El espíritu de la ley que hemos aprobado con las modificaciones técnicas hechas por el Senado, persigue los objetivos iniciales anunciados por el gobierno: “tener un instrumento legal que le de integridad a la lucha contra la corrupción”, generando  incentivos para que las personas jurídicas se abstengan en la comisión de delitos contra la administración pública.

El proyecto aprobado  tiene el objetivo de responsabilizar a la persona jurídica en sí, como así también a las autoridades encargadas de su aplicación.

Estos parámetros vienen a adherir los estándares internacionales que la “Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones internacionales” ha señalado.

La falta de armonía de nuestro marco jurídico con el resto de los países, acarrea problemas legales para resolver casos que fueron resonantes a nivel internacional, pero que en Argentina tanto las empresas como sus directivos todavía no han tenido ningún tipo de sanciones.

Esta ley es clave para que una empresa pueda ser condenada ya que los hechos de soborno trasnacional, generan perjuicios para el estado, porque en general afectan las licitaciones públicas que se traducen en sobreprecios, obra pública defectuosa o no realizada.

Los sobornos se utilizan para comprar voluntades pero no para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos.

Estamos en un mundo que nos pide transparencia y tenemos que cumplir, en especial si queremos participar como miembro pleno de la OCDE, (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo) lo cual es fundamental para dar seriedad y un horizonte de largo plazo a nuestras políticas públicas.

La ley atribuye  responsabilidad a las personas jurídicas; (aplicando sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas) también es importante destacar, para la suspensión de la persecución penal, el llamado acuerdo de “colaboración eficaz” (acuerdo entre la persona jurídica procesada y el Ministerio Publico Fiscal), brindando información útil para el esclarecimiento de los hechos.

Las penas versan en multas, suspensión total o parcial de actividades, prohibición de participar en concursos y licitaciones, disolución y liquidación de la personería, pérdida o suspensión de beneficios estatales y publicación de la sentencia condenatoria a cargo de la empresa.

Además, existen eximiciones de pena en casos de colaboración con denuncia de delitos e investigación interna dentro de la empresa, como así también la implementación de un sistema de control y supervisión interno y la devolución al Estado del beneficio obtenido.

Establece un Programa de Integridad con parámetros de conductas éticas que configura una condición necesaria para poder contratar con el Estado Nacional y contempla  un Registro Nacional de Reincidencia.

“Iniciativas como estas,  hubieran  traído respuestas más efectivas e inmediatas a resonados hechos  de corrupción que recién salen a la luz por estos días, pero que fueron denunciados hace años,  por ejemplo el caso del  ex Ministro Julio De Vido”, remarcó Giménez.

“De haber contado con esta ley, los empresarios inescrupulosos y corruptos, no hubieran podido hacer negocios con el Estado, nos podríamos haber ahorrado miles de millones de pesos y las obras  públicas, que fueron pagadas, ya  estarían terminadas”, agregó.