POLITICA

 

APURA EL GOBIERNO NUEVAS REGLAS PARA LICITACIONES 
Macri firmará un decreto para establecer más controles y transparencia
El Poder Ejecutivo se dispone a sorprender una vez más al Congreso con un nuevo decreto. En los próximos días, el presidente Mauricio Macri firmará una norma destinada a dotar de un marco de transparencia el proceso de licitación, contratación y control de las obras públicas, con el doble propósito de evitar sobreprecios y prevenir conflictos de interés entre funcionarios y contratistas.
El objetivo de la Casa Rosada, visto en términos electorales, es marcar distancia de las prácticas del gobierno kirchnerista (y profundizar así la polarización), pero también curarse en salud por la cercanía que algunos proveedores del Estado tienen con el Presidente.
El decreto del Poder Ejecutivo promete desatar una ola de críticas de la oposición, que pretendía dar la discusión por medio de una ley. Así lo había prometido el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio , que en julio pasado anticipó que enviaría un proyecto de ley al Congreso. Pero nunca llegó. En el ínterin, en la Cámara de Diputados se presentaron nueve iniciativas de distintos colores políticos, y la Comisión de Obras Públicas, al comando del peronista Sergio Ziliotto (hombre del gobernador Carlos Verna, de La Pampa) inició hace dos semanas el debate. Los legisladores podrían avanzar y aprobar una ley, pero saben que, con el decreto ya en vigor, el debate legislativo pasará a un opaco segundo plano.
Es que para el Gobierno, sus necesidades políticas y electorales son más importantes que el rezongo y el malestar que puedan exhibir los legisladores. Por eso apuesta a la ejecutividad del decreto antes que al debate impredecible de un proyecto de ley que podría finalizar con un sinfín de modificaciones ajenas al espíritu que le pretendía imprimir el Gobierno.
Además, el decreto le permitiría al Presidente “curarse en salud” ante las sospechas, que a la oposición le gusta agitar, sobre su proximidad con poderosos empresarios de la construcción, como su primo Angelo Calcaterra -ex dueño de la constructora Iecsa- y su íntimo amigo Nicolás Caputo.
Pero la oposición no se quedará callada. “No creo en las autorregulaciones de los gobiernos”, asestó Ziliotto. “El decreto será una falta de respeto al Congreso, que venía trabajando en acuerdos para sancionar una ley. Así, el Gobierno demuestra su desprecio al debate y a los acuerdos parlamentarios”, despotricó también Diego Bossio (Bloque Peronista), autor de un proyecto de idéntico propósito que el decreto: dotar de transparencia al proceso de contratación de las obras públicas.
El decreto del Gobierno, a cuyos lineamientos principales accedió LA NACION, establece los siguientes objetivos: Transparencia: difusión obligatoria de todos los actos administrativos e hitos más relevantes del desarrollo de la obra, desde la idea hasta la puesta en funcionamiento. En este aspecto, se habilitará el acceso irrestricto, anónimo y gratuito a las bases y condiciones de la contratación vía internet y se dará a publicidad a todo el procedimiento.
Evitar sobreprecios y cartelización: cuando la oferta resulte sustancialmente superior o inferior al presupuesto oficial actualizado, será desestimada. El decreto fijará un piso respecto de la oferta a la baja que puedan presentar los contratistas en una licitación (con relación al precio prefijado por el Estado) y un techo a la eventual renegociación al alza del precio acordado en el pliego.
Se establecerá un nuevo Sistema Nacional de Calificación de Antecedentes de Constructores, a cargo del actual Registro Nacional de Constructores, dependiente del Ministerio del Interior y Obras Públicas. Allí se evaluarán los antecedentes de quienes participan en los procesos licitatorios.
Las obras serán auditadas por la Sigen y la AGN. Informes semestrales a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con el objeto detectar posibles maniobras anticompetitivas.
Publicidad de las declaraciones juradas de funcionarios que participen de las respectivas comisiones de adjudicación y empresas constructoras a los efectos de identificar potenciales conflictos de interés (incompatibilidades).
Prevé, además, la suspensión de las empresas que realicen maniobras anticompetitivas en el Registro Nacional de Constructores de obras públicas.
Los proyectos de ley presentados en el Congreso son, a priori, más amplios en sus alcances que los que plantea el decreto oficial. El de Bossio, por caso, propone un control más activo del ciudadano en todo el proceso de licitación y contratación de obras públicas, al tiempo que sugiere la creación de un Observatorio Nacional de la Obra Pública y una comisión bicameral parlamentaria de seguimiento y control.
El propio oficialismo, en la voz de Elisa Carrió (Coalición Cívica) propone cambios más rotundos. En su proyecto de ley dispone redefinir la actual legislación, que data de 1947, acotando la posibilidad de contrataciones directas y promoviendo la transparencia a lo largo de los procesos de licitación y de contratación. Asimismo, propone un régimen estricto de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.
El oficialismo en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para disponer la intangibilidad de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y evitar que los gobiernos provinciales puedan usarlos para otro tipo de gastos. La iniciativa, elaborada por Soledad Carrizo (Cambiemos), cuenta con el aval de los jefes de bloque, Nicolás Massot (Pro) y del interbloque de Cambiemos, Mario Negri (UCR). En los fundamentos la legisladora advierte que si bien la ley que creó el Fonavi establece la asignación de los recursos para la construcción de viviendas (provenientes de un porcentaje del impuesto a los combustibles); acuerdos y pactos fiscales posteriores afectaron la exclusividad del destino de dichos recursos, otorgando a los órganos provinciales ejecutores un mayor margen de discrecionalidad para su aplicación, lo que ha provocado un desvío de su objetivo primordial. La Nación menciona a Soledad Carrizo y Mario Negri/

 

SENADORES DEL FPV QUIEREN “BLINDAR” A CRISTINA KIRCHNER DE CRÍTICAS POLÍTICAS 

Presentaron una iniciativa que incorpora la violencia”pública-política” como causal de violencia de género
Con la política de género como escudo, un grupo de senadores hiperkirchneristas presentó un proyecto de ley para incorporar la causal de “violencia política” a la ley de protección integral de las mujeres.
La iniciativa se anticipa como un traje a medida para blindar a la ex presidenta Cristina Kirchner de críticas políticas y mediáticas, y hasta podría llegar a usarse para contrarrestar las dificultades judiciales que enfrenta la ex presidenta.
De hecho, la chubutense Nancy González (FPV), autora del proyecto, lo presentó con un discurso con explícitas referencias a la “violencia política” que sufre Cristina Kirchner. Como si esto fuera poco, el acto en el que la legisladora anunció la presentación del texto, celebrado en uno de los salones del Senado, contó con el patrocinio de la Comisión de Mujeres del Instituto Patria.
La legisladora también incluyó en la lista de supuestas víctimas de violencia política a Milagro Sala, a la que calificó como “una presa política del gobierno nacional y del gobierno provincial” de Jujuy.
La tríada de mujeres víctimas de la violencia política impulsada por Cambiemos, según afirmó la senadora González, la completa la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. González realizó una encendida defensa de la cuñada de la ex presidenta, que cerró con una más que polémica conjetura feminista sobre los incidentes sociales registrados hace tres semanas frente a la residencia de la mandataria provincial. “Si dentro de esa casa no hubiera habido una gobernadora y una ex presidenta, sino un gobernador y un ex presidente, los manifestantes no hubieran podido hacer los desastres que hicieron, porque los hombres se protegen entre ellos”, aventuró.
El proyecto modifica el artículo 5 de la ley 26.485 para incorporar la “política” a los tipos de violencia de género que se pueden ejercer contra las mujeres, tipificando como una agresión de ese tipo a “cualquier conducta, por acción y omisión, que se dirige de forma individual o grupal con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres”.
Una vez introducida esta nueva causal, el proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 6 con el objetivo de entrar en mayor detalle y definir la “violencia pública-política contra la mujeres”, estableciéndola como “aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejerció político o la carrera política de las mujeres”.
Es en el final del nuevo inciso donde radica el intento del hiperkirchnerismo de darle un blindaje legal con el cual contragolpear ante los ataques políticos que tengan a Cristina Kirchner como objetivo.
Esto es así porque se establece que la “violencia pública-política” puede “ocurrir en cualquier espacio de la vida pública o política, instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales o medios de comunicación”.
En otras palabras, con esta arquitectura legal cualquier crítica política formulada contra Cristina Kirchner, ya sea en un medio de comunicación o en cualquier otro ámbito, daría lugar a una denuncia penal por violencia contra la mujer.
Además de la chubutense González firman el proyecto las santacruceñas María Esther Labado y Virginia García, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Pilatti (Chaco), María de los Ángeles Sacnum (Santa Fe) y Marcelo Fuentes (Neuquén). Todos ellos, miembros del núcleo duro del sector kichnerista del bloque del Frente para la Victoria.
Esta no es la primera vez que el kirchnerismo hace uso de las políticas de género para hacer política partidaria-electoral o para defenderse en algún debate político.
En la Cámara alta se recuerda la disputa entre la senadora García y el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba) durante una reunión de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, en la cual la cuñada de Máximo Kirchner, molesta por las críticas del legislador, lo acusó de misoginia. Molesto, el jefe del bloque de diputados de Cambiemos prometió en aquella oportunidad iniciarle una demanda por calumnias e injurias. La Nación menciona a Mario Negri/

 

DIPUTADOS: IMPULSAN QUE EL FONAVI VUELVA A SERVIR PARA CONSTRUIR VIVIENDAS 

Frente a un déficit habitacional de 3,5 millones
Hay proyectos de la radical Soledad Carrizo y de la kirchnerista Emilia Soria para que las provincias ya no puedan desviar recursos del Fonavi a cualquier destino
Guido Braslavsky
Diputados, en la sesión del pasado 26 del abril. Ahora legisladores del oficialismo y la oposición piden derogar la libre disponibilidad de fondos del Fonavi.
Con un déficit habitacional que afecta a 3,5 millones de hogares, podría pensarse que el dinero recaudado para el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), se usa para hacer viviendas. Pero no. Desde la gran crisis de 2001-2002, las provincias acordaron con la Nación la libre disponibilidad de los recursos tributarios que les llegan por regímenes especiales de coparticipación, incluido el Fonavi. Desde entonces, según el año entre el 7% y el 15% de la plata que se ha recaudado para hacer nuevas viviendas o mejorar la calidad de las existentes, se ha desviado con otros fines.
En la Cámara de Diputados, oficialismo y oposición han presentado proyectos para que se respete la asignación específica para la cual fue creado el Fonavi en noviembre de 1972.
Hace diez días, Cambiemos presentó su iniciativa que busca garantizar la intangibilidad de los fines y el destino de los recursos del Fonavi. “En el año 2000, primero, hubo un ‘Compromiso Federal’ luego ratificado por ley que permitió el desvío de fondos autorizando a las provincias a usar hasta un 50% que no fuera para fines específicos. Y en 2002, se acordó la libre disponibilidad. Allí comenzó a haber un desequilibrio y a no cumplirse con el objetivo de atacar el déficit habitacional”, explicó a Clarín la diputada Soledad Carrizo (UCR-Córdoba), autora del proyecto, que fue acompañado con la firma del jefe del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri; del jefe de bloque de PRO, Nicolás Massot, y de los radicales Mario Barletta y Brenda Austin, entre otros.
A principios de abril la diputada María Emilia Soria (Frente para la Victoria- Río Negro) también propuso modificar la ley 25.570 para que los recursos del Fonavi no puedan ser utilizados en otros destinos que no sean los específicos. Firmaron el proyecto sus compañeros de bancada Claudio Doñate, Juliana Di Tullio, Marcos Cleri y Sandra Mendoza, entre otros. Soria sostuvo al presentarlo en Río Negro con el respaldo de la UOCRA que se trataba de una iniciativa “posible, realista” para hacer frente a la recesión y la caída de puestos de trabajo en la construcción, y cuestionó que el Fonavi no debe usarse “para tapar agujeros de las malas administraciones provinciales”.
Una parte importante de los recursos del Fonavi se integran del Impuesto sobre los Combustibles. Por la libre disponibilidad son frecuentes las denuncias de que la plata llega a las provincias para el Fonavi, pero no se usa para construir viviendas.
Según ejemplos que dio la diputada Carrizo en base a informes de la Dirección de Control de Gestión del Fonavi -con datos disponibles hasta 2014-, las desviaciones son notorias en provincias como Buenos Aires y Formosa. La primera llega a emplear hasta el 50% de la masa de dinero que recibe por el Fonavi para otros destinos. Carrizo, que fue dos veces intendenta de Quilino, en el norte de Córdoba, y preside la comisión de Asuntos Municipales, asegura que hay “predisposición” del Ejecutivo y que los jefes comunales son “los primeros aliados” en la iniciativa de restituir el Fonavi para los fines que fue creado.
Diputados, en la sesión del pasado 26 del abril. Ahora legisladores del oficialismo y la oposición piden derogar la libre disponibilidad de fondos del Fonavi. Clarín menciona a Mario Negri y Mario Barletta/

 

CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS: SIN AVANCES EN EL PROYECTO DE LEY QUE IMPULSA EL GOBIERNO

 El proyecto de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en octubre del año pasado, todavía no salió de las comisiones con acuerdo para que pase al recinto.

Sí hay un borrador en el que se modificaron dos ítems, uno de ellos sustancial, según la Oficina Anticorrupción (OA): el llamado “acuerdo de colaboración eficaz”, que en el artículo 21° del proyecto original contemplaba que “el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán celebrar un acuerdo por medio del cual ésta se obligue a cooperar a cambio de la suspensión de la persecución, a través de la revelación de datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”. Esa figura fue descartada hasta ahora en las discusiones.

Al respecto, la titular de la OA, Laura Alonso , dijo que “a la Oficina Anticorrupción le preocupa la eliminación del acuerdo de colaboración eficaz. Esperamos que durante el debate esta cuestión vuelva al dictamen, ya que se trata de un incentivo muy importante para que las empresas cooperen con la Justicia”.

Por otro lado, el actual dictámen de comisión también cuestiona el atenuante para la empresa que significa tener un correcto programa de compliance (como se llama en la jerga corporativa a los planes de buenas prácticas), aunque sí lo recomienda y sugiere “una política de protección de denunciantes contra represalias”.

Un capítulo muy importante para las empresas será el control de terceros o socios del negocio, incluyendo proveedores, distribuidores, intermediarios, etcétera, ya que acciones de corrupción de su parte podrían afectarlas directamente.

De aprobarse la ley, las empresas serán penalmente responsables si sobornan a funcionarios públicos para obtener beneficios, y esto podría implicar, en casos extremos, la quita de su personería jurídica. Si hasta ahora la mirada legal estaba puesta en las personas que cometían un delito de estas características, el cambio radica en que la misma empresa también tendrá que pagar por ello.

Para avanzar sobre el tema, y sobre todo para incluir a sectores empresariales que no se han pronunciado sobre la importancia de que esta ley sea finalmente promulgada, la comisión de Legislación Penal, presidida por la radical jujeña Gabriela Burgos, y la de Legislación General, cuyo presidente es el diputado Daniel Lipovetzky, convocaron para el próximo miércoles a una reunión que, se espera, conduzca a que el proyecto de dictamen pase al recinto.

El presidente de la Copal (la cámara que agrupa a la industria de los alimentos), Daniel Funes de Rioja, afirmó que los abogados de la entidad están analizando el proyecto y estudiando algunos puntos importantes, como es el de la responsabilidad de las acciones de proveedores, entre otros.

Por qué es importante

En muchos de los países desarrollados y varios de los que están en vías de desarrollo ya existe una ley de este tipo, que funciona como disuasivo para que las empresas sobornen a autoridades o funcionarios públicos para obtener beneficios. Y “han adoptado penalmente la responsabilidad de las organizaciones en materia de corrupción”, asegura Carlos Rozen, socio de BDO y director de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. “Esta ley contiene una invitación tácita a hacer las cosas bien, a transitar por el camino correcto. Los montos de las condenas que constan en el proyecto hacen temblar a los empresarios”, advierte el especialista.

También, y cada vez más, es una exigencia para hacer negocios, ya que muchos países que ya cuentan con esta legislación tienen un principio de extra territorialidad (es decir, que las empresas son penalizadas en su propio país si pagan coimas en el extranjero).

Además, es uno de los principales requisitos para que la Argentina pueda pasar a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una meta de este gobierno.

Formar parte de la OCDE es estar dentro de un exclusivo club de países con buenas prácticas, al que la Argentina golpea la puerta para entrar, pero antes de ser aceptada debe cumplir con una serie de requisitos. Combatir la corrupción es uno de ellos.

Los alcances de la norma

Penalidades

En el proyecto de ley se fija una multa de entre el 1 y el 20% de los ingresos brutos anuales de la empresa condenada. Pero será de entre el 10 y el 20% si el delito se hubiera cometido con la intervención, conocimiento o tolerancia de la alta dirección; también si se provocaron daños a la comunidad.

Destino de los fondos

Los montos recaudados por las multas serán distribuidos entre los ministerios de Educación y de Salud.

Suspensión

También se establece una suspensión total o parcial de actividades, que no podrá exceder los diez años.

Patentes

La suspensión de hasta 10 años también está contemplada para el uso de patentes y marcas.

Cancelación

En caso de que la empresa hubiese sido creada para la comisión del delito, la norma prevé la posibilidad de cancelación de su personería jurídica. La Nación menciona a Gabriela Burgos/

 

LA PAMPA: LA UCR VA CON EL PRO PERO NO USAN EL SELLO “CAMBIEMOS” 

Elecciones 2017
Lo definió la Convención del radicalismo pampeano, que prioriza así su alianza con otras fuerzas locales y el socialismo. El macrista Carlos Mac Allister quería competir como “Cambiemos”.
Gustavo Laurnagaray
Mac Allister, secretario de Deporte y precandidato para La Pampa, en un encuentro con Macri en la Rosada.
La Convención provincial de la UCR de La Pampa resolvió no competir bajo el sello “Cambiemos” en los próximos comicios legislativos y convocó a un frente amplio electoral opositor al PJ provincial, que administra la provincia de manera ininterrumpida desde 1983. La decisión marca un fuerte contrapunto con el PRO: su máximo dirigente local, el secretario de Deportes Carlos Mac Allister, reivindica el sello “Cambiemos”.
La Convención provincial de la UCR pampeana tuvo un condimento extra: la presencia del dirigente Enrique “Coti” Nosiglia en las horas previas, acompañando al médico neurólogo Facundo Manes en una charla pública.
La definición de la UCR debe leerse en clave nacional. El senador nacional Juan Carlos Marino, uno de los hombres fuertes del radicalismo pampeano y vicepresidente primero del Senado, en las horas previas se había mostrado con Manes y con “Coti” Nosiglia en la charla pública. Marino dijo -cuando le preguntaron si estaba peleado con alguien del PRO de cara a las negociaciones de un acuerdo electoral para octubre- que no estaba “peleado con nadie, pero la humildad en política es una buena aliada”.
Unas horas antes, el secretario de Deportes y máximo referente del PRO en La Pampa, Carlos “Colores” Mac Allister dijo a la prensa que el frente opositor al PJ en La Pampa “ya existe y se llama Cambiemos”.
El presidente del Comité Provincia, Hipólito Altolaguirre, anunció que la Convención Provincial de la UCR definiría una “amplio frente electoral” para desafiar el poder provincial del PJ de cara a 2019. Finalmente, la Convención provincial de la UCR definió dejar de lado el nombre de Cambiemos y convocar a un amplio frente electoral bajo la denominación FrePam (una alianza electoral y política usada a nivel municipal y provincial) o Propuesta FrePam, la alianza utilizada en 2015 para zanjar las diferencias en la lista nacional.
Con ese llamado, la UCR tiene la ambición de reclutar al GEN de Margarita Stolbizer (que tiene al ex senador nacional en tiempos de la Alianza, Juan Carlos Passo como su referente) y al Partido Socialista.
El llamado de la UCR a un frente opositor provincial tiene dos consecuencias. Por un lado, le impide al PRO utilizar el sello Cambiemos que a nivel nacional integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Y por otro, obliga al armado de dos listas ya que los socios convocados por los radicales, el GEN y el Partido Socialista, no fraguan en ningún armado electoral con el PRO.
Los socios de Cambiemos juegan una parada difícil. Renuevan dos de las tres bancas de diputados nacionales. Una de esas bancas es de Juan Martín Maquieyra, en rigor la banca que ganó “Colores” Mac Allister en su lanzamiento a la política en 2013. Mac Allister dijo que su candidato es Maquieyra.
La otra banca que se renueva es la del radical y ex intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba quien aparece bien posicionado en las encuestas. El radical es un crítico del funcionamiento de Cambiemos y reclama que “la coalición parlamentaria se transforme en una coalición de gobierno”. Es la visión (aunque sin sacar los pies del plato) más desencantada del radicalismo sobre Cambiemos.
Mac Allister, secretario de Deporte y precandidato para La Pampa, en un encuentro con Macri en la Rosada. Clarín menciona a Francisco Torroba/

 

FAMILIARES DE VÍCTIMAS PIDEN PENAS EFECTIVAS PARA TRAGEDIAS VIALES 

Exigen extender las inhabilitaciones para conducir y mejorar el sistema de scoring
La familia de Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que murió después de ser golpeado y arrojado desde una tribuna del estadio Mario Kempes, denunció la ineficacia de la Justicia en relación con los delitos de tránsito. Los padres del joven están convencidos de que ese crimen se podría haber evitado si Oscar “Sapito” Gómez, imputado por la muerte de Agustín, el hermano menor de Emanuel, de 14 años, durante una picada, hubiera estado detenido.
El sentimiento de los Balbo no es excepcional; la mayoría de los familiares de las víctimas percibe que “no hay justicia” y que hay casos que podrían evitarse si se aplicaran sanciones para delitos preventivos. Por ejemplo, en España, si alguien conduce alcoholizado, aunque no haya víctimas, queda detenido durante 30 días.
En diciembre pasado el Congreso sancionó la norma que agrava las penas por delitos viales, basada en una iniciativa presentada por varias organizaciones de familiares de víctimas que ya tienen listo otro proyecto que encauzarán junto al diputado nacional radical Luis Petri.
“Es una discusión que tenemos que dar -dijo el legislador a LA NACION-. El sistema de inhabilitaciones de conductores no funciona; tenemos que poner el foco ahí, y en las sanciones preventivas.”
El año pasado, en la Argentina, murieron en accidentes de tránsito -según datos de Luchemos por la Vida- 7268 personas, unas 20 por día. Buenos Aires, con 2211, encabeza el listado; le siguen Santa Fe (736), Córdoba (415) y Tucumán (386).
La ley aprobada a fines de 2016 es la primera norma penal vial que rige en el país; establece entre tres y seis años de prisión para el que, conduciendo en forma imprudente, negligente o antirreglamentaria, provoque la muerte de otro. Contempla agravantes si el conductor se fuga o no intenta socorrer a la víctima, si está bajo los efectos de drogas o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre (0,5 para el transporte público).
Las penas máximas también rigen para excesos de velocidad de más de 30 km/h sobre la máxima permitida, para picadas, para la violación del semáforo o la conducta temeraria (cuando se sabe que se puede causar daño).
Marcela Alfaro, presidenta de la asociación Familiares de Víctimas de Siniestros Viales de Córdoba (VSV) -que integran los Balbo-, reclama más condenas de prisión efectiva por estos delitos. “La muerte de Emanuel es comparable a la de Micaela [García, víctima de femicidio en Entre Ríos], podría haberse evitado con Gómez preso.”
Horacio Botta Bernaus, abogado especializado en inseguridad vial, sostiene que el 95% de los accidentes “podría pasarle a cualquiera” por errores que no admiten reparación. Plantea que el problema es que, en la mayoría de los casos, hay acciones civiles muy complejas que traban todo el proceso.
Botta Bernaus recuerda que en 1998 cambió el Código Penal y se gravaron las penas, “pero no bajaron los accidentes; el derecho penal no cambia a la sociedad: hay que crear figuras agravadas”.
El 1° de mayo de 2002 Kevin Sedano, de 14 años, fue atropellado y abandonado por Eduardo Sukiassian en Vicente López, Buenos Aires; murió una semana después. En 2007, el conductor fue condenado a tres años de prisión por homicidio culposo; estuvo dos meses preso y recuperó la libertad; este año pudo volver a manejar. Viviam Perrone, madre de Kevin e integrante de las Madres del Dolor, coincide en que las penas preventivas son muy importantes, “pero también las que se dictan después del hecho”.
Perrone afirma a LA NACION que en el resto del mundo ya se comprobó que las sanciones preventivas reducen el número de accidentes viales: “No hace falta matar a alguien para tener una sentencia efectiva; conducir implica una responsabilidad enorme”.
En esa línea, el diputado Petri indica que con la nueva iniciativa se busca un abordaje integral. De todos los siniestros viales se calcula que el 80% se relaciona con el factor humano, entre el 5 y el 7% con el mecánico y el resto, con lo ambiental (como la traza de los caminos o las condiciones climáticas).
Botta Bernaus subraya que el sistema penal debe ser “inflexible” ante ciertas conductas, como la fuga del conductor y picadas. Según Perrone, fallan los controles y cuando bajan los procedimientos “la gente deja de cuidarse”. En el futuro proyecto incluirán el aumento del tiempo límite para recuperar el carnet de conductor, que hoy es de 10 años. Petri admite que el sistema de scoring “no funciona; hay que revisarlo”. La Nación menciona a Luis Petri/

 

EL PRO PERMITIRÁ ACUERDOS CON EL MASSISMO Y EL PERONISMO A SUS ALIADOS PROVINCIALES 

Mendoza
Así surge del balance del plenario de Cambiemos en la Ciudad de Mendoza, donde estuvo Marcos Peña y Emilio Monzó.
Roxana Badaloni
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Hotel Diplomatic, en Mendoza, durante el plenario de Cambiemos. (Foto: Delfo Rodriguez)
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, cenaron anoche con dirigentes de Cambiemos en Mendoza, y hoy participaron de un encuentro en un hotel cinco estrellas para definir la estrategia electoral en Cuyo para las legislativas.
En el mitín en el hotel Diplomatic, de la ciudad de Mendoza, había dirigentes del PRO de San Juan, San Luis y La Rioja; más algunos de los aliados locales, como el Partido Demócrata de Mendoza y la Coalición Cívica.
Sobre la estrategia electoral, quedó claro que el macrismo permitirá alianzas con el Frente Renovador de Sergio Massa, Libres del Sur, el peronismo disidente y otras agrupaciones, sólo en las listas provinciales. En las candidaturas nacionales, el oficialismo acordó que las listas estarán representadas por candidatos de Cambiemos.
Queremos mantener nuestros aliados en Mendoza, como el Frente Renovador y Libres del Sur, esto está consensuado con Cambiemos, dijo el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, que irá de nuevo con el Frente Cambia Mendoza en las candidaturas provinciales y municipales; y el Frente Cambiemos, con el PRO, en las postulaciones al Congreso de la Nación.
Su acuerdo con la pata peronista y el socialismo, le permitió a Cornejo imponerse en las elecciones de 2015. Ahora, pretende repetir fórmula y ampliar aún más su margen electoral. El gobernador radical, con buena imagen en las encuestas, también deslizó que será la UCR de Mendoza la que impondrá los primeros lugares en las candidaturas a diputados y senadores nacionales.
No vean fantasmas, estamos muy bien articulados, planteó Peña, sobre estos armados disímiles entre las provincias aliadas y la Nación. “Por el respeto a las autonomías de cada provincia, entendemos que hay realidades preexistentes a Cambiemos o realidades particulares provinciales, que consideraremos, afirmó.
Aclaró Peña que para el oficialismo es muy importante que a nivel nacional, Cambiemos sea la identidad. Cuando se le preguntó por el posible intento de reelección de Macri, Peña dijo: “Es claramente prematuro discutir cualquier cosa del 2019″, más allá de que fue el propio Macri quien mencionó esta semana que tal vez vea terminado el aeropuerto proyectado entre Santa Fe y Paraná en el próximo mandato”.
El jefe de Gabinete fue la verdadera figura del encuentro en Mendoza. Fue quien expuso ante los dirigentes y accedió a todas las selfies que le pidieron, como si se tratara de una estrella de rock. Monzó, que supo llevar la batuta en el armado de las candidaturas provinciales, ahora participó con un bajo perfil. Sólo vine a hablar de temas de la Cámara de Diputados, no me corresponde a mí opinar sobre estrategia electoral, le dijo a Clarín.
Peña, en cambio, mostró un alto perfil político: Cambiemos tiene la vocación de gobernar todas las provincias. Quedó confirmado que en San Luis el primer candidato a senador nacional será el ex gobernador y ex delfín de los Rodríguez Saá, Claudio Poggi, y que el radical José Riccardo, irá como diputado nacional. Los segundos lugares de las listas, serán para el PRO. En el caso de San Juan, no habrá un acuerdo con el peronista Sergio Uñac; sino que los aliados del gobierno seguirán siendo, el senador Roberto Basualdo y el diputado del PRO Eduardo Cáceres. Clarín menciona a José Riccardo/

 

“EL PERONISMO DE LA PAMPA ESTÁ AGOTADO”, AFIRMÓ EL DIPUTADO KRONEBERGER 

El diputado nacional Daniel Kroneberger (UCR-La Pampa) aseguró hoy que el peronismo pampeano “está agotado”, mientras que el radicalismo tiene la “ambición de priorizar los intereses provinciales y de gobernador a partir de 2019”.
La Convención Provincial de la UCR ratificó el sábado que habrá una mesa de negociación para avanzar en las negociaciones con el PRO y otros partidos, de cara a las elecciones legislativas de este año, donde se renovarán tres bancas de diputados por La Pampa.
“La decisión de conformar una mesa para el armado de un gran frente electoral opositor para las elecciones legislativas, no hace más que ratificar la ambición que tenemos, de priorizar los interés provinciales y de gobernar La Pampa, a partir de 2019”, dijo Kroneberger, vicepresidente del Comité Provincia de la UCR.
“Hemos ratificado nuestro máximo objetivo, que es derrotar al PJ” porque “el peronismo de La Pampa está agotado. Queremos construir una nueva mayoría, para proponerle a los pampeanos un cambio de signo política”, agregó.
Kroneberger sostuvo que los pampeanos necesitan “una provincia que tenga como política de Estado generar empleo genuino, que la actividad privada crezca para que contenga a todos. Fomentar políticas activas para explotar el turismo, y alentar inversiones. No puede ser que el Estado sea el principal empleador”. Télam menciona a Daniel Kroneberger/

 

SU POSICIÓN ANTE EL 2X1 A REPRESORES 

“Conozco a Rosenkrantz y Rosatti y no creo que se hayan dejado influenciar”
Ricardo Alfonsín. Foto: NA/Mariano Sánchez.
El diputado nacional de la UCR Ricardo Alfonsín aseguró este domingo que el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2×1 en caso de delitos de lesa humanidad “representa un retroceso” pero tomó distancia de la versión que sugiere que los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti habrían sido “influenciados” por el Gobierno para votar a favor de la polémica medida.
“Los conozco a Rosenkratz y Rosatti y no creo que se hayan dejado influenciar. A Highton (de Nolasco) no la conozco”, afirmó Alfonsín.
También minimizó la posibilidad de que los magistrados se hayan sentido legitimados para avanzar en un fallo de estas características por un cambio de “clima de época”.
“No creo que haya clima de época, no tengo ninguna razón para suponer eso. Que haya alguien que pretenda cambiarlo es otra cosa, no sé si el Presidente quiere eso”, aseveró en diálogo con radio 10.
Si bien reconoció que el fallo “representa un retroceso” en materia institucional, aclaró que eso no ocurre “en términos culturales” dado que “el tema de los Derechos Humanos está muy arraigado en la sociedad”.
“Con el Juicio a las Juntas conocimos el infierno y que no hay nada más perverso y brutal que la dictadura. Hay que cuidarlo y cada vez que aparezcan cosas como estas, reaccionar”, enfatizó. NA menciona a Ricardo Alfonsin/

 

PREOCUPA A LA AGN LA FALTA DE CONTROLES EN LOS CONTRATOS DE MAYOR COSTO Y ENVERGADURA 

Se trata de obras rotuladas como “prioritarias” para el Gobierno, pero no tienen una partida presupuestaria
Magario, Dietrich, Macri y Vidal, al inaugurar el Metrobus. Las obras públicas más importantes, por su envergadura y por su costo, que prevé ejecutar el gobierno de Mauricio Macri eluden los mecanismos básicos de evaluación y de control que estipula la ley de inversión pública. Esta opacidad genera preocupación en la Auditoría General de la Nación (AGN), que advirtió que, si bien esta práctica proviene del gobierno kirchnerista, la gestión actual no la modificó.
Se trata de obras monumentales. De hecho, forman parte del llamado Programa de Inversiones Prioritarias (PIP), que están detalladas en el artículo 63 de la ley de presupuesto 2017. Allí figuran, por caso, las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz; el soterramiento del ferrocarril Sarmiento; la rehabilitación del Belgrano Cargas y mejoras en distintas redes de transporte ferroviario; la represa hidroeléctrica Chihuidos, Los Blancos, Portezuelo del Viento y Potrero del Clavillo, como así también autopistas en distintas regiones del país.
La ley de presupuesto no informa qué costo le insumirán estas obras prioritarias al Estado; sugestivamente, ninguna de ellas figura con asignación de recursos. Es que aparecen como aplicaciones financieras (en la jerga presupuestaria, están por debajo de la línea) porque se nutren mayormente de financiamiento externo bajo el enigmático rótulo de “pago a contratistas y proveedores”. Es decir, no tienen una partida puntual del presupuesto como el resto de las obras públicas. Así, es muy difícil efectuar un seguimiento de su ejecución, tanto presupuestaria como de avance físico.
Y aquí viene el meollo del problema: al ser considerados “activos financieros”, estos proyectos no se computan en la medición del déficit (no son estrictamente gastos) y pueden esquivar el proceso de análisis, evaluación y control que estipula la ley 24.354 de inversión pública.
Consultados por LA NACION, voceros de los ministerios de Hacienda y de Interior informaron que sólo este año, las obras prioritarias tienen un crédito vigente de $ 80.906 millones, muy superior al promedio 2014/2015, de casi $ 14.000 millones. En lo que va del año ya se ejecutaron $ 3500 millones.
“La imputación de los avances de estos proyectos de inversión como aplicación financiera ha venido siendo utilizada desde hace varios años. Sin embargo, es importante aclarar que a partir del presupuesto del año pasado se limitó este programa a aquellas propuestas que contaban con financiamiento del exterior asegurado. Es decir, si viene el financiamiento, se realiza la obra. Si no hay financiamiento, no hay obra. Esto evita que se afecten tanto los recursos como las necesidades de financiamiento del Tesoro”, explicaron en Hacienda.
En efecto, esta metodología fue instaurada por el kirchnerismo en 2009, enfatizó el auditor Jesús Rodríguez (UCR). Para describir el grado de opacidad, precisó que entre 2009 y 2015 la ex línea de ferrocarril San Martín insumió $ 15.000 millones, del cual 99% provino de los “adelantos a proveedores y contratistas”. “No fue computado como gasto porque, como se dice en la jerga presupuestaria, eran asignaciones “por debajo de la línea”; en consecuencia, no tuvo ninguna evaluación, ningún control, ningún dictamen de la ley de inversión pública”, enfatizó.
Esta ley exige que las propuestas de proyectos de infraestructura elaboradas por las diversas dependencias del sector público nacional y que superen los $ 50 millones de presupuesto pasen por el tamiz del ministerio de Economía. De ese modo se centraliza la información para establecer un orden de prioridades de acuerdo a la tasa de retorno individual y social de cada proyecto. La ley fue concebida para evitar arbitrariedades en la asignación de obras y recursos.
“El 40% de la inversión real directa en 2015 se hizo bajo la metodología de incluir las obras como activos financieros en lugar de respetar la ley de inversión pública”, precisó Rodríguez. “Esta es una forma de ‘trampear’ el presupuesto -criticó, por su parte, el presidente de la AGN, Oscar Lamberto (PJ)-. Nosotros lo hemos advertido, pero el Congreso es el que debe modificar la legislación para que todos los gastos figuren dentro del presupuesto.”
En el mismo sentido se expresó el diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador. “Es fundamental actualizar la forma de presentación del presupuesto. Este tipo de prácticas son muy opacas, basta señalar el caso del Sarmiento”, señaló. En efecto, esta obra tiene como contratistas a la empresa brasileña Odebrecht (investigada en Brasil por el pago de coimas millonarias a funcionarios), asociada con Iecsa, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra. El año pasado el Poder Ejecutivo emitió un DNU para ampliar su presupuesto a $ 8940 millones, que fue rechazado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Macri firmará un decreto para establecer más controles y transparencia La Nación/

 

ESTÁ VIGENTE LEY QUE ENDURECE LAS PENAS POR DELITOS VIALES 

Un reclamo de más de una década
Se aprobó en diciembre e incluye un agravante para quienes el exceso de velocidad.
Lucas Trasancos. Atropelló y mató a dos jóvenes, y está libre.
Tras años de espera y de fallos controvertidos, en diciembre el Congreso aprobó una ley para endurecer los delitos viales. Así, parece haberse abierto un nuevo camino para castigar con más dureza a quienes muestran conductas desaprensivas en el tránsito.
El punto más importante de la ley es que aumenta las penas para quienes matan al volante y manejen bajo efectos del alcohol o drogas, y también para quienes atropellan a alguien y escapan. A partir de la modificación normativa, la pena pasó a ser de tres a seis años, por lo tanto se convirtió en un delito no excarcelable. Hasta ahora, la mayoría de las causas terminaba con condenas menores a tres años y nadie iba preso.
La ley ahora también considera como un agravante los casos en que se viola la velocidad máxima en 30 km/h o más.
En Argentina fallecen cerca de 20 personas por día en accidentes de tránsito, y la inseguridad vial se convirtió en la principal causa de muerte entre los menores de 35 años.
Sin embargo, la Justicia pareció siempre muy contemplativa. Algunas decisiones llegaron a indignar a gran parte de la sociedad, por ejemplo el caso de Lucas Trasancos, el joven que en 2013 atropelló y mató a una pareja que iba en moto por Flores, y que pese a que fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión, por cuestiones procesales quedó en libertad.
La modificación de la ley fue un largo y difícil proceso. Las Madres del Dolor, la asociación de familiares de víctimas, propuso el cambio 12 años antes. Recién en 2015 tuvieron media sanción en Diputados, pero luego el Senado demoró el tratamiento, y finalmente le hizo numerosas modificaciones a la norma. Finalmente, Diputados aprobó en diciembre un proyecto consensuado con los familiares.
Lucas Trasancos. Atropelló y mató a dos jóvenes, y está libre. Clarín/

 

UNA CAUSA QUE PARECE MENOR, PERO QUE REVELA LA VERDADERA ESENCIA DE BOUDOU

Señoras y señores: Amado Boudou. Hoy el ex vicepresidente será enjuiciado por primera vez por un tribunal oral y público. Es decir, protagonizará un juicio con él sentado en el banquillo de los acusados. La causa que lo llevó a esta instancia decisiva parece menor comparado a otros casos por corrupción que lo tienen como procesado e imputado. Pero no lo es: la historia desnuda el desapego a las leyes y normas menores, y por ende quizás más reveladoras del deber cívico del también ex ministro Economía.

Incluso también muestra cómo se comportó Boudou con dos de sus ex parejas. Una de ellas es su primera y única esposa. La otra, la mujer con que la que convivió diez años: terminó imputada en el juicio por declaraciones de Boudou. La causa es simple: el juez Claudio Bonadio determinó, en base a documentación irrefutable, que Boudou “truchó” los papeles de registración de uno de sus autos. Se trata de un Honda CRX del Sol rojo modelo ’92. El ex vice modificó a través de gestores la documentación de ese vehículo -argumentó la Justicia- para intentar evitar que esa máquina japonesa sea parte de la división de bienes tras el pedido de divorcio que le inició Andriuolo, una profesora de danza con la que contrajo matrimonio en Mar del Plata.

Boudou fue por todo. Intentó quedarse con el Honda, pero en el medio también comprometió en la causa a otra de sus parejas, Andrea Seguín. Según él, ella fue la responsable de estos infortunios que lo llevan a juicio oral por primera vez. Ella lo niega con tristeza. Siente que el hombre que amó lo traicionó de manera artera.

La investigación probó que Boudou inscribió ante un Registro del Automotor que compró ese auto en agosto de 1992. Ocurre que él se casó con Andriuolo en 1993. Si su versión de los hechos fuera cierta, entonces la mitad del valor del Honda no le correspondería a su ex esposa. La “coartada”, fue ejecutada en papeles registrales. Boudou dice que por Seguin, su otra ex pareja. Ella lo niega.

Clarín accedió al llamado trámite 08 del vehículo que efectivamente estaba fraguado. No solo decía que el Honda había sido adquirido en 1992, si no que también había sido anotado en un supuesto domicilio de su dueño: esa dirección también era falsa.

Así como Boudou ya había “truchado” su propio domicilio -puso como dirección un lugar donde había un médano de San Bernardo-, el Honda estaba inscripto en el “vacío”: la casa de su dueño era una pared.

Andriuolo decidió pedirle el divorcio a Boudou cuando lo vio en televisión decir que nunca se había casado. Enojada, intenta reclamarle parte del auto y el departamento en el que vivieron en Mar del Plata. El inmueble también fue registrado de modo irregular.

El caso Honda-Boudou se pudo iniciar porque el abogado de Andriuolo, Eduardo Romanín, logró algo que muchos otros no habían podido hacer antes con el entonces vice en funciones: entregarle la notificación judicial del divorcio. Romanín concretó esa “hazaña” porque esperó con mucha paciencia a que Boudou apareciese en el departamento de Puerto Madero en el que vivía, pero no aceptaba ser notificado por nada. Romanín le entregó la mala novedad en mano.

El caso del Honda no es una causa de corrupción como la de compra de Ciccone Calcográfica.Pero es un indicador de las cosas que era capaz de hacer un hombre que, como vicepresidente, fue titular del Senado de la Nación. El lugar donde se crean y votan las leyes. Clarín/

 

DENUNCIAN APORTES MILLONARIOS DE LA OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA A LA CAMPAÑA DE DANIEL SCIOLI

Una nueva denuncia sobre IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires, será presentada ante la Justicia. Es por una presunta “estafa al Estado a través de un mecanismo que utilizó a funcionarios, afiliados y prestadores de la obra social como ‘prestanombres’ para aportes a la campaña política del Frente para la Victoria en las elecciones que llevaban al ex gobernador Daniel Scioli” como candidato a presidente.

Según el titular del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA, Idelmar Seillant, “la obra social transfirió más de 10 millones a la campaña del FpV”.

La información fue difundida por La Cornisa (América TV), cuya equipo de investigaciones accedió a la documentación que será presentada la próxima semana ante la fiscalía N°11 de Álvaro Garganta.

Será, en rigor, una ampliación de la denuncia original contra Scioli. “Es una maniobra por la cual se utilizaban nombres y empresas vinculadas al IOMA para transferir dinero de la Obra Social a la cuenta bancaria recolectora de los fondos para la campaña política de 2015”, según afirmó el contador Jorge Radelli, uno de los firmantes de la denuncia junto a Seillant.

Los nombres y las personas señaladas en el escrito como aportantes son más de 30 y, en su mayoría, “negaron haber aportado a la campaña política”.

Agrega el informe: “La denuncia señala al entonces presidente del IOMA, Atilio La Scaleia, a quien se acusa de ‘cambiar intencionalmente los destinos a las partidas presupuestarias de IOMA. Se trata del dinero, que tiene como finalidad las prestaciones y tratamientos de los afiliados. Gran parte de estos fondos esenciales habrían sido utilizados como aportes en la campaña política del Frente Para la Victoria’”.

En el denuncia se precisa que parte del dinero de la obra social “fueron destinados a engrosar los fondos para la campaña de Daniel Scioli como presidente, Aníbal Fernández como candidato a gobernador y Martín Sabbatella como su vice: todos funcionarios públicos que ocultaron con acciones y omisiones el origen de estos recursos económicos, sabiendo que pertenecían a las partidas presupuestarias de IOMA”.

El documento que se presentará como ampliación ante el fiscal Garganta remarca que este desvío de fondos afectó “la salud y las prestaciones de los afiliados”.

A mediados de marzo, el ex gobernador bonaerense declaró ante Álvaro Garganta en la causa por una denuncia original de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que lo acusa de lavado de activos y manejos irregulares de fondos durante su gestión al frente de la provincia.​

Scioli negó, ante la Justicia, el manejo irregular de fondos provinciales. ¿Qué le imputan a su gobierno? La formación de supuestas “cajas negras” para el sostenimiento de la política y el enriquecimiento personal. Según la fiscalía, los nichos de tal provisión de dinero con maniobras ilegales serían IOMA, Aguas Bonaerenses (ABSA) y Lotería, entre otras áreas oficiales. Clarín/

 

MÁXIMO DICE QUE CRISTINA KIRCHNER NO SE EXCLUYÓ Y EL PJ SE REÚNE POR LA UNIDAD

“Cristina dijo que se autoexcluía de la feria de vanidades de la política”. Máximo Kirchner recurrió a una pirueta para resucitar la intriga sobre la candidatura de su madre de la que La Cámpora es, hacia dentro del peronismo, la principal subsidiaria.

Tres días después de que la ex presidente sugiera, en un acto en SADOP -dos veces en una hora de discurso- que no le interesa competir este año, su hijo salió a traducirla y plantear que aunque pareció hacerlo, no renunció a ser candidata.

Un rato más tarde, en Grecia, la ex presidente evitó dar un si o un no cuando Clarín la consultó sobre la posibilidad de pelear por una banca nacional. “No es el momento, estamos en un campo de refugiados, dijo.

El fin de semana, la reacción surgió del bloque que encabeza Florencio Randazzo que levanta la bandera de una primaria para resolver las candidaturas del peronismo. La teoría sobre una deserción prematura de la ex presidente, se tomó como una buena noticia en ese campamento.

La razón es simple: aunque en el relato político, Randazzo diga que le gustaría competir contra Cristina, sin la ex candidata en el ring sus chances mejoran y se abre, además, la puerta a una negociación. Dato. El viernes, el randazzismo se abrazó a una versión que indicaba que Cristina lo había elogiado como un indicio de que los puentes no están rotos.

La semana pasada, el ex ministro de Interior se recluyó varios días en un spa, desconectado, para “prepararse para la elección” dijo un dirigente que el fin de semana salió a buscar avales para presentar la candidatura en la PASO peronista.

En paralelo, la hipótesis de una Cristina fuera de las listas -aunque se erija en ordenadora o, incluso “jefa”- puede diezmar las condiciones de La Cámpora en la mesa de discusión de las listas.

Mañana, a las 6 de la tarde, en un hotel o en un local en San Telmo, volverá a juntarse el “bloque Caballito” donde confluyen el PJ bonaerense de Fernando Espinoza, el grupo Fénix, parte de los Esmeralda, alcaldes del interior de la provincia y el neocamporismo.

Ese espacio, con el que cenó Cristina el martes pasado, apuesta a mostrar una foto que visibilice la posición de “amplia mayoría” que en representación territorial tiene ese espacio que propone “lista de unidad” contra la postura de Randazzo de ir a primarias.

La intención es juntar más de 30 intendentes para reflejar que la posición mayoritaria es evitar una PASO. Vendrá, luego, la otra discusión: cómo será el armado de las listas. Clarín/

 

ROGELIO FRIGERIO SOBRE EL 2 X 1: “ELLOS LE DABAN ÓRDENES A LA JUSTICIA, NOSOTROS NO”

El Gobierno volvió a tomar esta noche distancia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que benefició con el cómputo del 2 x 1 al represor Luis Muiña -condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar-, y reiteró las críticas planteadas por la mayor parte del arco político al fallo. Las voces del gobierno de Cambiemos que volvieron a alejarse de la polémica fueron la de los ministros Rogelio Frigerio (Interior y Obras Públicas) y Guillermo Dietrich (Transporte), quienes con similares argumentos insistieron en que el Poder Ejecutivo nada tuvo que ver con la decisión tomada por los jueces supremos Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Entre los jueces que firmaron el fallo de la polémica analizaban tomar la voz para dar explicaciones públicas sobre el sentido que tuvo la decisión. “Es necesario que en la Argentina las instituciones cumplan su rol y que la Corte Suprema no se arrogue el rol del legislador. Las leyes y los códigos deben cumplirse y, aunque exista desagrado, los jueces no se deben apartar de la letra de la ley“, afirmaron a Clarín fuentes tribunalicias.

“No hay ninguna ley que se haya sancionado para prohibir la aplicación del 2 x 1 para los represores de lesa humanidad. Sí hay un Código Penal que obliga a los jueces a aplicar la ley más benigna, incluso a los criminales más abominables, y eso se hizo”, continuaron los voceros consultados, que aclararon que el gobierno de Mauricio Macri no tuvo ninguna intervención en las discusiones ni en la previa de la decisión.

Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos opositores, grupos sociales y sindicales anunciaron para el miércoles próximo una movilización a Plaza de Mayo para rechazar el fallo. En esa movilización, sin embargo, generó preocupación que desde sectores del kirchnerismo intentarán vincular a la administración de Cambiemos con el fallo de Highton, Rosenkrantz y Rosatti.

“Es lógico que aquellos que durante los últimos 12 años les daban órdenes a la Justicia y esperaban que la Justicia acatara esas órdenes crean que, frente a cada fallo, hay detrás una decisión política y no una decisión autónoma de la Justicia”, afirmó en diálogo con el canal de noticia A24 el ministro Frigerio, e insistió con que desde Cambiemos “siempre nos opusimos al 2 x 1”.

“El 2 x 1 está muy vinculado con la impunidad y en este caso mantenemos lo que venimos diciendo en los últimos años”, afirmó el funcionario y resaltó que desde la Casa Rosada “esperamos que este fallo, porque en la Corte siempre los fallos son sobre casos puntuales, sea aplicado del modo más restrictivo posible”. De todos modos, Rogelio Frigerio advirtió: “Los fallos de la Corte Suprema no se discuten, hay que acatarlos“. En tanto, otra voz del oficialismo que también tomó distancia de la decisión del máximo tribunal fue la de Guillermo Dietrich, que criticó el 2 x 1. “El Terrorismo de Estado es lo peor que le puede pasar a un país, porque es la falta de división de poderes, donde el Ejecutivo controla todo, con todo el poder que tiene en sus manos”, afirmó.

“La ley 2 x 1 es una ley perversa, porque los peores crímenes son los que obligan a detener anticipadamente por su propia gravedad: esa ley fue derogada no existe más, pero muestra esa historia de impunidad de este país“, afirmó en diálogo con el periodista Luis Novaresio en el canal América.

Al tomar distancia de la decisión de la Corte, el funcionario aseguró que en la sentencia firmada la semana pasada “actuó un poder independiente”. “El presidente (Mauricio Macri) no conocía a los dos miembros, es un fallo que hizo la Corte Suprema y desde que estamos en el gobierno nosotros no opinamos de calle”.

“Este fallo tiene un impacto tremendo en la sociedad, pero tuvimos en el pasado una sentencia de la Corte Suprema -sin tener relación ni proporción con esto del 2 x 1- que se tomó cuando estaba en pleno la discusión de las tarifas y que fue distinta a las expectativas del Gobierno y no dijimos nada“, concluyó. Clarín/

 

LAS SEIS CAUSAS SENSIBLES PARA CRISTINA Y LOS K QUE YA CIRCULAN EN LA CORTE

El retuit pasó desapercibido, o casi, en medio de la polémica por el reciente fallo de la Corte Suprema que benefició al represor Luis Muiña con la derogada ley del 2×1. Lo hizo Alejandro Rúa, uno de los abogados que defiende a Cristina Kirchner. El mensaje original, de la cuenta @genocidaslibres, revelaba la supuesta dirección de Muiña para ir a escracharlo. Y remataba: “Si lo ve, escupalo”. Sin demasiado análisis, en Tribunales se interpretó el movimiento de Rúa como un cuestionamiento por elevación al Máximo Tribunal, en particular a los tres jueces que votaron a favor de aplicar la ley más benigna al condenado: Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz. Esas mismas fuentes judiciales y políticas advierten que la tensión entre el mundo K y la Corte irá en aumento. En breve.

Según pudo confirmar Clarín, hay al menos seis causas sensibles al kirchnerismo que ya circulan por el emblemático edificio de la calle Talcahuano. Además de los tres magistrados citados, deberán estudiarlas y definir sobre ellas el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda.

Los casos van desde la denuncia de Nisman o el Dólar Futuro, dos investigaciones que involucran directamente a Cristina, hasta el embargo de las cuentas de Florencia Kirchner o una megaobra para la central termoeléctrica de Río Turbio. Un eje es común a estas causas: tienen algún componente de supuesta corrupción.

Otra particularidad: mientras el kirchnerismo viene cuestionando a la Corte desde hace años, y ahora hubo un rebrote con el fallo Muiña, la mayoría de las causas que llegó al Máximo Tribunal fue por pedido de las defensas de los propios ex funcionarios K. Manotazos judiciales ante reveses en las instancias previas.

Los pedidos sensibles al mundo K que deben analizar los jueces supremos son estos:

1) Dólar futuro

– Es la denuncia por presuntas irregularidades en la venta de contratos de divisas, durante el kirchnerismo, cuando se descontaba que el próximo gobierno devaluaría la moneda. Es la causa por la que Cristina y otros ex funcionarios (que ya fueron procesados por el juez Claudio Bonadio) están más cerca del juicio oral. El recurso que llegó a la Corte fue presentado por Alejandro Vanoli, ex titular del Banco Central y uno de los investigados. A principios de febrero, Casación le había rechazado una apelación a su procesamiento.

2) La denuncia de Nisman

– Otra causa que incluye a Cristina. Se trata de la acusación original del fiscal del caso AMIA, que había denunciado a la ex presidenta y otros funcionarios y dirigentes por supuesto encubrimiento a los iraníes apuntados por el atentado a la mutual judía. El recurso, en este caso, lo presentaron los abogados del ex canciller Héctor Timerman.

 

Desde fines de 2016, la defensa de Timerman buscaba apartar a los jueces de Casación que terminaron fallando por abrir la investigación de la denuncia de Nisman. Intentaba que los reemplacen otros magistrados que suponía más afines. No lo logró. Y quiere que interceda la Corte.

3) El embargo de Florencia

– En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la decisión del juez Julián Ercolini de embargar los 4.664.000 dólares que la hija de la ex presidenta tenía en una caja de seguridad en el Banco Galicia y el millón de dólares y los 50.000 pesos que poseía en cajas de ahorro. A la defensa de Florencia Kirchner no le pareció justo. Otro caso que deberán definir los jueces del Máximo Tribunal.

4) El testaferro de López

– Es una de las causas más viejas vinculadas al mundo K que también aterrizó en la Corte. En este caso, se investiga si el contador Andrés Galera era en realidad el testaferro de José López, el ex secretario de Obras Públicas tristemente famoso por revolear bolsos con plata en un convento de monjas. La pesquisa incluye la compra y refacción de un inmueble en la calle Belgrano, en la localidad de Tigre.

5) Los sobreprecios de De Vido

– El ex poderoso ministro de Infraestructura es investigado (entre otras causas) por una megaobra en la provincia de Santa Cruz: la central termoeléctrica de Río Turbio. Las dudas sobre su participación en el proceso son múltiples: desde la licitación y adjudicación hasta el financiamiento. Siempre con sospechas de millonarios sobreprecios.

De Vido tuvo un fuerte revés en octubre, cuando la Cámara Federal ordenó volver a investigarlo por esta obra, una de las grandes promesas fallidas del kirchnerismo en materia energética y que habría costado 700 millones de dólares.

6) La sombra de Lagomarsino

-​ El recurso que llegó a la Corte, en este caso, se relaciona con una causa derivada de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Es una denuncia según la cual el perito informático Diego Lagomarsino, dueño del arma de donde salió el disparo que mató a Nisman, era testaferro del fiscal en una cuenta en el exterior. Allí también aparece involucrada la madre de Nisman y se sospecha de posible lavado de dinero.

Muy poco tiempo después de la muerte del fiscal, desde el kirchnerismo se hizo foco en los bienes de Nisman para socavar la figura del hombre que había denunciado a Cristina. La Corte también deberá tratar este tema.

Algunas fuentes en Tribunales creen que el nuevo embate de Cristina y su entorno contra un sector de la Corte, además de ser funcional a sus intereses políticos, intentando pegar al Gobierno macrista con la represión, es en realidad una jugada judicial ante posibles fallos adversos del Máximo Tribunal. Clarín/

 

EL PRESIDENTE DE ITALIA LLEGÓ CON MÁS DE 40 EMPRESARIOS Y MAÑANA LO VE A MACRI

Con la llegada al país del presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien arribó hoy acompañado por 43 poderosos empresarios de su país con la intención de cerrar acuerdos de cooperación y anunciar proyectos de inversión, se quiebra una ausencia de 16 años en la Argentina de un mandatario de ese país en visita oficial.Mattarella estará en la Argentina hasta el próximo miércoles y se reunirá con el presidente Mauricio Macri, mañana, en la Casa Rosada; allí, los mandatarios mantendrán una reunión privada en el despacho presidencial y harán una declaración conjunta en el Salón Blanco.Mattarella estará acompañado en su visita por el canciller italiano, Angelino Alfano, y por el viceministro de Desarrollo Económico, Ivan Scalfarotto.La visita de Mattarella es calificada como “muy relevante” para el Gobierno, según revelaron a Télam fuentes oficiales, porque implica la continuidad del interés de Italia y de la Unión Europea en los cambios que está haciendo la Argentina.El encuentro de Macri con Mattarella viene a complementar lo que ocurrió el año último, cuando estuvo en Buenos Aires el primer ministro italiano, Matteo Renzi, que por cambios en la política italiana fue desplazado del cargo, que ahora ocupa Paolo Gentiloni; ambos del Partido Democrático. La figura del presidente Mattarella, si bien no tiene el mismo peso político que el premier, implica un gesto de Italia a la gestión de Macri, y el plato fuerte de la visita será el del Foro Económico Italia-Argentina, que se realizará mañana en el Palacio San Martín, con la presencia de los empresarios que vienen de Roma.Entre algunas de las compañías que llegan estarán las más grandes de Italia, que facturan un promedio global anual de 300 millones de euros, entre ellas, Enel, Alitalia, Leonardo, Pirelli, Ghella, Fiat, Techint Italia, Ferrero, Trevi y Ferrovie dello Stato.Mattarella es un abogado siciliano nacido en Palermo hace 75 años, de tradición democristiana y ministro de varias carteras en otros tantos gobiernos italianos, pero que en el año 2007 estuvo entre los fundadores del recién formado Partido Democrático, una gran carpa de distintos partidos socialdemócratas.Fuentes del gobierno italiano adelantaron que las empresas de su país están interesadas en proyectos de inversión en la Argentina en los rubros de infraestructura, energía renovable, transporte e industria, entre otros.Se prevé también la firma de acuerdos de cooperación entre la Argentina e Italia en materia de seguridad, agricultura, ciencias, tecnología y cultura, entre otros.La agenda de Mattarella en la Argentina continuará pasado mañana, cuando visite el Congreso y la Corte Suprema; ese mismo día Mattarella estará en el Teatro Coliseo para un concierto que compartirá con la comunidad italiana en la Argentina y visitará la escuela Cristoforo Colombo.El miércoles se trasladará a Bariloche para la firma de un acuerdo de cooperación científica y espacial con el INVAP. Clarín/

 

TUCUMÁN: PROPONEN PARA JUEZ A UN DEFENSOR DE ACUSADOS POR LA REPRESIÓN

Un abogado que es defensor de acusados por delitos de lesa humanidad y representa los intereses del arzobispado tucumano fue propuesto por el gobernador Juan Manzur para el cargo de juez de instrucción en el ámbito de la justicia local.

Facundo Maggio desempeñó la defensa del cura José Eloy Mijalchick y del represor y ex militar Carlos Truco en el marco de la megacausa Jefatura –Arsenales II. Ahora representa los acusados Carlos Iacono, Enrique Bonifacio, Ernesto Alais Camilo Orce, José Fiorini, Chuchuy Linares y Luis Rolando Ocaranza en la causa que se investiga los excesos cometidos durante el Operativo Independencia. Además representan a los dos últimos, Linares y Ocaranza en juicio Jefatura II, que hace referencia a la sede principal de la policía tucumana y que fuera un centro clandestino de detención y tortura.

El abogado propuesto está casado con una sobrina del actual ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien durante más de una década fue ministro del anterior gobernador José Alperovich. Carolina Maggio, hermana del nominado a juez, fue designada en el Poder Judicial en forma discrecional recientemente. Su designación y otras 20 fueron desconocidas por la Corte Suprema local.

A Maggio aún le resta pasar por la correspondiente entrevista en la comisión de Peticiones y acuerdos de la Legislatura tucumana para que luego su pliego sea tratado por el plenario del cuerpo. Su designación puso en alerta a la oposición.

En este sentido, el radical José María Canelada señaló que “la decisión nos llena de preocupación y confirma lo que veníamos advirtiendo desde hace tiempo: que el oficialismo se previene de cualquier investigación instalando amigos en los puestos clave”. Además, criticó a Manzur, al decir que “se asegura un camino de impunidad” y consideró que con este nombramiento “se aniquila la Justicia independiente”.

El abogado también representó al arzobispado en la investigación de la muerte del cura Juan Viroche, que apareció colgado en su parroquia tras haber denunciado a los vendedores de droga en Delfin Gallo. Clarín/

 

PRESIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA QUE ACTUALICEN EL AGUINALDO

Aunque por estos días reina la calma entre el Gobierno y los movimientos sociales , dado que el Gobierno empezó a pagar el Salario Social Complementario (SSC) a los trabajadores de la economía popular, se abre una nueva puerta de discusión: la actualización del monto que recibe cada beneficiario, hoy de 4.000 pesos.

“Consideramos que con el grado de inflación que hay es necesario que el monto se actualice una vez que se fije el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)”, marcó posición Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

Aunque el Consejo del Salario no tiene fecha para tratarlo, el SMVM se establece una vez concluidas las principales paritarias, esto es a fines de mayo principios de junio.

Desde enero que el SMVM está fijado en 8.030 pesos y una actualización del 18% (la inflación que maneja el Gobierno) lo llevaría a los $ 9.500 y los movimientos sociales quieren que el Salario Social Complementario sea “el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil”. En definitiva, con estos números, el SSC pasaría a ser de $ 4.750.

De acá a junio las organizaciones populares estiman que unos 100.000 beneficiarios percibirán esos $ 4.000 para luego pelear por la actualización del monto. Ahora bien, la Ley de Emergencia Social fija un reparto de fondos por hasta $ 30.000 millones a entregarse hasta el 2019: este incremento en el valor del SSC reduciría la cantidad de beneficiarios que irían sumándose.

Sin embargo, desde el Gobierno no quieren adelantarse a hacer declaraciones y apuestan al plan empalme.

Ese programa, anunciado la semana pasada, prevé que los beneficiarios de los planes sociales, si son tomado por una empresa, sigan recibiendo durante dos años el subsidio de $ 4.000.

De esa manera, según razonan en el Gobierno, se alivia la carga salarial de los privados y facilita la creación de nuevo empleo.

El programa Empalme fue oficializado la semana pasada luego del anuncio que hiciera Mauricio Macri el 1° de Mayo por el día del Trabajador ante sindicatos aliados y enrolados detrás del ruralista y gremialista, Gerónimo “Momo” Venegas.

Por el contrario, desde las organizaciones miran bastante escépticos los resultados de este programa: por ejemplo Amancay Ardura, de la Corriente Clasista, comentó a Clarín que es una medida “electoralista” y que el pasaje será a “cuenta gotas” porque estamos en una economía en crisis en la que no se ven “signos de una economía sana”.

La dimensión del problema del empleo en el país es concreta: 4,5 millones de trabajadores en la informalidad y un millón y medio de desocupados. Clarín/

 

AMADO BOUDOU ENFRENTA SU PRIMER JUICIO ORAL Y LO ESPERAN OTRAS CAUSAS MÁS COMPLEJAS

El ex vicepresidente Amado Boudou afrontará a partir de hoy el primer juicio oral y público desde que dejó el poder, en diciembre de 2015, acusado en este caso por la falsificación de la documentación relacionada con un viejo automóvil y cuando ni siquiera era funcionario público. Será la primera vez que alguien que ocupó el cargo de vicepresidente enfrente un juicio oral.

Boudou fue citado a las 9 por los miembros del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Gabriel Vega y José Michilini. Junto a él, en el banquillo de los acusados también estarán su ex novia Agustina Seguín, los gestores Andrés Soto y Rodolfo Basimiani y la ex titular del Registro 2 de la Propiedad Automotor de la Capital Federal, María Graciela Taboada de Piñero.

El ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner tiene en carpeta otros juicios más importantes y graves, como el del caso Ciccone -la imprenta que allegados a él compraron en concurso de acreedores y luego debieron entregar al Estado a través de una expropiación- y el de su presunto enriquecimiento ilícito, ambos en manos del juez de instrucción Ariel Lijo. En total tiene ocho causas abiertas en los tribunales federales de Comodoro Py, con cuatro procesamientos, incluido el que hoy lo lleva a su primer juicio oral (ver aparte).

En el caso que lo llevará hoy temprano a los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py 2002, Boudou está acusado de haber adulterado los datos de un automóvil marca Honda CRX Del Sol modelo 1992, con el supuesto fin de ocultarlos en su proceso de divorcio de su primera y única esposa, Daniela Andriuolo. El ex vicepresidente también tuvo una causa similar por haber dado como domicilio una dirección inexistente y coincidente con la de un médano en el Partido de la Costa.

“No debe olvidarse que Amado Boudou es la única persona beneficiada por la irregular transferencia, logrando con ello al fin regularizar, de una vez por todas, la situación de un automóvil que según dice, adquirió en el año 1993, y que, por algún motivo, no inscribió hasta diez años después, pese a haberle cambiado el motor y circulado con documentación en la que dicho cambio no se encontraba consignado”, había dicho el juez federal Claudio Bonadio al momento de procesarlo, mientras era el vicepresidente de la Nación.

“Sigue siendo inexplicable o poco creíble que los gestores, por un pago en dinero y sin la anuencia del imputado, se arriesguen a fraguar documentos públicos a escondidas de los beneficiarios, pudiendo caberles una pena de prisión de entre tres y ocho años por dicha conducta, de visible advertencia para los supuestos ‘damnificados’ atento cuanto menos, a su obvio falso domicilio”, había añadido el magistrado en el auto de procesamiento y en referencia a la responsablidad de Boudou en el hecho penal investigado.

Es que en esta causa Boudou echó la culpa de los papeles “truchos” a los gestores que intervinieron en el caso y a su propia ex pareja, quien, según él, fue quien usó el vehículo durante una década. La desconocida primera esposa de Boudou, radicada hace varios años en Italia y principal damnificada por las irregularidades en los papeles del vehículo, aún no se sabe si declarará personalmente en la causa o si lo hará vía teleconferencia.

Boudou, su ex novia, la ex titular del Registro 2 Automotor y los dos gestores están acusados por haber actuado asociados “para transferir de manera irregular, mediante documentación falsa” el automóvil patente B 2.423.822. La acusación en el juicio será llevada adelante por la fiscal Stella Marys Scandura. Todos llegaron juicio luego que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un pedido de “probation”, es decir la suspensión del juicio a prueba. Clarín/

 

ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ, CON MAGARIO Y D’ELÍA: “SOY SOLDADO DE CRISTINA”

Cada vez más kirchnerista. Alberto Rodríguez Saá sumó una nueva señal de su posicionamiento político bien cercano a la ex Presidenta. Ya se había reunido con Cristina, ya había pasado también por el Instituto Patria, aunque en este caso fue más explícito: con Verónica Magario y Luis D’Elía, en La Matanza, acompañó uno de los cantitos característico de la militancia K: “Yo no soy gorila, soy soldado de Cristina”, sorprendió el gobernador de San Luis, durante años rival y enfrentado a los Kirchner. Alberto fue hasta San Justo, La Matanza, para dar una charla en el Ateneo Néstor Kirchner. En ese marco, entre señales de kirchnerismo explícito, pidió por la unidad del peronismo para enfrentar al macrismo. “Si vamos divididos en tres, ellos (Cambiemos) ganan. Tenemos que escribir un acuerdo programático entre todos los peronistas, porque después vienen las elecciones y hay dirigentes que se hacen los que no se acuerdan. Déjense de joder muchachos, vamos todos unidos”, aseguró el gobernador de San Luis. Rodríguez Saá lanzó fuertes críticas al Presidente y utilizó el latiguillo de Hebe de Bonafini: “Macri, pará la mano”. Y disparó contra la situación económica: “Nos pasa por primera vez que cierran las fábricas, porque les conviene pagarles el despido sin causa a los trabajadores y reconvertirse en importadores. Si cierran las fábricas, se las vamos a expropiar”. Sobre el final del acto se sumó la intendenta Magario y con D’Elía y otros referentes kirchneristas entonaron cantitos para referenciarse en Cristina como conductora del espacio. La ex Presidenta y el gobernador puntano se reunieron el 10 de abril en el Instituto Patria. Luego, el gobernador se mostró en el mismo lugar con Oscar Parrilli. También se encontró con el ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Atrás quedaba un largo enfrentamiento que tuvo uno de sus motivos en 2001, cuando los gobernadores -entre ellos Néstor Kirchner- le quitaron apoyo al interinato presidencial de Adolfo Rodríguez Saá. Alberto llegó a llamar “tilinga” y “sembradora de planes sociales” a Cristina. “El desastre de Cambiemos hace que los peronistas nos juntemos dejando de lado las diferencias”, justificaron desde San Luis hace unos días la nueva relación, como publicó Clarín. Otro factor local empujó el acuerdo: el peronista puntano Claudio Poggi, ex gobernador y ex aliado de los Rodríguez Saá, tomó distancia de ambos, se acercó al macrismo e implicará un desafío para esta elección, en la que Adolfo busca reelegir como senador. Para gobernador, en 2015, el kirchnerismo rozó el 14% en San Luis. Clarín/

 

DELFINA ROSSI, LA JOVEN QUE “ESCOLTA” A CRISTINA KIRCHNER POR EUROPA

Delfina Rossi tiene 28 años y aunque es hija de un político peronista, dice que su formación militante la adquirió en Barcelona donde estudió Economía, militó en la izquierda verde catalana y hasta llegó a ser candidata para una banca en el Parlamento Europeo.

La joven, que hizo un master en Italia y un postgrado, on line en Londres se convirtió en la figura más llamativa de la reducida comitiva que acompaña a Cristina de Kirchner en su gira europea.

Su presencia -que Clarín contó el 28 de abril- es más novedosa porque, al final, el staff que acompaña a la ex presidente se limitó a Rossi, Hernán Reibel -que oficia de vocero- y Mariano Cabral, el secretario de la ex presidente. Además de una custodia, claro.

En tierra quedaron Carlos López, el número dos de Oscar Parrilli y Jorge “Topo” Devoto, un todoterreno, que se mueve siempre sigilosamente cerca de la ex presidente. Al suspenderse el tramo británico del viaje, tampoco se incluyó a Alicia Castro, ex embajadora en Londres, a quien le habían derivado la gestión de un encuentro entre la ex presidente y Julián Assange, el fundador de Wikileaks.

A la hora de optar, la ex presidente eligió a la joven economista que trabaja en el bloque del FpV en Diputados y se hizo “famosa” cuando fue designada para ocupar un cargo en el directorio del Banco Nación. Delfina, de buen manejo del inglés, fue la encargada oficiar de traductora en la visita de la ex presidenta a un centro de refugiados en Atenas.

En su estadía europea, Rossi estudió con Yanis Varoufakis, el ex ministro de Economía griego. Tuvo, además, relación con la izquierda verde de Europa, que se suele llamar el “eco-socialismo”. Con uno de los bloques que expresa esa ideología, Cristina se verá esta semana en Bruselas cuando visite el Parlamento Europeo.

Instalada en Buenos Aires, Delfina Rossi lanzó un espacio en el peronismo K porteño, llamado Buenos Aires 3D, que al menos en las formas se despega del esquema clásico de La Cámpora. Colabora, además, con su padre, Agustín, que se anotó en la carrera para ser candidato a diputado nacional por el PJ-FPV de Santa Fe.

Con el ex ministro de Defensa, Delfina despunta un vicio radial: juntos, padre e hija, hacen un programa llamado Los Rossi en la radio Zónica, que se emite on line. Clarín/

 

PARA BAJAR EL GASTO, EL GOBIERNO PREPARA UNA REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO DESPUÉS DE OCTUBRE

El gobierno de Mauricio Macri analiza una reestructuración de la administración tras las elecciones del 22 de octubre. El objetivo es reducir el gasto público, lograr un recorte del déficit fiscal significativo en 2018, dar señales convincentes de lucha contra la inflación y poder avanzar en una reforma tributaria.

Este año, el desequilibrio fiscal superará los 420.000 millones de pesos, lo que enciende alarmas en la Casa Rosada. Si bien cumpliría con la meta fiscal del 4,2% del PBI del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, algunos economistas dicen que llegará a 8%. Y en 2018 la meta es menor: 3,2%.

Si bien cerca del jefe del Gabinete, Marcos Peña , niegan un ajuste, varias fuentes oficiales confiaron por lo bajo a LA NACION que luego de octubre se intentará un fuerte recorte de gastos sin impacto social.

“Hasta las elecciones no se toca nada para evitar ruidos, pero luego de octubre se reducirán gastos”, aseguró un funcionario cercano al Presidente. Macri necesita dar señales fuertes de freno a la inflación para acelerar inversiones. Los empresarios aquí, en Estados Unidos y en otros países le preguntan por la grave situación fiscal que impide bajar la presión tributaria, que eleva las tasas, retrasa el tipo de cambio y enfría la economía.

La primera premisa será que no habrá despidos de empleados públicos. “Al contrario, queremos jerarquizar la carrera administrativa”, repiten funcionarios.

Macri comenzó este año con la intención de fusionar programas, organismos y secretarías de Estado para ahorrar gastos y eficientizar la gestión. Pero luego advirtió que la prioridad para 2017 era ganar las elecciones sin tensiones.

En el Gobierno vislumbran que alguna corrección será inevitable. Tal como adelantó LA NACION el 17 de abril, la estructura del Estado aumentó un 25% y alcanzó a 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías y 687 direcciones nacionales y generales.

Se analizan nuevos sistemas de contratación; reducción de secretarías; subsecretarías, direcciones y coordinaciones; congelamiento de incorporaciones a todo el sector público nacional; no reemplazar a los que se jubilen o renuncien naturalmente, e incentivar traslados al sector privado.

“Si logramos no reemplazar a los que se retiran bajamos un 6% por año la masa salarial”, dijo un ladero de Macri a LA NACION.

Según el último relevamiento del Ministerio de Trabajo, el sector público nacional tiene hoy 740.611 empleados públicos. Sólo redujeron 1436 puestos desde 2016. El Gobierno informó que había desafectado a 15.000 agentes en la administración central (Poder Ejecutivo, ministerios y organismos descentralizados) y que ahorró 7000 millones de pesos.

Pero si se toma todo el sector público nacional (se suman empresas públicas, universidades, Justicia y Congreso) la masa salarial creció un 34% entre 2015, último año de Cristina Kirchner, y 2016. En 2015 se pagaron 199.066 millones de pesos en salarios. En 2016 se gastaron 266.831 millones, y en 2017 se abonarán 319.341 millones, un 19,7% más.

La suba salarial de 2015 por las paritarias estatales fue de 27,4%, y la de 2016 de 31%. Es decir, la masa salarial debió haber crecido un promedio de 29,2%, pero creció 34%.

Como informó LA NACION hace dos semanas, se reducirán gastos operativos improductivos en 114.000 millones de pesos. Eran de 301.000 millones de pesos en el presupuesto 2017, pero quedarán en 187.000 millones. Pero ello será neutro, porque se reasignarán a partidas sociales en aumentos de jubilaciones, pensiones, AUH y planes sociales.

Por ello, Macri pondrá la mira en la estructura administrativa. Muchos ministros y funcionarios serán candidatos en las elecciones de octubre y al dejar el cargo se reducirían casilleros en el organigrama. O “ravioles”, en la jerga administrativa.

Muchas coordinaciones, direcciones y subsecretarías fueron creadas por el macrismo porque cuando ofrecía nombramientos en categoría A (la más alta) en planta transitoria (cargos políticos) los salarios eran de hasta 25.000 pesos y no podían convencer a profesionales para sumarse al Gobierno. Para sueldos más altos debían crear coordinaciones y direcciones.

Por ello, la Casa Rosada estudia cambios en los sistemas de contratos para evitar tantas direcciones y cargos jerárquicos. Se analizará además la eliminación de “ravioles” (direcciones, secretarías y subsecretarías de Estado) y se prohibirá el ingreso de “ñoquis”.

Está en estudio una norma para congelar ingresos en todo el sector público. “Todo está en análisis pero hasta octubre no se define nada para evitar ruido. La prioridad hoy es ganar las elecciones. Luego de octubre habrá otro gobierno”, señaló a LA NACION un funcionario cercano a Macri.

Una corrección que consideran inevitable

Nicolás Dujovne

Ministro de Hacienda

Reducción de gastos

Para evitar cortocircuitos políticos en plena campaña electoral, el gobierno de Mauricio Macri esperará hasta después de los comicios de octubre para impulsar una reducción del gasto público

Reclamo local y externo

Empresarios argentinos y de otros países del mundo se muestran preocupados por la situación fiscal, la presión tributaria, el atraso cambiario, la suba de las tasas y el enfriamiento de la economía

420.000

millones de pesos

Es el déficit fiscal previsto para 2017, lo que encendió alarmas en el macrismo. Creen que es inevitable una corrección del gasto. La Casa Rosada apuntará a la estructura administrativa y las posibilidades de reducir los organigramas gracias a que muchos funcionarios serán candidatos

3,2%

El déficit fiscal para 2018

La meta será llegar a ese número el año que viene. Por lo pronto, la meta del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de cerrar 2017 con un 4,2% sigue en pie, aunque algunos economistas afirman que el rojo será de hasta 8%

34%

De aumento en la masa salarial estatal

Es lo que aumentó el gasto en sueldos entre 2015, el último año de Cristina Kirchner en el poder, y 2016. Hoy, según los registros del Gobierno, hay 740.611 empleados en el sector público. La Nación/

 

ECONOMIA

 

DURMIENTES ROTOS, CLAVES DEL FRUSTRADO INTENTO DE LLEVAR EL TREN A MAR DEL PLATA

Los bellos durmientes. Así se podría titular la fábula de los durmientes ferroviarios comprados de apuro y a un alto precio, colocados rápido para mostrar gestión y efectividad y que luego quedaron partidos como terrones de azúcar de a miles.

Hay varios protagonistas de la historia. Por un lado, la empresa marplatense que los construyó, Solana-Dhasa (Durmientes de Hormigón Argentinos Sociedad Anónima). Por el otro, el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, que los compró, y finalmente el actual presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), Guillermo Fiad, que a poco de asumir se encontró con 55.000 bloques colocados, rotos e inservibles por los que se habían pagado cientos de millones de pesos.

La urgencia tuvo un claro motivo electoral ante las elecciones presidenciales de 2015. El resultado: de los dos ramales en los que se colocaron uno apenas funcionó muy lento en un corto lapso (Constitución-Mar del Plata) y otro sigue corriendo a una velocidad que presupone llegar de Retiro a Rosario varias horas más tarde de lo que esa distancia supone.

La historia se remonta a 2013. Entre ese año y 2015, la gestión Randazzo licitó el cambio de vías para ambos ramales. Se colocaron 1,10 millones de durmientes para sostener los rieles nuevos. Solana-Dhasa fue una de las adjudicatarias. En el ramal a Mar del Plata instaló 129.000 de un total de 227.000 durmientes (fue el adjudicatario más grande); el resto se colocaron en las vías que van a Rosario.

Pero hay que ir un poco más atrás. Un año antes, en 2012, se había creado Durmientes de Hormigón Argentinos (Dhasa). La empresa de material ferroviario se instaló poco antes del llamado a licitación y es un desprendimiento de la constructora industrial marplatense Solana SRL. La empresa, constituida en febrero de 2012, tiene tres socios -Mabel Susana González, Diego Salvador Miceli y Máximo Miguel Miceli- y un capital social inicial de $ 100.000. Así surgió la compañía que un año después, con pocos antecedentes, colocó aquellos 227.000 durmientes fabricados en Mar del Plata. Florecía entonces la industria ferroviaria de la mano de Randazzo. Tanto fue así que el ministro visitó aquellas instalaciones el 30 de marzo de 2013, un año después del nacimiento de la empresa. “Estamos en proceso de adjudicación de durmientes, por eso venimos a ver la fabricación que se realiza en Mar del Plata”, dijo Randazzo entonces en la planta. Aliento ministerial a la industria nacional.

Sin embargo, las obras nunca se terminaron. Más aún, se conoció que parte de aquellos durmientes se partían a poco de instalados. Hasta estos días, unos 55.000 fueron relevados con fisuras, identificados en un monitoreo que hace Trenes Argentinos Infraestructura (TAI). Las fallas de calidad durante la producción están corroboradas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que en un informe señala que se originaron por deficiencias en la calidad del hormigón y en su proceso de curado.

El año pasado, un total de 14 contratos en ambos ramales estaban parados por falta de pago. En abril de 2016, ya en la administración Macri, se analizaron las posibles soluciones para el tema de los durmientes fisurados, ya conocidos en la jerga como “los durmientes de Franetovich”, en referencia a Ariel Franetovich, un estrecho colaborador de Randazzo que fue presidente de Ferrocarriles Argentinos y uno de los responsables de aquella compra.

Durante meses se negoció mano a mano con los proveedores marplatenses y recién en julio se firmó un compromiso con Dhasa. El cálculo estimado de este trabajo, si lo hubiera tenido que encarar el Estado, llegaba, según lo que pudo establecer LA NACION sobre la base de documentos técnicos, a $ 1000 millones.

Finalmente, y luego de una larga negociación, los durmientes serán cambiados. Dhasa se hace cargo del costo de recambio de la totalidad hasta la fecha y de la provisión de nuevos. Además, se selló un compromiso de recambio en el caso que se verifiquen fisuras en algunos instalados durante los próximos cinco años.

Hubo un asunto más: la compañía que se estrenó con aquella licitación reintegró a TAI los anticipos pagados por aproximadamente $ 120 millones. A su vez, tanto el recambio como la provisión serán realizados con controles definidos por TAI. “Ante cualquier incumplimiento -dice el documento-, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) podrá ejecutar pólizas de caución por hasta un monto de 451.000 dólares, una hipoteca de la planta industrial de Solana en Mar del Plata y una prenda sobre maquinaria pesada ferroviaria.” LA NACION se comunicó con la compañía. Ninguno de los socios estaba presente. Insistió 48 horas después y la respuesta, después de enviar un mail con un adelanto del tema, fue que la compañía no quería decir nada sobre el asunto.

Los rumores sobre el favoritismo hacia la firma en la licitación se multiplicaron desde entonces. Desde una presunta relación directa con algún constructor predilecto del kirchnerismo hasta otros que hablaban de favores con funcionarios de entonces. También cuentan varios técnicos que entendieron en el proceso que la empresa explicó que fueron muy apremiados con los tiempos y que eso generó la falla, que se multiplicó por al menos 55.000. Dicen que hasta se tuvieron que contratar camiones hormigoneros (trompos, en la jerga) para cumplir con el apremio. El resultado de aquella planificación que prioriza el calendario electoral está a la vista.

“Trenes Argentinos Infraestructura ya puso en marcha un protocolo de relevamiento, inspección y recambio que asegura un monitoreo sistemático y la priorización de la necesidad de recambio de durmientes defectuosos de acuerdo con el tipo y grado de la patología detectada”, señaló la empresa estatal.

Guillermo Fiad, presidente de ADIF, dijo a LA NACION que no fue una negociación fácil. “Lo que se había firmado dejaba en muy malas condiciones de negociación al Estado, pero creo que logramos un acuerdo importante, que hizo ahorrar al Estado 1000 millones de pesos”, contestó.

Randazzo dio sus explicaciones en un mail que envió a este cronista. “En abril de 2015 encontramos el problema. Se notificó en mayo a la empresa, y el 19 de junio se procedió a la rescisión del contrato y los pagos a la firma Dhasa. Además, se le ejecutó la póliza de caución que tenía contratada con la empresa Sancor Seguros”, dijo.

“La calidad de los insumos y los costos y gastos asociados a la provisión corren por exclusiva cuenta de la empresa fabricante, quien siempre tuvo la obligación de acompañar las debidas garantías y pólizas de caución por el fiel cumplimiento de sus obligaciones antes de iniciar una obra o proveer materiales”, agregó.

Así termina la historia. O, mejor dicho, comienza, hasta que cada uno de los 55.000 trozos de hormigón estén cambiados y el tren pueda volver a circular a una velocidad normal. La Nación/

 

 

LANZAN UNA LÍNEA DE CRÉDITOS A 18 AÑOS PARA EMPRESAS

Un banco comenzará a ofrecer una línea de créditos de largo plazo a tasa fija para proyectos de inversión en la economía real. Se trata del HSBC, que lanzará en los próximos días un plan de préstamos a 18 años, con una tasa fija del 3,4% anual en dólares.

El destino será para proyectos de importación de bienes de capital o servicios, según explicó a LA NACION el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino. Es un proyecto financiado por el gobierno de Gran Bretaña y requiere que el 20% de la iniciativa cuente con la participación de empresas de ese país europeo. El 80% restante puede ser aportado por empresas argentinas o de otros países. El financiamiento se destinará a planes de infraestructura básicamente, pero también a otros sectores.

Martino afirmó que “estos créditos contribuirán a iniciativas de alto valor agregado que van surgiendo con el reordenamiento macroeconómico que está llevando adelante el Gobierno”. “La única manera de conseguir financiamiento para inversiones es elevando el nivel de exportaciones e importaciones, ya que la economía argentina es una de las más cerradas del mundo”, expresó el banquero.

Para Martino, el país “puede competir con salarios altos, de ningún modo lo hará con el modelo chino” de sueldos bajos. Por lo tanto, más allá de la discusión actual sobre el tipo de cambio, consideró que hay que seguir trabajando para “seguir bajando el costo del capital”, a través de una mejora de la infraestructura. “Y si en cinco años el país logra tener superávit fiscal, tal vez pueda bajar impuestos”, pronosticó.

El banquero afirmó que un buen paso en este sentido fue el blanqueo de capitales que culminó a fines de marzo, ya que permitirá canalizar ahorros de los argentinos que antes se encontraban escondidos en diversos países. En este sentido, consideró que sería muy útil la idea del Gobierno -reflejada en el proyecto de ley de mercado de capitales que debe tratar el Congreso- para que se vuelva a autorizar el funcionamiento de la banca privada en el país. “Es importante que este sector vuelva a operar, porque podría manejar los ahorros de los argentinos en el exterior y generar, al mismo tiempo, unos 2000 empleos en el país”, indicó.

Además, Martino expresó su apoyo a los lineamientos generales de la política económica y le restó importancia a la discusión en torno de la estrategia monetaria del BCRA. “Lo importante es matar a la inflación, que es un cáncer para la gente y para la inversión”, sentenció. Y consideró que el mayor riesgo que enfrenta el país “es la impaciencia de la sociedad ante el desafío que enfrenta el Gobierno, que debería haber sido más explícito al asumir para explicar todos los problemas que había, como un déficit fiscal del 8% del PBI”. La Nación/

 

 EN ABRIL, LOS PRÉSTAMOS PERSONALES REEMPLAZARON A LAS CUOTAS SIN INTERÉS

 Según los datos relevados por el Banco Central (BCRA), en abril el stock de préstamos personales creció 33 veces más que el de financiación con tarjetas de crédito. Mientras que los créditos personales sumaron $ 10.836 millones en el mes, los préstamos a través de plásticos sólo se incrementaron en $ 320 millones con respecto a marzo. En abril de 2016, los préstamos personales habían crecido a un ritmo que era sólo 3 veces más que el de las tarjetas.

El último día de abril, el stock de créditos personales alcanzó los $ 259.578 millones contra $ 174.040 millones de igual mes del año pasado, lo que significó un crecimiento del 48%, que sobrepasó la inflación del período. “Para las entidades privadas sigue siendo una línea muy rentable, plazos cortos y tasas altas, y para el consumidor sigue siendo una forma de financiarse más barata, rápida y accesible que otras”, dijo Guillermo Barbero, socio de la consultora First en un informe.

La diferencia con respecto a las tarjetas de crédito es notoria. Entre abril de 2016 e igual mes de este año, el stock de préstamos por esa vía creció por debajo de la inflación y solamente avanzó un 25%, ya que pasó de $ 185.177 millones a $ 233.323 millones. La tendencia decreciente en el uso de las tarjetas se viene notando en el año.

En referencia a dicho estancamiento, Guillermo Barbero señaló: “Después de muchos meses, los saldos de préstamos personales, superan holgadamente a los de la financiación con tarjeta de crédito, fundamentalmente por el impacto que tuvieron las disposiciones sobre ‘precios transparentes’ que hicieron perder el atractivo a los planes de ‘cuotas sin interés’ de estas últimas financiaciones, veremos en el transcurso de los próximos meses si la incorporación de nuevos productos y comercios a los programas ‘Ahora 12’ y ‘Ahora 18’ logran hacer que las tarjetas recuperen el espacio perdido”.

En ICBC confirmaron la retracción de las tarjetas de crédito: “Por el perfil que tiene el cliente del banco, se vio afectado en sus compras en cuotas e hizo que el crédito con tarjeta se estanque. Mientras que se cayeron muchos consumos en cuotas, las compras en un pago siguieron creciendo al mismo ritmo que se venía observando”, dijo Lucas Rodríguez Mir, Gerente de Préstamos de la banca minorista.

Los números muestran que los consumos que antes se financiaban con las “cuotas sin interés” –que en realidad tenían un costo financiero oculto– ahora se cuotifican tomando préstamos personales. Fuentes del mercado explicaron que la tasa de interés de los préstamos personales está entre 7 y 8 puntos por debajo de la que cobran las tarjetas de crédito para financiar las compras.

Sobre ese punto, Rodríguez Mir indicó: “Vemos que el volumen que se perdió por compras en cuotas se volcó a los préstamos personales que, además, en los últimos tres meses bajaron sus tasas debido a que se abarató el costo de fondeo”. El representante de ICBC agregó que los clientes no solo utilizan los préstamos personales para los destinos tradicionales, sino que toman deuda por montos más grandes para realizar refacciones o ampliaciones de viviendas y hasta para adquirir o reparar automotores.

En conjunto, el stock de préstamos al consumo (tarjetas y personales) otorgados en abril subió un 36% año contra año, influido por la fuerte tracción de los créditos personales. El stock total de los préstamos al sector privado en pesos, en cambio, totalizó $ 961.998 millones y tuvo una evolución interanual del 26%, es decir que el conjunto de las líneas crediticias acompañó más al ritmo de crecimiento de las tarjetas que al de los préstamos personales, que en el cuarto mes del año se despegaron del resto de las líneas de crédito. El Cronista/

 

 PARA INVERSORES: EN AÑO ELECTORAL, CUÁNDO CONVENDRÁ SALIR DE LEBAC Y PASARSE A DÓLAR

Se acercan las elecciones y el humor en el mercado comienza a tensarse. Las miradas se enfocan sobre los instrumentos tradicionales de inversión y muchos comienzan a analizar qué estrategias pueden hacer a corto plazo para cuidar sus finanzas y ahorros.

En años electorales y a medida que se acercan las los comicios, el precio del dólar comienza a aumentar. Sin embargo, en lo que va del año, la divisa estadounidense no despega sino que acumula una caída de 3,9% y se negocia por debajo de los $ 16.

Por su parte las tasas de las Lebac subieron en abril y se ubican en 24,25%, mientras que la tasa de pases a 7 días, de referencia para el mercado, se ubica en 26,25%. Hasta el momento en el mercado, analistas recomiendan mantenerse en Lebac debido a que le ganan a una inflación proyectada por el gobierno en 17% y por privados en 21%. Sin embargo, ya comienzan a surgir voces de alerta y en algunos casos recomiendan hacer movimientos de corto plazo, para sacar ventaja y aprovechar las circunstancias.

“A lo largo del tercer trimestre y a medida que se acerquen las elecciones esperamos mayor demanda de coberturas de los inversores con la consecuente menor fortaleza del peso”, sostienen desde la consultora EconViews. En este contexto, en la consultora dirigida por Miguel Kiguel, proyectan “una variación mensual promedio de 40 centavos entre julio y septiembre para el dólar. De este modo, la tasa de devaluación le va a ganar a la tasa en pesos y habrá que bajarse momentáneamente del carry en ese período”.

Ezequiel Estrada, de Ficonomics, sostiene que  “es importante destacar que entre julio y septiembre el agro deja de generar dólares y quedaría como principal oferente de esta divisa el Gobierno Nacional a través de la colocación de deuda, lo mismo que los gobiernos provinciales y empresas privadas”. “Por otro lado, al ser un año electoral existe un riesgo político, que se vio reflejado en las últimas elecciones, y se traduce en que los inversores prefieren dolarizar sus carteras para así estar cubiertos ante un escenario adverso para el Gobierno Nacional. Esto podría generar un aumento de la demanda de dicha divisa compensada con una caída en el ingreso de dólares financieros de corto plazo”, apunta y agrega: “Ante este escenario, muchos inversores preferirán estar cubiertos en moneda dura y resignar rentabilidad en pesos hasta que pase las elecciones, momento en que habrá que definir nuevamente qué estrategia tomar”.

Ya para fin de año, en el mercado esperan que el dólar a fines de diciembre se ubique en $ 17,84 en promedio para la venta, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) de abril. El valor es inferior a los $ 18,22 esperado por los mismos analistas en la EMEC de marzo: las expectativas sobre lo que sucederá con el billete estadounidense bajaron con fuerza en un mes.

“Con el dólar entre los meses de julio y septiembre no vamos a ver un rally como el que estábamos acostumbrados en el pasado en la Argentina. Sin embargo, desde julio y sobre todo después de que estén cerradas todas las paritarias, se puede ver un ascenso del dólar que no llegará a los $ 18, pero si se ubicará en torno de los $ 16”, aventura Nicolás Chiesa, trader de renta fija en Balanz Capital. “Esto sucederá en un contexto donde la inflación se ralentiza y en donde las tasas podrían seguir esta tendencia. Pese a esto nosotros, seguimos recomendando el trade en pesos debido a que creemos que el tipo de interés seguirá siendo positivo”, agrega.

En esta línea Sabrina Corujo, research manager de Portfolio Personal señala que “lo que más concentró la atención de los inversores estos primeros meses son las Lebacs , pero la pregunta sigue siendo ¿hasta cuándo dura esto?”. “Creemos que el llamado carry trade en pesos –vender dólares, ponerlos a tasa y volver a dólares- sigue siendo atractivo, pero esta estrategia debería comenzar a cambiar dentro de algunas semanas, no tanto porque la inflación o las tasas vayan a modificar su tendencia abruptamente sino porque comenzaran a jugar las expectativas políticas del mercado a medida que nos vayamos acercando a las PASO”, sostiene la analista.

En este contexto en el mercado explican que los movimientos de corto plazo son riesgosos en algunos casos y depende no solo del tipo de inversor, sino de qué manera está posicionada y armada su cartera. “Si el inversor está posicionado en bonos, sería muy riesgoso pasarse a dólares sólo por una decidió especulativa y esperando obtener mayor ganancia”, sostiene Chiesa. “Actualmente venimos recomendando una colocación de Lebac de corto plazo con un ojo puesto en el dólar, prevaleciendo el balanceo de cartera en pesos por sobre la divisa norteamericana. Pero como mencionamos anteriormente se espera que el dólar tenga una suba por ser un año electoral por lo que muchos van a optar dejar de lado las inversiones en pesos y buscar instrumentos en moneda dura”, agrega Estrada en diálogo con Cronista.com.

En la misma línea, desde EconViews explican que “el carry-trade será para todo el segundo trimestre ya que el repunte de tasas de Lebac le devolvió atractivo a las colocaciones en pesos, aún con el nivel de tipo de cambio nominal actual”, y especifican: “El mejor instrumento de carry trade es la Lebac corta. El empinamiento en el mercado secundario es cada vez más alto y un rendimiento nominal de 25% se traduce en una efectiva anual en torno al 28%”. El Cronista/

 

 NOTAS DE OPINION

 

EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI RECUPERÓ TERRENO EN LA OPINIÓN PÚBLICA

POR DIEGO REYNOSO

* PROFESOR UDESA– CONICET, DIRECTOR DEL ISPI 

https://www.clarin.com/politica/gobierno-mauricio-macri-recupero-terreno-opinion-publica_0_HJRrPGakZ.html

 

 

UNA INICIATIVA QUE ABRE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN ENTRE CHINA Y ARGENTINA

YANG WANMING

EMBAJADOR DE CHINA EN BUENOS AIRES​

https://www.clarin.com/politica/iniciativa-abre-oportunidades-cooperacion-china-argentina_0_ry_OHV6Jb.html

 

 

LA MARCA K, EN LA LISTA DEL PJ BONAERENSE

POR EDUARDO AULICINO/

https://www.clarin.com/politica/marca-lista-pj-bonaerense_0_r1ZtYrTyb.html

 

 

APRENDER DE LOS ERRORES: LA CANCIÓN DE MASSA CONTRA LA POLARIZACIÓN

POR FERNANDO GONZÁLEZ/

https://www.clarin.com/opinion/aprender-errores-cancion-massa-polarizacion_0_HyfcPETyW.html

 

 

LOS JUECES DEBEN TRIBUTAR COMO TODOS

DANIEL HERRENDORF

https://www.clarin.com/opinion/jueces-deben-tributar_0_ByUprpiy-.html

 

 

 

CRISTINA NO ESTÁ LOCA PERO CADA DÍA MIENTE MÁS

POR LUIS MAJUL/

https://www.cronista.com/columnistas/Cristina-no-esta-loca-pero-cada-dia-miente-mas-20170508-0020.html