POLITICA

 

PRIMEROS CHISPAZOS DE CAMPAÑA EN DIPUTADOS, CON LLUVIA DE SESIONES ESPECIALES 

Desde el Congreso.
El FpV y Massa las pidieron por separado para debatir el conflicto docente. El oficialismo promueve otro temario.
Guido Braslavsky
Informe del jefe de Gabinete en la única sesión de este período legislativo en la Cámara de Diputados, el 22 de marzo. Foto: Dyn
La Cámara de Diputados se desperezará de su letargo esta semana, empapada de campaña electoral. Las agendas del oficialismo y de una oposición dividida son muy diferentes. Por eso, aunque pasado mañana podrían convocarse hasta tres sesiones especiales, todas podrían naufragar.
El Frente Renovador de Sergio Massa, el kirchnerismo y Cambiemos impulsan sesiones por separado. Los dos primeros buscan posicionarse frente al conflicto docente desde distintos proyectos que complican al Gobierno, pero el oficialismo se propone bloquear esos intentos y promueve una agenda alejada de las controversias. Según el esquema que se manejó hasta el fin de semana, la chicharra sonaría a las 9.30, 10.30 y 11.30.
El massismo quiere tratar su proyecto de una mesa de diálogo de Gobierno, oposición y sindicatos, para resolver el conflicto docente. El Frente para la Victoria, en segundo turno, tratará de juntar quórum para forzar la convocatoria a las paritarias nacionales docentes que reclaman los gremios. Incluirán también el tratamiento de tres decretos de necesidad y urgencia que ya fueron rechazados en la Bicameral de Trámite Legislativo: la eliminación de reembolsos para puertos patagónicos; el veto parcial al régimen previsional especial de ex combatientes de Malvinas, y la eliminación de los feriados puente. Esos DNU están vigentes hasta tanto no sean rechazados por los plenos de ambas Cámaras.
Cambiemos, en tanto, pidió su propia sesión con cuatro proyectos dictaminados con consenso. Como el asunto viene espeso, la estrategia fue sacrificar, sacándolos por ahora del temario, los dos que más interesaban al Gobierno: el pronunciamiento crítico sobre la situación en Venezuela; y la creación de un Instituto de Calidad Educativa, fuertemente resistido por los gremios. Al menos este miércoles, en que la prioridad es bloquear a la oposición, Cambiemos no quiere el tema educativo en agenda.
Hay más: el massismo quería conseguir dictamen de su iniciativa mañana, pero en la agenda de la convocatoria que hizo el presidente de la Comisión de Educación, el radical puntano José Luis Riccardo, el tema no figura. De seguir así, el proyecto firmado por Massa y su escudera Graciela Camaño -que lleva el título rimbombante de Régimen de Convocatoria a la Mesa de Diálogo y Consenso Docente para Garantizar la Educación Pública- precisaría imposibles dos tercios para ser tratado sobre tablas.
Cambiemos tiene otro anhelo: que haya foto del tigrense con el kirchnerismo, como pasó con Ganancias a fin del año pasado. Pero se supone que Massa no le dará gusto. Si la oposición se junta para reunir quórum, los oficialistas entrarían al recinto con el fin de hacer valer su tercio y anular toda intentona de tratar sobre tablas los proyectos educativos.
Cambiemos tenía hasta el fin de semana un temario pasteurizado: una modificación a la ley que prohibe la importación y comercialización de lámparas incandescentes y halógenas; modificaciones sobre competencia e integración de los tribunales de Casación Penal; una ley sobre protección ambiental de la calidad acústica; y un proyecto de Margarita Stolbizer y Julio Raffo sobre obligación de denunciar delitos. Llegó a decirse que podría pedir una sesión extra, para tratar Calidad Educativa y el proyecto sobre Venezuela, sólo para hacerle pagar costos a la oposición. Aunque hay lluvia de sesiones en carpeta, podría ser que ninguna prospere. Señales del clima de campaña. Clarín menciona a José Luis Riccardo.

 

 

SÍNTESIS 

Empieza el debate por la restricción de las excarcelaciones
El Senado de la Nación comenzará esta semana a debatir un nuevo procedimiento de excarcelaciones cuando someta al estudio de los asesores una iniciativa ya votada en Diputados que endurece el sistema y prohíbe el régimen de semidetención o de salidas transitorias para imputados por delitos de homicidio, de índole sexual o por robo con armas, entre otros.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunirá mañana desde las 15 para debatir el proyecto que en la Cámara baja impulsó el radical Luis Petri. En Diputados sólo fue apoyado por el oficialismo y por un sector del Frente Renovador, ya que el kirchnerismo lo cuestionó duramente y votó en contra.
En el Senado, en cambio, la iniciativa cuenta con el acuerdo de casi todos los sectores. Pasado mañana la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, mantendrá una reunión con las autoridades y jefes de bloque de la Cámara alta y con referentes del interbloque Cambiemos y del Frente para la Victoria (FPV) para tratar de acelerar la sanción de la ley. Wagner seguirá detenido hasta que se haga el juicio oral
Sebastián Wagner, detenido como autor del homicidio de Micaela García, la chica de 21 años violada y estrangulada en Gualeguay, seguirá con prisión preventiva hasta que sea sometido a juicio oral.
Según informó en un comunicado de prensa el juez de Garantías de esa ciudad entrerriana, Sebastián Elal, se trata de una “medida de carácter extraordinario” por la que se decidió que Wagner, de 30 años, permanezca detenido “sin un plazo determinado” y “hasta que tenga lugar la sentencia en un juicio oral y público”.
Surge del informe judicial que por el crimen de Micaela también continuará preso Néstor Pavón, el dueño del lavadero de autos en el que trabajaba Wagner. El juez Elal precisó que en la casa de Pavón, situada en el barrio 40 Viviendas, de Gualeguay, “se registraron pruebas comprometedoras” como una soga y una camisa, elementos de interés para la investigación.
Sebastián Wagner y su jefe están acusados de “homicidio triplemente agravado por alevosía, femicidio y criminis causae “. Un muerto y un herido a machetazos
Un hombre de 30 años fue asesinado ayer a puñaladas y otro de 64 resultó herido tras una pelea en la localidad misionera de Jardín América, a unos 100 kilómetros de Posadas. Fuentes policiales informaron a la agencia de noticias Télam que a las 0.10 de ayer un vecino del barrio Capilla II avisó a la policía que en la parte posterior de su vivienda yacía un hombre sin signos vitales. Los investigadores identificaron a la víctima como Mariano Agustín Báez, de nacionalidad paraguaya. Según las fuentes consultadas por Télam, tenía varios cortes hechos con un arma blanca.
Para establecer qué ocurrió, los investigadores aguardaban el testimonio de un hombre de 64 años que ayer se encontraba hospitalizado ya que también había sido atacado con un arma blanca en la cabeza. En principio, los detectives determinaron que tanto Báez como el herido internado compartían una ronda de tragos y juegos en una casa del barrio. En los alrededores, los peritos hallaron un machete que podría haber sido utilizado en el hecho. La Nación menciona a Luis Petri/

 

 

EL SENADO EMPIEZA A DEBATIR UN NUEVO RÉGIMEN DE EXCARCELACIONES

Esta semana la Cámara alta podrá a discusión una iniciativa ya sancionada en Diputados por la cual se endurece el sistema, prohibiendo el régimen de semi-detención o de salidas transitorias en imputados por delitos de homicidio, de índole sexual y robo con armas, entre otros.
Esta semana la Cámara alta podrá a discusión una iniciativa ya sancionada en Diputados por la cual se endurece el sistema, prohibiendo el régimen de semi-detención o de salidas transitorias en imputados por delitos de homicidio, de índole sexual y robo con armas, entre otros.
El Senado de la Nación comenzará esta semana a debatir un nuevo régimen de excarcelaciones, cuando ponga a discusión una iniciativa ya sancionada en Diputados por la cual se endurece el sistema, prohibiendo el régimen de semi-detención o de salidas transitorias en imputados por delitos de homicidio, de índole sexual y robo con armas, entre otros.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunirá el martes próximo desde las 15 para debatir el proyecto que en la Cámara baja impulsó el radical Luis Petri; y que allí sólo fue apoyado por el oficialismo y por un sector del Frente Renovador, ya que el kirchnerismo lo cuestionó duramente y lo votó en contra.
En el Senado, en cambio, la iniciativa cuenta con el acuerdo de todos los sectores, de tal manera que el miércoles 19 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrá una reunión con las autoridades de la Cámara y con referentes del Interbloque Cambiemos y del Frente para la Victoria para tratar de acelerar la sanción del proyecto de ley.
El apuro por debatir un asunto que permanece en el Senado desde fines de noviembre del año pasado tiene sus raíces en el crimen de la joven Micaela García (21), presuntamente, a manos de Sebastián Wagner (30), quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir sólo dos años, de su condena de nueve, por dos violaciones.
El nuevo régimen que se pretende aplicar suplirá al que impera en la Justicia desde 1996 que, entre otros aspectos, no considera vinculantes los informes de conducta del reo para que el juez defina su excarcelación temprana.
Qué dice el proyecto
El proyecto que se pondrá a discusión prohíbe las salidas transitorias y los regímenes de semi-libertad a imputados por homicidio simple, homicidio agravado por el vínculo, por odio racial, por crear un peligro común, en concurso de dos o más personas, a miembros de fuerzas de seguridad, por violencia de género o para causar sufrimiento a un tercero.
También están incluidos en la lista todos los delitos contra la integridad sexual, tanto a mayores como a menores, y la violación seguida de muerte, además del robo con armas cometido en poblado y en banda.
Tampoco podrán gozar de un régimen de excarcelación anticipada quienes hayan sido condenados por tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo, sometimiento a situación de esclavitud, terrorismo, delitos contra el orden financiero, el narcotráfico y delitos aduaneros.
Están excluidos del régimen de salidas transitorias quienes posean una causa abierta y los reincidentes.
El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada.
Las decisiones para la progresividad del régimen penitenciario serán tomadas por el responsable técnico-criminológico del establecimiento, el director del lugar y el director del régimen correccional.
El juez de ejecución penal deberá tomar en cuenta cada uno de los informes, que serán vinculantes con la decisión de iniciar al reo en el régimen de salidas anticipadas.
La víctima, además, debe ser informada y expresar su opinión cuando se decidan las salidas transitorias del imputado, mientras que el juez que haga caso omiso de ello incurrirá en “falta grave”.
Los delincuentes, al ingresar al establecimiento correccional, deberán ser evaluados psicológicamente para individualizar el tratamiento que deben seguir en la cárcel.
Además, para poder ingresar en un régimen de “pre-socialización”, el interno deberán poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios.
El Servicio Penitenciario corroborará el domicilio del imputado en el caso de que sea beneficiado con la posibilidad de dormir fuera del establecimiento.
Los imputados por delitos vinculados con explotación sexual deberán llevar una pulsera electrónica y en los casos en que sean beneficiados con visitas a familiares fuera del establecimiento, deberán ser acompañados por agentes del Servicio Penitenciario.
En tanto, los condenados por delitos que ahora están excluidos del régimen de semi libertad tendrán que ser ingresados a un Régimen Preparatorio de Liberación un tiempo prudencial previo a cumplir su condena.
Finalmente, el proyecto de ley prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios y se asegura de que no puedan ser utilizados celulares que puedan ser ingresados de contrabando, ordenando el bloqueo de las señales telefónicas. Télam menciona a Luis Petri/

 

 

CONGRESO. LA MINISTRA DE SEGURIDAD BUSCA IMPULSAR PROYECTOS DE LEY
QUIEREN ENDURECER PENAS 

El asesinato de Micaela García conmocionó a todo el país y simultáneamente reactivó el debate en el Congreso sobre la sanción de una ley que impida las excarcelaciones para los autores de delitos graves.
El proyecto de ley aprobado en Diputados el 23 de noviembre del año pasado había quedado pendiente de tratamiento en el Senado, pese a que el tema fue incluido por el Poder Ejecutivo en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Por lo pronto, el miércoles próximo habrá una reunión de senadores nacionales con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para debatir sobre la sanción de la norma.
La funcionaria nacional se reunirá en el Salón Gris con jefes de los distintos bloques parlamentarios y después con senadores de la Comisión de justicia y Asuntos Penales, para avanzar con el rápido tratamiento de la iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados con amplio respaldo legislativo.
El proyecto de modificación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad introduce cambios en la normativa con el propósito de prohibir la salida anticipada de la cárcel a los autores de delitos graves como “homicidio simple”, hechos “contra la integridad sexual” y la “privación de la libertad seguida de muerte”, entre otros.
El senador peronista Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia,” adelantó que en el plenario convocado originalmente para tratar el proyecto de ley sobre protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos, se incluirá el debate para limitar las excarcelaciones.
Sobre la Ley de Ejecución de Penas señaló que la norma fue modificada en 2011. “Se estableció un régimen complementario de reinserción, que preveía que los condenados por estos delitos debían ser tratados por un equipo interdisciplinario estando presos y que un equipo especializado debía hacer un estudio previo para determinar la factibilidad de su libertad, sea condicional, domiciliaria u otra”, explicó.
Guastavino reconoció que las disposiciones de la ley “se cumplieron a medias” y que por distintas razones, “presupuestarias o lo que fuera, la Justicia no puede o no quiere avanzar en estos controles”.
Las distintas visiones sobre la política penal que debe tener el país se plasmaron durante el fin de semana con el duelo discursivo que protagonizaron el ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, y el diputado bonaerense del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, quien insistió en la necesidad de endurecer las condenas.
Delincuentes sexuales Por su parte, el diputado nacional Diego Mestre, del radicalismo y del interbloque oficialista Cambiemos, pidió al Congreso que trate cuanto antes un proyecto de su autoría, que crea el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Renadese).
Explicó que “pretende dotar a la sociedad de información relacionada con los autores de delitos contra la integridad sexual”.
Agregó que “el objetivo final es prevenir los delitos sexuales teniendo en cuenta la naturaleza psicológica de los delincuentes sexuales y la altísima tasa de reincidencia en dichos crímenes”.
Recordó que su proyecto fue presentado en 2015, pero que todavía espera ser tratado por la Cámara Raja y sostuvo que “estar informados ayudará a prevenir hechos como el de Micaela”.
Cruces y reforma En paralelo a la demostración que busca hacer el oficialismo tras el crimen de Micaela, se sigue trabajando en la reforma del Código Penal, cuya comisión debate varias iniciativas. Crónica menciona a Diego Mestre/

 

CARRIÓ ASEGURÓ QUE VIDAL NO LA QUIERE EN PROVINCIA Y QUEDÓ MÁS CERCA DE IR EN CAPITAL 

La estrategia del oficialismo.
Anunció que se baja de la carrera bonaerense por la postura  de la gobernadora. Y ahora condiciona su candidatura en la Ciudad a que Macri no la deje sola en su pelea con Lorenzetti.
Pablo Ibáñez
Elisa Carrió en el programa de Mirtha Legrand, el domingo, por El Trece
En pleno domingo de resurrección, Elisa Carrió sacrificó una candidatura. Ayer, durante un almuerzo de Pascua por TV, la socia más explosiva de Cambiemos notificó que no competirá en provincia de Buenos Aires.
La diputada oficializó lo que sabían sus íntimos y que ayer anticipó Clarín: no mudará su domicilio a la provincia -vive en una chacra en Exaltación de la Cruz- y se encamina, pero con un menú de condiciones en la mano, a ser candidata a diputada nacional por Capital.
El paso al costado no fue manso. En su poema de despedida, Carrió desparramó ácido: dijo que María Eugenia Vidal no la quería de senadora, que Jaime Durán Barba la vetaba y que el PRO en la provincia quiere “solo PRO”. No escondió que el motivo principal de su decisión fue que la gobernadora prefería otro nombre. “María Eugenia no desea que yo sea senadora”, dijo Carrió en el programa de Mirtha Legrand por El Trece.
Agregó un condimento épico de la más típica factura Carrió. Explicó que por su salud, una campaña bonaerense sería “un sacrificio enorme”, pero que ella lo hubiese afrontado si Vidal se lo pedía.
¿La gobernadora le pidió que se baje? Carrió dice que no fue “tan directa”. En La Plata, donde se impuso un “no comments” sobre el caso Carrió, se atajan con que la determinación fue exclusiva de la jefa de la Coalición Cívica. “Yo lo siento, lo percibo y lo comparto, y tengo que respetar la decisión de ella que es una gran gobernadora”, afirmó Carrió y aseguró que “Vidal es una líder política excepcional”.
Las esquirlas de su deserción alcanzaron a Durán Barba, estratego comunicacional del macrismo. “El PRO decidió que en la provincia de Buenos Aires sea sólo del PRO”, apuntó la diputada y se puso en la trinchera de sectores de la UCR como Ricardo Alfonsín que ayer sostuvo que el radicalismo se entera “por los diarios” de lo que hará el gobierno.
En los laboratorios electorales del PRO, la hipótesis de Carrió candidata no era bien vista. Una razón electoral: su intención de voto estaba lejos de la cifra que posibilitaría una victoria, los 35%, y con niveles altos de rechazo. Y un factor bien político: un candidato puro, bien PRO, que exprese el concepto de “el candidato es el cambio”.
En simultáneas, Carrió cerró el round bonaerense y abrió el porteño. “Puedo ser candidata, pero si cuestionan a los que son candidatos porque cometiendo delitos quieren la candidatura por fueros, me voy a defender sin fueros”, apuntó, para entrar en el otro expediente que la tiene activa: Ricardo Lorenzetti. Acusó al titular de la Corte de promover las denuncias que le hicieron por presunto enriquecimiento ilícito.
Sobre ese punto, la diputada cubrió con un velo de dudas su potencial postulación por la Ciudad de Buenos Aires. “Si avanza un proceso contra mí, puede ser que renuncie a mi banca para defenderme públicamente me voy a defender sin fueros”, advirtió.
Un día Macri me va a pedir de rodillas que lo saque a Lorenzetti, pronosticó, y volvió a marcar matices con el Presidente, que dijo no compartir la posición de la diputada respecto al titular de la Corte. “Lorenzetti es el De Vido de la Justicia” apuntó, y le atribuyó el manejo de fondos para obras “que no se hicieron”. Habló sobre tu relación con Macri. “Yo no tengo una diferencia con el señor Presidente. Cuando el Presidente me necesita, yo salgo a apoyarlo. Le reclamo al resto de la política que no me deje tan sola”, castigó.
Apuntó, en paralelo, a que hubo un “intento golpista” en marzo, sobre el que ella le advirtió a Macri, y que vinculó con sectores “que manejan Cristina y Máximo”, aunque consideró que la ex presidenta “ya no tiene tiempo para voltear a Macri”.
Dijo que la “carpa docente” tiene “derecho a estar” frente al Congreso y pidió que no hagan piquetes contra Macri. Como apuntó a Barrios de Pie, desde esa organización le pidieron “reflexionar” porque “la situación social actual debe resolverse con diálogo y no con falsas acusaciones”. Clarín menciona a Ricardo Alfonsin/

 

RICARDO ALFONSIN: EL RADICALISMO SE ENTERA POR LOS DIARIOS DE LO QUE HACE EL GOBIERNO 


POLITICA ALIANZA CAMBIEMOS
El diputado nacional habló del lugar de la UCR en Cambiemos. Además, qué opinó de Lousteau.
El hijo del expresidente y diputado nacional por la Unión Cívica RadicalRicardo Alfonsín, se refirió este domingo al lugar que le otorgan al radicalismo en el gobierno nacional.
En diálogo con Radio con Vos, Alfonsín comentó que el radicalismo se entera por los diarios lo que hace el gobierno y consideró a la UCR como un convidado de piedra dentro de Cambiemos.
Por otra parte, afirmó que si el Gobierno interpreta que el 1 de abril fue una muestra de que todo está bien se equivoca y agregó, en cuanto a la represión a los docentes que quisieron instalar la carpa blanca, que el accionar de las fuerzas de seguridad muestra falta de criterio.
En cuanto a una posible candidatura del exembajador argentino en Estados Unidos, el diputado consideró que Lousteau le sirve a este proyecto y no lo dejan competir.
Por último, al recordar el levantamiento carapintada que sufrió su padre, Raúl Alfonsín, lamentó que el gobierno nacional avalara que miembros de ese grupo hayan desfilado durante el 9 de julio el año pasado. ¿Qué sentido tiene hacer desfilar a los carapintadas?, se preguntó.  Perfil menciona a Ricardo Alfonsin/

 

 

EL OFICIALISMO, CON TRABAS PARA REMOVER A ALEJANDRA GILS CARBÓ CON UN JUICIO POLÍTICO 


La situación en el Congreso
Las comisión de Juicio Político no tiene en agenda el tratamiento de la Procuradora.
Martín Bravo
La Procurador Gils Carbó, con problemas en la Justicia.
El avance de la causa judicial puede empujar, aunque el escenario político por el momento mantiene el freno. Ese panorama vislumbra el macrismo en su objetivo de remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó a partir de la investigación por el posible pago de coimas en la compra del nuevo edificio para el organismo.
Ni la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público ni la comisión de Juicio Político de Diputados tienen en su agenda el próximo tratamiento de la situación de Gils Carbó. “La comisión que debe actuar es la de Juicio Político, que preside el PRO”, aseguró la massista Graciela Camaño, titular de la bicameral, en referencia al cuerpo presidido por el macrista Alvaro González. “En la medida que avance la causa, hay nuevos elementos para un posible juicio político. El martes vamos a tener una reunión del interbloque para analizar el tema”, dijo González a Clarín.
El Gobierno se propone ir por la Procuradora aunque sin dar pasos en falso, y en este momento no cuenta con el marco político para el desplazamiento. “Hay que juntar primero 16 de los 31 de la comisión y después 172 de la Cámara para llegar hasta el Senado. Es un largo camino, en un año electoral”, se sinceró una de las espadas del PRO en la Cámara. De los 31 integrantes de Juicio Político, sólo 12 pertenecen a Cambiemos. En la reunión de interbloque evaluarán el escenario, con una dificultad extra a la matemática de los votos por Gils Carbó: con la convocatoria a la comisión, los espacios opositores podrían aprovechar para mover el tratamiento de otros pedidos.
“Si vamos a discutir ese expediente, también analicemos todos los que están ahí. (Ricardo) Lorenzetti, el propio Macri…”, adelantaron desde el Frente Renovador la postura que tomarían. El oficialismo avisó que el juicio político a Gils Carbó tiene prioridad en la agenda, aunque al abrir la discusión los bloques opositores pueden imponer otros tratamientos si acuerdan una posición en común. El massismo y el peronismo, menos aun el kirchnerismo, no cederán fácil a las pretensiones del Gobierno.
“La única manera es modificando la ley, porque el juicio político a la Procuradora no está contemplado en la Constitución. Cuando logramos consensos para hacerlo, apareció Carrió que es parte del oficialismo y frenó todo. ¿Por qué ahora tenemos que resolver nosotros un problema que generaron ellos?”, mantuvieron los reproches a la diputada de la Coalición Cívica por detonar ese acuerdo entre el macrismo, el massismo y un sector del peronismo. Aquel proyecto trunco disponía que la bicameral de seguimiento y control acusaba al titular de la Procuración y directamente el Senado lo removía con mayoría simple si así lo consideraba. El mecanismo será más complicado para el oficialismo con el escenario actual. Clarín/

 

 

 

SENADOR MARINO: “SI ESCUCHARAN MÁS A LA UCR, SE EQUIVOCARÍAN MENOS” 

Desde el Congreso.
Entrevista al vicepresidente primero de la Cámara alta.
Carlos Galván
Senador radical Juan Carlos Marino. Foto: Néstor Sieira
Después de dos mandatos como intendente de Miguel Riglos, un pequeño pueblo de La Pampa, en 2003 el radical Juan Carlos Marino fue electo senador. Catorce años después, va por su tercer mandato consecutivo en la Cámara alta, donde ocupa la Vicepresidencia Primera. Actualmente preside una comisión estratégica: la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.
-A veces parece sentirse incómodo en el papel de oficialista. ¿Es así?
-Yo lo que no soy es alcahuete. No soy hipócrita y digo lo que pienso. Pertenezco a la UCR y en la convención de Gualeguaychú fui uno de los que más trabajo para el acuerdo con Macri. Me siento oficialista y este Gobierno tiene la enorme responsabilidad de cambiar montones de cosas que venían mal hechas, aunque también se ha equivocado.
-¿A qué errores se refiere?
-Deberían haber mirado más a la UCR. Se hubieran equivocado menos de haberle dado más participación al radicalismo en la toma de las decisiones. No estoy buscando un puesto. De hecho, soy senador porque le gané en La Pampa al Colo Mac Allister, nadie me regaló nada. En la Pampa no hay una sola delegación nacional que tenga gente de la UCR y nunca puse el grito en el cielo. Sí pongo el grito en el cielo porque el año pasado vino el Presidente a mi provincia y no me invitaron. Tampoco me invitaron cuando vinieron los ministros Frigerio y Bergman. Me considero oficialista, pero a veces me molesta el trato que recibe la UCR. No estamos buscando lugares sino participar en la toma de decisiones.
-¿Quedó conforme con las explicaciones que dio el titular de la AFI, Gustavo Arribas, por la transferencia de fondos?
-Lo que nos dijo en la bicameral fue razonable, pero lo que vale son las explicaciones que dio en la Justicia. La comisión que presido no puede juzgar a nadie.
-¿Qué opina de las filtraciones de las escuchas a Oscar Parrilli?
-Las escuchas son una responsabilidad de la Justicia. Si se filtran, algo esta fallando, no está bien. No puede haber filtraciones ni de uno ni de los otros. Es algo grave.
-¿Cómo es ser oficialista siendo minoría en el Senado?
-Es complejo, pero Raúl Alfonsín gobernó en una etapa durísima con una minoría en el Senado. Quizá lo malo de los últimos gobiernos fue que tuvieran una mayoría propia. Ahora hay una negociación permanente, y eso es muy bueno.
-¿Qué diagnóstico hace de su provincia?
-Está estancada, viene de un amesetamiento de muchos años. No soy hombre de criticar, pero el peronismo tiene una deuda muy grande con La Pampa, provincia a que gobiernan desde 1983. El problema es que a todo lo que producimos se le pone muy poco valor agregado y que los chicos terminan emigrando por falta de trabajo y oportunidades. Clarín/

 

 

 

DIPUTADOS: LA OPOSICIÓN PROCURA TRATAR CONFLICTO DOCENTE

Si bien aún no fueron solicitadas formalmente, las bancadas opositoras tienen previsto pedir a la Presidencia de la Cámara sendas sesiones especiales para el próximo miércoles.
Buscan tratar el conflicto docente. Foto: NA/Hugo Villalobos.
Con distintas convocatorias a sesiones especiales, los bloques del Frente para la Victoria y el Frente Renovador intentarán llevar esta semana el debate sobre el conflicto docente al recinto de la Cámara baja, mientras el oficialismo busca tratar otros proyectos.
Si bien aún no fueron solicitadas formalmente, las bancadas opositoras tienen previsto pedir a la Presidencia de la Cámara sendas sesiones especiales para el próximo miércoles, luego del violento desalojo de la carpa docente la semana pasada frente al Congreso.
Según supo NA, el Frente para la Victoria tenía pensado pedirla para el miércoles, aunque no descartaba hacerlo finalmente el jueves, ya que Cambiemos también llamaría a una sesión para el 19, con un temario sin disidencias.
“Queremos hacer una sesión especial para que bajen los diputados que están comprometidos con la educación pública”, afirmó días atrás el jefe de bloque del FpV, Héctor Recalde, al encabezar una conferencia de prensa tras los incidentes en la Plaza del Congreso.
El Fpv cuenta con el acompañamiento del Frente de Izquierda, en tanto que el Frente Renovador de Sergio Massa hará su convocatoria por separado, con el objetivo de armar una “mesa de diálogo institucional” entre el Gobierno y los sindicatos docentes. NA/

 

 

MACRI Y LARRETA INTENTARÁN CONVENCERLA PARA QUE LE PONGA UN FRENO A LOUSTEAU

 

Una confirmación a medias, con condiciones. En su reaparición pública, Elisa Carrió descartó competir en la provincia de Buenos Aires y de ese modo dejó allanado el escenario que más empujó el macrismo, aunque supeditó su candidatura en la Ciudad a un mayor apoyo a sus denuncias, en especial a su batalla contra Ricardo Lorenzetti. Su rol electoral terminará de quedar definido en una charla a solas con Mauricio Macri.

“Estuvo muy tranquila, pero también la noté bastante enojada”, dijo a Clarín uno de sus dirigentes de mayor confianza luego del almuerzo con Mirtha Legrand. Las dosis de enojo incluyeron al macrismo. Por caso, la explicación del motivo por el que no cambiará su domicilio para competir en el principal distrito del país llegó con un pase de factura a María Eugenia Vidal y al consultor Jaime Durán Barba: “El PRO decidió que la provincia sea sólo de ellos”. Carrió hizo explícito su apoyo a la gobernadora y se guardó el “miedo” atribuido al macrismo ante una candidatura suya en la provincia. No sólo Vidal y Durán Barba pretendían ese escenario. Horacio Rodríguez Larreta venía trabajando para que permaneciera en la Ciudad, un objetivo que se potenció con la salida de Martín Lousteau de la embajada en Estados Unidos. Carrió aparece con una clara ventaja en las encuestas sobre el ex ministro de Economía. El margen se achica hasta un virtual empate técnico entre Lousteau y el vicejefe porteño, Diego Santilli, la principal alternativa.

Carrió cedió a las pretensiones del PRO de correrse de la provincia, pero aprovechó para fijar condiciones para competir en la Capital. Se quejó de la “soledad” para denunciar y de la reapertura de la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, según su mirada vinculada a su guerra contra Lorenzetti. “El Gobierno lo que tiene que decir es que lo resuelva el Congreso”, indicaron cerca de Carrió sobre el pedido de juicio político contra el titular de la Corte. Eso dijo Macri, aunque luego de tomar distancia. “Que diga que no lo comparte es una definición. Tampoco compartía cuando decíamos que De Vido era el cajero de Cristina”, apuntaron. Carrió trazó la comparación ayer: “Lorenzetti es el De Vido de la Justicia”. Más allá de los tironeos, en el PRO lo tomaron como un paso positivo. “La vemos muy bien pero todavía no confirmada como candidata. Falta una conversación con Horacio y con Mauricio”, dijo a este diario uno de los encargados del armado electoral en la Ciudad. Con Carrió y sin Lousteau, escenificó como escenario ideal: “Competirá por afuera, es una decisión que tomó él”, mantuvo el rechazo de abrirle la puerta al ex embajador. El único acuerdo posible, de acuerdo con esa mirada, sería posible si Lousteau no compitiera. “¿Por qué no armamos una interna en la provincia también?”, ironizó un macrista porteño sobre la UCR. Santilli no quedaría descartado aun con Carrió, aunque él preferiría seguir como vicejefe. Nada dijeron sobre la respuesta al pedido de Carrió en su guerra contra Lorenzetti. “No la vamos a dejar sola, la vamos a acompañar en su candidatura”, salieron hacia otro lado. La seducción incluiría lugar en las listas para laderos de Lilita, como Fernando Sánchez o Mariana Zuvic. Clarín/

 

 

CASANELLO PLANEA CITAR A INDAGATORIA A LOS HIJOS DE BÁEZ

El juez federal Sebastián Casanello prepara una nueva ronda de declaraciones indagatorias en la causa conocida como “ruta del dinero K” que puede derivar en nuevos procesamientos e incluir al ya detenido Lázaro Báez, sus hijos y otra veintena de sospechosos, según reveló anoche el programa La Cornisa, de América TV.

La nueva ronda de indagatorias que se planea en el juzgado de Casanello estaría directamente relacionada con una de las últimas intervenciones que tuvo en la causa su tribunal superior, la sala II de la Cámara Federal, que a través de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah le recomendó no elevar la causa a juicio sino ampliarla a otros hechos y con otro enfoque, como pedía la Unidad de Información Financiera.

Otra novedad es que la justicia suiza confirmó oficialmente al juzgado de Casanello hace dos semanas la existencia de por lo menos una cuenta de Lázaro Báez en su país con 25 millones de dólares de la cual también participan como beneficiarios sus cuatro hijos. El exhorto suizo llegó hace unos diez días y está guardado en una caja fuerte del juzgado de instrucción de Comodoro Py.

La Cámara le recordó hace un mes al juez que ya en dos resoluciones del año pasado le había indicado “la necesidad de profundizar” la causa “en torno a las constancias existentes que daban cuenta que toda la fortuna manejada por Lázaro Báez había sido lograda en función de que sus relaciones personales derivaron en la irregular concesión de obra pública a su favor –en empresas creadas o compradas a tal fin- en razón de sus lazos con quienes ejercían el poder de turno”, es decir con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Es decir, el tribunal superior a Casanello retomó la hipótesis de enlazar esta causa con las otras que afrontan los Báez y los Kirchner, como por ejemplo la del direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el caso Hotesur, ambos a cargo del juez Julián Ercolini, y con procesamientos ya dictados en la primera de ellas, y la causa conocida como “Los Sauces”, en la que el juez Claudio Bonadio procesó recientemente como jefes de una asociación ilícita a Cristina Fernández y sus dos hijos.

“Nada se avanzó en este expediente en torno a la vinculación de los fondos a disposición del grupo (Báez) con la irregular concesión de la obra pública a las empresas formadas por los -hasta aquí- principales imputados, en base a sus relaciones personales y comerciales con quienes ejercían los más altos cargos ejecutivos en el poder de turno”, le dijeron a Casanello en marzo Irurzun y Farah.

Estos jueces le recordaron al juez instructor que, además, falta “avanzar en la definición de la situación procesal de otros imputados (quienes aún se encuentran con falta de mérito para procesar o para sobreseer) respecto de los hechos” por los que inicialmente fueran procesados, esto es “la compra de algunos inmuebles y automóviles valiosos” y los gastos del “suntuoso” casamiento del valijero Leonardo Fariña con la modelo Karina Jelinek. Por esos hechos sólo están procesados Fariña, el financista Federico Elaskar y el empresario Carlos Molinari.

También le remarcaron que antes de elevar el caso a juicio falta una “definición sobre los hechos primigeniamente denunciados como acaecidos en la segunda mitad del año 2010 (de los que dieron cuenta Elaskar y Fariña en un programa periodístico, relativos a importantes sumas de dinero en moneda extranjera atribuidas a Lázaro Báez y su grupo empresario llevadas a SGI en bolsos para ser luego sacadas fuera del país) y que fuera el puntapié inicial de la denuncia de los hechos investigados”.

“”Tampoco se definió el mérito, en la misma lógica de eventos concretos, en torno a la hipótesis que afirma la existencia de un importante patrimonio ilícito, parte del cual habría salido del país por canales irregulares y -al menos parcialmente- reingresado después por distintas vías”, destacaron los camaristas en su última intervención. Clarín/

 

OTRA VENTA SOSPECHOSA DE UN INMUEBLE INVOLUCRA AL EX ESPOSO DE GILS CARBÓ

La Procuración General de la Nación y la familia de la titular de ese organismo, la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó, se entrecruzan por negocios inmobiliarios en común. Y también por contrataciones de parientes directos de la jefa de los fiscales en entes públicos en los que ella tenía influencia.

La Justicia investiga a Gils Carbó por la adquisición de un edificio, desde el 2013 nueva sede de la Procuración, cuya compra tuvo un costo para el Estado por 43.850.000 pesos.

Guillermo Bellingi era y es Subprocurador. Su hermano, Juan Carlos Thill, un corredor de seguros sin vínculos con el mercado inmobiliario, cobró 3 milllones de pesos para “gestionar trámites relacionados” con esa operación, según surge de un contrato firmado entre el vendedor de la “nueva” sede del lugar de trabajo Gils Carbó, y Thill. Ese documento fue publicado por el portal Infobae.

El juez Julián Ercolini, y el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción de la causa en la que Gils Carbó está imputada, consideran que la Procuradora puede haber cometido, entre otros posibles delitos, el de negociaciones incompatibles con la función pública.

Hay al menos un antecedente que relaciona a la familia Gils Carbó con la compra de otro inmueble que pagó el ente que hoy ella dirige.

En 2009, la hoy Procuradora era fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Ese año su ex marido, Héctor Alonso, y su hija Damiana, le vendieron al Ministerio Público Fiscal de forma indirecta un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires por 340 mil dólares.

La compra de esta propiedad, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1176/78, fue pagada por la Defensoría General de la Nación, bajo mando de Stella Maris Martínez.

Ese organismo depende del Ministerio Público Fiscal.

Esa operación inmobiliaria fue realizada por Alonso y la hija que tuvo con Gils Carbó a través de una de sus empresas, llamada Tecnomadera SAIC.

La Justicia investiga además, en estas semanas, si Alonso, el marido de Gils Carbó, también estuvo involucrado en la trama de la compra-venta de la “nueva” sede de la Procuración en la calle Perón, una mudanza del Ministerio Público Fiscal, urgente en el 2013, pero acaso innecesaria, debido a que la jefatura de los fiscales ya tenía una residencia en la que funcionó sin problemas hasta entonces.

Es un edificio de puro estilo franco-británico que se levanta sobre la calle Guido, en Barrio Norte Los lazos financieros entre la familia de la Procuradora de la Nación presentan además otras variables.

En mayo del 2016, la Defensoría de la Ciudad, al mando de Horacio Corti, contrató a la hija menor de la Procuradora General y del “broker” Alonso, llamada Alexia, como auxiliar en un juzgado.

En la resolución que podría ser considerada parte de una norma que instrumenta el favoritismo materno-filial, el Defensor de la Ciudad, Corti, no titubea en asegurar que los motivos para designar a Alexia Alonso solo provienen de su “capacidad y la idoneidad para cubrir el cargo” que se le asignó.

Las partidas que en este septenio le han pagado puntualmente sus sueldos, aguinaldos y asignaciones familiares salen del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Corti dijo públicamente que la Procuración y su Defensoría tienen en común “elementos” que considera “muy profundos” para poder “implementar políticas en conjunto para ayudar y defender los derechos de la sociedad”.

Damiana, la hermana de Alexia, socia de su padre en al empresa Tecnomadera, también dio pruebas de sus capacidad e idoneidad profesionales, pero esta vez para desempañarse en varios cargos al mismo tiempo.

Empresaria del “real state”, también fue empleada de la Unidad de Información Financiera (UIF), durante la gestión K del hoy procesado por posibles deficiencias en su ideoneidad, José Sbatella. En paralelo, Damiana, también trabajó para la agencia oficial de noticias Télam.

Y creó, junto a la idónea Alexia, una ONG en cuya página web se destacaba los trabajos de la madre de ambas, Gils Carbó.

Según denuncias de la opositores al Gobierno de los Kirchner, ese sitio también filtró información que debería haber sido reservada porque develaría el avance de causas judiciales contrarias a los intereses de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La ONG fundada por las Alonso-Gils Carbó tenía un nombre que enlaza por azar los rubros y cualidades que deberían destacarse en las carreras profesionales de su padre y su madre: “Mercado y Transparencia”. Clarín/

 

 

 

MARCOS PEÑA SALIÓ AL CRUCE DE “LA GRAN MENTIRA” SOBRE LA SALIDA DE ALEJANDRO CACETTA DEL INCAA

 

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que “es una gran mentira” que exista un “plan secreto para destruir al cine nacional”, tras la salida del ex director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCCA), Alejandro Cacetta, por denuncias de corrupción. “Han intentado durante años que los prejuicios que tenían sobre nosotros se verifiquen en la realidad. Como no pudieron, ahora convocan a resistir supuestos planes ocultos que no existen“, sostuvo Peña, en un mensaje difundido en su cuenta de Facebook.

En tanto, definió a Cacetta como “una buena persona“, pero que “el equipo definió que era necesario un cambio para darle mayor dinámica a la gestión y para tener un mayor compromiso con las reformas necesarias para que haya más transparencia en el INCAA“. “Es una gran mentira sin ningún fundamento que queramos desfinanciar al cine, al teatro y a la música. No hay ningún plan ni intención de eliminar ni modificar el Fondo del Cine, del teatro o de la música“, resaltó el jefe de Gabinete.

Además, en el mensaje titulado “Sí al fomento al cine nacional. Sí a la transparencia“, Peña aseguró que desde el Gobierno “confían” en el nuevo director del INCAA, Ralph Haiek.

“Tenemos un compromiso de transparentar aquellos lugares donde se usaron fondos públicos para intereses particulares. Sigamos trabajando juntos por el cine nacional que todos amamos. Sin fantasmas. Sin operaciones. Intentando dejar los prejuicios de lado”, concluyó.

El apartamiento de Cacetta de su cargo, por decisión del ministro de Cultura, Pablo Avelluto, generó una fuerte polémica entre funcionarios del gobierno y representantes de la industria del cine, que defendieron la gestión y la honestidad del funcionario saliente. Clarín/

 

 

PRIMEROS NÚMEROS: UNA ENCUESTA YA MIDIÓ A ELISA CARRIÓ Y MARTÍN LOUSTEAU EN LA CIUDAD

La encuesta sobre el escenario electoral porteño se terminó de cerrar la semana pasada y Clarín accedió a sus resultados el viernes. Entonces, ya tenía mucha fuerza la versión de que Elisa Carrió terminaría eligiendo postularse una vez más en la Ciudad. Hoy casi que lo confirmó en el programa de Mirtha Legrand. “María Eugenia (por Vidal) no desea que yo sea senadora (en la Provincia). Me quedo en CABA”, dijo y tuitearon inmediatamente sus colaboradores. Así, los resultados de este sondeo de la empresa Analogías toman otra dimensión. Y la pregunta cae por decantación política: ¿cómo le iría a Carrió contra Martín Lousteau? ¿Le ganaría una interna? ¿Y si Lousteau va por afuera?

Aun cuando el escenario está muy abierto y sugiere tomar con pinzas cualquier medición, la encuesta revela una foto interesante del momento actual. Y ubica muy bien a Carrió en este prelanzamiento. Como contó este diario, la misma firma había medido a Lousteau en diciembre, a pedido de su mesa chica, para ver cómo estaba posicionado ante una eventual postulación. Entonces, parecía mejor parado que ahora.

El relevamiento, de 3.000 casos, se hizo entre el domingo y el miércoles pasados y arranca con un clásico: cómo ven los porteños a Mauricio Macri. Un 56,9% tiene una valoración positiva (“muy buena”, “buena” y “regular positiva”) contra un 40,9% de negativa (“muy mala”, “mala” y “regular negativa”).

Como contó hoy Clarín a partir de un sondeo de Management & Fit, esta encuesta también confirma un repunte en la imagen presidencial luego de la marcha del 1A.

Luego se hace una primera ponderación de Lousteau. Y si bien su imagen sigue siendo muy buena (55,3% de positiva contra 36,6% de negativa), muestra una caída respecto a dos mediciones anteriores, en marzo y diciembre. Otro ítem interesante respecto a su posicionamiento es cómo los porteños (al menos los encuestados por Analogías) empiezan a ver a Lousteau más como opositor que como oficialista, a partir de su renuncia a la embajada de Estados Unidos. Y entonces sí aparecen los escenarios electorales. De entrada, el que hoy parece más probable: con Carrió y Lousteau en espacios diferentes, pese a que en 2015, la Coalición Cívica de la chaqueña integró el frente ECO del ex ministro de Economía. Y allí, según Analogías, la diputada arranca con una amplia ventaja: puntea con 33,8%, seguida por Lousteau y Juan Cabandié, como eventual postulante K. En el escenario siguiente, sale Carrió y entra el vicejefe porteño Diego Santilli como candidato de Cambiemos. Era la variante que más sonaba hasta hoy: lo llamativo es que ahora, aun cuando la diputada de la Coalición encabece la lista porteña, algunos en el Gobierno nacional (¿Marcos Peña a la cabeza?) verían con buenos ojos que Santilli vaya de 2. Tensión abierta. Sin Carrió, en la encuesta Santilli mantiene al oficialismo en la cabeza, pero con Lousteau pisándole los talones, dentro del margen de error. El famoso “empate técnico”: 21,8% a 19,4%, en este caso con Daniel Filmus como postulante K y también cerca de ese pelotón puntero (18,8%). Al final, la encuestadora, aunque hoy no parece probable, midió una interna en Cambiemos entre Carrió, Santilli y Lousteau. Quedarían en ese orden, con la diputada arrasando (57,3%). Clarín/

 

 

 

 

LOGRARON SER TRASPLANTADOS Y AHORA LUCHAN PARA QUE SE CUMPLA LA LEY QUE LOS PROTEGE 

Salud
Las entidades de pacientes afirman que muchos tienen dificultades para acceder a la medicación que necesitan por faltantes, trabas burocráticas y desconocimiento.
David Flier
Jorge Santamaría, Nicolás Bendhart, Claudia Mosler, María Eugenia Vivado Durán y Silvia Lemos. Foto: Andres DElia.
Vivir -o hacerlo con la mejor calidad- es una buena motivación para sortear la burocracia en la que a veces se convierte la salud. Lo sabe bien Silvia Lemos a quien los remedios que la obra social debía darle tardaban en llegar. Sin ellos, corría riesgo de perder el riñón que había recibido 16 meses antes en un trasplante. O, lo que es lo mismo, volver a las penurias de la diálisis.
La desesperación por no poder tener a tiempo los medicamentos (algunos con costo de decenas de miles de pesos) no es algo inusual entre personas trasplantadas. Tampoco lo es tener que gastar grandes sumas para controles periódicos, tener obstáculos para acceder al mercado laboral o dificultades para adquirir una vivienda digna. Todo pese a que, desde noviembre de 2015, fue reglamentada la ley que protege estos derechos.
Los reclamos por falta de medicamentos -el tema principal al que apunta la ley 26.928- aparecen en distintos puntos del país. A pesar de que no existe una entidad que lleve un registro exhaustivo, una fuente del Consejo Asesor de Pacientes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), estimó que alrededor del 40% de los cerca de 35.000 trasplantados del país ha tenido algún problema en los últimos meses referido al acceso a la medicación. En algunos casos por problemas burocráticos, por faltantes y también por desconocimiento de los pacientes de los mecanismos para obtenerlos. Según pudo averiguar Clarín, la entidad recibió aproximadamente 20 reclamos por el 100% de la medicación en los últimos dos meses.
En su caso, por demoras en la actualización de su historia clínica, Silvia se rebuscó con los medicamentos que conseguía en la Fundación Favaloro, pero en dosis menores a las adecuadas y estuvo ahí de perder el riñón. María Elena Medina, otra trasplantada renal, le dio un sobrante de comprimidos de Rapamune, cuya caja de 60 unidades ronda los 15 mil pesos. Esta práctica abunda entre quienes recibieron algún trasplante y deben lidiar para conseguir los cinco, diez o quince medicamentos diarios que necesitan tomar.
Algunos de estos medicamentos son inmunosupresores: aquellos que los trasplantados deben tomar de por vida y que neutralizan el trabajo de los glóbulos blancos para evitar que el cuerpo rechace el órgano. Esto, a su vez, baja las defensas del organismo y deja al paciente a merced de posibles infecciones: Cuidar ese órgano injertado lleva a que puedan generarse complicaciones en otros órganos, explica Walter Espinosa, presidente del Consejo Asesor de Pacientes del Incucai (CAP).
La ley de protección integral para personas trasplantadas -impulsada por trasplantados que trabajaron con el CAP y sancionada en 2013- apunta a cubrir ambos tipos de medicamentos. Antes había un vacío legal, resume Claudia Mosler, de 47 años, trasplantada renal desde hace 32. Para conseguir los medicamentos había siempre que estar atrás y no había un criterio de qué era inmunosupresión y qué no lo era, agrega.
La instrumentación de la ley es compleja, ya que hay varios organismos públicos involucrados. Solo en lo relativo a los medicamentos, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, pero a su vez hay otros actores según la cobertura del paciente: obras sociales nacionales, prepagas, institutos provinciales, PAMI o Incluir Salud (ex ProFe).
Las demoras, por distintos casos, generan un mismo resultado: desesperación. En este marco, el caso más urgente es el que viven trasplantados de Jujuy y que fue denunciado por la ONG Jujuy da Vida: unas 55 personas que dependen del sistema de salud público aguardan desde febrero que el Ministerio de Salud se haga cargo de la entrega de su inmunosupresor (Tacrolimus). Hasta ahora apenas habían llegado algunas cajas sueltas que no alcanzaban para cubrir las dosis demandadas. Los medicamentos llegarían esta semana, según advirtieron desde el Incucai. Ya no les creemos, dicen desde Jujuy, cansados de esperar.
En estos casos, resulta vital la solidaridad de los trasplantados: en redes sociales son varios aquellos que tienen un stock y los ofrecen a los que pasan necesidad. Para ayudar a los trasplantados de Jujuy, pacientes de todo el país crearon un grupo de Facebook Messenger en el cual concretaron envíos de medicación. En el mismo, también se mencionaron casos de otras seis provincias con algún tipo de inconveniente.
En este marco, la falta de conocimiento que muchos pacientes tienen de sus derechos no es de ayuda. Según datos de marzo, apenas un 23,29% de los trasplantados (8.293 sobre 35.609) y 16,01% de los pacientes en lista de espera (1.795 sobre 11.205) tramitó hasta ahora la credencial necesaria para acceder a los beneficios de la ley.
Puede pasar que mañana necesitás un trasplante y no tenés idea de todos los cuidados que hay que tener después, dice Germán Montenegro, de 28 años, trasplantado hepático desde los 21. Falta educación, no solo al paciente, también a los médicos, diagnostica María Eugenia Vivado Durán, de 65 años, una médica trasplantada de riñón hace casi 16 años que dirige la Asociación Solidaria de Insuficientes Renales.
Los casos de pacientes que luchan con las obras sociales se suceden en distintos rincones del país y estos admiten el desgaste que llevan los procesos. Jorge Altamirano, trasplantado del hígado hace siete años y medio, se queja: La obra social puso un listado de medicamentos que me reconocen y otros no.
También se lamenta Ema Vicentín, cuyo hijo, Natalio Borsato, espera su segundo trasplante de riñón: Estuve más de seis meses reclamando medicación. Hasta no ver el sello de mi abogado en una nota, donde los responsabilizamos si le pasaba algo, no me dieron la medicación. Nicolás Bendhart, de 25 años, trasplantado bipulmonar en 2016, también recurrió a vías legales: solo después de un recurso de amparo consiguió la cobertura para su tratamiento ligado al trasplante.
El otro día me llamó una chica de Santiago del Estero que estaba a punto de perder su riñón por falta de medicación, confiesa Leonardo Aban, presidente de Jujuy Da Vida. Salibi de Pitch, por su parte, cuenta otro caso que demandó grandes traslados para conseguir un medicamento donado: una señora de Tucumán fue a buscar un blíster a 80 kilómetros de su casa.
Es que, mientras luchan por mejorar las falencias que hoy tiene el sistema, muchos trasplantados eligen el camino de la solidaridad. Ellos saben mejor que nadie cuán bien se puede hacer al otro dando un poco de uno mismo. Clarín/

 

 

NUEVAS INDAGATORIAS EN LA CAUSA QUE INVESTIGA LA OBRA PÚBLICA K

La causa que investiga la corrupción en la obra pública tendrá mañana un nuevo impulso cuando arranque una segunda etapa de indagatorias. Después del informe presentado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la Justicia ahora apunta a las autoridades de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN), su referentes en la delegación en Santa Cruz y los responsables del organismo provincial. Se investiga el funcionamiento de una estructura que estaba “orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz a Lázaro Báez” por más de $ 46.000 millones, según el monto actualizado a 2016.

En esta causa que investiga el direccionamiento de la obra publica K ya fueron procesados la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, José López, y el ex coordinador de la Obra Pública -y primo del ex presidente- Carlos Santiago Kirchner, entre otros.

La Justicia sostiene que hubo un esquema “de beneficios exclusivos diseñado en favor de Lázaro Báez” para “direccionar obra pública vial”. Según Pollicita, la DNV ocupó un “rol clave” ya que desde dicho organismo se debía pagar y controlar las rutas y caminos que tuvo el Grupo Austral. Es por ello que sus principales autoridades serán indagadas en esta causa.  e trata de Sandro Férgola, Julio Ortíz Andino, Carlos Alonso, Jorge Gregorutti, Sergio Passacantando, Gustavo Gentili y Fernando Abrate, a quienes se les pidió la imputación.“El aporte que cada uno de ellos prestó al plan criminal resultó trascendental”, aseguran los fiscales. En el escrito sostienen que los imputados lograron “extender en el tiempo” las maniobras ilícitas “sin que ninguno de los funcionarios le pusiera fin o efectuase alguna denuncia”. Y argumentan que para eso fue necesario “el acuerdo previo de todos ellos“.

Entre las principales autoridades se apuntó contra el jefe de Distrito, Mauricio Colladera. Debía seguir la “correcta ejecución” de las obras. “A la hora de supervisar la marcha real de las obras, conocía que los plazos de obra eran groseramente incumplidos, que los planes de trabajo se modificaban constantemente y que así se lograba prorrogar una y otra vez las fechas de finalización, como también redeterminar precios en sucesivas oportunidades“, indica el informe. Férgola, gerente de Obras y Servicios Viales, debía controlar el proceso constructivo de las obras. Se consignó que los expedientes licitatorios llegaban a dicha área “con ostensibles vicios que impedía su homologación: participaban empresas del mismo grupo en las licitaciones, incrementando el presupuesto oficial y los montos de convenio”.

También, se otorgaba obra vial “por encima de la capacidad de contratación y ejecución anual, las adjudicaciones se producían en tiempo récord en licitaciones donde había un único competidor”. Entre las irregularidades, consignaron que se designaba un mismo representante técnico y las mismas planillas de maquinaria para diversas obras en simultáneo. Pese a todo esto, se “convalidaban los pagos a favor del Grupo Báez a pesar de sus incumplimientos e irregularidades”.

Los gerentes de Administración serán indagados por permitir el uso de fondos públicos “para pagar” a Báez ofertas que no solo aumentaban “excesivamente el presupuesto, sino que superaba los montos de convenio“. Las empresas de Báez, según los fiscales, no tenían “la capacidad económica de ejecutarlas. Permitían que se introduzcan “modificaciones de obra que incrementaban sideralmente los costos”. Esto representó “un flujo millonario de fondos públicos hacia Lázaro Báez”, sostienen los fiscales. El área de Planeamiento, Investigación y Control, la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, están acusados de participar en los expedientes vinculados a Báez cargados de vicios, al igual que el administrador General por “homologar todos los procesos de licitación realizados en Santa Cruz” sin formular “objeción alguna ni señalar la ilegitimidad de ninguna de las numerosas irregularidades”. Esto permitió que el empresario K obtuviera obras “en abierta infracción a las normas vigentes”. Y calificaron a la subgerencia como “un eslabón imprescindible que en cada licitación otorgaba un dictamen favorable”.

El Sub administrador General, cargo ocupado por Férgola, era el segundo del organismo en cuanto a jerarquía, toma de decisiones e influencia. “Prestó su acuerdo previo a participar del plan criminal diseñado por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, que convirtió a Báez, amigo y socio comercial de la ex familia presidencial, en el empresario vial más beneficiado de la gestión presidencial anterior, que pudo incrementar sideralmente su patrimonio“. Entre 2005 a 2015 el mismo ascendió a $ 2.547 millones. Clarín/

 

 

LA “FÁBRICA DE RAVIOLES”, PUESTA A FUNCIONAR A PLENO DENTRO DEL PODER EJECUTIVO

El detalle del crecimiento del Estado, según la cantidad de dependencias de cada ministerio
Macri junto a su gabinete.
El aumento de ministerios y la creación casi ilimitada de estructuras administrativas en el gobierno de Mauricio Macri se pueden observar en la pagina web del Ministerio de Modernización, que dirige Andrés Ibarra , Mapa del Estado. Cada cargo es un casillero del organigrama, que en la jerga estatal es un “raviol”. La “fábrica de ravioles” funciona a pleno.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , que debe recortar el gasto, tiene tres secretarías de Estado, 12 subsecretarías de Estado y 122 direcciones, direcciones nacionales o direcciones generales.
La cartera de Modernización, que no existía hasta 2015, se propuso reducir y eficientizar el Estado: tiene cuatro secretarías, nueve subsecretarias y 92 direcciones. Desarrollo Social, de Carolina Stanley , cinco secretarías, 16 subsecretarías y 92 direcciones.
Presidencia tiene cuatro secretarías, más un Consejo Consultivo de Políticas Sociales y la AFI, 10 subsecretarías y 100 direcciones. La Jefatura de Gabinete, cinco secretarías, más el Plan Belgrano y el Sistema Federal de Medios, más nueve subsecretarías y 79 direcciones.
Otro tanto en los ministerios: Trabajo (tres secretarías, 9 subsecretarías y 67 direcciones), Energía (4, 13 y 83), Producción (5, 14 y 90), Transportes (3, 11 y 98), Agroindustria (5, 16 y 85), Cancillería (4, 9 y 112), Justicia (3, 7 y 88), Ambiente (3, 4 y 38), Interior (6, 14 y 91).
El más austero es el Ministerio de Finanzas (3, 3 y 12), pero se creó en enero último y hasta entonces era sólo una secretaría de Estado. Según Agustín Etchebarne, de la fundación Libertad y Progreso, existen 43 secretarías y subsecretarías de Coordinación. Cada ministro, secretario, subsecretario, algunos directores, directores de empresas públicas, jueces, diputados y senadores tienen auto y chofer a su disposición.
El jefe del Gabinete, Marcos Peña, fabricó muchos “ravioles”. El director de la Unidad Plan Belgrano, José Cano, no tiene funciones ejecutivas, sino de coordinación. No existía hasta 2015, pero ahora tiene tres coordinaciones.
La que ejecuta es la Secretaría de Obras Públicas de Interior, pero paradójicamente está vacante desde que se fue Daniel Chain, aunque tiene dos subsecretarios de Estado.
Otro plato de “ravioles” creado fue el director del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, que tiene 2 secretarías, una subsecretaría y 25 direcciones, más Canal 7, Radio Nacional y Télam, Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner.
Los medios oficiales eran antes territorio del secretario de Comunicación. Hoy ese cargo lo tiene Jorge Grecco, que dirige 3 subsecretarías y 27 direcciones.
Para atraer inversiones se superponen tres organismos: la Agencia Nacional de Inversiones, de Juan Procaccini (Producción); la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, de Horacio Reyser (Cancillería), y la Secretaría de Mercados Agroindustriales, de Delia Bircher. Por fuera de la Cancillería, Macri puso al secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, con 2 subsecretarías y 4 direcciones, para las relaciones exteriores. Antes no existía ese ente.
Carolina Stanley (Desarrollo Social) preside ad honorem el Consejo Nacional de Políticas Sociales en la Presidencia de la Nación: tiene 23 direcciones que no son ad honorem . El fin es idéntico al de su ministerio. La Nación/

 

 

POR LA CONFRONTACIÓN POLÍTICA, SE FRENA EL DEBATE DE LEYES SOBRE CORRUPCIÓN Y EDUCACIÓN

Desde el inicio de las sesiones legislativas, casi no hubo actividad en el Congreso; el oficialismo no impulsa su propia agenda para evitar posibles derrotas en un año electoral
Laura Serra
La tensión política y la polarización entre el Gobierno y el kirchnerismo ya se cobraron su primera víctima: el Congreso de la Nación. En la Cámara de Diputados , la parálisis es casi total, debido a los recurrentes desacuerdos entre el oficialismo y la oposición para pactar una agenda en común. El Senado , si bien se guía por una dinámica política distinta, sólo sesionó una vez en el último mes y medio. Como corolario, hay un tendal de proyectos de ley cuya aprobación se demora, entre ellos los que conciernen a temas de corrupción y de educación.
El oficialismo no dramatiza la situación. Por el contrario, en minoría en ambas cámaras, prefiere mantener el Congreso lo más inactivo posible para evitar eventuales derrotas con costo electoral. Ya hizo sus cálculos: diez sesiones para todo 2017. “Es el promedio para años electorales”, justifica. En esta lógica, no le preocupa si se frenan los proyectos de ley del Poder Ejecutivo. Así, quedarán pendientes iniciativas como la que promueve sanciones penales a empresarios corruptos o la que prevé la extinción de dominio para recuperar bienes que sean fruto de la corrupción.
También está pendiente de tratamiento un paquete de proyectos referidos a la educación: el que propicia la evaluación docente como instrumento para el mejoramiento de la calidad educativa y aquel que propone incluir la sala de tres años dentro de la educación obligatoria.
Más notas para entender este temaVidal apuesta a lograr hoy un principio de acuerdo con los gremios docentes
“Llevar en estos momentos el tema educativo al recinto sería incendiario para el Gobierno. Un enorme error político en medio del conflicto salarial con los gremios docentes y tras los incidentes con la policía en la plaza Congreso [el domingo pasado, cuando se intentó emplazar una “escuela itinerante”, luego autorizada por una semana por el gobierno porteño]”, justificó un encumbrado legislador de la alianza oficialista Cambiemos.
El kirchnerismo presiona: ya pidió una sesión especial para pasado mañana, para rechazar “la represión a los docentes” en la plaza Congreso, como también una ley que convoque a la paritaria nacional docente. Así lo anticipó a LA NACION la secretaria del bloque, Teresa García.
También quiere discutir los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri, que fueron rechazados en la comisión bicameral (presidida por el kirchnerismo), como también el alza de las tarifas en los servicios públicos.
“No es la agenda del Gobierno, es la agenda de la gente. Y el oficialismo lo que hace es «planchar» el Congreso. No quiere tratar ningún tema”, despotricó García.
¿Tendrá el kirchnerismo el apoyo del resto del arco opositor para impulsar su agenda? Muy difícil. Los temas referidos a la cuestión docente no tienen dictamen aún (aprobarlos requeriría los dos tercios de los votos). Pero aquí prima una razón política: el tercero en discordia, el Frente Renovador, de Sergio Massa, fundamental para conformar el quórum en el recinto, no quiere ni por asomo quedar pegado al kirchnerismo en una sesión conjunta. Comparten la misma tirria los otros bloques peronistas de la cámara.
“Con temas tan conflictivos el kirchnerismo vino a torpedear la posibilidad de una sesión ordinaria. El oficialismo, encima, no quiere tratar ninguna ley importante”, sostuvo Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador. Fiel a su táctica de transitar por la “avenida del medio”, en el massismo evalúan convocar a una sesión especial sobre el problema educativo, también este miércoles, pero en un tono menos beligerante que el elegido por sus pares kirchneristas. “Sería para crear una mesa de diálogo para garantizar la educación pública”, anticipan.
Sin discusión
Desde el Bloque Justicialista, el diputado Diego Bossio confiesa que no se acostumbra a la parálisis actual del Congreso después de un año de intensa tarea parlamentaria como fue 2016.
“No hay reunión de comisiones y, por lo tanto, no hay temas para discutir en el recinto -señala-. Estamos en medio de una pelea en la que el oficialismo ya planteó su vocación de confrontar con el kirchnerismo, y éste le responde con más confrontación.”
Según Bossio, “así es difícil: nosotros pretendemos una agenda acordada con temas transversales a todos los bloques, que no sean conflictivos. Hay muchos asuntos de interés directo para la gente que están demorados”.
El oficialismo no quiere correr riesgos y también pidió una sesión especial para el miércoles con un temario sin disidencias ni observaciones. Incluye un proyecto para prohibir y comercializar lámparas incandescentes y halógenas; otro que incorpora modificaciones en la competencia e integración de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y de la Cámara Federal de Casación Penal, y una tercera iniciativa sobre presupuestos mínimos de protección ambiental de la calidad acústica para todo el territorio nacional.
En el Senado, mientras tanto, el único proyecto con visos de convertirse en ley en el corto plazo es aquel que modifica la norma sobre ejecución de la pena para que los delincuentes violentos no gocen de salidas transitorias.
Conmovidos por el brutal asesinato de Micaela García, en Gualeguay, los senadores recibirán a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el martes próximo.
“Los demás temas están demorados. Para este mes sólo está confirmada la sesión informativa del jefe de Gabinete”, indicaron voceros legislativos.
Iniciativas sin tratamiento
Son numerosos los proyectos demorados y la agenda para este mes no prevé avances
Proyecto de actualización de la ley N° 26.831, de mercado de capitales
Proyecto que crea el instituto de evaluación de calidad y equidad educativa
Proyecto de ley que incorpora a la educación obligatoria la sala de tres (3) años
Proyecto que aprueba un régimen de extinción de dominio y repatriación de bienes
Proyecto de ley que aprueba el régimen de protección a víctimas de delitos
Modificación de la ley n° 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad
Proyecto de ley marco para el otorgamiento de libertades durante el proceso penal
Proyecto de ley por el cual se introducen modificaciones al Código Penal de la Nación, en lo relacionado con portación, tenencia, acopio, entrega, facilitamiento y tráfico ilegal de armas y armas de destrucción masiva
Proyecto de ley por el que se aprueba el régimen de la publicidad oficial
Proyecto de ley para sancionar penalmente a los empresarios corruptos
Proyecto de ley de actualización de la cuota alimentaria. La Nación/

 

LA CÁMARA BAJA RETOMA SU ACTIVIDAD

Más allá de las sesiones especiales convocadas para el miércoles, la Cámara de Diputados volverá a tomar ritmo esta semana que viene con la realización mañana de una maratón de reuniones de comisión.
Un plenario de las comisiones de Discapacidad, y la de Energía y Combustibles, buscará dictaminar a favor de la gratuidad de tarifas del servicio eléctrico para usuarios electrodependientes.
En la comisión de Asuntos Constitucionales el oficialismo intentará emitir dictamen con modificaciones a la ley de fueros parlamentarios, apuntando a agilizar la investigación sobre legisladores comprometidos en causas penales. Entre las reformas, se contempla flexibilizar los criterios para avalar el allanamiento de los domicilios particulares de los legisladores cuestionados.
Además, se discutirá un proyecto de la diputada Silvia Lospennato (PRO) para que los candidatos a cargos electivos tengan la obligación de presentar una declaración jurada detallando los procesos judiciales pendientes por delitos contra la administración pública, si lo hubieren. Bae/

 

 

 

NUEVAS INDAGATORIAS EN LA CAUSA QUE INVESTIGA LA OBRA PÚBLICA K

 

La causa que investiga la corrupción en la obra pública tendrá mañana un nuevo impulso cuando arranque una segunda etapa de indagatorias. Después del informe presentado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la Justicia ahora apunta a las autoridades de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN), su referentes en la delegación en Santa Cruz y los responsables del organismo provincial. Se investiga el funcionamiento de una estructura que estaba “orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz a Lázaro Báez” por más de $ 46.000 millones, según el monto actualizado a 2016.

En esta causa que investiga el direccionamiento de la obra publica K ya fueron procesados la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, José López, y el ex coordinador de la Obra Pública -y primo del ex presidente- Carlos Santiago Kirchner, entre otros.

La Justicia sostiene que hubo un esquema “de beneficios exclusivos diseñado en favor de Lázaro Báez” para “direccionar obra pública vial”. Según Pollicita, la DNV ocupó un “rol clave” ya que desde dicho organismo se debía pagar y controlar las rutas y caminos que tuvo el Grupo Austral. Es por ello que sus principales autoridades serán indagadas en esta causa. Se trata de Sandro Férgola, Julio Ortíz Andino, Carlos Alonso, Jorge Gregorutti, Sergio Passacantando, Gustavo Gentili y Fernando Abrate, a quienes se les pidió la imputación.“El aporte que cada uno de ellos prestó al plan criminal resultó trascendental”, aseguran los fiscales. En el escrito sostienen que los imputados lograron “extender en el tiempo” las maniobras ilícitas “sin que ninguno de los funcionarios le pusiera fin o efectuase alguna denuncia”. Y argumentan que para eso fue necesario “el acuerdo previo de todos ellos“.

Entre las principales autoridades se apuntó contra el jefe de Distrito, Mauricio Colladera. Debía seguir la “correcta ejecución” de las obras. “A la hora de supervisar la marcha real de las obras, conocía que los plazos de obra eran groseramente incumplidos, que los planes de trabajo se modificaban constantemente y que así se lograba prorrogar una y otra vez las fechas de finalización, como también redeterminar precios en sucesivas oportunidades“, indica el informe. Férgola, gerente de Obras y Servicios Viales, debía controlar el proceso constructivo de las obras. Se consignó que los expedientes licitatorios llegaban a dicha área “con ostensibles vicios que impedía su homologación: participaban empresas del mismo grupo en las licitaciones, incrementando el presupuesto oficial y los montos de convenio”.

También, se otorgaba obra vial “por encima de la capacidad de contratación y ejecución anual, las adjudicaciones se producían en tiempo récord en licitaciones donde había un único competidor”. Entre las irregularidades, consignaron que se designaba un mismo representante técnico y las mismas planillas de maquinaria para diversas obras en simultáneo. Pese a todo esto, se “convalidaban los pagos a favor del Grupo Báez a pesar de sus incumplimientos e irregularidades”.

Los gerentes de Administración serán indagados por permitir el uso de fondos públicos “para pagar” a Báez ofertas que no solo aumentaban “excesivamente el presupuesto, sino que superaba los montos de convenio“. Las empresas de Báez, según los fiscales, no tenían “la capacidad económica de ejecutarlas. Permitían que se introduzcan “modificaciones de obra que incrementaban sideralmente los costos”. Esto representó “un flujo millonario de fondos públicos hacia Lázaro Báez”, sostienen los fiscales. El área de Planeamiento, Investigación y Control, la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, están acusados de participar en los expedientes vinculados a Báez cargados de vicios, al igual que el administrador General por “homologar todos los procesos de licitación realizados en Santa Cruz” sin formular “objeción alguna ni señalar la ilegitimidad de ninguna de las numerosas irregularidades”. Esto permitió que el empresario K obtuviera obras “en abierta infracción a las normas vigentes”. Y calificaron a la subgerencia como “un eslabón imprescindible que en cada licitación otorgaba un dictamen favorable”.

El Sub administrador General, cargo ocupado por Férgola, era el segundo del organismo en cuanto a jerarquía, toma de decisiones e influencia. “Prestó su acuerdo previo a participar del plan criminal diseñado por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, que convirtió a Báez, amigo y socio comercial de la ex familia presidencial, en el empresario vial más beneficiado de la gestión presidencial anterior, que pudo incrementar sideralmente su patrimonio“. Entre 2005 a 2015 el mismo ascendió a $ 2.547 millones. Clarín/

 

 

SEGÚN UN RELEVAMIENTO, DESDE QUE ASUMIÓ MACRI AUMENTÓ EN UN 25% LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

El 2,4% de inflación en marzo llevó al Banco Central a elevar la tasa de interés de referencia para controlar los precios y el gobierno de Mauricio Macri recibió críticas por no avanzar en el recorte del gasto público prometido, sino aumentarlo: hoy tiene 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarias de Estado y 687 direcciones nacionales y generales.

Así lo indicó un relevamiento de la Fundación Libertad y Progreso (LyP) y se puede constatar en la página web mapadelestado.modernizacion.gob.ar.

Según LyP, existen además 122 institutos y organismos, sin contar universidades ni academias. En total, existen 1124 unidades administrativas.

Si bien el grueso del gasto presupuestario son subsidios a la energía, el transporte y los planes sociales, Macri incrementó un 25% promedio la estructura del Estado, pese a haber prometido una reducción y a haber despedido 11.000 contratados.

Voceros del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguraron a LA NACION que se cumplirá la meta fiscal prevista de un déficit de 4,2% del PBI para 2017; 3,2% para 2018, y 2,2% para 2019. Pero el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen estima que el rojo será de 8% este año.

Apenas asumió, en enero, Dujovne prometió recortes de gasto, fusiones de programas, organismos y estructuras. Nada ocurrió aún: el debate se reflotó por la suba de la tasa del BCRA de 24,75% a 26,25% la semana última, lo que podría enfriar la economía.

Se ajusta la política monetaria, pero no la fiscal. Ello puede generar inflación, retraso cambiario, freno a la actividad, menos oferta de crédito, presión tributaria y pobreza.

Según LyP, Cristina Kirchner asumió con 10 ministerios en 2007 y dejó el poder con 16 (aumentó 60%). Pero Macri creó cinco, los aumentó a 21 (31% y 110% desde 2007). La ex presidenta tomó el poder con 50 secretarías de Estado y lo dejó con 70 (40%). Macri las elevo a 87 (24% y 74%). La ex mandataria tenía 92 subsecretarías de Estado y dejó 169 (83%). Macri las incrementó a 207 (22% y 125%).

El Presidente, además, elevó las direcciones nacionales y generales a 687 y los institutos y organismos, a 122. Hay 1124 unidades administrativas jerárquicas en el Poder Ejecutivo. Y aún faltan contar cientos de direcciones y coordinaciones generales.

Según el último relevamiento de FIEL, en 2003 el sector público nacional tenía 460.000 empleados. En 2016 llegó a 739.000. Creció un 61%. Si Macri quisiera reunirlos no le alcanzaría con el Centro Cultural Kirchner. Necesitaría 15 estadios como el de Boca Juniors.

Si se agregan provincias y municipios, en 2003 la planta era de 2.210.000 y en 2016, de 3.579.000.

En FIEL estiman que este año rondaría los 3,8 millones de empleados públicos en el país. Más que la población de Uruguay.

La estrategia de diversificar el poder sin “superministros” cuesta dinero. Cada ministerio nuevo no es inocuo: genera al menos dos o tres secretarías de Estado, que a su vez generan dos o más subsecretarías y a su vez crean dos o más direcciones -nacionales, generales, coordinaciones y departamentos-.

“El Gobierno tiene una visión integral. El BCRA sube las tasas por la inflación, pero lo que se hace en materia de gasto es un error que paga el sector privado: es como frenar el auto con el freno de mano pero acelerar el motor”, dijo Nielsen. El economista Marcelo Elizondo, de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), dijo que “al tener ministerios sobre materias muy específicas la cantidad es mayor y cada uno tiene su propia organización y aumenta el gasto”.

Cada estructura implica secretarías privadas, una secretaría legal y técnica, tesorería, auditoría, recursos humanos, relaciones públicas, prensa, relaciones con el exterior, mesa de entradas, autos, choferes, edificios y teléfonos celulares.

Etchebarne dijo a LA NACION que “hay que eliminar niveles y cargos, pero cuidando a la gente, pagarle el sueldo por el tiempo que permanezca en disponibilidad hasta que sea incorporada al sector privado”. Y propuso “trabajar sobre incentivos: el Estado pagaría las cargas sociales por dos o tres años a los empresarios que los incorporen”.

Además propuso planes de capacitación, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y recortar los privilegios de los funcionarios y aumentar el sueldo a los funcionarios que ahorren muchos recursos.

Etchebarne y Manuel Solanet, de LyP, propusieron sin éxito al Gobierno bajar de 21 a 7 ministerios, crear 23 viceministros, eliminar las 87 secretarías y las 207 subsecretarías, bajar de 687 direcciones a 91 y de 122 institutos a 98.

Una estructura que crece

Relevamiento

Los datos se desprenden de un sondeo de la Fundación Libertad y Progreso, que indicó que hoy existen en el Estado 11.124 unidades administrativas

Déficit

Según voceros del ministro de Haciendo, Nicolás Dujovne, el Gobierno podrá cumplir este año la meta fiscal del 4,2% del PBI a pesar del engrosamiento de la estructura estatal. El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, cercano al massismo, cree que el rojo llegará al 8%

La herencia

Cristina Kirchner asumió en 2007 con 10 ministerios y dejó el poder, en 2015, con 16; Macri creó cinco más hasta ahora. La Nación/

 

EL PJ EXIGE CARGOS EN EL DIRECTORIO DEL CENTRAL

Si se tratara de una serie norteamericana, la imagen podría ser la de un grupo de personas encerradas en una oficina en condición de rehenes en manos de un grupo que sólo accederá a liberarlas a cambio del pago de un rescate. Aunque exagerada, la figura puede aplicarse para graficar la situación que viven seis directores del Banco Central cuyo acuerdo solicitó la Casa Rosada y que por decisión del PJ todavía permanecen sin obtener la luz verde del Senado.

Desde que sus pliegos fueron enviados a la Cámara alta, en septiembre pasado, los candidatos pasaron por el filtro de la audiencia en la Comisión de Acuerdos sin mayores contratiempos. Sin embargo, sus respectivos dictámenes nunca alcanzaron el número de firmas necesario para poder llegar al recinto del Senado porque el Frente para la Victoria se niega a darles el visto bueno.

Sin esas firmas, el oficialismo nunca podrá obtener dictamen favorable y levantar así la barrera que impide que sus acuerdos sean discutidos en el recinto de la Cámara alta.

La causa de esta situación la explicó sin medias tintas el jefe de la principal bancada de oposición de la Cámara alta, Miguel Pichetto (FPV-Río Negro). “Hay tres lugares en el directorio del BCRA que deberían ser para la oposición, sobre todo para el PJ, que es mayoría en el Senado”, afirmó en diálogo con LA NACION.

Según el PJ, en el directorio del BCRA hay tres sitiales disponibles, aunque en el oficialismo dicen que las vacantes son dos, que les correspondería ocupar por ser la principal bancada (41 senadores sobre 72 miembros) de la Cámara alta.

Hasta que no se cumpla esa demanda, el órgano de conducción de la entidad monetaria seguirá integrado, en su mayoría, por directores nombrados “en comisión”, es decir, por decreto del Poder Ejecutivo.

El único que logró el acuerdo del Senado fue el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, quien concurrió a defender su pliego ante la Comisión de Acuerdos en la misma reunión que el resto de los directores impulsados por el macrismo.

“Votar al presidente del Central era parte del compromiso institucional como aporte a la gobernabilidad, pero ése es el límite”, explicó Pichetto. “El peronismo está convencido de que tiene que tener tres representantes en el directorio”, insistió el jefe de la mayoría opositora ante la consulta de LA NACION.

La lista de directores que permanecen “rehenes” del reclamo peronista está integrada por el vicepresidente de la entidad, Lucas Llach, y los economistas Horacio Tomás Liendo, Pablo Curat, Demian Reidel, Francisco Eduardo Gismondi y Fabián Zampone. Este último está a cargo de la estratégica Superintendencia de Entidades Financieras.

Por el momento, todos cumplen funciones “en comisión”, es decir, por decreto del Poder Ejecutivo. Esta situación no pone en tela de juicio los actos y acciones que lleven a cabo como directores de la entidad, aun cuando no tengan el acuerdo de la Cámara alta.

Ésta es otra de las razones que esgrimen en el FPV para quitarle dramatismo a la situación que vive el presidente Mauricio Macri con el directorio del BCRA.

Candidatos

Según confiaron voceros del PJ, en este momento no existe ningún canal de diálogo con el Gobierno para tratar de conseguir respuestas a la demanda de poltronas en la entidad monetaria.

Es más: aseguran que el último contacto fue durante la gestión de Alfonso Prat-Gay al frente del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, sostienen que siguen esperando una respuesta de la Casa Rosada a su reclamo como condición para darles luz verde a los pliegos y darles acuerdo en el recinto.

La lista de nombres que el PJ quisiera designar en el directorio del BCRA la integran el ex gobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli y Diego Saravia, economista salteño que se desempeña desde hace varios años en el Banco Central de Chile y que en la actualidad ocupa la Gerencia de Investigación Económica de la entidad monetaria trasandina.

A esta lista se agregaron, en los últimos días, los nombres de las senadoras Marina Riofrío (San Juan) y María Laura Leguizamón (Buenos Aires), quienes perdieron con la formoseña Graciela de la Rosa la pulseada por ocupar un lugar en la Auditoría General de la Nación (AGN). “No hay nada de eso, se postularon ellas”, salió al cruce un vocero de la principal bancada opositora.

Directorio “en comisión”

Lucas Llach, Vicepresidente

Francisco Gismondi, Vice sup. Ent. financieras

Pablo Curat, Director

Fabián Horacio Zampone, Sup. entidades financieras

Horacio Tomás Liendo (n.), Director

Demian Axel Reidel, Director. La Nación/

 

PARA LOS ANALISTAS, ENTRE LOS EXTREMOS HAY UN ESPACIO PARA CAPITALIZAR

Cuando faltan cuatro meses para las PASO, la polarización vuelve a copar el escenario político. Se palpa en las reacciones de los dirigentes de Cambiemos y del kirchnerismo ante los piquetes, las marchas del 1-A, el paro nacional de la CGT o el conflicto docente. Sergio Massa quiere romper esa polarización y evitar que las elecciones legislativas sean una réplica del ballottage de 2015. Por eso repite cada vez que puede que él representa la “avenida del medio”. ¿Cuán “ancha” es esa avenida a la que apunta el líder del Frente Renovador?

Los especialistas consultados por LA NACION creen que hay una porción nada menor del electorado que no quiere quedar atrapada en la grieta. “Hay un 25 o 30% de argentinos que son votantes fieles al kirchnerismo y otro 25% que se inclina por Cambiemos”, explica Mariel Fornoni, directora de Management & Fit. “El 50% restante -afirma- no tiene una pertenencia sólida a ningún espacio político y define su voto según el escenario económico, político y social en el que se encuentre al momento de votar. Ese segmento inclina el resultado de la elección.”

Para Ricardo Rouvier, director de Rouvier & Asociados, “el problema es [saber] cuánto es el peso electoral” que tiene la “avenida del centro”. “Hoy no parece ser muy amplia. El Frente Renovador tratará de ensancharla en la campaña, mientras que Cambiemos y el peronismo o el kirchnerismo tratarán de convertirla en dos veredas enfrentadas sin un tercer espacio”, asegura.

Federico González, de González y Valladares, estima que “ese espacio representa alrededor de un 40% del electorado”, y para capitalizarlo en las urnas se requerirá “una inteligencia electoral compleja”. “No basta con apelar sólo al desencanto ciudadano de las calles laterales, sino dotar de contenido sustantivo a la virtual avenida”, aseveró.

Raúl Aragón también cree que la “avenida del medio” representa cerca del 40% del electorado. Según el consultor, “la marcha del 1-A elevó la grieta política o ideológica a una grieta sociológica”.

“Convocó a gente de clase media y media alta. Las movilizaciones de la CGT y los maestros eran de clase media y media baja. Esto, más que acentuar la polarización, la eleva a un nivel de confrontación superior”, resalta el director de Raúl Aragón & Asociados.

¿Podrá Massa romper la polarización? ¿Tendrá que radicalizar su discurso para lograrlo? El antropólogo social Alejandro Grimson apunta que en la actualidad “no existe ninguna figura de la oposición con capacidad para sintetizar la heterogeneidad de las protestas del mes de marzo y la desilusión con las medidas del Gobierno”.

“Mientras el kirchnerismo insiste en hablar de los doce años, los sectores no kirchneristas han confundido la construcción de una estrategia no sectaria con un exceso de moderación en el debate público que los desdibuja”, considera.

González considera que “la estrategia de oposición responsable no le ha dado hasta ahora demasiados beneficios” a Massa. “Sucede que la idea del equilibrio ecuánime encierra un potencial talón de Aquiles: terminar no satisfaciendo a nadie”, especula.

La directora de Management & Fit asegura que la posibilidad de que Massa rompa con la polarización en las legislativas dependerá “en gran medida del escenario económico y de qué tipo de campaña plantee” el líder del Frente Renovador. “Hay un universo de argentinos que nunca votarían al kirchnerismo y que hoy se encuentran decepcionados de la gestión realizada hasta ahora por Cambiemos. Ése es el votante al que Massa debe dirigirse.”

Aragón indica que el ex intendente de Tigre “no sólo necesita constituirse en opositor claro, sino que además debería denunciar” tanto el modelo “populista” del kirchnerismo como el modelo “neoliberal” de Cambiemos. “De lo contrario, al ocupar el lugar de la oposición, corre el riesgo de ser identificado con el kirchnerismo”, añade.

Massa medita si competirá o no en las próximas legislativas. Mientras tanto, refuerza sus eventuales alianzas electorales con Margarita Stolbizer (GEN) y Victoria Donda(Libres del Sur), referentes del progresismo. “La ayuda de tales alianzas es más simbólica que real en términos de volumen electoral. Lo simbólico es que expresa transversalidad y pluralidad, aunque eso obture la llegada masiva de votos peronistas.” Para Fornoni, los acuerdos con Stolbizer y aliados le permiten a Massa “consolidar un sector de votantes ligado al progresismo”.

“Habrá que ver qué estrategia asumen y cómo comunican el sentido de esta alianza para determinar el beneficio que representa esta unión”, concluye.

Ante la creciente polarización, Massa analiza su estrategia y planea sus próximos pasos. Recorre el interior de la provincia de Buenos Aires, pero evita las grandes urbes y opta por un perfil bajo.

Mantiene reuniones periódicas con sus equipos y se enfoca en el lanzamiento de las “escuelas de gobierno”. Quiere enviar el mensaje de que se está preparando para gobernar. La Nación/

 

ECONOMIA

 

ADVIERTEN QUE LA SUBA DE LA TASA NO AYUDA A RECUPERAR EL CRÉDITO

La consultora Ecolatina sostuvo que la reciente suba de 150 puntos básicos en la tasa de referencia de política monetaria implementado por el Banco Central “prioriza la lucha contra la inflación‘, pero estimó que ‘sería otro escollo para la recuperación del crédito”.

“El alza de tasas prioriza la lucha contra la inflación por sobre la reactivación de la actividad y la necesidad de revertir el creciente atraso cambiario presente en nuestra economía”, afirmó Ecolatina en su informe de coyuntura económica.

Puntualizó que “las señales mixtas que dominaron la economía argentina durante el primer trimestre de 2017 no estuvieron ausentes en el mercado de créditos”.

“Pese a que los préstamos al sector privado en términos reales retomaron la senda positiva en la comparación interanual, el repunte de este mercado se asemejó más a un rebote que a un crecimiento genuino”, afirmó el análisis.

De hecho, precisó que “el stock de créditos, descontada la inflación, se ubicó en los primeros tres meses del año, 5% por debajo del último trimestre de 2015”, y aseguró que “por ende, todavía no se alcanzaron los niveles previos a la gestión (del presidente Mauricio) Macri”.

Asimismo destacó que “las líneas de préstamos que impulsaron la recuperación cambiaron sustancialmente en relación al año pasado”, y remarcó que “el mayor dinamismo se observó en los préstamos hipotecarios que treparon 10% en el primer trimestre, equivalente a un 4,1% tras descontar la suba de la inflación mientras que las demás partidas crecieron por debajo de la misma”. En tanto, señaló que “el fondeo para consumo e inversión creció sólo 5,3% y 0,7%, respectivamente, lo que representa caídas de 0,9% y 5,3% en términos reales, es decir, considerando la inflación del Indec”.

Al respecto, indicó que “el flojo desempeño de estas dos líneas se profundiza al analizar el comportamiento en moneda local”, ya que subrayó que “el crédito real al consumo cayó 2,5% y para financiar inversiones lo hizo en un 5,5%”.

“Parte de este retroceso obedeció al repunte de la tasa de interés real: más allá de que cayeron los costos nominales del mercado crediticio, lo hicieron a una menor velocidad que la inflación esperada para los próximos doce meses”, concluyó el informe. El Cronista/

 

 

 EL GOBIERNO PAGARÁ U$S7190 MILLONES POR EL VENCIMIENTO DE BONAR X

El Gobierno nacional cancelará mañana deuda pública por 7.190 millones de dólares por el vencimiento del BONAR X, y representa el de mayor volumen que afrontarán las finanzas públicas en 2017.

De ese total, unos 6.938 millones corresponden al capital y unos 250 millones a intereses de la última amortización semestral del título. Para financiar parte de esta erogación el Ministerio de Finanzas colocó la semana pasada dos nuevos Bonos del Estado nacional por 1.760 millones de dólares con vencimientos en 2025 y 2037, con tasas de 5,75 por ciento y 7,625 por ciento, respectivamente.

La cartera de Finanzas conducida por Caputo indicó, tras el pago del vencimiento que opera mañana, al final del día la deuda pública de la Argentina se reducirá en 5.178 millones de dólares.

Sobre el vencimiento total cabe aclarar que una parte de los BONAR X está en poder del Tesoro, que a su vez deberá comprarle al Banco Central unos 5 mil millones de dólares de reservas para completar el pago.

Las reservas internacionales alcanzaron el miércoles un nivel de 52.689 millones de dólares, que a raíz de esta operación se reducirán la próxima semana. El Cronista/

 

 

 

DOS DE CADA TRES PYMES ESPERAN AUMENTAR SUS GANANCIAS ESTE AÑO

 

El 64% de las pequeñas y medianas empresas argentinas aseguró que espera incrementar su facturación este año y que planea enfocarse en en expandirse, según el estudio global de Pymes de American Express.

De acuerdo al relevamiento realizado por la firma, que consultó a más de 200 empresarios pymes argentinos, la mayoría respondió que es “optimista con respecto a la economía, confía en el futuro de sus negocios y cree que cuenta con las estrategias necesarias para crecer en una época de incertidumbre”.

A nivel global, la encuesta se hizo a 3.205 pymes de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Singapur, España, Reino Unido y Estados Unidos.

En Argentina, el 35% cuenta con una mirada positiva sobre el clima económico internacional, en tanto que para un 16% es negativa.

En el entorno local, las pymes argentinas son todavía más positivas con respecto a las perspectivas para la economía del país en los próximos 12 meses ya que 46% de los encuestados muestra una tendencia positiva, y 14% negativa.

El informe destacó que las pequeñas y medianas empresas en la Argentina confían en su capacidad para lograr un crecimiento en su facturación y rentabilidad.

En ese sentido, precisó que casi dos tercios, 64% de estas pymes, anticipa un crecimiento de la facturación de, por lo menos, un 4% en el transcurso de los próximos 12 meses.

En cuanto a la rentabilidad, las argentinas también son optimistas con un 43% esperando utilidades de, al menos, 6% anual durante los próximos tres años. El relevamiento indicó que “la incertidumbre económica y política en los mercados locales es considerada uno de los mayores desafíos empresariales”.

Al respecto indicó que “las pymes argentinas también citan los cambios en las políticas, leyes o regulaciones locales como una de sus mayores fuentes de preocupación”.

A pesar de la incertidumbre, subrayó que “el 54% de las pymes argentinas dice que la expansión a nuevos sectores del mercado local será una de sus primeras prioridades en los próximos tres años”.

De acuerdo al 39%, la expansión a nuevos mercados internacionales también será un factor importante para impulsar el crecimiento así como incrementar su participación en sus propios segmentos de mercado.

Un poco más de la mitad, 52%, dice que enfrentan dificultades a la hora de encontrar la financiación que necesitan para hacer crecer sus empresas, mientras que el 61% dice que un flujo de caja inapropiado afecta su capacidad para cumplir con las liquidaciones a proveedores en tiempo y forma.

En la actualidad el 60% de las pymes argentinas dependen del capital de trabajo existente para financiar sus inversiones, seguido de préstamos bancarios (55%); y casi una de cada cinco (19%) está insatisfecha con sus canales de financiación.

“Durante el próximo año, las pymes tienen planeado aprovechar la diversidad de nuevas oportunidades de financiamiento para tener acceso al capital necesario para crecer”, concluyó el estudio. El Cronista/

 

 

LA CADENA DE LA CARNE TAMBIÉN TIENE SU BLANQUEO: SE TRIPLICÓ EL TOTAL DE MATARIFES INSCRIPTOS 


Ya son 600 los operadores anotados en el registro oficial; buscan terminar con una evasión estimada en $ 10.000 millones al año
El negocio de la carne vacuna también tiene su blanqueo, aunque no se mide en millones de dólares, como el sinceramiento fiscal que impulsó el Gobierno y alcanzó un récord de US$ 116.800 millones.
Si bien en el sector privado estiman la evasión en la carne en unos $ 10.000 millones al año, el blanqueo para el negocio de la carne tiene la lupa puesta en la cantidad de operadores que de no estar inscriptos pasaron a anotarse en un registro que se lleva en el ámbito de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa) del Ministerio de Agroindustria, que conduce Ricardo Buryaile.
Hasta el 1° de marzo pasado, había en el marco del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), de la Succa, 480 plantas frigoríficas y 212 matarifes.
Estos últimos, los matarifes, suelen ser usuarios de faena en otros frigoríficos autorizados y fueron los que tuvieron un importante crecimiento en la inscripción. En rigor, en el último mes y medio la cantidad de matarifes prácticamente se triplicó. A los 212 que había se sumaron casi 400 nuevos y el número total ya ronda los 600. El “blanqueo”, que continúa, vino incorporando un promedio de 20 operadores por día desde el 1° de marzo pasado, cuando se pusieron en marcha varias medidas.
Además, en el registro oficial se incorporaron 200 nuevos matarifes carniceros, que son aquellos que operan en localidades del interior y están autorizados a faenar hasta 50 animales por mes.
En líneas generales, para comparar el preblanqueo y lo que está ocurriendo ahora, se pasó de más de 600 operadores autorizados para la faena (las 480 plantas frigoríficas más los 212 matarifes) a más de 1200 operadores (480 plantas más los 212 matarifes previos, más los 400 nuevos matarifes y más los 200 matarifes carniceros que se incorporaron).
El éxito de este sinceramiento de la cadena de la carne comenzó a ser posible por una serie de medidas que se pusieron en marcha desde el 1° de marzo último.
Por un lado, el sector frigorífico tomó la decisión de que cada usuario de faena (matarife) sea responsable por su propia faena. Es decir, que cada operador saque su matrícula habilitante y se haga cargo de su actividad, además de pagar los impuestos correspondientes.
“Antes, muchos matarifes pedían prestada su matrícula para operar, se escondían en la matrícula de otros frigoríficos. Pero con esto los estamos sacando a la superficie”, contó una fuente oficial.
El 1° de marzo pasado comenzó a regir un nuevo RUCA, con simplificación de trámites y de exigencias administrativas. Antes había que realizar una inscripción anual con toda la documentación, y ahora es suficiente mantenerse activo con el pago de un arancel. Sin embargo, la Succa puede hacer requerimientos e inspecciones en cualquier momento si lo considera necesario. “Menos papeles y más fiscalización” es el concepto que usan en Agroindustria.
Además de simplificar trámites, se eliminó la superposición de exigencias con otros organismos, como la propia AFIP o el Senasa.
En este contexto, desde el 1° de marzo también rige un nuevo sistema de comercialización de carne vacuna, fruto de una resolución conjunta entre el Ministerio de Agroindustria y la AFIP que dispuso que quien no paga un anticipo de IVA (unos $ 55 por animal), previo a la faena, la AFIP no le emite un VEP (volante electrónico de pago) para que la Succa autorice la faena.
Vale recordar que esa resolución conjunta invitó a las provincias a adherirse. La provincia de Buenos Aires, que había reducido la alícuota de Ingresos Brutos del 1,75% al 0,5%, ya lo hizo mediante una resolución tripartita entre Agroindustria, AFIP y ARBA (la agencia impositiva bonaerense). De esta manera, el anticipo previo a la faena es el pago de IVA a la AFIP y de Ingresos Brutos a ARBA.
A todo esto, se estableció que al momento de compra de la hacienda, sea por parte de un frigorífico o usuario de faena, si el productor que vendió el animal está inscripto en el Registro de Productores de la AFIP se le debe depositar en su cuenta bancaria (a través de la CBU) el 10,5% del IVA. En un animal de $ 12.000, esto puede significar 1200/1300 pesos.
En cambio, si el productor no está anotado en ese registro, ese pago se realiza al Sicore (Sistema de Control de Retenciones) de la AFIP a nombre del productor.
El proceso de blanqueo del negocio cárnico acaba de sumar otra fase más. Hace unos días, en un encuentro entre la industria consumera del conurbano (más de 23 plantas) se acordó con operadores del Mercado de Liniers no autorizar a operar a los compradores que no estén inscriptos como tales. “Sólo se autorizará a quienes estén inscriptos en la Succa y cuenten con la autorización del frigorífico para operar en su nombre. Al mismo tiempo, la Succa acordó con el Senasa que solamente se emitan DTE (documento de tránsito electrónico) para aquellos matarifes que estén autorizados a operar en cada planta”, señaló una fuente. La Nación/

 

 

NOTAS DE OPINION

 

 DISCURSO EXTREMO: NATURALEZA Y TÁCTICA K

POR EDUARDO AULICINO/

https://www.clarin.com/politica/discurso-extremo-naturaleza-tactica_0_BJGB8jbRx.html

 

 

MACRI, STURZENEGGER Y EL EQUIPO QUE DEBE APARECER ANTES DE OCTUBRE

POR FERNANDO GONZÁLEZ/

https://www.clarin.com/opinion/macri-sturzenegger-equipo-debe-aparecer-octubre_0_HJ6c3XbCe.html

 

 

 

CIRCUNSTANCIAS DE LA REUNIÓN NÚMERO ONCE

POR HÉCTOR GAMBINI/

https://www.clarin.com/opinion/circunstancias-reunion-once_0_B1xYJIbAl.html

 

 

 

POR QUÉ CRISTINA FERNÁNDEZ CAE Y MACRI ‘RESUCITA’

POR LUIS MAJUL/

http://www.cronista.com/columnistas/Por-que-Cristina-Fernandez-cae-y-Macri-resucita-20170417-0013.html

 

 

OTRA VEZ CARRIÓ QUEMA LAS NAVES

POR ANALIA ARGENTO/

http://www.cronista.com/columnistas/Otra-vez-Carrio-quema-las-naves-20170417-0047.html