POLITICA

 

DIPUTADOS: CAMBIEMOS ACTIVA EXPULSIÓN DE DE VIDO 

Julio De Vido.
El oficialismo tratará de activar el procedimiento para expulsar de la cámara de Diputados al exministro de Planificación Federal y actual legislador kirchnerista Julio De Vido. Para ello, la comisión de Asuntos Constitucionales -que comanda Pablo Tonelli, del PRO- citará a sus integrantes para pasado mañana con el objetivo de analizar varios expedientes relacionados con el tema. Veamos:
El santacruceño Eduardo Costa, actual precandidato a senador nacional, presentó el año pasado una iniciativa para excluir a De Vido por “inhabilidad moral”, una prerrogativa dispuesta en el artículo 66 de la Constitución, que deja en claro que cada cámara del Congreso “hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.
Durante el corriente año, la miembro fundacional y fundamental de Cambiemos, Elisa Carrió, presentó un proyecto similar al de Costa. “Ha defraudado vergonzosamente como funcionario nacional”, fundamenta la referente de la Coalición Cívica. Para no quedar relegado, el PRO dejó planteado el mismo pedido a través de un proyecto de Silvia Lospennato.
La semana pasada se sumó el de otro macrista, Daniel Lipovetzky, para suprimir el alcance de los fueros de un legislador nacional. Esa cuestión quiso ser tratada meses atrás por Tonelli, pero el propio oficialismo lo dejó sólo en la comisión de Asuntos Constitucionales.
También el Frente Renovador que comanda el serpenteante Sergio Massa buscará morder la discusión -Cambiemos necesita el apoyo de ese bloque- con iniciativa propia sobre los fueros impulsada por Julio Raffo, para suspender a De Vido mientras dure el proceso judicial.
En caso de tener éxito para dictaminar -saldrán dos, tres o incluso hasta cuatro despachos, ya que aún no hay consenso entre oficialismo y oposición excepto el cristinismo, que defenderá al exministro-, el problema principal que tiene Cambiemos es que deberá negociar con el zigzagueante massismo y el PJ “racional” los votos en el recinto, ya que la expulsión de De Vido necesita los dos tercios de los presentes en el recinto. Allí jugarán también las ausencias y abstenciones.
De hecho, Lipovetzky deslizó un plan B a través de su iniciativa: dijo que la figura planteada en su proyecto “no implicará desafuero ni requerirá el trámite que para el mismo describe el artículo 70 de la Constitución” y, en el caso de que sea otorgada, sólo requerirá el voto de la mayoría simple de los presente y no de los dos tercios, como en el caso del desafuero o de la expulsión por “inhabilidad moral”. Ambito Financiero menciona a Eduardo Costa/

 

CAMBIEMOS BUSCARÁ AVANZAR EN DIPUTADOS CON EL DICTAMEN DEL PROYECTO PARA EXPULSAR A DE VIDO 

El interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados buscará avanzar el miércoles próximo con los proyectos que proponen la expulsión de Julio de Vido de la Cámara Baja por “inhabilidad moral” en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, en la que el oficialismo tendría los votos para emitir un dictamen.
La estrategia oficialista fue anunciada el miércoles y puede caracterizarse como una ofensiva de Cambiemos, ante la jugada del massismo de convocar a una sesión especial -que finalmente fracasó por falta de quórum- para debatir en el recinto de Diputados los proyectos de renuncia a los fueros parlamentarios que impulsan el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y su socia política y diputada del GEN Margarita Stolbizer.
Si bien el encuentro aún no está formalmente convocado, el macrista Pablo Tonelli confirmó a Télam que llamará a los diputados para reunir a esa comisión el miércoles a las 12 con el fin de considerar los proyectos referidos a la posible expulsión o suspensión de De Vido.
En el temario se incluirán los proyectos de los oficialistas Elisa Carrió (Coalición Cívica), Silvia Lospennato (PRO) y Eduardo Costa (UCR), quienes piden la separación del cuerpo del ex ministro de Planificación por presunta “inhabilidad moral”, así como aquellos que limitan el alcance de los fueros.
Además, se pondrá a consideración la propuesta de otro aliado de Massa, Julio Raffo, partidiario de suspender a De Vido mientras dure el proceso judicial.
Como variante intermedia, se sumó el viernes un proyecto del macrista Daniel Lipovetzky para limitar el alcance de los fueros que propone que el legislador nacional que esté imputado en una causa judicial pueda solicitar al cuerpo la suspensión momentánea de los fueros, establecidos en el artículo 69 de la Constitución Nacional.
El autor sostuvo que la propuesta busca aportar “a la discusión institucional” del tema fueros, y establece esta regulación para cada caso en particular, al precisar que, con esta iniciativa, cada legislador puede solicitar “la dispensa momentánea” en el caso en que tenga una imputación en su contra en la Justicia.
Fuentes parlamentarias adelantaron que el oficialismo confía en poder obtener dictamen favorable al proyecto que propone la expulsión por “inhabilidad moral” de De Vido, al contar con 14 de los 34 integrantes que conforman la comisión de Asuntos Contitucionales, sumado a la expectativa favorable sobre el posible acompañamiento de otras bancadas.
Además de Tonelli, integran la comisión los también macristas Guillermo Durand, Lucas Incicco, Daniel Lipovetzki, Silvia Lospennato y Javier Preto; los radicales Jorge D’AgostinoMiguel NanniRicardo AlfonsínKarina BanfiCarla Carrizo y Mario Negri y los diputados de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez y Alicia Terada.
“Creemos que De Vido es el diputado en la historia que más causas judiciales tiene por delitos de corrupción. Por lo tanto, consideramos que están reunidas las condiciones para aplicarle el artículo 66 de la Constitución que determina la remoción de un legislador por inhabilidad moral”, aseguró Lipovetzky en declaraciones a Télam.
En el oficialismo aseguran que los nueve diputados del Frente para la Victoria-PJ que integran la comisión rechazarán el proyecto. Esos legisladores son Diana Conti, Carlos Kunkel, Nilda Garré, Eduardo de Pedro, Marcos Cleri, Carolina Gaillard, Gustavo Arrieta, Luis Cigogna y Analía Rach Quiroga.
De esta manera, confían en que alguno de los otros 11 integrantes de la comisión no firmen dictamen alguno, o abra una tercera variante que permita que la exigencia sea menor para llegar al dictamen de mayoría.
En ese sentido, sería el massismo el que propondría un dictamen en base al proyecto de Raffo para suspender a De Vido mientras dure el proceso judicial, postura que sería respaldada por los cinco integrantes de esa bancada: Graciela Camaño, Mónica Litza, Horacio Alonso, Raúl Pérez y Juan Brügge, además de la aliada Margarita Stolbizer, del GEN.
Con este escenario, restan cinco diputados que aún no terminaron de definir sus posiciones: dos del bloque Justicialista, uno del Movimiento Evita, uno referenciado en el gobierno de Misiones y el ex cavallista Franco Caviglia.
De estos cinco, los cuatro primeros fueron compañeros de bloque de De Vido a fines de 2015 y principios de 2016, e incluso algunos de ellos se alejaron por el manejo de la bancada ejercido por el núcleo duro kirchnerista.
En junio pasado, en una reunión de bloque, los diputados del Movimiento Evita se pronunciaron a favor de que De Vido renunciara a sus fueros, para dar una respuesta frente a la secuencia de convocatorias judiciales que tenía, y ante la embestida de Cambiemos sobre el tema.
El representante del Movimiento Evita en la comisión es Remo Carlotto; en tanto que los otros ex kirchneristas son los salteños Javiera David y Pablo Kosimer, del bloque Justicialista y la misionera Silvia Risko.
De todos modos, más allá de que Cambiemos logre que se imponga el dictamen que propone la expulsión, es difícil que pueda hacer prevalecer su postura en el recinto sin el acompañamiento del justicialismo o del masssismo.
Para imponerse en el plenario necesita los dos tercios de los presentes, número que, de máxima, es de 172 sobre los 257 totales, aunque podría bajar a partir de las ausencias que se registren.
Advertido de esta situación, Lipovetzky señaló que la figura planteada en su proyecto “no implicará desafuero ni requerirá el trámite que para el mismo describe el artículo 70 de la Constitución Nacional” y, en el caso de que sea otorgada, sólo requerirá el voto de la mayoría simple de los legisladores presentes, y no de los dos tercios, como en el caso del desafuero o de la expulsión por “inhabilidad moral”.
En ese sentido explicó que esa “dispensa momentánea” de los fueros deberá ser requerida al cuerpo, tendrá el trámite de las mociones de privilegio y se planteará respecto de una investigación puntual, imputación o hecho que, de otorgarse, sólo procederá exclusivamente respecto a dicha imputación. Télam menciona a Eduardo Costa, Jorge D’AgostinoMiguel NanniRicardo AlfonsínKarina BanfiCarla Carrizo y Mario Negri

 

CONTUNDENTE RECHAZO A NICOLÁS MADURO EN EL REFERÉNDUM DE LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA

 Al menos 7,1 millones de venezolanos votaron en un plebiscito simbólico de la oposición contra el presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a Asamblea Constituyente, escrutadas 95% de las actas electorales, anunciaron los garantes del proceso.

Venezuela “envió un mensaje claro al Ejecutivo nacional y al mundo”, dijo la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, al precisar que 6.492.381 personas votaron en el país y 693.789 en el exterior.

Los resultados definitivos se darán a conocer el lunes, añadió García, quien integró el grupo de garantes junto con los rectores de las principales universidades del país.

Sin el aval del poder electoral, al que acusa de servir al gobierno de Maduro, la oposición convocó a la consulta hace dos semanas con la meta de evidenciar un mayoritario repudio a la Constituyente.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) planteó tres preguntas en el plebiscito, que fueron respondidas afirmativamente por 98,3% de los participantes (6,3 millones).

La primera consultó a los ciudadanos si rechazaban la Constituyente; la segunda, si exigían a la Fuerza Armada respetar la Constitución vigente; la tercera, si apoyaban renovar los poderes públicos a través de elecciones e instalar un gobierno de “unidad nacional”.

Con este resultado, “Maduro matemáticamente está revocado”, aseguró Julio Borges, presidente del Parlamento, de mayoría opositora.

“Ha quedado claro el mandato que nos han dado 7.186.000 de venezolanos (…) para que podamos tener la certeza de lograr un cambio democrático”, añadió Borges, indicando que este lunes la MUD delineará el camino para concretar dicho objetivo.

La alianza opositora ha dicho que el plebiscito marca la “hora cero” de una escalada en sus protestas contra Maduro, que dejan 96 muertos desde el 1 de abril.

Ello, para evitar la elección de los integrantes de la Constituyente, prevista para el 30 de julio, pues considera la iniciativa como un “fraude” del mandatario socialista para instaurar una dictadura.

Para el gobierno, la consulta no tiene valor legal. Tibisay Lucena, presidenta del poder electoral, pidió este domingo a los adversarios de Maduro evitar crear “falsas expectativas” alrededor del plebiscito. Clarín/

 

 

INICIAN EL PROCESO PARA APARTAR A DE VIDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

El oficialismo intentará aprobar pasado mañana un dictamen para expulsarlo; el massismo promueve su suspensión, aunque podría apoyar a Cambiemos; el FPV, en minoría
De Vido, con pocos respaldos en la Cámara de Diputados. De no mediar imprevistos, pasado mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dará el primer paso para apartar del cuerpo a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, que es investigado por corrupción por la Justicia.
El oficialismo confía en que alcanzará la mayoría suficiente en la comisión para aprobar un dictamen que impulse la expulsión o la suspensión del legislador.
El interbloque de Cambiemos busca expulsar a De Vido por considerar que no es idóneo para ocupar la banca, ya que afronta cuatro procesamientos y numerosas imputaciones en la Justicia. El Frente Renovador, lidera por Sergio Massa, presentó una iniciativa para suspender al ex ministro hasta que la Justicia defina su eventual condena. Entre ambos bloques reúnen 21 de los 34 miembros de la comisión. Ni el oficialismo ni el massismo defenderán al ex ministro, ahora caído en desgracia.
El bloque kirchnerista, el único que ampara a De Vido públicamente, cuenta con 11 miembros en la comisión. El Bloque Justicialista, con dos integrantes, definirá su posición entre hoy y mañana. Cualquiera sea el dictamen que prospere, deberá girarse luego al recinto de la Cámara baja, donde se requerirán los dos tercios de los votos para expulsar o suspender al legislador kirchnerista. cerrar
Todo indica que la suerte de De Vido sufriría un fuerte revés en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero hay un elemento que no es menor y que escapa a la racionalidad de las matemáticas: la campaña electoral y la fuerte pelea que se entabló en los últimos días entre Cambiemos y el Frente Renovador (sobre todo en Buenos Aires) por el voto no kirchnerista.
Las últimas encuestas revelan que la candidatura de Massa a senador nacional quebró la estrategia de polarización con el kirchnerismo que había tejido el Gobierno y que los votos no kirchneristas que se vuelquen al Frente Renovador beneficiarán a la ex presidenta Cristina Kirchner en detrimento de Cambiemos.
“Massa no expresa una posición clara sobre De Vido y sobre su continuidad en la Cámara. Él fue jefe de Gabinete mientras De Vido era ministro”, azuzó el jefe de bloque de Pro, Nicolás Massot.
Hoy el diálogo está cortado entre ambos espacios y sus respectivos legisladores. Recién se verán las caras pasado mañana, en la comisión, por lo que el futuro del ex ministro se dirimirá recién allí, sin estrategias previas acordadas.
Todo anticipa un debate tumultuoso y cargado de críticas cruzadas, con la campaña electoral como telón de fondo.
“Nosotros iremos a la comisión y apoyaremos la suspensión o la expulsión de De Vido, lo que genere mayor consenso”, dijo Massa a LA NACION . Pero desafió a sus pares de Cambiemos a debatir una nueva ley de fueros para que todos los legisladores se despojen de este privilegio que los dota de inmunidad de arresto en la Justicia. cerrar
“El mensaje de la política termina siendo que los diputados de Cristina Kirchner y de [Mauricio] Macri se juntan para aumentarse «30 lucas» el sueldo, y pareciera que el Congreso se transforma en un lugar donde los fueros sirven sólo como instrumento de protección de aquellos que se tienen que escapar de la Justicia”, fustigó Massa, quien, hace diez días, hizo pública su renuncia a los fueros junto a su aliada Margarita Stolbizer (GEN).
“Las renuncias a los fueros que se comunicaron a través de los medios de comunicación son una puesta de escena demagógica”, retrucó Elisa Carrió (Cambiemos), primera candidata a diputada por la Capital. Carrió, al igual que la mayoría de los constitucionalistas, sostiene que para prescindir de estos atributos el legislador debe “pedírselo a la Cámara o renunciar a la banca”.
“Es evidente que Massa no quiere abocarse a lo urgente, que para nosotros es resolver la situación de De Vido. Por eso convocamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales; allí debatiremos todos los proyectos, y cualquiera sea la medida a adoptar, será con apego a la Constitución nacional”, enfatizó el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica).
“Nosotros tenemos una posición muy clara -retrucó Massa-. Hay bloques que quieren avanzar en los fueros de De Vido, pero no en los de todos. Nosotros queremos discutir los fueros de todos, no sólo los de De Vido, porque queremos que se terminen los privilegios.” La Nación/

 

 

 

REDITOS PARA EL CONSUMO POR $ 50.000 MILLONES 
SENADO: PASES DE FACTURA EN EL FPV POR LOS PRÉSTAMOS QUE LANZA MACRI

Luego de que fracasara el intento de sancionar lo antes posible una ley para habilitar a la ANSeS a otorgar una línea de créditos a los beneficiarios de la AUH, la Casa Rosada decidió avanzar con la medida directamente a través de un DNU. La decisión oficial, que fue adelantada ayer por Clarín, generó más pases de factura en el bloque del FpV del Senado.
Es que el miércoles de la semana pasada, el líder de la mayoritaria bancada del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, intentó avanzar con el tratamiento de la ley.
Aunque había acordado con el oficialismo el tratamiento del proyecto, Pichetto terminó desautorizado por miembros de su propia bancada.
Se le rebelaron y forzaron a que la iniciativa finalmente no fuese tratada.
“Era obvio que el Gobierno iba a terminar sacando esto por decreto.
Era el Congreso el que debía haberlo aprobado”, se lamentaron ayer cerca de Pichetto.
Y agregaron: “Todo lo que pasó fue una pelotudez sagrada. ¿Cómo el peronismo va a quedar en contra de algo que beneficia a los sectores populares? Esto fue culpa de la irracionalidad que a veces surge durante la campaña electoral”.
En la sesión del miércoles el proyecto empezó a ser tratado hasta que se plantaron los senadores José Mayans (PJ-Formosa) y José Alperovich (PJ-Tucumán).
“Le pido a mi bloque que acompañe lo que acordamos, porque si no levantemos todo y vayamos a casa”, planteó Pichetto en el recinto.
Después insistió: “Espero que el bloque me acompañe, porque de lo contrario, voy a tener que reflexionar qué hago en el futuro. Si se amplía la asignación universal es un instrumento correcto. La tasa de interés será la del mercado de los bancos públicos ¿Por qué no vamos a discutir un tema que puede ser beneficioso para sectores de extrema humildad?”.
Pero no hubo caso. Parte de la bancada siguió opiniéndose y la iniciativa no pudo ser siquiera tratada a fondo.
Ahora, la medida saldrá a través de un DNU que firmará Mauricio Macri esta semana.
En campaña, el Presidente no quiere esperar a ver si la iniciativa puede ser reflotada en el Congreso.
El plan consiste en volcar hasta $ 50.000 millones para las familias más pobres a través de líneas de crédito similares a los que la ANSeS ya otorga a jubilados y pensionados a través de la tarjeta Argenta.
De acuerdo con la iniciativa, las madres titulares de la AUH podrán solicitar hasta $ 3.000 por hijo y devolver el prestamo en 12 meses. Si lo devuelven en hasta dos años, podrán pedir hasta $ 5.000 por hijo.
La tasa nominal anual de interés será del 24%, según lo anunciado.
Cuando se negó a tratar el proyecto en el Senado, el formoseño José Mayans sostuvo: “ A esta gente (por el Gobierno), yo no le confío nada porque son unos usureros”.
El tucumano Alperovich se había preguntado: ¿Parece justo que a esta gente que no tiene absolutamente nada se les cobre esta tasa? Creo que hay que ayudar, pero ayudemos en serio.
Un 25% anual es una locura”. En rigor sería un punto más baja. Clarín/

 

 

 

CÓMO FUE LA PRIMERA MITAD DEL AÑO PARLAMENTARIO
EL CONGRESO SANCIONÓ 27 LEYES, PERO FRENÓ CASI TODAS LAS QUE PIDIÓ MACRI

Sólo le aprobaron emprendedores y 8 proyectos protocolares. La agenda del Gobierno tras las elecciones
“Esa se nos trabó un poquito”, se lamentó Mauricio Macri el 30 de junio en un acto con empresarios pyme al referirse al proyecto para beneficiar a emprendedores. Fue un “blooper”: la iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso en 2016 había sido sancionada el 29 de marzo pasado. Extraño olvido, ya que es la única concesión que le hizo la mayoría opositora desde que inauguró el período de sesiones de este año.
De las 27 leyes que recibieron sanción definitiva antes del receso invernal -hasta agosto sólo habría debate de comisión por el caso De Vido-, una de cada tres fue solicitada por el Gobierno: nueve en total. Pero ocho de ellas fueron meras ratificaciones de convenios internacionales.
En cambio, quedaron atrapadas en los cajones -o en debates enmarañados- dos docenas de iniciativas enviadas por el Presidente. Entre ellas figuran las leyes contra la corrupción empresaria, de mercado de capitales, de compre nacional, de gestión de intereses (lobby), de libertad religiosa, de evaluación educativa, de reforma electoral (voto electrónico), de transferencia de la Justicia a la Ciudad y la más reciente, de ampliación de la tarjeta Argenta para beneficiarios de planes sociales, que saldrá por decreto.
Otro lote quedó en escritorios de la Casa Rosada, a la espera de mejores vientos que suponen soplarán pasado el fervor electoral. Para ello, no sólo será necesario que el oficialismo consiga una buena performance en las PASO y -sobre todo- en las generales, para sumar legisladores, sino que tendrá que aceitar los mecanismos de negociación.
Está a la vista que sus interlocutores de la oposición -el PJ dialoguista en el Senado y el massismo en la Cámara baja resultan clave- ya no muestran la predisposición al apoyo de proyectos de peso como los que el Gobierno había logrado imponer a esta altura del año pasado. Entre ellos el pago a los holdouts, la baja del IVA a sectores vulnerables y el blanqueo de capitales para la “reparación histórica” de las jubilaciones.
No es un secreto que Macri reserva propuestas de ambiciosas reformas de los impuestos, la coparticipación federal, el Código Penal y el régimen penal juvenil para la etapa poselectoral.
Confía en que mejoren las relaciones de fuerzas en el Congreso.
Por más que le resultará imposible alcanzar mayoría propia, estima que tendrá una ventanilla única para acordar las leyes: los gobernadores del PJ alejados de los K. Intentará minimizar el rol de Sergio Massa a quien apodo “ventajita” y por eso necesita que deje de ser árbitro en Diputados.
Entre sesiones intermitentes y comisiones a menudo sin quórum, el pobre balance del cuatrimestre muestra que al menos algunos grupos sociales consiguieron su objetivo a base de presión sobre los legisladores.
Así, las leyes más destacadas del período estuvieron vinculadas a temas de seguridad, como la de asistencia a las víctimas de delitos, la de endurecimiento de penas por accidentes de tránsito y de limitaciones a las excarcelaciones.
La siesta parlamentaria se interrumpió en mayo, cuando los bloques reaccionaron al unísono ante un fallo de la Corte que beneficiaba a represores de la dictadura y acordaron prohibir el 2×1 para delitos de lesa humanidad. También hubo lugar para la innovación, como la legalización del uso medicinal del cannabis.
Con todo, el Senado mantiene trabado un proyecto para que se restituyan bienes obtenidos por corrupción que Diputados votó en 2016.
Sin embargo, diputados y senadores se reservaron tiempo para el divertimento y no ahorraron energías en declarar varias capitales nacionales: de la pelota de fútbol (título que recayó en Bell Ville), del juego de pato (Las Heras, provincia de Buenos Aires) y del ajedrez (Potrero de los Funes, San Luis).
Once de las 18 leyes de origen legislativo fueron originadas en proyectos de la Cámara baja (40% del total) y las otras 7 en el Senado (26%). Sin embargo, la Cámara alta estuvo más activa: votó 15 leyes y dio media sanción a 12, en seis sesiones efectivas (sin contar las informativas). Mientras que Diputados aprobó 12 leyes y sólo una media sanción en 4 sesiones. El año pasado habían aprobado 15 leyes en ocho sesiones cada una.
Hasta la próxima. Ultima sesión del Senado hasta después del receso, el miércoles pasado.
EL SESIONÓMETRO DEL 2017
Qué leyes se aprobaron
○ Enviadas por el Ejecutivo: Ley de Emprendedores y 8 convenios internacionales.
○ Iniciadas en el Parlamento: Asistencia víctimas, penas por accidentes viales, límites al 2×1 y a excarcelaciones, cannabis medicinal, beneficio a electrodependientes, capitales de la pelota (Bell Ville), pato (Las Heras) y ajedrez (Potrero de los Funes), emergencia por inundaciones, entre otras.
Qué le bloquean al Ejecutivo
○ Mercado de capitales, compre nacional, penal empresaria, Argenta, libertad religiosa, lobby, tribunales a la Ciudad, voto electrónico, sala de 3 años, evaluación educativa, combate al paco.
Qué anunció Macri y no envió
○ Reforma impositiva, penal juvenil, agresión a docentes, habeas data, coparticipación y otras. Clarín/

 

 

SEMANA CLAVE PARA EL FUTURO DE DE VIDO EN EL CONGRESO 

A la par que se complica su frente judicial, el futuro de Julio De Vido en la Cámara de Diputados también se complejiza.
Este miércoles, a raíz de un pedido del interbloque de Cambiemos, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá para debatir los proyectos que piden la expulsión del cuerpo del ex ministro de Planificación.
Investigado por múltiples causas judiciales, De Vido quedó en la mira del Congreso luego de que el fiscal Carlos Stornelli solicitara su detención y su desafuero, en el marco de una causa que indaga sobre el desvío de fondos en la minera Río Turbio.
A raíz de ello, en la Cámara baja se reactivó el intento por quitarle los fueros a De Vido, que impulsa el oficialismo y que necesita de dos tercios para que prospere. Como alternativa, se presentaron proyectos para sacar al ex ministro por “inhabilidad moral”, una figura prevista por el artículo 66 de la Constitución Nacional.
De Vido es diputado desde 2015, y tiene mandato vigente hasta 2019. Entre 2003 y 2015 fue ministro de Planificación, gestión que está siendo investigada en diferentes expedientes por la Justicia. A la fecha, De Vido cuenta con cinco procesamientos y es inminente que se lo condene en la causa que investigó la Tragedia de Once. Clarín/

 

 

TUVO CRUCES PÚBLICOS CON INSFRÁN Y SCHIARETTI. SE SUMAN AL ENOJO DE DAS NEVES 
MACRI TENSA LA RELACIÓN CON GOBERNADORES Y SE COMPLICA EL PANORAMA LEGISLATIVO

La Rosada apostaba al mayor peso de los mandatarios provinciales para avanzar en el Congreso después de diciembre, pero ese escenario se le podría volver en contra
Hace menos de un mes, cuando todavía las listas estaban en etapa de discusión, el oficialismo apostaba a que el peso de los gobernadores en ese armado inclinara a su favor la Cámara de Diputados después del 10 de diciembre.
Los mandatarios provinciales, decía el Gobierno, son más propensos al diálogo y un aumento de su poder en el Congreso sólo podría traer beneficios.
Sin embargo, la última semana encendió las luces de alarma.
En el Senado, el recinto menos problemático para Mauricio Macri, el peronismo rompió un acuerdo, rechazó un proyecto del Ejecutivo y mostró con crudeza su disputa interna.
El triple movimiento ocurrió apenas comenzada la sesión del miércoles último. El jefe del bloque mayoritario, Miguel Pichetto, y el presidente provisional de la Cámara, Federico Pinedo, habían acordado aprobar la propuesta de la Casa Rosada de ampliar los créditos de la tarjeta Argenta del Nación a beneficiarios de planes sociales. El rionegrino abrió el juego confiado. “¿Por qué no vamos a tratar algo que beneficia a los sectores más humildes?”, preguntó. Le respondió su propio bloque.
El formoseño José Mayans y el tucumano José Alperovich, dos senadores que no se enrolan en el ala del bloque que responde a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se negaron a avanzar con el tratamiento. “A estos usureros no les voy a dar una cartera de diez millones de jubilados, ¡es una locura!”, se quejó Mayans, vice de Pichetto en el bloque. Y el panorama comenzó a enrarecerse. No sólo para los créditos de Argenta, sino para el Gobierno en general.
La rebelión del formoseño y el tucumano se explican por las asperezas que comenzaron a surgir entre los gobernadores peronistas y la Casa Rosada en la previa del turno electoral. El jefe político de Mayans, el gobernador Gildo Insfrán, tuvo su cruce público con Macri en los últimos días. El jefe de Estado le exigió la adhesión a la Ley Pyme y el formoseño se quejó porque la Rosada se adjudica obras en su provincia que inició el gobierno de Cristina. Formosa es uno de los distritos que el Ejecutivo considera perdidos para las elecciones de octubre.
A ese escenario se suma la tensión que se vio en conferencia de prensa entre Macri y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, por la rebaja en el impuesto a los Ingresos Brutos que la Casa Rosada reclama de las provincias.
Córdoba es el distrito que anudó la victoria de Cambiemos en 2015 y el Presidente apuesta todo a mantener su hegemonía en la provincia; aunque para los estrategas oficiales el resultado de las próximas legislativas allí es una incógnita, pues Schiaretti lo enfrentará con un nombre clave en la boleta: su vice Martín Llaryora, de muy buena imagen.
A ellos, en la columna de díscolos, se suma el chubutense Mario Das Neves, al frente de una provincia que el Gobierno también considera perdida y principal impulsor del rechazo del DNU que derogó los reembolsos a los puertos patagónicos.
Ese tema se iba a tratar en el Senado el miércoles pero las internas del PJ-FpV y una avispada jugada del oficialismo hicieron caer la sesión. Sin embargo, a pesar de sus divisiones, el bloque de Pichetto ratificó en un comunicado que tratará el tema “inexorablemente” y pidió hacerlo en la primera sesión antes de las primarias. Sería el primer rechazo a un DNU en un recinto. El Cronista/

 

 

 

EL PERONISMO PALPITA EN EL SENADO LA LLEGADA DE CRISTINA Y NO PREVÉ QUE SE PARTA EL BLOQUE 

Cuestionado, Pichetto daría un paso al costado
El bloque del PJ-FpV en el Senado, que conduce Miguel Pichetto, dejó la semana pasada expuestas las diferencias tras la sesión en la que, imprevistamente, se frustró el golpe que pretendía darle la oposición al ofi cialismo derribándole el DNU mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional eliminó los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos.
El día anterior a la frustrada cita en la que Cambiemos levantó la sesión por falta de quórum, para sorpresa de muchos, el bloque peronista había logrado unidad en defensa del senador por San Juan Ruperto Godoy, el integrante del Consejo de la Magistratura al que se busca remover desde el ofi cialismo.
A pesar de las discrepancias, el bloque mayoritario en la Cámara alta, logró funcionar con cohesión desde que Maurcio Macri llegó a la presidencia, a diferencia de lo que ocurrió con los sectores peronistas en Diputados, donde las diferencias los llevaron a dividirse y conformar espacios propios.
La unidad y la armoniosa convivencia dentro del bloque empezaron a mostrar rajaduras por el manejo del líder del espacio.
El vicepresidente del bloque, el formoseño José Mayans, hizo público su pase de factura a la conducción del bloque que encarna Pichetto en pleno recinto: “Una cosa es ser jefe de bloque y otra ser jefe político”, aguijoneó.
La crítica del formoseño dejó al desnudo un nuevo debate dentro del espacio. Aunque ya en receso, los senadores peronistas comenzaron a replantearse el liderazgo de Pichetto.
Todos en el bloque descuentan que Cristina Kirchner logrará ocupará otra vez una banca en la Cámara alta, momento en que el que se replantearán la jefatura del bloque.
“Todo se defi nirá después de las PASO, dependerá de si a Cristina le va bien o de si arrasa enfrentando al ofi cialismo, pero lo que es seguro, es que volverá al Senado”, evalúan en el espacio peronista.
Ya imaginando a la ex presidenta ocupando una banca, en el peronismo se abren algunas dudas.
“Puder pasar que Cristina logre el consenso para reemplazar a Pichetto, pero también que decida moverse con un bloque aislado, con unos once senadores, pero ni a ella ni a los peronistas no kirchneristas les conviene moverse solos. El camino, a pesar de las diferencias que puedan existir y de las presiones que reciben los legisladores que responden a los gobernadores, es la unidad”, analizan en el PJ, que ya vislumbra una muy buena elección de Cristina, lo que, ya los obliga a pensar en 2019.
Algunos no creen que la ex mandataria se someta las órdenes de Pichetto. “Eso no va a ocurrir, o Pichetto deja la jefatura en manos de Cristina o hace su juego con su propio espacio, pero ese es un escenario que ninguno de los dos ven con buenos ojos”, comentaron algunos senadores del PJ.
Incluso, algunos que se han movido en sintonía con el rionegrino confi esan que es Cristina la que por haber sido presidenta en dos períodos, tiene una visión más federal del país como para encarar los temas que “nos interesan a los representantes de las provincias”.
“Cristina volvió al centro de la escena política y, aunque esto le moleste a algunos, es una realidad a la que se van a tener que enfrentar.
Todo el peronismo, después de octubre, pondrá la mirada en 2019. Entonces vamos a ver gobernadores con una actitud más dura hacia el Poder Ejecutivo, lo que se va a traducir en la postura de los senadores”, señalan voceros del PJ, donde a un mes de las PASO, nadie descarta que Cristina termine desplazando a Pichetto, sin dividir al bloque. Bae/

 

 

 

LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Conviene modificar las causales de prescripción de los delitos de corrupción y no convertirlos en imprescriptibles equiparándolos con los de lesa humanidad
Al darle media sanción al proyecto de ley que penaliza a las empresas que delinquen, la Cámara de Diputados también aprobó dos nuevos artículos de esa iniciativa: uno declara que los delitos de corrupción son imprescriptibles y el otro incrementa la pena mínima para que no puedan beneficiarse con la excarcelación los funcionarios condenados por corrupción. Aún falta que el Senado trate este proyecto, llamado de responsabilidad penal empresaria, y probablemente lo modifique, por lo cual volverá a la Cámara baja. Por lo tanto, hay tiempo aún para rechazar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
No hay dudas de que la prescripción o caducidad de la acción penal que opera al agotarse los plazos ha sido y aún es una importante traba para llevar a buen puerto las causas de corrupción e identificar y sancionar a los culpables, además de procurar la recuperación del dinero malhabido.
Sin embargo, esa traba ha operado y sigue operando por la sencilla razón de que hay varios fiscales, jueces y camaristas federales que, por distintas razones -cobardía, intereses económicos y políticos-, duermen los expedientes más sensibles en función de los tiempos políticos. Son muy escasas las grandes causas de corrupción que llegan a juicio oral y menos aún las que obtienen condenas firmes. Una de las pocas es la del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, por la que fue condenado el ex presidente Carlos Menem y que ya tiene 22 años.
La imprescriptibilidad es un recurso extremo que sólo se aplica a los delitos de lesa humanidad, que revisten otra naturaleza. Aplicarla a los hechos de corrupción sentaría un mal precedente y equivaldría a admitir una enorme, grave y vergonzosa derrota de la justicia federal, principal responsable del actual estado de cosas caracterizado por una impunidad que resulta ofensiva para la sociedad. Tras la media sanción en Diputados, Nicolás Massot, presidente del bloque de diputados de Pro, afirmó con razón que se necesitan “jueces con voluntad política de avanzar en tiempo y forma con las causas”.
Por otra parte, ¿qué garantía hay de que, una vez aprobada la imprescriptibilidad, los jueces antes inactivos pondrán manos a la obra? ¿No ocurriría más bien lo contrario al no haber plazos y no prescribir los sumarios? O, aun peor: su condición de causas casi eternas y con decenas de ex funcionarios involucrados ¿no tentaría a jueces y políticos para activarlas o desactivarlas en función de intereses políticos? De todos modos, no tendría efecto retroactivo y sólo regiría para los delitos que se cometan tras la sanción de la ley.
En todo caso, más sencillo y menos drástico sería trabajar sobre las causas de la prescripción teniendo en cuenta las serias consecuencias que acarreó la ley 25.990, aprobada en enero de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Esa norma, que acelera los plazos de prescripción, pasó inadvertida en su momento hasta que LA NACION reveló su existencia y los beneficios que brindaría a los imputados en importantes investigaciones. Gracias a ella prescribieron -entre muchas otras- 14 grandes causas contra bancos por defraudación, como las de los bancos de Italia, Mercantil y Cabildo, y la de la niña Marcela Iglesias, que murió aplastada por una escultura en el Paseo de la Infanta. El mismo año en que se aprobó esa norma prescribió un 66% más de causas que el año anterior.
Quizá habría que buscar algo parecido a lo que rige en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, una vez que se dispone un arresto o una acusación formal, el caso ya no prescribe. Pero sí puede prescribir antes si han transcurrido los plazos máximos fijados por la legislación.
Entre nosotros rige un principio importante y es que la prescripción no empieza a correr mientras cualquiera de los implicados esté desempeñando un cargo público, lo cual extiende los plazos de prescripción.
Contrariamente a lo que afirmaron los magistrados agrupados corporativamente en la Asociación de Jueces Federales, para avanzar contra la corrupción no se necesitan muchos más medios de los que se cuentan en la actualidad, sino la voluntad de actuar y de cumplir con su obligación.
Es altamente probable que el proyecto de responsabilidad empresaria se convierta en ley pues pondrá a la Argentina en pie de igualdad con otras naciones que tienen normas similares. Por esta razón, es preciso que los legisladores que debatirán el proyecto sean sumamente cuidadosos en sus análisis y decisiones, no sólo en lo que hace a la cuestión de la imprescriptibilidad, sino también en un aspecto que ha destacado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que insta a respetar el principio de la responsabilidad por el hecho propio. Es decir, que las empresas sólo sean imputadas por un delito cometido por un integrante solamente si la empresa no ejerció el debido control sobre él o sobre su área.
La lucha contra la corrupción requiere leyes que surjan de un profundo y desapasionado análisis, despojado de connotaciones políticas, y de jueces dispuestos a aplicarlas sin pérdida de tiempo.
Cuando la mentira toma forma de candidatura
Intendentes kirchneristas han vuelto a postularse testimonialmente a cargos legislativos que no asumirán, en un nuevo intento por burlarse del electorado
Si no hay un consenso serio para hacer funcionar nuestro país según pautas de decencia y sentido común, se seguirán evadiendo el trabajo y los deberes fiscales. La Nación/

 

 

 

COMO EN BRASIL, MACRI YA EVALÚA UNA REFORMA LABORAL TRAS LAS ELECCIONES

 

El resultado electoral de octubre se impone para el Gobierno como una instancia decisiva para el futuro de su apuesta por avanzar en profundos cambios en la legislación que regula el mercado de trabajo en la Argentina. La ambiciosa reforma laboral que acaba de sancionar la gestión de Michel Temer en Brasil ofrece un envión contundente para los planes con los que Mauricio Macri pretende encarar el segundo tramo de su mandato, pero en la Casa Rosada advierten que más decisiva aún para sus objetivos será la relegitimación de su gestión en las urnas. Un triunfo contundente de la oferta electoral oficialista otorgará al Ejecutivo un margen de acción amplio para acelerar los cambios que pretende en materia laboral y reducirá las chances de los sectores opositores y del sindicalismo para bloquear esas modificaciones.

Una victoria acotada o una derrota de Cambiemos en las urnas, en cambio, ofrecerá a la oposición un oxígeno clave para contrarrestar la embestida pro-reforma y reducir los cambios a simples retoques de maquillaje.
En el mientras tanto que resta para los comicios, el Gobierno comenzó a preparar desde el discurso el terreno para su ofensiva reformista. La denuncia presidencial contra la mafia de los juicios laborales, la multiplicación de intervenciones a los sindicatos, la retórica en pos de modernizar los convenios colectivos en nombre de una mayor competitividad y productividad, y el embate directo contra las protestas callejeras de organizaciones sociales o conflictos laborales como el desalojo de la planta de Pepsico, se inscriben en esa línea.

“Estos vienen en serio contra nosotros y contra los convenios colectivos”, abren el paraguas dentro de la propia CGT, donde admiten sin reserva que solo con la derrota oficialista en octubre podrán dar la pelea en defensa de sus intereses.
En concreto, el Gobierno solo ofreció hasta ahora señales acotadas de sus objetivos reformistas en el terreno laboral. Ellos apuntan, según el borrador que circula en los despachos del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, a la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral (todavía se debate, incluso en consulta con la conducción cegetista, sobre la conveniencia de que sea a costo cero para los empleadores o mediante un esquema de moratoria en el pago de deudas previsionales).

Además proyecta disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación, y quizás el aspecto más ambicioso acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los gremios petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta.
Sin embargo, a la luz de la profundidad del antecedente reformista brasileño, algunos funcionarios cercanos al Presidente, con la adhesión entusiasta de importantes actores empresarios, advierten sobre la apertura de un contexto proclive a apuntalar cambios más de fondo sobre la legislación argentina. Bajo el argumento de la necesidad de readecuar el mundo del trabajo para generar empleo, la polémica ley votada el miércoles por el Senado de Brasil supone un verdadero cambio de paradigma en las relaciones laborales del vecino país.

A la par que incrementa la libertad contractual, priorizando los acuerdos individuales o por empresa sobre los convenios colectivos de actividad, reduce significativamente el poder de acción de los sindicatos, flexibiliza las condiciones de contratación y desvinculación de trabajadores, y amplía las posibilidades de tercerización laboral.
En la visión de los principales sectores empresarios argentinos, el ejemplo brasileño ofrece una prueba contundente sobre la urgencia por flexibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contratación y la adecuación de los convenios colectivos.

Desde la vereda de enfrente, los sindicatos ya plantan bandera contra una eventual reforma y llaman a la resistencia en la calle y en las urnas. “No actuar a tiempo sería suicida”, arguyen.

Presión y críticas

La enorme brecha que plantea la reforma brasileña con la legislación argentina ya puso en guardia a los principales sectores industriales locales, que reclaman avanzar en la misma senda en el corto plazo para evitar quedar rezagados en la pulseada por la competitividad con sus pares del vecino país. “Es inexorable el camino de la reforma.

Se impone una adecuación porque tenemos una legislación muy atrasada, profundamente rígida y con una influencia muy corporativa que impide la creación de empleo”, sostuvo el vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes del Rioja. El directivo industrial advirtió que la economía argentina “ya empieza a mostrar algunos brotes verdes, que no se traducen en la creación de puestos de trabajo”, un fenómeno que atribuyó al desequilibrio entre la legislación laboral vigente y las necesidades que plantea un modelo productivo que define nuevas condiciones y categorías laborales.
Similar argumento esbozó el abogado y asesor de empresas Julián de Diego, quien consideró “atractiva” la reforma laboral del vecino país y juzgó como “muy bienvenido” su ejemplo para los cambios que proyecta la administración macrista. “No se si el Gobierno tiene margen político para avanzar, pero es una necesidad imprescindible para ser competitivos en el contexto económico internacional”, indicó De Diego.

El planteo fue respaldado por el titular de Abeceb y ex secretario de Industria, Dante Sica, quien advirtió que la Argentina “deberá mostrar una determinación similar (a la brasileña) y lograr la aprobación de una batería de medidas que permita dar señales a la sustentabilidad fiscal, fundamentalmente mejorar su competitividad para atraer inversiones productivas, que son las que generan empleo”.
Justamente el entramado sindical en todas sus vertientes, con el auxilio de agrupaciones sociales y sectores de la oposición política, ya está enfocado en dar la batalla contra cualquier apuesta reformista.

“No hay dudas de que hay una ofensiva contra los derechos laborales en toda la región, pero tenemos que hacerle frente con inteligencia porque es mucho lo que está en juego en esta pelea”, afirmó el triunviro de la conducción cegetista, Juan Carlos Schmid. Su par en la cúpula de la central, Héctor Daer, señaló que la reforma de Temer supone “un retroceso importantísimo porque destruye el 100% de la legislación laboral” en el vecino país y reconoció que la dirigencia gremial está preparada para dar la batalla por bloquear cualquier intento de replicar esos cambios. Y remarcó: “Lo primero que tenemos que hacer es que el Gobierno no gane las elecciones. Sin legitimidad política no va a poder poner esta discusión encima de la mesa”.
Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo de la administración kirchnerista, recaló también en la relevancia de la instancia electoral para cualquier debate sobre cambios en la legislación laboral.

“Un hecho indispensable para que una contrarreforma pueda caminar es el resultado de la elección. Si gana la oposición hay condiciones para enfrentar la embestida. Pero con un triunfo de Macri habrá menos espacio para confrontar porque es muy difícil plantarse frente a un gobierno que ha sido reelegitimado”, reconoció. No obstante, destacó que, a diferencia de Brasil, las instituciones del mundo del trabajo y los derechos laborales están más arraigados en la sociedad argentina, situación por la cual estimó que “aún triunfando será muy difícil que el Gobierno pueda avanzar con una reforma de semejante impacto” como la alentada por Temer. “Es prácticamente la derogación de la ley de contrato de trabajo, no creo que acá se animen a tanto”, añadió.
Para un histórico abogado sindical como Lucio Garzón Maceda, el clima de reforma está instalado hace tiempo, pero puso en duda cualquier avance oficial previo a las elecciones.

“El Gobierno no va a desaprovechar el antecedente de Brasil, porque supone la descentralización del poder de los sindicatos y la empresarización del trabajador”, razonó el letrado y reclamó a la dirigencia gremial estar preparada para enfrentar la ofensiva que, según opinó, “se discutirá en la calle”.

“Los sindicatos tienen que mejorar su imagen en la opinión pública para poder movilizar, porque hoy los trabajadores están muy claros en la defensa del salario, pero no tanto en el modelo o las condiciones laborales”, alertó.
A su vez, el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, calificó la reforma brasileña como “una sentencia de muerte para el derecho laboral de ese país” y sostuvo que marca “un retroceso al siglo XIX, como si trabajadores y empresarios estuvieran en un pié de igualdad para acordar las condiciones de contrato”.

Y consideró que “las recientes declaraciones de Macri contra la justicia laboral y los sindicatos, sumado a su origen empresarial, no dejan lugar a dudas de que Brasil es el modelo a seguir por el Gobierno“. El Cronista/

 

 

SIN AJUSTE POR INFLACIÓN, DISEÑAN IMPUESTO OPCIONAL PARA PAGAR MENOS GANANCIAS

 

El Gobierno tiene decidido enviar al Congreso antes de la Reforma Tributaria un proyecto de creación del impuesto opcional al revalúo, que será una alternativa acotada al ajuste por inflación de los balances y algo similar al impuesto del blanqueo.

Se trata de pagar una tasa baja y quedarse con los bienes a precio de mercado como costo al momento de venderlos o para amortizarlos en los balances, en ambos casos disminuyendo lo que se debe tributar al 35% por Impuesto a las Ganancias.
Se discute en el seno del oficialismo si la tasa del impuesto al revalúo debe ser de 5% o 10%, pero estará en ese rango.
Podrán revaluarse desde inmuebles hasta acciones de sociedades e intangibles (la marca del negocio, por ejemplo).
Lo cierto es que está tomada la decisión política de no admitir el ajuste por inflación de los balances, más allá de los casos que habilite la Corte Suprema de Justicia tras evaluar una pericia que demuestre que su no aplicación es confiscatoria, siguiendo el caso Candy.
Ante la imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación, los bienes de uso de las empresas figuran en los estados contables a valores históricos. El revalúo consiste en asignarle al bien de uso el valor de mercado.
Una vez que el bien está revaluado, la amortización contable se hace sobre ese nuevo valor. El impacto de permitir desgravar la amortización en el balance fiscal será una menor carga fiscal para la empresa en el Impuesto a las Ganancias. La amortización es 2% para el caso de los inmuebles ya que tienen una vida útil de 50 años. El costo computable es el valor que se descuenta del precio de venta de un bien. Es decir, corresponde al costo histórico o revaluado menos la amortizaciones incurridas. Al momento de la venta, se aparean valores de mercado para la venta contra costos históricos. Al revaluar el costo histórico, la diferencia entre precio de venta y costo computable será inferior, y la empresa pagará menos impuesto, puntualizó Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores.
Esto es una alternativa al ajuste por inflación, ya que en la medida en que no se aplica el ajuste integral por inflación, al menos se contempla la revaluación permitiendo las amortizaciones actualizadas y el computo del costo contra el precio de venta.
A sabiendas de que era muy difícil que el Gobierno se moviera de esta tesitura, por la perforación que significaría el ajuste por inflación en la recaudación, especialistas del sector privado ya sugerían en la Conferencia Anual de Planificación Fiscal 2017 organizada por Forum en noviembre pasado, que una solución posible era que se permita el revalúo de los bienes de uso, pagando un impuesto similar al del blanqueo.
En esa ocasión, el titular de la AFIP, Alberto Abad, había asegurado que no se habilita el ajuste por inflación de los balances impositivos porque “puede haber ganadores pero también perdedores”: si una empresa tuvo pérdidas importantes por la devaluación, y los balances se ajustan por inflación, desaparecerá la posibilidad de descontar parte de esa pérdida del Impuesto a las Ganancias.
Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Impuestos de la Unión Industrial Argentina (UIA), si bien insistió con reimplantar el ajuste por inflación impositivo integral, a renglón seguido dijo: “En cualquier supuesto, debe permitirse la actualización de los valores computables de amortizaciones y el costo de bienes transables”, que es lo que vendría a solucionar el impuesto opcional al revalúo.
Pero todo esto no les sirve, por ejemplo, a los bancos, afectados al igual que las empresas que producen bienes, por la falta de ajuste por inflación.
Los bancos tienen sus activos “calzados” en posiciones financieras. No son muy relevantes los bienes de uso en su patrimonio, por lo que casi no tienen nada que revaluar.
Y el conflicto del fisco con el sector financiero está alcanzando cotas importantes. El BBVA Francés en su último balance practicó un millonario ajuste por inflación, avisando al fisco. La reacción, que en la mayoría de los casos es pasiva, esta vez fue superlativa. El Banco Central obligó a la entidad a previsionar $ 1.185 millones ante un eventual revés judicial, y la AFIP lanzó una fiscalización relámpago del banco extranjero.
De todos modos, si bien desde 2003 no se puede ajustar el balance impositivo, desde el año pasado si se puede indexar el contable, con tres ventajas importantes:
-Mayor base para solicitar créditos.
-Mayor patrimonio para participar en ciertas licitaciones o negocios.
-Tener una mayor reserva si, frente a una situación de pérdida, deben disminuir el capital. El Cronista/

 

 

 

EL OFICIALISMO AVANZA CON EL DESPLAZAMIENTO DEL ÚLTIMO DIRECTOR K DEL BANCO CENTRAL

 

Decidido a desplazar al kirchnerista Pedro Biscay del directorio del Banco Central, el oficialismo convocó para este miércoles a una reunión de una comisión del Congreso que deberá evaluar el desempeño del funcionario. Biscay tiene acuerdo del Senado hasta setiembre de 2019.

Esa comisión estará integrada por 3 oficialistas -los macristas Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina- y dos senadores peronistas: el chaqueño Eduardo Aguilar y el bonaerense Juan Manuel Abal Medina.

Referentes de la bancada del FpV del Senado dijeron hoy a Clarínque seguramente la postura de sus dos senadores será la de rechazo a la iniciativa oficial.

Otras fuentes agregaron: “No se entiende por qué el oficialismo quiere ahora forzar algo así. Seguramente vamos a sostener a Biscay”. Pero al contar con mayoría de macristas, se espera que la comisión termine aconsejando al presidente Mauricio Macri por el desplazamiento de Biscay del directorio de la entidad monetaria.

La carta orgánica del Banco Central establece en su artículo 9° que sus directores pueden ser removidos por decreto presidencial, pero que antes se necesita la opinión de esa comisión del Congreso.

Lo que decidan los diputados y senadores no es vinculante.

Al poner en marcha el procedimiento quedó en evidencia que la Casa Rosada quiere sacar del Central a Pedro Biscay.

Los 5 legisladores que integrarán esa comisión ya fueron convocados para este miércoles. Algunos de ellos hoy aún desconocían de qué se lo acusa formalmente al funcionario. Se enterarán oficialmente recién el miércoles.

Detrás de la decisión se encontraría la pública oposición del funcionario a la política monetaria que lleva adelante el BCRA.

Con regularidad, el funcionario publica artículos en los que marca sus diferencias con el presidente del Central, Federico Sturzenegger, y el resto de los directores. En mayo pasado, publicó una columna en Ambito Financiero en la que afirmaba que las políticas de metas de inflación pueden llevar a una crisis cambiaria y económica.

También señaló que el mercado marcha hacia una “mayor inestabilidad financiera con efectos negativos sobre el tipo de cambio, el nivel de precios, el consumo, el empleo y los derechos de propiedad de los usuarios financieros, aún mayores a los que ya atraviesa nuestra dolida economía”.

De los actuales integrantes del directorio del Banco Central, solo cuentan con acuerdo del Senado Sturzenegger y el propio Pedro Biscay.

El resto de los directores no lograron hasta ahora el aval del Senado y vienen desempeñándose en comisión.

En los sectores más endurecidos del bloque del FpV dijeron que el Gobierno podía “estar jugando con fuego” si desplazaba nomás a Biscay. “Tiene acuerdo hasta 2019. ¿Van a correrlo porque opina distinto al resto?”, se preguntaron en la bancada del PJ.

En esos sectores se especulaba con que si lo sacaban a Biscay la bancada del PJ podría retrucar volteando a algunos de los directores puestos por Macri y que siguen en comisión.

Pero otras fuentes de la bancada fueron menos drásticas.

“El desplazamiento es una facultad del Poder Ejecutivo”, dijeron. Y agregaron, en referencia a Biscay: “Tampoco vamos a hacer una revolución por este tipo”. En ese caso, cualquier posible reacción de la bancada podría quedar para después de las legislativas de octubre.

Hay sectores del peronismo que tienen interés en ocupar algunos cargos en el directorio del Central, en el marco de un acuerdo con el oficialismo. Se dice que en caso de no asegurarse una banca en el Congreso, un peronista ya tendría un asiento reservado en el BCRA. Clarín/

 

 

 

GOBERNADORES DEL PJ CIERRAN FILAS Y RECLAMAN MÁS FONDOS

 

Al igual que el peronismo en el Senado, donde los gobernadores ya influyen, varios mandatarios endurecieron su discurso frente a la Casa Rosada en las últimas semanas, y la clave es el reparto de recursos. Distintas fuentes consultadas por LA NACION no esperan definiciones hasta después de las elecciones, pero coinciden en que en este período ya se definen los planteos. Sin embargo, es claro que el resultado electoral influirá en el posterior reparto de fondos.

“En las conversaciones con el macrismo sólo hay generalidades; incluso no todos los funcionarios están al tanto de los proyectos en análisis”, apuntó a LA NACION un integrante del gabinete de Juan Schiaretti, en esta ciudad.

La semana pasada, el mandatario cordobés le planteó públicamente a Mauricio Macri que las provincias no bajarán impuestos si la Nación no les reintegra fondos. Ése es el debate que viene: qué cederá cada uno y a cambio de qué. La posición del cordobés representa , al menos, a otra decena de mandatarios que condicionarán su colaboración con la Casa Rosada. Buscan un debate “integral” por los fondos.

Ese grupo apunta a conseguir en las elecciones legislativas un número significativo de legisladores que le responda y, así, fortalecerse en las negociaciones con la Nación. Son los mandatarios de Córdoba, Salta, La Rioja, Catamarca, Misiones, Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Chaco y Tierra del Fuego, y podría sumarse el chubutense Mario Das Neves.

El discurso es que ellos garantizarán la “gobernabilidad política” a Macri a cambio de que el Presidente haga lo propio con la “gobernabilidad económica”. Es decir, no están dispuestos a ceder recursos a cambio de nada ni a pagar el costo político del ajuste, si finalmente lo hay después de las elecciones.

Por ahora no se identifican con ninguna de las líneas internas del PJ; insisten en que cada uno se ocupa de su provincia. Pero es obvio que esa situación empezará a cambiar después de las elecciones legislativas, cuando el peronismo empiece a mirar las presidenciales de 2019.

En el gabinete de Schiaretti sostienen que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en su última visita, “tomó nota” de que la reforma fiscal no saldrá con la Nación siendo “gradualista” con el impuesto al cheque y las cargas laborales y reclamando “contundencia” a las provincias en Ingresos Brutos.

Macri, precisamente, le recriminó a Schiaretti el alto nivel de Ingresos Brutos. “Córdoba bajará los impuestos cuando la Nación le devuelva los fondos que se quedan de las provincias”, fue la respuesta. Al día siguiente, mostró casos de alícuotas de la ciudad y la provincia de y Buenos Aires (administradas por Cambiemos), que son más altas.

Ingresos Brutos (impuesto que depende de las legislaturas provinciales) es uno de los puntos clave de la reforma que pretende la Nación. Hay consenso de que son altamente distorsivos por su efecto “cascada”, pero representa entre el 70% y el 80% de los ingresos de los gobernadores. Equivalen, según la consultora Iaraf, a 10 puntos extras de IVA y podrían reemplazarse por un IVA provincial o un impuesto a las ventas. Como sea, la transición llevará mucho tiempo.

Más reclamos

Frente a la “Biblia Pro”, como llaman a los pedidos del Ministerio de Interior, los mandatarios provinciales responden con otros reclamos y condiciones.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quiere una convocatoria para “debatir la situación de las economías regionales”. Sergio Casas (La Rioja) no firmó el pacto minero porque “no es claro”, pero influyó la falta de respuestas concretas a su planteo por los $ 4500 millones de resarcimiento a su provincia (equivale al 1% de coparticipación perdida a finales de los 80). Y Schiaretti se negó a bajar Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios.

La estrategia consensuada es que la discusión sobre los recursos no puede ser por separado. Los gobernadores pretenden que las reformas fiscal y de la ley de coparticipación, el reparto de subsidios y ATN y el presupuesto para obras públicas se traten en conjunto. “Si no, los recursos que nos llegan por un lado se van por otro”, grafica un funcionario cordobés.

“Las tarifas sociales en la ciudad de Buenos Aires se pagan con fondos nacionales; en las provincias esa plata sale de los recursos propios, pero eso en la Rosada no lo quieren discutir”, agrega un legislador nacional riojano.

Por ahora, los mandatarios no tienen un líder con trascendencia nacional. Schiaretti es una suerte de vocero, pero el salteño Juan Manuel Urtubey es el más interesado en proyectarse a nivel país. La Nación/

 

 

 

 

 

EN LA RIOJA NADIE SE ANIMA A IMPUGNAR LA CANDIDATURA DE MENEM

 

La situación es, cuanto menos, sugestiva: cualquier ciudadano con domicilio en La Rioja tiene en sus manos un arma letal para invalidar la candidatura a senador nacional de Carlos Menem, recientemente condenado en segunda instancia por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Pero nadie, ni siquiera la oposición riojana, parece dispuesta a utilizarla y apañará, con su inacción, que el ex presidente compita, renueve su mandato y, por consiguiente, sus fueros.

Hace unos días, el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, rechazó una presentación para que Menem, de 87 años, no pudiera competir en las primarias abiertas del 13 de agosto, por considerar que quien presentó la impugnación -un ciudadano de la provincia de Buenos Aires- “no es elector hábil” de La Rioja. En la provincia, nadie impugnó hasta ahora la candidatura del ex presidente; si cualquier elector riojano (afiliado o no a un partido político) lo hiciera y el juez ratificara su decisión de mantener vigente la postulación, por apelación la causa cambiaría de manos y marcharía automáticamente a la Cámara Nacional Electoral, donde la situación se le complicaría al ex presidente.

Así lo indican los antecedentes. En 2003, la Cámara Electoral inhabilitó como candidato a senador nacional por Corrientes a Raúl Romero Feris por no reunir “la condición de idoneidad suficiente”, ya que sobre él pesaban dos sentencias condenatorias en primera instancia por delitos contra la administración pública, que incluyen la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El ex presidente afronta una situación similar: la Cámara de Casación confirmó la condena de siete años de prisión en su contra y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador en la década del 90, mientras era presidente. Este fallo fue apelado ante la Corte Suprema. Si el máximo tribunal lo confirma, entonces se deberá solicitar al Senado el desafuero de Menem.

“Sería importante recuperar el fallo de la Cámara Nacional Electoral de 2003 donde, sin condena firme pero con dos condenas penales, impugnó por inhabilidad moral a Raúl Romero Feris que había sido elegido senador nacional pero no pudo asumir su banca”, insistió Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción, a LA NACION. “Cualquier ciudadano con residencia en La Rioja puede presentarse e impugnar la candidatura de Carlos Menem. Si el juez ratifica su decisión, la causa se trasladaría a la Cámara Electoral y ésta, con la misma integración de 2003, difícilmente cambie su criterio”, agregó.

Ahora bien, ¿por qué nadie en la oposición apeló hasta ahora el fallo del juez Piedrabuena? ¿Qué hará el ex ministro de Defensa, Julio Martínez, que también aspira a ser senador por La Rioja y competirá con el ex presidente?

“Martínez no va a impugnar la candidatura de Menem. No quiere que el electorado riojano piense que lo hace por miedo a competir con el ex presidente. Tampoco lo quiere victimizar”, explicaron en el entorno del ex ministro de Defensa.

¿Ningún ciudadano riojano lo hará? “Es muy difícil. Menem tiene el 50% de imagen positiva en la provincia y un 30% de intención de voto. Nadie se le anima. Y si alguno quisiera hacerlo, difícilmente encuentre un abogado patrocinante. Nadie quiere litigar contra Menem”, explican en el radicalismo riojano.

En los corrillos políticos se desliza que al Gobierno deja correr la candidatura de Menem porque, con sus fueros renovados, le pagaría al oficialismo con su voto. La Nación/

 

 

 

SE CAYÓ LA PRINCIPAL COARTADA DE BOUDOU EN EL CASO CICCONE

 

Con una muerte que se declaró por abandono, la Justicia cerró los dos frentes que buscaban sostener la versión más favorable para Amado Boudou sobre el dinero del “caso Ciccone”. Ahora el ex vicepresidente ya no cuenta con alguien que afirme ser el financista que aportó los millones de dólares para que la misteriosa sociedad The Old Fund comprara la imprenta Ciccone Calcográfica.

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, fue la encargada de complicar así la defensa de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele. Y lo hizo durante el último semestre con un trabajo de pinzas sobre dos expedientes.

El primero fue el amparo que en 2013 inició el ex banquero Raúl Moneta contra la AFIP. Afirmó ser el financista detrás de The Old Fund por medio de la sociedad panameña Mayer Business Corporation, y planteó que la expropiación de Ciccone Calcográfica lo perjudicaba porque se quedaría sin cobrar los supuestos $ 35 millones que decía que le había prestado a The Old Fund, cuyos dueños permanecen en las sombras, con las acciones de la imprenta como garantía.

Sin embargo, dos años y medio después, en diciembre de 2015, Moneta se bajó de su reclamo. Su abogado presentó un escrito para desistir del amparo y, desde entonces, apenas se limitó a pedir que las “costas” del juicio se repartieran por igual entre él y el Estado, sin suerte.

“Corresponde que la actora [por Moneta] cargue con las costas del desistimiento que formula”, terció la jueza Biotti, en una resolución del 21 de junio, con la que dio un golpe definitivo a la movida que buscaba favorecer a Boudou y al verdadero financista, que también sigue sin aparecer, pero que los investigadores judiciales sospechan que podría ser el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo.

Semanas antes, la jueza había dado el primer golpe a la coartada, en otro juicio. Fue entre marzo y abril, cuando en el caso “The Old Fund c/ Estado Nacional-AFIP”, declaró la “caducidad de instancia” y cerró el expediente porque Vandenbroele, dejó de impulsarlo.

Vandenbroele ni siquiera se presentó como presidente de The Old Fund para pagar los $ 69,67 que esa sociedad adeuda en concepto de “tasa de justicia”, por lo que la jueza dio la siguiente orden: enviar ese expediente al archivo. Tras pasar varias semanas detenido en Mendoza por el pedido de extradición que cursó la justicia uruguaya por presunto lavado, para cuando llegó la orden de la jueza Biotti, Vandenbroele lidiaba ya con asuntos más urgentes para defender su libertad, como la elevación a juicio oral de la investigación penal que instruyó el juez federal Ariel Lijo.

La “ruta del dinero”

Esta semana, la Cámara de Casación rechazó los recursos que presentaron Vandenbroele y Núñez Carmona en un último intento por retrasar la investigación y provocar la nulidad de algunos tramos de la causa, que comenzó en 2012.

Ahora, mientras Boudou, su socio y su presunto testaferro se encaminan al juicio oral, el juez Lijo avanza ahora sobre otros tramos de la operatoria, que abarcan a los entonces titulares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y de la Casa de Moneda, Katya Daura.

Lijo también ordenó un peritaje contable sobre Boudou, sus familiares y su entorno directo y debe resolver los pasos a seguir sobre el ex responsable de la nueva Ciccone y colaborador de los Brito, Máximo Lanusse, entre otros.

Moneta quedó, por el contrario, más alejado de Comodoro Py por sus serios problemas de salud y a medida que su supuesto rol como financista de The Old Fund cosechaba reveses. Entre otros, un juez en lo comercial, Javier Cosentino, el síndico de la quiebra de Ciccone, Martín Stolkiner, el entonces titular de la unidad fiscal antilavado, Raúl Plee, el Banco Central (BCRA) y la Justicia uruguaya expusieron inconsistencias, nulidades y falsedades en la versión que el banquero amigo de los Brito ofreció sobre la supuesta “ruta del dinero”. En la práctica, Moneta y su sociedad panameña Mayer Business Corporation sirvieron de pantalla para ocultar a los verdaderos financistas.

Denuncian irregularidades

El Tribunal de Cuentas bonaerense detectó irregularidades en el destino de $ 200 millones que el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández entregó al entonces gobernador Daniel Scioli para salvar de la quiebra a Cresta Roja, reveló anoche el programa La Cornisa, de Luis Majul. El organismo advirtió que no se presentó ningún plan de salvataje ni hay detalles de la operación. La Nación/

 

EL ASESOR DE CONFIANZA DE LA JEFA DE LOS FISCALES 
EL FUNCIONARIO SUSPENDIDO POR GILS CARBÓ VOLVIÓ A LA PROCURACIÓN

Guillermo Bellingi intervino en la sospechosa compra del edificio. Lo enviaron a la biblioteca.
Guillermo Alfredo Bellingi, el funcionario de la Procuración General de la Nación involucrado en la causa judicial que derivó en el llamado a declaración indagatoria de la titular de esa institución, Alejandra Gils Carbó, volvió a trabajar luego de la suspensión que se le impusiera tras conocerse públicamente su intervención en la compra de un edificio del organismo.
Así se lo dijeron a Clarín fuentes judiciales, las que destacaron que el sumario abierto contra Bellingi aún no concluyó pero que el funcionario exigió volver a su trabajo para poder cobrar su salario. La procuradora, de acuerdo con las fuentes, decidió que Bellingi no volviera a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde se desempeñaba al momento de ser suspendido, sino a la biblioteca de la institución.
Como subdirector general de la Procuración, Bellingi participó de la licitación 1 del 2013 que culminó a mediados de ese año con la compra del edificio de la calle Perón 667 a cambio de 43,8 millones de pesos. La firma vendedora, Argentina Financiera S.A. (Arfinsa), del grupo Bemberg, pagó 7,7 millones de pesos de comisión a la inmobiliaria Jaureguiberry, y la dueña de ésta abonó a su vez por asesoramiento 3 millones de pesos a un medio hermano de Bellingi llamado Juan Carlos Thill.
La Justicia sospecha que Bellingi aportó información privilegiada a los ganadores de la licitación 1/2013 y que ésta estuvo armada a medida para que la millonaria compra fuera a la firma Arfinsa. En el edificio de Perón 667 tiene sus oficinas la procuradora y allí funcionan otras dependencias de la institución a su cargo.
Bellingi y Gils Carbó fueron citados a indagatoria el viernes pasado por el juez federal Julián Ercolini en la causa que se abrió a partir de un anónimo sobre presuntos delitos en la licitación de hace cuatro años. La procuradora deberá presentarse el 31 de agosto y no piensa renunciar a su cargo, según dijo a la prensa la semana pasada. Hay otros diez imputados y el anterior a Gils Carbó será Bellingi, el 28 de agosto.
El sumario abierto contra Bellingi por decisión de Gils Carbó está a cargo del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y estaría concluido para la primera semana de agosto, tras la feria judicial de invierno que hoy se inicia, según estimaron las fuentes consultadas por Clarín.
Bellingi se negó a declarar. Probablemente haga lo mismo en la causa penal.
Bellingi “ocupó un lugar decisivo” en el trámite de la licitación cuestionada, según definió el fiscal Eduardo Taiano al pedir su indagatoria y la de los otros imputados, entre ellos Gils Carbó, quien lo llevó a la Procuración a poco de haber asumido, en setiembre de 2012 y como sucesora de Esteban Righi, quien renunció a mediados de ese año como coletazo del escándalo por la imprenta Ciccone Calcográfica.
Taiano destacó en su dictamen que Bellingi fue nombrado en la Procuración menos de un mes después del desembarco de Gils Carbó “en el inédito y novedoso cargo de coordinador de la Procuración General”, con “dependencia directa” de ella y “en equiparación con el puesto de subdirector general”.
“Los antecedentes de Bellingi reflejaban una amplia experiencia en materia de licitaciones y demás contrataciones administrativas, indicador de la actividad que la Procuradora General le encomendaría” poco tiempo después en la compra del edificio, según escribió el fiscal al acusarlos.
Taiano cree que la licitación investigada fue “direccionada” hacia Arfinsa por las gestiones de Bellingi y su medio hermano. Y dijo que la procuradora, su jefa administrativa, “participó activamente” de la licitación “al aprobar cada uno de los actos que implicaron determinaciones de fondo para su materialización”.
LA SITUACIÓN DE GILS CARBÓ El Congreso, con presiones para desplazarla La Procuradora Alejandra Gils Carbó aun no se presentó en la Comisión Bicameral de seguimiento de la Procuración que preside la diputadaGraciela Camaño.
La citación fue sufriebndo postergamientos debido a los pedidos de diputados del oficialismo que buscaban que ingrese más documentación e información que habían pedido a la Procuración y a la Justicia.
Más allá de los plazos para que se presente, el propio Mauricio Macri le mandó presión al Congreso.
El sábado pididó que si no renuncia, que “ el Congreso saque un informe de la bicameral y avancemos en un proceso para poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias”.
Investigado. Una imagen de Guillermo Bellingi que ingresó a la Procuración de la mano de Gils Carbó. Fue llamado a indagatoria.
Un medio hermano de Bellingi cobró $ 3 millones de comisión por la venta. Clarín/

 

 

EL GOBIERNO BUSCA ACOTAR LAS PROTESTAS, PERO ADMITE QUE ESTA SEMANA HABRÁ CORTES 

La izquierda convocó a una marcha para mañana por los despidos y el desalojo en PepsiCo. Y los piqueteros se movilizarán el jueves por la “emergencia alimentaria”. Desarrollo Social retoma el diálogo, aunque advierten que la campaña los limita.
Una marcha del Obelisco a la Plaza de Mayo y al Ministerio de Trabajo, el martes. Una jornada de ollas populares en varios puntos de la Capital, el Conurbano y todo el país, el jueves.
Las urgencias de los sectores más postergados, el desalojo violento en PepsiCo y los posicionamientos con la campaña electoral ya en marcha conforman un cóctel con las calles otra vez como escenario de esos conflictos.
Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo tendrán contactos con los impulsores de las protestas, aunque las adjudican a la cercanía de las primarias de agosto y descuentan que habrá movilizaciones, mientras los ministerios de Seguridad de la Nación y la Ciudad se preparan para monitorear las acciones e intervenir de acuerdo con el tono, la dimensión y el alcance de los cortes en cada caso. Todos se resignan a que habrá bloqueos.
Partidos de izquierda se movilizarán mañana por la tarde con tres consignas: la reincorporación de los trabajadores de PepsiCo, contra la represión y los despidos en todo el país. Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Néstor Pitrola, candidatos por el FIT, participaron del anuncio de la protesta también impulsada por sindicatos clasistas y comisiones internas opositoras al gremio de Rodolfo Daer (Alimentación). También irán organizaciones sociales.
La jornada nacional de ollas populares será el jueves, en mil puntos del país, convocada por Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Los organizadores enunciaron que tendrá cinco objetivos: frenar la escalada represiva contra las organizaciones; la sanción urgente de la Ley de Emergencia Alimentaria; la plena implementación de la Emergencia Social; una reparación para la Agricultura Familiar; y la integración urbana de villas y asentamientos. La protesta quedó presentada como el primer paso de una serie que prevé un acampe por tiempo indeterminado desde el 27 y la movilización de San Cayetano, el 7 de agosto.
“La primera es una manifestación política, los partidos de izquierda toman protagonismo con PepsiCo y estamos en el medio de la campaña”, dijo a este diario un integrante del Gabinete sobre la marcha de mañana. “Las organizaciones vienen pidiendo la Emergencia Alimentaria, pero por ahora no tiene tratamiento. Con ellos hay un diálogo, pero la agenda de demandas exceden la Emergencia Social que habíamos acordado”, diferenció sobre el otro grupo, aunque al cabo igualó los dos casos al desestimar que las conversaciones puedan frenar las medidas: “Las vemos muy orientadas al calendario electoral”.
Funcionarios de Desarrollo Social mantendrán en estas horas contactos con dirigentes de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. “No para que levanten la protesta, pero sí para reordenar y encauzarla de otro modo”, trazó como objetivo un hombre de Carolina Stanley. Con las agrupaciones de izquierda los canales estaban casi cortados, el conflicto en PepsiCo provocó más distancia y el Gobierno buscó adjudicarles a los gremios responsabilidad por el cierre de la firma.
¿Qué hará el Gobierno con los cortes de calle? “Siempre buscamos impedirlos, dependerá de cómo se organicen.
Si son marchas o piquetes, la dimensión, si toman toda la calle o el Metrobús, si hay palos y caras tapadas”, será la evaluación según un funcionario del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. “Por el momento vamos a mantener la estructura de trabajo de las marchas anteriores”, no adelantaron más detalles en Ciudad, desde la cartera a cargo de Martín Ocampo.
La protesta desde el Obelisco al Bajo provocará problemas de tránsito en la tarde de mañana. “Va a ser una marcha muy importante”, aseguró Pitrola.
Los movimientos sociales definieron que no habrá cortes totales el jueves, aunque las asambleas de cada distrito tendrán libertad para decidir. “El tono va a depender mucho de la actitud del Gobierno. No es lo mismo con diálogo que en este clima de represión, insensibilidad y unilateralidad de las últimas semanas”, dijo Juan Grabois -de CTEP- a Clarín.
El dirigente descontó que la jornada se llevará a cabo, lo mismo que la movilización de San Cayetano. “El acampe puede ser una carpa de difusión de nuestros problemas, en la medida que haya por lo menos un aumento razonable en el salario social complementario, también de la ración de los comedores y por lo menos 100 mil inscripciones más de acá a octubre”, agregó Grabois sobre la Emergencia Social.
Desde el Gobierno insistieron con interpretar las protestas en clave electoral, aun cuando -como adelantó este diario- Macri habilitará por decreto una línea de créditos para beneficiarios de la AUH, para aliviar la situación de los sectores más postergados en medio de la campaña.
Acción. La Policía porteña, el día que desalojó un corte K. ANDRES D’ELIA
Bloqueos. La marcha de Barrios de Pie, a fin de junio, cuando se reunió el Consejo del Salario. Por la masividad, no se pudieron evitar los cortes y la Capital fue un caos. GERARDO DELL’ORO Clarín/

 

 

 

MACRI VUELVE HOY A LA MATANZA EN MEDIO DE LA CAMPAÑA 

Irá al distrito de Magario, luego de poner en funciones a dos ministros
El presidente Mauricio Macri y la intendenta de La Matanza Verónica Magario.
La campaña impone los tiempos y el presidente Mauricio Macri no será la excepción. Un rato después de tomarles juramento a los nuevos integrantes del gabinete, Alejandro Finocchiaro (Educación) y Oscar Aguad (Defensa), el Presidente irá a La Matanza, donde inaugurará otro tramo del Metrobus en ese distrito, gobernado por la kirchnerista Verónica Magario.
Primero, Macri confirmará formalmente en sus cargos a Finocchiaro y Aguad, que reemplazarán en sus cargos a Esteban Bullrich y Julio Martínez, candidatos al Senado por las provincias de Buenos Aires y de La Rioja, respectivamente. Carlos Vignolo, ministro de Gobierno de Corrientes, jurará “más adelante” como titular del Plan Belgrano, en reemplazo del radical tucumano José Cano, que enfrentará a los candidatos del gobernador Juan Manzur.
Militante político desde hace 34 años en la organización universitaria UPAU, Finocchiaro se sumó al macrismo en 2003 y más tarde se incorporó a los equipos de Bullrich en la ciudad. Hasta ayer director de Escuelas bonaerense, fue decano de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de La Matanza y ganó notoriedad durante el reciente conflicto del gobierno de María Eugenia Vidal con los gremios docentes encabezados por Roberto Baradel. “En líneas generales habrá continuidad con la gestión de Bullrich, aunque el nuevo ministro pondrá especial énfasis en la política universitaria”, explicaron a LA NACION cerca del ministro.
Por el lado de Aguad hay todavía menos sorpresas: el experimentado dirigente radical cordobés deja la cartera de Comunicaciones, que de ministerio pasa a secretaría, en la órbita del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. “La idea es pasar de un ejército pensado para el siglo XIX a otro del siglo XXI”, afirmó Aguad en las últimas horas.
En Presidencia aseguran que el trámite no durará más de quince minutos. Macri se irá directo a González Catán, en el partido de La Matanza, para inaugurar un centro de transbordo de colectivos, parte de los trabajos de “reorganización” del tránsito que incluye el Metrobus. Junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hablarán el Presidente y Vidal, ¿Y Magario? “Está invitada”, contestaron cerca del ministro de Transporte, sin confirmar la presencia de la intendenta y candidata a concejal por el Frente Unidad Ciudadana. La Nación/

 

 

 

DANIEL ARROYO: “ESTE AÑO VA A CRECER LA ECONOMÍA, PERO TAMBIÉN LA POBREZA”

 

“Yo creo que en Suiza alguien, en los próximos años, va a romper las calles para volver a hacerlas, y de esa forma, crear empleo”.

La definición es de Daniel Arroyo, uno de los mayores expertos en pobreza del país. Es su forma de ejemplificar los desafíos del mercado laboral que se viene.

El precandidato a diputado por 1País en la provincia de Buenos Aires fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ministro de Desarrollo en la Provincia hasta agosto de 2009. Hasta allí acompañó al kirchnerismo, del que se distanció. Aquí, un extracto de su diálogo con Clarín.

¿La principal forma de sacar a las familias de la pobreza es el empleo?

Sí. Es el trabajo. Tenemos argentinos del siglo XXI, que trabajan con valor agregado, soja, la industria del conocimiento, software, son los que le va bien, son muy competitivos y están vinculado al mundo. Pero también tenemos a los argentinos del siglo XX, que depende del mundo de las changas, a los que va mal. Y la Argentina del siglo XIX, con chicos sin secundaria completa.

¿Cómo se lleva al país hacia el siglo XXI?

Hay que cuidar a quienes lo necesitan, como la industria textil, China e India hacen la ropa más barata que acá. Pero en ese sector trabajan mujeres y jóvenes, donde hay 20% de desocupación. Entonces, no puede operar la lógica de que es más rentable. Lo que genera actividad económica (como la soja) no genera empleo. Este año, va a crecer la economía, pero también crece la pobreza. Hay es donde está el rol del Estado para encontrar un punto de equilibrio. ¿Se baja la inflación a través del diálogo sectorial?

No diálogo tontos, sino a través de fijar metas claras, con definiciones. Definamos metas de crecimiento, paritarias, metas de inflación, tasas de empleo, cadenas productivas. Tener en claro qué es estratégico y qué no. Hay que pensar la Argentina en los próximos 10 años: tiene que ir en una dirección. Pero no sirven acciones sueltas.

¿Qué no sería una acción suelta?

Soy muy optimista con la escuela y el rol que puede tener con tutores y docentes en la reconstrucción social. La escuela es lo único en lo que cree la familia. Es mejor que la policía, la justicia, la política, los sindicatos. Es un lugar para sentar las bases para empezar a mejorar. Te planteo una situación extrema: el padre que va a saquear a fin de año, le dice al hijo ‘estudiá, ponete las pilás’. Es porque confía en la escuela. Clarín/

 

 

 

NUEVOS TIEMPOS: LA IZQUIERDA HIZO SU PROPIO “TIMBREO” CONTRA EL AJUSTE

 

El acto de prelanzamiento de Cristina Kirchner, en el estadio Julio Humberto Grondona, en Sarandí, dejó cierta satisfacción en el comando macrista. No por la casi segura candidatura de la ex presidenta, que luego se confirmaría, ni por el volumen de la movilización. En el PRO sacaron chapa por el formato que usó la ex mandataria: plataforma baja, sin palco, ella hablándole a la gente como una ciudadana más, y vecinos de a pie contando sus penurias. Una puesta en escena que el macrismo viene utilizando desde hace años y que provocó, sobre todo de arranque, menosprecio en sus rivales. La pelea por la propiedad intelectual de la campaña moderna sumó el fin de semana un “plagio” impensado: el Frente de Izquierda salió a timbrear, otra acción con sello amarillo ninguneada como pocas. “Timbreo contra el ajuste”, lo llamaron desde el FIT para diferenciarse rápido de su contracara política. Los autores del remixado fueron algunos de los candidatos porteños del Frente, que salieron de gira por Parque Patricios.

Allí se los vio, y se hicieron fotografiar, entre otros, Marcelo Ramal, candidato a diputado y Vanina Biasi, candidatos a diputados, y Gabriel Solano, que peleará por una banca para legislador. “Conversaron con los vecinos del barrio y les presentaron los planteos del Frente de Izquierda”, resumió un comunicado.

“La escalada que estamos viviendo contra el derecho al trabajo y todas las reivindicaciones laborales hace más necesario que nunca reforzar la presencia del Frente de Izquierda en el Congreso y las legislaturas”, explicó Ramal. “El Frente de Izquierda es la fuerza política que lucha contra el ajuste cuando la oposición ha colaborado activamente con el macrismo, votando cien leyes o incluso CFK suspendiendo movilizaciones de reclamo al Gobierno”, dijo a su turno Solano.

“En la Ciudad de Buenos Aires hay muchos desafíos para las mujeres, porque la política de Rodríguez Larreta son de recorte de la asistencia a las mujeres y de atacar a quienes trabajan asistiendo a otras mujeres violentadas como ha ocurrido en la Dirección de la Mujer. Las listas del Frente de Izquierda han llevado adelante y sostienen las propuestas en defensa de las mujeres, como los centros integrales de la mujer o la lucha contra la desaparición de niñas y mujeres”, concluyó Vanina Biasi.

Mientras hablaban, el sábado, Cambiemos hacía su timbreo nacional. Jaime Durán Barba, agradecido a todos. Clarín/

 

GAME OF THRONES HASTA EN LAS PASO: UN SPOT DE CAMPAÑA CON ESTILO GOT

 

De los siete reinos a los 100 barrios porteños: la presentación, icónica por su estilo y su música, de la serie Game of Thrones -que el domingo a la noche inició su sexta y penúltima temporada- fue “homenajeada” por una lista de candidatos de la ciudad de Buenos Aires. El spot, que empezó a circular en estas horas justo en la previa del primer capítulo de 2017, pertenece a Ahora Buenos Aires, una de las tres listas que participan de la primaria de Unión Porteña, el espacio que reúne al peronismo, el kirchnerismo y espacios de centro izquierda.

La simulación GOT es, justamente, de ese sector: la boleta la encabeza Itai Hagman para diputado mientras que Jonathan Thea compite para legislador porteño. Esa línea la integra, también Eli Gómez Alcorta, la joven abogada que patrocina a Milagro Sala.

Con perfil propio, Ahora Buenos Aires compite en la PASO de Unidad Porteña contra la lista que junta al PJ y La CäCámpora que llevan como principales postulantes al ex ministro Daniel Filmus y al ex titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde.

La tercera oferta es la que comparten el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y Gustavo Vera, dirigente de la Alameda, referenciado con el papa Francisco.

El spot, bien logrado en lo estético, usa el formato de GOT y lo aggiorna a una imaginaria situación porteña proyectada hacia una Buenos Aires 2020 con “mejores hospitales” y una mejor red de subtes. GOT, cuya traducción es Juego de Tronos, recorre una historia épica de la lucha por el poder y el control de un territorio, que podría situarse en el medioevo pero donde intervienen elementos de fantasía como los temibles caminantes blancos, una especie de zombies.

La serie se basa en una saga cuyo autor es George R. R. Martin que comenzó a publicarse en los años 90 y ya lleva 5 libros mientras se esperan dos más. La serie de HBO tiene en 2017 su sexta temporada y está anunciado su fin para el 2018. Clarín/

 

 

EL PIQUETE COMO PRESIÓN: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y UN EQUILIBRIO COMPLICADO

 

El jueves pasado, Barrios de Pie desplegó ollas populares y mesas para juntar firmas con el fin de exhortar al Congreso a tratar el proyecto de Emergencia Alimentaria que, según esta organización, el oficialismo rechaza incluirlo como tema de debate parlamentario. Esta vez -y como hecho novedoso- optaron por no cortar las calles con la intención de conseguir mayor número de adhesiones de parte de los peatones: “Juntamos 50.000 firmas, pero ni un llamado desde el Gobierno nacional”, resumió a este diario Daniel Menéndez, referente nacional de la organización popular. Escenario de compleja maniobra a la hora de decidir qué es más efectivo.

Amplía el dirigente: “El dato que sacamos es que a pesar de no haber hecho ningún corte ni ninguna obstaculización del tránsito, hecho que fue reconocido por los medios de comunicación, el Gobierno nos dio cero posibilidad de un llamado para discutirlo. Es preocupante porque tiene que ver con la convivencia al interior de la sociedad: esto es de que los reclamos no se vuelvan un estorbo para el resto de la sociedad. Pero cuando tenés esta actitud, no te dan bola”.

Aunque no quieren hablar de provocación, desde el oficialismo algunos ningunearon la movilización: seguidores de Cambiemos tuiteaban el jueves: “Poca gente, en vez de Barrios de Pie, varios de Pie”. Y la ironía dio para más: llamaron a la movida “Protesta empanada”. Fue en referencia a que los militantes, cuando se ponía el semáforo en rojo, se paraban delante de los automóviles con una bandera que decía “Ley de Emergencia Alimentaria ya”; una práctica de comercialización callejera que desplegó una cadena que vende ese producto. Esto abre un interrogante puertas adentro de las “orgas” sobre qué hacer de cara al jueves, día en que desplegarán otra vez centenares de ollas en todo el país. Esta vez acompañarán a Barrios de Pie, la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y la CCC (Corriente Clasista Combativa). Aseguran que “no” cortarán “salvo que se aglutine mucha gente y nos veamos en la necesidad de hacer un corte parcial, pero no más que eso”. Una semana después, también sin alterar el tránsito, anuncian que armarán “campamentos por tiempo indeterminado”, en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires y de las capitales provinciales.

En paralelo a la protesta callejera, desde la semana pasada comenzaron un trabajo silencioso de concientización sobre la “Emergencia Alimentaria” que continúa con la recolección de firmas: habrá trabajos con la Pastoral Social, ONG, especialistas y planean una actividad en el Congreso. La intención es llegar al 7 de agosto al millón de firmas: ese día tomará protagonismo la segunda movilización de los movimientos populares desde la Basílica de San Cayetano, en Liniers hasta la Plaza de Mayo.

El reclamo por la “Emergencia Alimentaria” surgió a partir de un relevamiento realizado por Barrios de Pie en sus más de 1.000 comedores comunitarios que tienen en el país y a los que asisten unos 50.000 chicos. Según ese sondeo, “el 43% de los niños y adolescentes que asisten a comedores de la organización sufren malnutrición“.

El proyecto de ley plantea incrementar las raciones de comida destinada a los comedores escolares y comunitarios “para que incluya nutrientes como los que aportan la carne, el pollo y el pescado y no solo harinas”, en boca del diputado nacional Federico Masso, que fue quien presentó el proyecto. Contempla “ampliar el presupuesto actual en 10.000 millones de pesos a distribuirse en dos años”. Clarín/

 

 

LA CARTA PÚBLICA DE GRACIELA OCAÑA A ALEJANDRA GILS CARBÓ PARA QUE PIDA LICENCIA: “USTED SE CONSIDERA POR ENCIMA DE LA LEY”

 

La diputada y candidata por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, difundió esta noche una dura carta pública a la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la que le solicita que dé un paso al costado, mientras se resuelve su situación judicial, tras la convocatoria a declaración indagatoria en una causa por corrupción en la compra de un edificio para el Ministerio Público. En concreto, la carta a la que accedió Clarín, le solicita que pida “licencia en el ejercicio de su cargo como Procuradora General de la Nación, hasta tanto se resuelva la investigación y acusación que en su contra lleva adelante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10, a cargo del Dr. Julian Ercolini”.

Entre los fundamentos de la misiva, Ocaña recordó que, al impulsar la separación del fiscal José María Campagnoli, la propia Gils Carbó pidió su apartamiento porque consideró que estar procesado “provoca una conmoción en el espíritu del magistrado cuestionado que le impedirá desempeñarse de modo apropiado“.

“Me veo en la obligación de preguntarle, en virtud del estándar que usted misma fijó: ¿Dra. Alejandra Gils Carbó: ¿Estar acusada de abuso de autoridad, tráfico de influencias y pago de coimas no le genera conmoción en su espíritu? -recuerda Ocaña- ¿Cómo puede desempeñarse de modo apropiado frente a estas acusaciones? Atino a entrever una respuesta, usted se considera por encima de la ley y no sujeta a principios éticos y morales”. La candidata que encabeza la lista por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires resaltó que, al estar procesada y con indagatoria confirmada por el juez Ercolini, “su presencia podría influir sustancialmente en la prestación del servicio de justicia, resultando afectada toda la ciudadanía”.

Hacer lugar a mi planteo garantizará el ejercicio de su derecho de defensa en juicio de una forma más completa y acabada, y al mismo tiempo dará lugar a que el organismo que Ud. dirige pueda funcionar sin ningún tipo de dificultades o contratiempos, resultando la opción más beneficiosa para todos los argentinos”, insistió la legisladora. Clarín/

 

 

LA SOBRINA DE CRISTINA KIRCHNER DEFIENDE A UNA EMPRESA QUE DENUNCIÓ A LA USINA DE RÍO TURBIO

 

La Usina Térmica de Río Turbio, obra impulsada y prometida por el kirchnerismo que está rodeada de denuncias y sospechas de corrupción, suma un nuevo capítulo.Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, denunció y le inició juicio a Isolux Corsán (la firma constructora), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) comitente, y al Estado Nacional como representante de la subcontratista Chimenaike SA. Reclama $ 11.536.125, por dos facturas no abonadas a la firma correspondientes a septiembre de 2015: cuando la obra era financiada por el ex ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido. En medio del arduo debate por los juicios laborales, Romina Mercado -sobrina de Cristina Kirchner-, que se desempeña en la fiscalía de Estado del gobierno de su madre, en Santa Cruz, demandó al Estado, a la empresa comitente y a la constructora de la Usina Térmica: la obra que debía generar 240 MW y que nunca se puso en marcha, modificó once veces elevando su valor de 957 millones de dólares a 1.726 millones de dólares.

Según Mercado, representante legal de la empresa Chimenaike contratada por Isolux Corsán para diversas tareas en la Usina, se le adeudan las facturas 171 y 172 emitidas con fecha del 1 de septiembre de 2015, correspondientes al gobierno de Cristina Kirchner.

Chimenaike construyó el estacionamiento principal y el portal de acceso a la Usina. La factura del contrato fue por $ 19.248.009. Isolux realizó pagos a la empresa que representa Mercado, entre septiembre y noviembre de 2015 dejando pendientes más de $ 11 millones.

Uno de los argumentos centrales para iniciar juicio, es que la cesación de pago desde fines de 2015, colocó a la empresa “en una situación financiera complicada”.

“Es una situación insólita, un doble juicio al empleador y al contratista de su empleador, estas cosas deben evaluarse para fortalecer la seguridad jurídica”, señalaron desde la Casa Rosada ante la demanda de la sobrina de la ex Presidenta.

Mercado pidió el secuestro de la información bancaria de la Central Térmica, y de los comprobantes de los pagos que el Gobierno (de Cristina Kirchner ya que durante la actual gestión la obra aún no se retomó) a través de YCRT, realizó a Isolux Corsán, los pagos de la firma a los subcontratistas y los de certificados de obras aún pendientes.

La sobrina de la ex Presidenta señaló que el Estado es igual de responsable por “el no pago, ya que fue quien llamó a licitación pública nacional e internacional con el objeto de construir” la Usina Térmica.

En cuanto a YCRT señaló que como comitente de la obra, fue quien “realizó a través del ministerio de Planificación la licitación, y era quien aprobaba los certificados de obra, era responsable del cumplimiento de la obra”.

Más allá de su denuncia, Mercado tiene serios problemas judiciales. Está imputada en el caso Hotesur y procesada en el expediente Los Sauces junto a su tía, la ex presidenta.

La obra licitada y adjudicada durante el kirchnerismo, tuvo problemas para pagar los certificados de obra en 2015. Y después, por diversas irregularidades, quedó detenida la obra civil: falta un 15% para finalizarla. Está en el centro de la escena por las denuncias por los presuntos sobreprecios que se pagaron y por la causa por malversación de fondos, donde se pidió la detención de De Vido. Isolux reclamaba $ 1.000 millones al ministerio de Energía para finalizar la obra, suma que el Gobierno no estaba dispuesto a pagar, considerando que todo estaba “sobre facturado“. Después de analizar los números, se firmará un convenio con cifras “reales”, después que la auditoría arrojó un incremento del costo de obra por encima del 90%.

El mayor desembolso de fondos lo hizo el anterior Gobierno, “que es quien dejó la deuda que hoy reclama la sobrina de Cristina Kirchner”, señaló una fuente oficial. Clarín/

 

 

 

GUERRA DE ENCUESTAS: LAS ÚLTIMAS MEDICIONES EN PROVINCIA, CON FUERTES DIFERENCIAS 

Elecciones
Dos evalúan todo el distrito y dan paridad entre Cristina y Bullrich. Otra, del GBA, lo ubica bien a Massa.
Eduardo Paladini
Cristina, Bullrich, Massa, Randazzo. cristina fernandez de kirchner esteban bullrich sergio massa florencio randazzo elecciones legislativas 2017 candidatos Encuesta de OPSM en Provincia. Julio 2017 Encuesta de OPSM en Provincia. Julio 2017. Encuesta de OPSM en Provincia. Julio 2017 Encuesta de Hugo Haime en el GBA. Julio 2017. Encuesta en el GBA de Hugo Haime. Julio 2017. Encuesta de CIyGP en Provincia. Julio 2017. Encuesta en Provincia de CIyGP. Julio 2017.
La guerra de encuestas parece no tener freno. Clarín accedió a tres trabajos que se difundieron en los últimos días y, como está sucediendo en las últimas elecciones, muestran una fuerte disparidad de números. Y mantienen las dudas: ¿Hay polarización entre el Gobierno y el kirchnerismo? ¿Massa se puede meter en esa pelea? ¿El piso de Cristina es tan alto como para encaminarla a una victoria?
Este es el resumen de los tres informes. Que detallan muchos números y cortes. Pero, aunque suene contradictorio, la suma de información y la cercanía con las PASO del 13 de agosto, no ayuda a despejar el panorama. En algunos caso, más bien lo contrario.
1) Encuesta de OPSM
Es un trabajo de 1.000 casos, todos mayores de 16, de ambos sexos, en condiciones de votar. Se relevaron en 35 localidades de la Provincia, divididos en los tres cordones del Conurbano y el Interior. Se presenta con un margen de error de +/- 3,1%. Lo coordinó Enrique Zuleta Puceiro.
El informe, de unas 20 páginas, arranca con las consultas del escenario general actual y las expectativas a futuro. Algunas de las conclusiones:
– La mayoría tiene una mirada negativa sobre el presente (el 24,3% cree que las cosas van “mal” y el 18,9% “muy mal”; contra el 17,6% que las ve “bien” y apenas 0,6% “muy bien”), pero son optimistas a futuro (el 53,1% cree que las cosas “mejorarán”).
– El apoyo a la gestión del oficialismo está partido (50,6% a favor y 47,4% en contra), mientras que la evaluación del desempeño de Macri es más bien negativa (33% entre “positivo” y “muy positivo”, contra 38,8% entre “negativo” y “muy negativo”).
Luego, se hacen las consultas más vinculadas a la elección. Y allí aparece un fenómeno que ya reflejaron otras consultoras. Hay más apoyo a Cambiemos como fuerza en la Provincia que a sus candidatos con nombre y apellido. Y pasa la contrario con el kirchnerismo y el massismo, donde las figuras de Cristina Kirchner y Sergio Massa están por encima del nombre de las alianzas que representan.
Cuando se indaga por los espacios, gana el oficialismo. Cuando se pregunta con las personas, Cristina.
Otra particularidad que se repite en el estudio de OPSM es la diferencia entre la intención de voto para senadores y para diputados. Para la Cámara baja, mejoran los números de Cambiemos y caen los del kirchnerismo. Graciela Ocaña supera claramente a la debutante Fernanda Vallejos. La duda sigue girando: ¿habrá tanto corte de boleta respecto a senadores?
2) Encuesta de Hugo Haime
El consultor está trabajando en esta elección para Sergio Massa en la Provincia. Y este fin de semana acercaron desde ese espacio a Clarín mediciones del GBA que le dan bien al candidato de 1País.
El relevamiento incluye 600 casos “presenciales”. Así, se diferencia de la mayoría de los sondeos, que se hacen de modo telefónico. En este caso, se presenta con un margen de error de 4,08%.
También arranca con una mirada de los consultados del GBA sobre las gestiones oficialistas. Allí los números dan particularmente mal para Mauricio Macri (un 67% desaprueba su gestión y un 71% cree que gobierna para los ricos).
Luego se evalúa a María Eugenia Vidal y aparece la grieta que tendría el oficialismo en la Provincia. Los números de la gobernadora son claramente mejor que los del Presidente. Eso explicaría, en gran parte, por qué la mandataria se puso la campaña al hombro. ¿Cuánto podrá captar Bullrich de ese aura positivo?
De los consultados por Haime, un 47% aprueba la gestión de Vidal. Y es la dirigente con mayor imagen positiva (39,3% entre buena y muy buena).
En cuanto a la intención de voto, Cristina aparece primera cómoda en el Conurbano, seguida por Massa y tercero, lejos, Bullrich. “Es el Conurbano, que representa el 70% de los votos. Hay que ver el 30% del Interior, donde el Gobierno está bien”, explica Haime a Clarín. “Para compensar, el oficialismo debería hacer unos 40 puntos en el Interior”, agrega.
El consultor enumera las definiciones que ve hasta ahora. “Cristina aparece cortada arriba, a Massa no lo veo en 16 o 17 puntos como dicen algunos; y en esta última medición, no noté grandes diferencias cuando se preguntaba por Bullrich o el candidato del Gobierno”.
De todos modos, para Haime, “más del 50% de la gente en Provincia no está interesada aún en la elección, con lo que el panorama está abierto. Además, hay votos que van de Cristina a Massa y viceversa, hay que ver qué pasa con el voto de Randazzo. Es decir, la idea del Gobierno de que puede haber una transferencia de votos útiles para que no gane Cristina puede darse. O no, je”.
3) Encuesta de CIyGP
La Consultora de Imagen y Gestión Política (CIyGP) hizo un estudio en Ciudad y Provincia, de 1.707 casos telefónicos, con margen de error de 2,4%. Según aclararon, no fue pedido por ningún candidato.
En cuanto a los datos bonaerenses, acá si se presenta una fuerte polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo, con Massa tercero pero muy lejos. Y también se abona la idea del corte entre la intención de votos para senadores y diputados.
Cristina, Bullrich, Massa, Randazzo. cristina fernandez de kirchner esteban bullrich sergio massa florencio randazzo elecciones legislativas 2017 candidatos Encuesta de OPSM en Provincia. Julio 2017 Encuesta de OPSM en Provincia. Julio 2017. Encuesta de OPSM en Provincia. Julio 2017 Encuesta de Hugo Haime en el GBA. Julio 2017. Encuesta en el GBA de Hugo Haime. Julio 2017. Encuesta de CIyGP en Provincia. Julio 2017. Encuesta en Provincia de CIyGP. Julio 2017. Clarín.com

 

ECONOMIA

 

DISCUTEN CON LAS EMPRESAS SUBIR IMPUESTOS A ALIMENTOS NO SALUDABLES 

Las conversaciones empezarán esta semana: mientras el Gobierno quiere gravar gaseosas, galletitas, snacks y otros productos que engordan, los fabricantes se quejan de la presión tributaria y dicen que lo trasladarán a precios
El Gobierno discute con las empresas subir impuestos a alimentos no saludables. El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. El Gobierno discute con las empresas subir impuestos a alimentos no saludables. Detrás de una gaseosa, un paquete de galletitas o una bolsa de papas fritas existe un mundo inexplorado para muchos. En ese pedregoso terreno se abrirá en esta semana un debate, que enfrentará desafíos, proyectos y temores y que impactará en el futuro de la inversión -y el empleode la poderosa industria alimenticia y en las más ambiciosas políticas de salud del Gobierno para los argentinos, pero sobre todo para los niños.
El oficialismo confirmó a la nacion que reunirá en los próximos días a representantes de los ministerios de Salud, Hacienda y Agroindustria, con el sector académico y las cámaras que nuclean a la industria de la alimentación con la idea de consensuar directrices que, “en base a información científica”, guiarán tanto la nutrición de los argentinos como así un negocio que genera millones de pesos y miles de empleos. En el sector trabajan 500.000 personas que generan exportaciones por $ 26.000 millones.
La directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Verónica Schoj, confirmó a este medio que en esa comisión específica, creada el año pasado pero sin resultados concretos tras dos encuentros, se discutirán cuatro temas: el rotulado frontal de los alimentos altos en azúcar, grasas o sodio; el marketing de los alimentos “no saludables”, la regulación de los ambientes escolares y la política fiscal “para desestimular el consumo”. La idea es tener un documento a fin de este año para, a través de una ley integral o de varios proyectos, lograr “amesetar” los números de la obesidad infantil, que afectan a 1 de cada 3 chicos.
En otra dependencia del Gobierno confirmaron a la nacion que en todo el mundo se discute si “aquello que hace mal” debe tener más impuestos. El ejemplo referido en esta dependencia como en Salud fue México, que decidió subir las alícuotas a las bebidas azucaradas. “Es verosímil pensar que el oficialismo o la oposición puedan enviar un proyecto así al Congreso”, estimaron. “Igualmente, esto no implica que la carga tributaria total sea más alta para ese sector, porque todos van a salir ganando tras la reforma tributaria. Eso sí, puede ser que tengan alícuotas más altas que el agua mineral”, indicaron dejando en claro que el asunto aún no está definido.
En la industria de la alimentación afirmaron, en tanto, que no podrían soportarse más impuestos y que acciones en ese sentido implicarían precios más altos que restringirán el consumo y menor competitividad a la hora de exportar. Todo eso, afirman, será menos trabajo para los argentinos y un impacto, sobre todo, a las economías regionales.
Sin embargo, las empresas aclararon que buscan ser proactivas en mejorar la “alimentación equilibrada” y por eso firmaron el 14 de diciembre pasado un convenio marco para promoverla con el ministro de Salud, Jorge Lemus, y su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Sin embargo, ésto se dio en tiempos que en que todavía estaba coordinando el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, Alberto Cormillot. Actualmente, el médico considerado un “aliado” por el sector empresarial ya no está, y la nueva interlocutora, Schoj, es considerada más dura.
“El acuerdo se basa en la necesidad de aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente para implementar acciones tendientes a fomentar una alimentación equilibrada de la población, en el que se pueda consensuar y llevar adelante regulaciones necesarias para las metas propuestas”, explicó un comunicado de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la firmante junto a los ministros. El acuerdo justamente convocaba a trabajar la composición de los alimentos y bebidas, el rotulado, la publicidad y el marketing, y los entornos escolares. Nada decía de los impuestos.
“Estoy de acuerdo con el Presidente con que la reforma tributaria es urgente”, señaló a la nacion, Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal. “Hoy, los fuertes impuestos condicionan la competitividad y el acceso al consumo. El camino empleado por México -que subió los impuestos no es el correcto. No somos los cigarrillos. La Argentina está saturada de impuestos. La tributaciones como elemento de disuasión esconden el apetito fiscal. La mejora de la vida saludable se hace con más educación”, agregó.
“La industria de alimentos y bebidas está sujeta a una alta presión tributaria global que recae sobre el sector pudiendo representar hasta 36,9% sobre la facturación”, indicó un estudio de Copal. Cada $ 100 pesos gastados en alimentos $ 40 (40,7%) son impuestos y del mismo gasto final en bebidas, casi $ 50 (46,5%) son gravámenes. Un estudio del Iaraf, en tanto, calculó que la Argentina (con un 29%) es el tercer país en el mundo con mayor carga impositiva indirecta (IVA, Ingresos Brutos e Impuestos Internos) en el rubro de bebidas detrás de Hungría (35,1%) y Finlandia (33%).
“Necesitamos reducir la obesidad, sobre todo la infantil, y el consumo de bebidas azucaradas, que son las principales contribuyentes de azúcar agregada”, indicó Schoj, que agregó que son los chicos más pobres los más malnutridos y quienes más posibilidades tienen de sufrir obesidad. “Vamos a discutir cuatro y uno de ellos es el fiscal”, indicó la especialista del Ministerio de Salud.
“Estamos muy atrasados en políticas públicas sobre este tema en la región. Los impuestos son pequeños con relación a otros países y a otros productos”, indicó Schoj, que indicó que la opción mexicana fue exitosa para disminuir el consumo de azúcar. Para la especialista, se precisa de un sistema de rotulado frontal más visible para mejorar la información, impuestos que desestimulen el consumo de azúcar, grasas, sodio (“relacionados con enfermedades como obesidad, cardiovasculares, diabetes y cáncer”), cambios en el entorno escolar (“el 80% tiene quioscos donde se venden alfajores, gaseosas o snacks y menos de 6% tienen bebederos para tomar agua”), y frenar la publicidad agresiva que “cambian los patrones de consumo de los chicos”.
Datos de 2010 de la base de datos global sobre crecimiento infantil y malnutrición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaron que la Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de cinco años en la región de América latina con un 7,3% de prevalencia. En escolares (5 a 11 años) es del 18,9% al 36,9% y en adolescentes (12 a 19 años) es del 16,6% al 35,8%. En sintonía, los resultados de la 2° Encuesta Mundial de Salud Escolar (2012), evidenciaron que un 28,6% de los estudiantes de 13 a 15 años del país tienen exceso de peso, y el 5,9% obesidad.
El Gobierno y las empresas vuelven a quedar enfrentados por la presión impositiva Problema de salud
El Gobierno argumenta que los alimentos y bebidas “no saludables” deben tributar más para desalentar su consumo. Ejemplo mexicano
Se analiza repetir lo que hizo México, que aumentó considerablemente la presión impositiva sobre las gaseosas. Saturación
Las empresas sostienen que hoy los impuestos que pagan son récord. Proactivos
Para combatir la obesidad, las empresas proponen hacer campañas de concientización. La Nación/

 

CARNE DE CERDO: ES RÉCORD EL CONSUMO Y CRECE FUERTE LA IMPORTACIÓN

La diferencia de precios entre la carne vacuna y la de cerdo hace que el consumo de carne porcina siga en el récord de 17,1 kilos por habitante y por año, de acuerdo a un informe de la Asociación de Productores Porcinos.

Según su presidente, Juan Uccelli, en el primer semestre los precios del cerdo en pie se mantuvieron estables lo con una leve variación. Así las cosas, es 22,1% más barato que el kilo vivo del novillo.

Más aún en los primeros seis meses del año, el precio de la carne de cerdo en las góndolas aumentó 5,2%, bastante por debajo de la inflación de los primeros seis meses que arrojó 11,8%.

Esa diferencia de precios no significa que los productores estén en situación de quebranto, ya que sus principales insumos también bajaron. El precio del maíz tuvo una caída en el semestre del 15,2% y el de la soja, del 8,9%. “Hubo una rentabilidad positiva en el sector”, se informó.

Claro que el dolor de cabeza les llega por las importaciones que en el primer semestre crecieron 79,4% con respecto al primer semestre del 2016. La importación ya participa en el 11% de la oferta total.

En cuanto a la producción doméstica de carne porcina ha subido un 7% con respecto al primer semestre del año pasado.

El grueso de las importaciones son fiambres que llegan desde Brasil. Así el jamón representa el 29% de lo que ingresa, la paleta 22% y la bondiola, otro 19,5%.

Argentina produjo entre enero y junio de este año unas 330.720 toneladas de carne porcina y lo que ingresó desde el exterior sumó unas 37.426 toneladas.

La producción de este año también se encamina a un nuevo récord. Durante 2016 la producción de carne porcina marcó un pico al superar por primera vez las 500.000 toneladas que se superarían en 2017. Clarín/

 

SANCOR, MÁS CERCA DE SER VENDIDAA LA MAYOR LÁCTEA DEL MUNDO

 Fonterra fue el nombre que eligieron los neozelandeses cuando decidieron fusionar el New Zealand Dairy Board, nacido en 1920 y que se ocupaba de las exportaciones, con las dos mayores cooperativas lecheras del país de Oceanía. Fonterra es el primer exportador de leche del mundo y el cuarto productor del planeta y sus dueños son 12.000 tamberos. Es y se maneja como una cooperativa, continuando con una tradición casi centenaria. EnChile posee a Soporle, la líder en el país cordillerano.

En estos días, Fonterra hace ruido en la Argentina, según una versión de fuentes del negocio lácteo. Habría siete auditores que, con precisión quirúrgica, revisan los números de Sancor en sus oficinas porteñas de la calle Tacuarí para una compra que sería presentada como una asociación. Entre cooperativistas se entienden.

Consultados, en SanCor negaron la auditoría y deslizaron que siguen en tratativas con varios interesados. Además de Fonterra, la mexicana Lala, la número uno en Centroamérica con 163 centros de producción y distribución. También talla la francesa Lactalis, otra reina del sector, que factura US$ 20.000 millones, fue fundada hace 90 años por André Besnier y maneja marcas como Parmalat, Lactel, y Celia, entre varias más.

Otras personas vinculadas a la firma de Sunchales presentan como inminente el desenlace a favor de Fonterra y hasta lo describen como la única posibilidad para que SanCor renazca. La cooperativa en crisis no llega a recolectar el millón de litros de leche diario, cuando su capacidad de procesamiento escala a 4 millones.

Las dificultades de SanCor estallaron a principios de año y no crecieron en gravedad gracias al último desembolso del Gobierno por $ 450 millones.

En el interín, el sindicato dio marcha atrás con un polémico pago extra que exigía a las empresas de $ 3.700 mensuales por empleado que quedó reducido a $ 750 en el caso de las pymes y $ 1.500 en el de las grandes.

Fue un alivio para toda la industria y para SanCor significó un ahorro de casi $ 10 millones al mes. Además, se decidió alejar del día a día de la cooperativa al consejo directivo concentrando el manejo en su actual gerente general, Marcelo Gornati.

De acuerdo a uno de los bancos acreedores de SanCor, el obstáculo para concretar una asociación o venta pasa porque los futuros compradores exigen otro régimen laboral. Y en eso están los ministerios de Agroindustria y de Trabajo junto al sindicato de lecheros y su jefe Héctor “Etin” Ponce quien, frente a la posibilidad de que muchos quedaran en la calle, flexibilizó posturas. SanCor es crucial en el interior con sus 16 plantas, la mayoría en Córdoba, algunas en Santa Fe y casi todas en pueblos que viven de la cooperativa. Clarín/

 

LA BRECHA DE PRECIOS ENTRE ORIGEN Y GÓNDOLA TUVO EN JUNIO SU MAYOR CAÍDA DEL AÑO

 La diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola por productos agroganaderos en junio “se multiplicó 4,84 veces” respecto de lo que recibió el productor en el campo, indicó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe precisó que el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de CAME registró en junio una reducción de 8,5 por ciento frente a mayo, y es el segundo mes consecutivo de caída, y significa un descenso de 1,2% en relación a igual mes de 2016La brecha no bajaba tanto desde noviembre, cuando la disminución fue de un 13% con respecto a octubre.

“El descenso de la distorsión en este periodo se debe principalmente al comportamiento de cuatro productos: la zanahoria, el limón, la frutilla, y la berenjena. En los cuatro casos la desigualdad se redujo porque subieron considerablemente los valores al productor y cayeron los costos al cliente“, explicó.

Según el análisis de CAME, la mejora del IPOD en junio “responde principalmente al progreso en los montos que reciben los productores de algunos alimentos”.

En promedio, los valores de origen subieron 10,4% en el mes y los de góndola cayeron 4,7%. Hubo 14 alimentos en los que se incrementaron los precios de origen, y 11 donde se redujeron los importes al consumidor“, señaló.

Los alimentos agrícolas con mayor distorsión de precios en junio fueron la naranja con una diferencia de 9,71 veces, seguido por la pera (9,16 veces), la manzana (7,7), y el cerdo (7,68). El alimento con menos desigualdad fue la frutilla (1,72 veces) y el huevo (2,26).

Según detalló CAME, el IPOD agrícola en junio alcanzó un valor de 5,01 veces, lo que implica una caída de 11% frente a mayo. Por su parte, el IPOD ganadero en junio se ubicó en 4,17, lo que representa una suba de 6,4% en la comparación con mayo, y llegó “al segundo lugar más alto de los últimos 19 meses”.

El estudio indicó que la participación del productor en el importe que pagan los consumidores mejoró en junio 15,4% “rompiendo la racha consecutiva de tres meses en baja y alcanzado al 25,4%”. Los alimentos con menos retribución del productor en el monto fueron la naranja con apenas 10,3 por ciento, la pera con 10,9 por ciento, y la carne de Cerdo y la manzana roja, con 13 por ciento. El Cronista/

 

 

SEGÚN UN INFORME, LA OBRA PÚBLICA AUMENTÓ CASI UN 200% EN EL PRIMER SEMESTRE

 La obra pública licitada por el Gobierno nacional alcanzó en el primer semestre del año los $ 144.678 millones, lo que significó un aumento del 197 por ciento con respecto a los primeros seis meses de 2016, según un informe de la consultora Invenómica.

El estudio considera todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado, los estados provinciales y municipales durante el período comprendido entre enero y junio 2017.

Indicó, de ese modo, que al realizar una comparación entre “el primer semestre del 2017 en el que las licitaciones alcanzaron a un total de $ 144.678 millones y el mismo período de 2016, cuando llegaron a   48.661 millones, se refleja un aumento del 197%”.

El sondeo de la consultora señaló que en junio pasado las obras licitadas alcanzaron un total de $ 19.615 millones, hecho que “marca que se encuentra por debajo del récord del mes pasado y es incluso inferior al promedio mensual del último año”.

Durante junio se realizaron convocatorias a 764 licitaciones, un promedio de 36 licitaciones por cada día hábil, señaló.

En ese sentido, consideró que los resultados dan continuidad al “fuerte impulso que se le está dando a la obra pública en todo el país”. Puntualizó, además, que las obras más importantes licitadas en junio incluyen proyectos viales de ingeniería y también de arquitectura.

Durante junio fueron licitadas obras viales por $ 5.019 millones, obras de ingeniería por $ 8.861 millones y obras de arquitectura por $ 5.735 millones“, resaltó.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por impulso de la obra pública, la industria de la construcción registró en abril una destacada suba del 10,5% contra igual período de 2016.

En los primeros cuatro meses, el índice que mide la construcción acumuló un incremento del 3,8%, respecto de igual período del año pasado, señaló el organismo encargado de las estadísticas públicas. El Cronista/

 

 EL GOBIERNO LANZARÁ CRÉDITOS PARA BENEFICIARIOS DE LA AUH 

El Gobierno prepara para esta semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para impulsar créditos a los beneficiarios de la Asignación por Hijo (AUH), una línea de préstamos que hasta ahora llegaba sólo a los jubilados y pensionados.

Según consigna Clarín, la medida volcará hasta $ 50.000 millones y llegará las familias más pobres de la Argentina mediante la Anses. En total, son unas 4 millones de personas las que reciben la asignación. Además de las familias que reciben AUH, estos créditos podrán ser solicitados por quienes reciben pensiones nacionales como la pensión por invalidez y los jubilados de la Pensión Universal al Adulto Mayor.

En este sentido, los fondos estarán disponibles para los sectores de bajos recursos, al que apunta el oficialismo para mejorar su intención de voto. Según datos de la Anses, de los 3.897.334 beneficiarios de AUH el 37,71% vive en la provincia de Buenos Aires, provincia clave para las próximas elecciones.

Las madres titulares de AUH podrán solicitar hasta $ 3000 por hijo y devolver el préstamo en 12 meses, mientras que si lo reintegran en dos años, podrán pedir hasta $ 5000 por hijo.

Por su parte, los titulares de pensiones no contributivas podrán solicitar hasta $ 12.000, las madres titulares de AUH con 7 hijos hasta $ 20.000 y los jubilados de la Pensión Universal al Adulto Mayor hasta $ 30.000. En todos los casos, la tasa nominal anual del crédito será del 24%.

Asimismo, de acuerdo con Clarín, el plan se financiará con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, del cual se podrá asignar hasta un 5% (unos $ 50 000 millones). El Cronista/

 

 

NOTAS DE OPINION

 

LA CGT, CON SU PROPIA CRUZ Y CARGAS AJENAS

POR EDUARDO AULICINO/

https://www.clarin.com/politica/cgt-propia-cruz-cargas-ajenas_0_ryiPF9YrZ.html

 

 

CAMBIEMOS LA NUEVA MÁQUINA DE GANAR ELECCIONES

POR LUIS MAJUL/

https://www.cronista.com/columnistas/Cambiemos-la-nueva-maquina-de-ganar-elecciones-20170717-0041.html

 

 

LOS CAMBIOS LABORALES SUBEN UN ESCALÓN LA BRECHA DE COMPETITIVIDAD CON BRASIL

POR HERNÁN DE GOÑI/

https://www.cronista.com/columnistas/Los-cambios-laborales-suben-un-escalon-la-brecha-de-competitividad-con-Brasil-20170717-0056.html