado frío/calor con la misma displicencia con la que abren la canilla del agua o toman champagne de primera calidad. A los que viajan en avión de un lado para el otro. Y no solo en clase turista sino también en bussines y en primera. Otro ejemplo sorprendente: a pesar de tanto barullo, cerca del 80% de los consumidores pagaron sus facturas de luz y gas de junio y julio con el aumento estipulado. Un dato más: en el medio de tanto batifondo, resulta que el promedio de valor de las facturas de la luz y el gas apenas superó los $ 500, casi $ 100 menos que el abono básico de cualquier servicio de cable que se usa en la Argentina. Pero Macri, quien en este asunto tan sensible eligió apostar a todo o nada sin mensurar el verdadero costo político que estaba pagando, no debería minimizar la enorme lección que acaba de recibir. La lección se podría llamar: una buena parte de la sociedad argentina todavía no está lo suficiente preparada como para pasar del relato mentiroso y pernicioso del kirchnerismo a la verdad cruda y pura de nuestra economía siempre a punto de explotar y con cierta opinión pública más proclive a la hipocresía y la demagogia que a las malas noticias reales. Y el Presidente tampoco debería pasar por alto que a su profundo convencimiento de adónde pretende llegar, le falta una explicación y una comunicación clara y profunda del premio que nos esperaría a todos, al final del camino, si es que hacemos todos los deberes. No se trataría, de ninguna manera, de buscar un relato alternativo al de los representantes del “proyecto nacional y popular”. Implicaría, nada más y nada menos, que explicar por qué tendríamos los argentinos que estar de acuerdo en demoler la casa en la que ahora vivimos, si después de todo todavía la podemos usar, por más goteras que tenga el techo y más despintada que esté la pared. Quizá, además de tomar la maza para derribar las vigas que están más deterioradas, el gobierno en general y Macri en particular deberían explicar cómo va a ser el nuevo hogar. Por ejemplo, qué beneficio obtendrían después de este gran cambio los jefes de familia y los hijos. Y cuánto tiempo tardaría en producirse. Y qué otros nuevos sacrificios a cambio de casi nada deberíamos aceptar. La historia demuestra que cuando un proyecto político se puede explicar y además mostrar como progresista y previsible, la sociedad termina aceptando el esfuerzo que le corresponde, si es que percibe que se trata del interés colectivo y no de negocios personales. ¿Adónde y a qué distancia se encuentra el sueño que deberíamos cumplir como sujetos colectivos? ¿Con solo actualizar las tarifas y eliminar los subsidios llegaremos a la utopía soñada? ¿Es suficiente cambiar “relato” por “conversación”? ¿Alcanza con combatir a los bolsos de José López o hace falta explicitar porqué es tan importante que la justicia actúe de manera independiente, recupere el dinero robado y lo use para mejor la pobreza, la salud, la educación y la cultura general? La discusión por los incrementos de tarifas, que tantos dolores de cabeza le trajo y le seguirá trayendo al Presidente, no habrá servido de nada si el Gobierno lo no aprovecha para mirar un poco más allá. El Cronista/

 

 

 

ECONOMIA

 

 
EL RITMO DE TRANSFERENCIAS DEL BANCO CENTRAL AL TESORO PONE MÁS PRESIÓN A LA EMISIÓN DE DEUDA

 

En lo que va del año, el Banco Central (BCRA) le transfirió al Tesoro $ 118.900 millones en concepto de utilidades y adelantos transitorios. El miércoles pasado, puntualmente, fue el día de mayor envío de fondos, por $ 37.500 millones, según cifras difundidas el viernes por la autoridad monetaria.
De este monto, $ 22.779 millones quedaron depositados, por ahora, en una cuenta que el Tesoro tiene en el BCRA.
Según el programa financiero, en concepto de adelantos transitorios y utilidades la entidad presidida por Federico Sturzenegger puede transferir al Tesoro hasta un límite de $ 160.000 millones en todo 2016. Con el monto conocido el viernes, ya se envió el 75% del total, en un año en el que las necesidades de financiamiento para cubrir el déficit fiscal crecen.
El punto es que, según los datos del resultado fiscal de cada año, los últimos trimestres son los más acuciantes en materia de déficit (principalmente diciembre), razón por la cual durante esos meses son necesarios pesos para poder cubrir la brecha. Que queden $ 41.110 millones para lo que resta del año pone más presión a otra manera de conseguir financiamiento: la emisión de deuda.
“Ya casi se va agotando el margen. Se sigue utilizando estos fondos justo cuando en el cuarto trimestre es en el que más fondos se necesitan porque el déficit fiscal empeora”, sostuvo Martín Polo, economista de Analytica.
Por este motivo, fijó dos posibilidades: una menor expansión fiscal para lo que resta del año o, en otro caso, ser más agresivo en la emisión de deuda.
Según el programa financiero del Ministerio de Hacienda a cargo de Alfonso Prat-Gay, el déficit primario de este año sería de $ 358.000 millones, cifra que equivalía al 4,8% del PBI, antes de que este fuera revisado y modificado por el Indec. En números de hoy, lograr la meta de 4,8% del PBI da más holgura para gastar (además de que no implica un ajuste del rojo fiscal), por hasta $ 30.000 millones más.
El déficit primario del primer semestre del año arrojó la cifra de $ 121.203 millones, que representa un 34% de la meta oficial para 2016. La posibilidad de incrementar el gasto en el segundo semestre, por lo tanto, es amplia, situación para nada despreciable en un contexto en el que el Gobierno tuvo que dar marcha atrás (por ahora) con el tarifazo de gas, que le supondría erogaciones de, al menos, $ 10.000 millones adicionales.
Sin embargo, el ritmo de incremento de los ingresos fiscales vía recaudación no está acompañando el del gasto, lo que se traduce en mayores necesidades de pesos. Hoy se conocerá el dato del resultado fiscal a julio, que dará cuenta de cómo evolucionaron las cuentas al séptimo mes del año.
Para Gabriel Caamaño Gómez, de la Consultora Ledesma, hay que sumar todos los conceptos de expansión de la base monetaria. Es decir, a los adelantos transitorios y utilidades agrega la compra de dólares al Tesoro y lo netea de lo que aún queda depositado en el BCRA (que corresponde a la cuenta el Tesoro tiene en la autoridad monetaria). Esta cuenta arroja que en lo que va del año la emisión neta alcanzó los
$ 179.578 millones, cifra cercana a lo esterilizado vía Lebacs, que llega a $ 174.613 millones.
Coincide con la apreciación acerca de que el último trimestre es el de mayor déficit fiscal, razón por la cual, estima, se terminará emitiendo más deuda. “Estas colocaciones, al fin y al cabo, terminan haciendo que se tenga que emitir más”, concluyó. El Cronista/

 

 
TARIFAS: INSTRUYEN A EMPRESAS A REFACTURAR EL GAS Y LLAMAN A AUDIENCIA POR LA LUZ

 

Tras el fallo de la Corte Suprema del jueves pasado, que invalidó los aumentos de tarifas de gas para los usuarios residenciales, y la rápida convocatoria a la audiencia pública para el 12 y 13 de septiembre, el Ente Regulador del Gas (Enargas) dará entre hoy y mañana las instrucciones a las empresas distribuidoras para que puedan comenzar a refacturar, tras casi dos meses sin recibir ingresos.
Las compañías están sin enviar facturas a sus clientes desde el 7 de julio, cuando la sala II de la Cámara Federal de la Plata suspendió el aumento en todo el país. En algunos casos, como Camuzzi Gas del Sur y Ecogas, las cajas se frenaron antes debido a que en mayo habían entrado los primeros amparos. Luego, las cautelares se fueron extendiendo en el resto de las provincias, de manera puntual por ciudades. El fallo de La Plata llegó después y generalizó la situación.
Hasta ese momento, la mayoría de los usuarios continuó pagando (las empresas afirman que el 87% abonó su factura), por lo que la refacturación que deberán realizar ahora las compañías contemplará, en gran parte, notas de crédito por lo que los consumidores pagaron de más. El fallo de la Corte estableció que deben retrotraerse los incrementos para la demanda residencial, que alcanza al 26% del total, al 31 de marzo, por lo que los usuarios que cumplieron recibirán devoluciones por el período abril-julio.
A su vez, para los que directamente no pagaron su factura con aumento deberán esperar la nueva, que no necesariamente llegará con montos similares a los abonados el año pasado, ya que este año hizo más frío que en 2015 y no regirá, por ende, el “premio” por ahorrar. Según estableció el Gobierno en la resolución 152 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, la cancelación del retroactivo desde abril será cobrado en cuatro cuotas mensuales consecutivas a partir de septiembre.

Nueva audiencia

Por otra parte, el Gobierno oficializará esta semana el llamado a audiencia pública para discutir el incremento de tarifas en electricidad, antes de que la Corte se expida sobre el fallo de la Cámara Federal de la Plata que suspendió el incremento en la provincia de Buenos Aires por tres meses. Al igual que la del gas, también será convocada para septiembre, apenas algunos días después.
En este caso, el aumento (que promedia el 300%) sólo está frenado en Buenos Aires. El fallo de la jueza federal Martina Forns no se está cumpliendo en el resto del país ni en Ciudad de Buenos Aires porque las distribuidoras no fueron notificadas y, además, sostienen que la sentencia no tiene jurisdicción sobre ellas. Por lo tanto, si el máximo tribunal fallase igual que lo hizo con el gas, tendría un impacto mucho más acotado.
A su vez, para esta semana también se espera la presentación de amparos por parte de comercios y pymes, para poder ser considerados por la Corte al igual que lo hizo con los residenciales. El Cronista

 

 

 

 

DÓLAR, BLANQUEO Y UN NUEVO INSTRUMENTO CON RETORNOS DE HASTA 15% EN DÓLARES 

El eslabón sorpresa del Gobierno para empujar el blanqueo se llama “Fondo Común Cerrado” y recién podría estar disponible a partir de octubre.
Si bien su naturaleza financiera resultará familiar para cualquiera con algún conocimiento del mercado de capitales –el más conocido fue el de Boca Juniors lanzado allá por 1997 y cuyo activo eran los propios jugadores–, los planes que el ministro Prat- Gay tiene reservados para este instrumento no lo son tanto. Mientras en los fondos abiertos la cantidad de cuotapartes en circulación puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida del fondo (dependiendo de la cantidad de cuotapartes que se emitan), los fondos cerrados se constituyen con una cantidad fija máxima que se emiten en la etapa de colocación y que luego no puede aumentarse o disminuirse. En estos últimos, el inversor también puede salir de la inversión, aunque solamente vendiendo sus cuotapartes a otro inversor en un mercado de valores, o esperando hasta la finalización del plan de inversión.
Con el blanqueo vigente, las alternativas que están disponibles en la actualidad no son todas las que se han pensado en el Palacio de Hacienda. El menú de bonos para cualquiera que pretenda ingresar sus recursos no declarados al país podría no ser suficientemente tentador y en el despacho de la calle Balcarce no sólo lo saben; también actúan en consecuencia.
Por esa razón, el secretario de Finanzas Luis Caputo mantuvo numerosas reuniones en las últimas semanas con los principales actores del sector. Los u$s 50.000 millones que el Gobierno estima, en silencio, que podría arrojar toda la iniciativa necesita, en el caso de los fondos cerrados, de varios cambios que aún no han sido llevados a cabo.
Uno de ellos, que ahora prepara el oficialismo en el Congreso, es la modificación de la Ley de Mercado de Capitales.
El dato es que la ley que rige en la actualidad obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) cerrados a pagar una cantidad de impuestos que anularían los niveles de rentabilidad que lo harían atractivo.
“Con la legislación actual estos fondos son ineficientes porque pagan IVA; ingresos brutos; débitos y créditos; ganancia mínima presunta e impuesto a las ganancias”, señala Jackie Maubré, directora de Grupo Cohen, una de las firmas tradicionales en el desarrollo de fondos comunes de inversión.
Por esa razón, la iniciativa del oficialismo en el parlamento contendrá un capítulo específico dedicado a los FCI cerrados con exenciones en materia impositiva.
Si la modificación termina saliendo en el mes de septiembre, es probable que recién en octubre pueda optarse por esta nueva herramienta financiera.
Como se sabe, la Ley de Sinceramiento Fiscal exceptúa del pago del impuesto especial a quienes inviertan en los títulos públicos que emitirá el Estado a tres y a siete años de plazo y a los fondos comunes de inversión. En este caso, el objeto de los fondos deben ser la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y medianas empresas, préstamos hipotecarios actualizados por Unidad de Vivienda (UVI), desarrollo de economías regionales “y demás objetos vinculados con la economía real”.
¿Cuáles son los sectores con mayor potencial? Desde el Grupo Cohen señalan tres en especial: uno de ellos es energías renovables, donde el Gobierno nacional tiene un plan que se extiende hasta el 2025, en el que fija que para esa fecha que el 25% de la generación eléctrica debe provenir de este tipo de energías. El otro sector, es el ganadero, cuyo principal objetivo es recomponer el stock que se perdió en los últimos años en la Argentina.
Según trascendió, la tasa de retorno de estos fondos podría trepar en algunos casos al 15% en dólares, aunque el requisito para no pagar el “impuesto especial” del blanqueo es que el capital deberá permanecer estacionado por un plazo de, como mínimo, 5 años.
Según la ley, cada uno de estos fondos debe tener al menos tres proyectos en el que ninguno puede tener participación mayor del 50% sobre el total; un mínimo 10 inversores y el tamaño del fondo mínimo debe ser de u$s 10 millones. A la vez, la reglamentación fue muy cuidadosa en no permitir que en estos fondos se utilice el stock existente. Tienen que ser todos desarrollos de cero y por eso serán el conector natural entre el dinero y el desarrollo de la economía.
Otro de los sectores donde habrá más “jugadores”, es el sector inmobiliario. Según señalan en Cohen, existe también la posibilidad de que estos fondos de inversión incluyan a inversores internacionales pero con la posibilidad de que el dinero que no esté asociado con el blanqueo, que tenga libre disponibilidad.
Con la industria a toda máquina, sociedades como Allaria Ledesma Fondos y CasasArg, con el asesoramiento en materia impositiva del Estudio Lisicki, Litvin & Asociados, ya promocionan un Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario para adherirse al blanqueo sin pagar la multa.
El fondo tiene como objeto desarrollar inmuebles residenciales en un amplio espectro geográfico. Hasta el momento, tienen nueve proyectos en evaluación en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, diferentes localidades del Conurbano, Salta, Mendoza y en varias ciudades de la Provincia de Santa Fe.
Megainver, la empresa de fondos de Puente, también será de la partida. La firma, que ya cuenta con fondos de renta fija, variable y money market, también ofrece un fondo de financiamiento productivo que está vigente para cualquier inversor (con una rentabilidad del 2% mensual), pero trabaja en una nueva gama de fondos para apuntalar la oferta vinculada al blanqueo.
La firma Consultatio de Eduardo Costantini también trabaja para presentar su fondo inmobiliario, con el foco puesto en la construcción de oficinas premium en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. Cristian López, CEO de Consultatio Asset Managment, cifra gran parte de la expectativa en la naturaleza del negocio, ya que calcula tasas de retorno de hasta 14% en dólares en desarrollos ligados al mercado de las oficinas, cuyo valor de referencia en el proyecto apenas supera los u$S 1500 por metro cuadrado.
Desde AdCap Argentina también se muestran preparados para el lanzamiento de sus productos. La compañía trabaja ahora en la creación de un fondo de este tipo apuntado al sector de real estate, apuntalado por la experiencia colombiana.
Según Agustín Honing, titular de Adcap, el blanqueo también será una buena oportunidad para los desarrolladores con la finalidad de obtener fondeo a bajo costo en un escenario donde la economía necesita inversiones.
También habrá que sumar las iniciativas que preparen los grandes bancos con sus propios “sellos” como Santander Río, Galicia, Macro, Ciudad, BBVA Francés, Nación, Citi, Comafi, Provincia, entre otros.
De todas formas, y hasta que finalmente los fondos cerrados tengan su “letra chica” definitiva, la CNV habilitó la posibilidad de generar fondos “de parking o de estacionamiento”, cuyo objeto es que le permita al inversor poder adherirse al blanqueo y tener el dinero invertido hasta que se generen estos fondos productivos. El Cronista/

 

 

 

PYMES, COOPERATIVAS Y TARIFAZO 
DESPUÉS DEL FALLO 

En diálogo con Página/12, referentes de la Multisectorial contra el Tarifazo porteña analizan la decisión de la Corte y las vías para reclamar.
Producción : Laura Vales
Eduardo Montes, de Gráfica Patricios
“Vamos a insistir con amparos”
“Nuestra cooperativa en el 2003 tenía 28 trabajadores y hoy ya somos 59. Solamente el tarifazo en los servicios nos impactó en 23 salarios mínimos, vitales y móviles por mes”, cuenta Eduardo Montes, de la Cooperativa Gráfica Patricios. “El problema es que no se trata sólo de las tarifas. La devaluación también nos impactó, porque pasamos de un dólar a 9,50 al actual de 15 y nuestros insumos son importados, la tinta, el papel… La tercera política de este Gobierno que nos viene a quitar las fuentes laborales es la apertura de importaciones. Estimamos que en seis u ocho meses va a empezar el cierre de talleres gráficos.”
-En ese marco, ¿cómo los afecta el fallo de la Corte?
-El fallo dejó afuera a los sectores productivos, clubes, teatros, a todas las llamadas personas jurídicas… la Corte le dijo además al Gobierno que tiene que hacer la audiencia, que como sabemos no es vinculante, y a la que nosotros, como personas jurídicas, no podemos presentarnos porque para eso hay que ser damnificado, y según el fallo nosotros no estamos damnificados. Por otro lado, no dejamos de ver que la resolución de la Corte favorece a los usuarios residenciales, pero sólo por un tiempo.
-¿Cómo sigue para las recuperadas la pelea contra el tarifazo?
-Vamos a insistir con los amparos y las acciones judiciales que impulsamos no solos, sino con la Multisectorial, porque entendemos que el proceso es colectivo. Estamos preparando el amparo por el agua, lo queremos presentar el lunes o martes como ya hicimos con el pedido de cautelar por la luz. Y hay proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación que tienen que seguir su camino.
-¿Qué proponen esos proyectos?
-Un régimen de tarifas diferenciadas; hay uno específicamente para las empresas recuperadas. También entendemos que estamos frente a un Gobierno que día a día sigue avanzando en sus políticas de destrucción del empleo. Bueno… esto es una puja y saldremos a la calle. Nuestro lugar de resistencia es la calle, porque si nos quedamos en la fábrica, la fábrica cierra.
-La multisectorial viene de convocar al último ruidazo, en el que sumó a los usuarios particulares. ¿Va a desinflarse la protesta ahora?
-Creemos que no. Esta fue una victoria pírrica: el fallo de la Corte se debe en parte a los ruidazos que se hicieron, a las medidas que fuimos impulsando como organizaciones y que fueron tomadas por el conjunto de la gente. La pelea va a seguir porque después de esto, el tarifazo sigue: lo que se desactiva por un tiempo es la suba del gas, mientras que los de la luz y el agua están vigentes.

Boada, de Usuarios y Consumidores
“Necesitamos una solución colectiva”
-¿Cuál fue el criterio de la Corte para limitar a los hogares la anulación del aumento del gas?-, le preguntó este diario a Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores.
-Es una cuestión muy técnica. La Corte no rechazó la demanda para los demás sectores, sino que dijo que no pudieron constituir un colectivo con intereses individuales homogéneos. Una de las claves para tener legitimidad colectiva ante la Justicia es que haya intereses individuales homogéneos; esto significa que haya un hecho central desencadenador del daño, que haya daños individuales, y que este daño sea de una magnitud tal que sea inviable llevarlo a la Justicia de manera individual.
-¿Cuál sería un ejemplo?
-Un daño al medioambiente, por ejemplo. Es un único daño que afecta a un colectivo; se trata de derechos difusos.
-¿Tiene sentido entonces que cooperativas y pequeñas y medianas empresas insistan judicialmente para que no les apliquen el aumento del gas?
-Sí, porque el fallo de la Corte no les cerró la puerta. La Corte dijo “este fallo sirve para los usuarios residenciales”, pero no les dijo a las Pymes o cooperativas “ustedes no tienen derecho”. A mí me parece que a la Justicia le van a caer miles de casos a resolver, de presentaciones individuales o colectivas. El fallo es muy bueno en el reconocimiento de derechos. Establece, en este aspecto, la necesidad de audiencias públicas previas a los aumentos, y que en la audiencia pública no se tiene que discutir únicamente transporte y distribución, sino también lo que se llama gas en boca de pozo. Eso es muy importante, el 70 por ciento del precio de lo que pagamos es gas en boca de pozo. Si no lo discutimos en la audiencia pública, discutimos una porción muy chica de la factura. Pero pierde esta bondad al restringirlo a los usuarios residenciales, lo que no quiere decir que los demás no tengan derecho, sino que van a tener que judicializar. Vamos a una judicialización muy grande, con cientos, miles de juicios, como pasó en la época del Corralito, donde al no haber una solución colectiva la gente recurrió a soluciones individuales, con una conflictividad muy grande. Por eso creo que debe haber desde la política otra solución, que hay que ir hacia soluciones por sectores.
-Pero el Ejecutivo, justamente, no quiere dar marcha atrás con el aumento.
-Si por una ley se llegara a un acuerdo en el cual se reconociera a estos sectores como alcanzados por la interpretación que hace la Corte sobre la necesidad de audiencias públicas previas y la necesidad de tarifas justas y razonables, sería interesante. En una sociedad de masas, las soluciones individuales son un problema, llegan siempre a destiempo y con un alto grado de conflictividad.

Roberto Ratti, de Apyme
“Es insostenible para el sector productivo”
-¿Qué lectura hacen del fallo de la Corte?
-Esperábamos que el fallo nos incluyera -respondió Roberto Ratti, el gerente general de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios-. Si bien es un avance, porque declara nula la acción del Gobierno, mantiene para nosotros el aumento en un marco de recesión, suba de los precios y apertura de las importaciones… son tarifas insostenibles para un montón de unidades productivas. Hace peligrar a las Pymes y, por consiguiente, a los puestos de trabajo.
-¿Tienen una estimación de cuál puede ser ese impacto?
-Nosotros representamos casi al 80 por ciento del empleo nacional y al 90 por ciento de las unidades productivas del país. La procuradora Alejandra Gils Carbó había planteado que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas -en especial, las pequeñas y medianas-, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”. Eso marca la pauta de cómo estamos y cuál es la situación.
-¿Las empresas integrantes de Apyme venían pagando las facturas de gas en estos meses?
-Algunas lo han pagado, otras no han podido.
-Después del fallo, ¿qué vías les quedan a las Pymes para frenar el tarifazo?
-Lo estamos analizando, porque creemos que debe tratarse de algún modo; tal vez por la vía legislativa o alguna otra vía política. Primero, para retrotraer las tarifas, después para armar un cuadro tarifario que pueda ser pagado, escalonadamente, o parcialmente, pero no de forma tan brusca. Así como está planteado, es imposible.
-Algunos dirigentes del sector adelantaron que pedirán una audiencia al Poder Ejecutivo.
-Ya la pedimos y no la tuvimos. Por supuesto que estamos siempre dispuestos, pero la que vemos como más abierta es la vía legislativa, con el tratamiento de una ley para el sector.
-¿La vía judicial quedó cerrada? ¿Podrían accionar para que se las incluya en la suspensión del aumento?
-La jurisprudencia dice que sólo los particulares pueden presentar procesos colectivos porque hay una causa común de homogeneidad. Como organización de Pymes no podemos presentarnos, si lo hacemos debe ser en forma particular y el efecto también será particular. Por supuesto que vamos a insistir, pero no colectivamente porque expresamente nos está vedado. Página 12/

 

 

 

 

NOTAS DE OPINION

 

 

LAS REFORMAS, SIN HOJA DE RUTA AÚN

DEBATE

LILIANA DE RIZ

http://www.clarin.com/opinion/reformas-hoja-ruta_0_1636036475.html

 

 

 

DOS INQUIETANTES FRENTES QUE SE ABREN

POR CARLOS PAGNI/

http://www.lanacion.com.ar/1930392-dos-inquietantes-frentes-que-se-abren-para-el-gobierno-de-macri

 

 

 


DETRÁS DEL MAYOR GOLPE POLÍTICO, UNA MÓDICA VICTORIA EN LA BATALLA CULTURAL

POR LUIS MAJUL/

http://www.cronista.com/columnistas/Detras-del-mayor-golpe-politico-unamodica-victoria-en-la-batalla-cultural-20160822-0052.html