LA TRASTIENDA DEL ABORTO, LA IGLESIA Y LA REVOLUCIÓN IMPENSADA DEL MACRISMO 

Avant Premiere
Las presiones de la curia y el plan del Gobierno para expropiar tierras en las villas.
Ignacio Zuleta
El presidente Mauricio Macri volvió a impulsar el debate sobre el aborto en la inauguracion las sesiones ordinarias del Congreso..
Los entendimientos de fondo entre Gobierno e Iglesia (a pesar del aborto)
El gobierno se metió en la causa aborto por necesidad. A la Iglesia no le gusta, pero lo entiende. Aunque el viento de superficie se corta por el debate sobre esta cuestión, en el fondo hay tensiones más profundas que revelan algunos entendimientos entre la Iglesia y el Gobierno. Uno de ellos puede aparecer en el escenario en el próximo mes. El Gobierno tiene en carpeta un proyecto para la expropiación de las tierras registradas en el censo de villas, que hizo el año pasado junto a Cáritas, las organizaciones sociales de desocupados y la fundación Techo. Es parte del acuerdo que hizo posible censar un total de 4.236 villas en todo el país y comenzar a extender un certificado de domicilio a sus habitantes. Ese certificado, que no es de propiedad dominial, es la posibilidad para que esos habitantes tengan un reconocimiento del asentamiento ante quienes quieran usurparlos. Les permite además ingresar en sistema de acceso a los servicios públicos, acreditar domicilio para micro créditos, etc.
Según el programa acordado por el Gobierno y las organizaciones, en cabeza del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el oficialismo tiene que enviar un proyecto para la expropiación de las tierras de esas 4.236 villas para perfeccionar los derechos de los ocupantes. El 60% de esas tierras son de particulares, pero en su mayoría con más de 5 años de ausencia de los propietarios. En el proceso de expropiación, el pago que hará el Estado se conciliará con las deudas por impuestos y tasas de esos propietarios originales ausentes. En un menor porcentaje, esos asentamientos fueron forzosos y el plan prevé compensar a sus dueños. El otro 40% son tierras fiscales.
Expropiar villas, una revolución impensada para el macrismo
El compromiso es que el Gobierno presente en el primer trimestre del año un proyecto de expropiación al Congreso para darles los lotes a sus actuales ocupantes. La carpeta está en la Jefatura de Gabinete, la decisión depende del marketing de la medida, que no tiene que ofender al padrón del PRO como si fuera otro proyecto para mejorar su imagen. Las organizaciones esperan que esa presentación ocurra porque de otra forma, dicen, deberán presentar el proyecto como una medida de la calle.
El proyecto de ley de emergencia social que dispuso a finales de 2016 -$ 30.000 millones a las organizaciones de la economía popular- se hizo así: proyecto redactado por las organizaciones, lobby papal para que saliera se votó casi por unanimidad en las dos cámaras-, mucho alboroto callejero y entrada por el Senado con firmas del peronismo (lo encabezaba Juan Manuel Abal Medina). El Gobierno, después de esa experiencia, prometió enviar esta iniciativa antes de que se monte en el año electoral. Si el oficialismo tuviera una noción clara de la dimensión de este compromiso, como el que tuvo el censo del año pasado, estaría en condiciones de anunciar una revolución que no soñó ni el más afiebrado insurgente. Como es un gobierno de políticos, el formato es antiguo y se le escapan estas realizaciones. Si sale bien, Mauricio Macri pasará a la historia como el burgués del Barrio Parque que permitió el matrimonio igualitario, el aborto y repartió la tierra con los pobres.
Aborto 2018 arrinconó a Macri, como Menem a Alfonsín
Para la Iglesia el debate sobre el aborto es, y ha sido siempre, como la copa del mundo para la AFA. Previsible, en algún momento llega, pone a prueba la capacidad de las propias fuerzas, la calidad de la doctrina, la eficacia del entrenamiento sirve para identificar a los enemigos, sería deseable que nunca ocurra, pero viene siempre, fatal. Por eso la institución tiene preparados los protocolos de acción. Nadie puede decir en serio, ni presumirlo, que ha sido tomado por sorpresa. Tiene, además, la experiencia de anteriores debates, como el de la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires, el matrimonio del mismo sexo en la Nación, o el protocolo de acción para la última despenalización parcial del aborto terapéutico. La Iglesia sabe que la presión social es fuerte, y que puede modificar las posiciones empatadas que mantienen esos temas a la espera de su momento. Esa presión es la que puede dar vuelta las posiciones a favor de quienes sostienen las reformas.
El Gobierno temió que las ligas abortistas ocupasen la calle y que se pusieran al borde de lograr una sesión especial el 8 de marzo. Lo evitó la advertencia del bloque PRO a través de Nicolás Massot ante el propio Mauricio Macri, con Emilio Monzó de vocero. Replicó aquella frase de Raúl Baglini en 1994 a Raúl Alfonsín, cuando ese senador radical mantenía a sus colegas de bancada en un corralito, para que no se tentasen a bajar al debate sobre una reforma constitucional con reelección para Carlos Menem. Caminó del Congreso a la sede de la Fepai, fundación donde tenía su oficina Alfonsín, y le dijo: “Raúl, esto ya es imparable, no tengo forma de controlarlos más”. Alfonsín habilitó, recién entonces, a Enrique Nosiglia a que concertase con Luis Barrionuevo la reunión con Menem en la casa de Dante Caputo que disparó el pacto de Olivos.
Peña y Durán Barba se enteraron después del OK de Olivos
En la reunión de coordinación del jueves 22, Macri escuchó el diagnóstico de Monzó y avaló la apertura del debate con el mismo ánimo con el cual Alfonsín, veinte años antes, había liberado el otro debate, también sin control de cómo podía terminar. Ese día no sabían nada ni Marcos Peña ni Jaime Durán Barba, a quienes señalan todos como responsables de una presunta patraña de marketing. Por eso no se lo comentaron a los jefes legislativos en la reunión que siguió esa misma mañana. Tampoco le avisaron a la Iglesia, que podía, como es previsible, ponerse en pie de guerra para librar una pelea celestial que ha librado en todos los países del mundo, y que ha perdido. La diferencia es la existencia de un Papa argentino.
Francisco ha confesado que para él un drama hubiera sido que Cristina de Kirchner no terminase su mandato en tiempo. Por eso llamaba a protegerla y a blindarla: para que no ocurriese ante sus ojos la caída de otro gobierno como la que había contemplado desde su ventana del arzobispado en 2001. Logró sostenerla a Cristina, de paso lo tumbó a Sergio Massa. ¿Pensó que le abría con eso el camino a Macri, a quien ahora tiene que ponerle límites por la apertura del debate?
Escondamos las sotanas; que actúen los laicos
Desde el viernes 23, cuando se conoció en la prensa, a partir de fuentes oficiales que habría debate sobre el aborto, la Iglesia activó los protocolos de emergencia. El episcopado dio un comunicado crítico pero suave que expresa, como la nota en La Nación del vocero y escriba de Bergoglio, el rector de la UCA Víctor Fernández, la posición tradicional de este Papa: 1) el aborto no es una cuestión (solo) de doctrina; es un tema de derechos humanos y hay que discutirlo en ese terreno. 2) no hay que exhibir sotanas en este debate. Que actúen los laicos. Las sotanas irritan al público independiente y es mejor mantenerlo en ese margen. 3) admitir el debate porque hay mucho para recorrer. Por ejemplo, que el Congreso no reúna los votos necesarios.
Sobre estos puntos discutió la cúpula del episcopado con funcionarios y legisladores amigos que han desfilado por la sede de la calle Suipacha (es donde tiene sus oficinas la Conferencia Episcopal Argentina), con diverso grado de publicidad. De esas reuniones salieron decisiones de estilo que no pasaron inadvertidas. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia, Oscar Ojea y el secretario de la liga de obispos, Carlos Malfa, estaban invitados el 1° de marzo a escuchar el discurso de Macri ante el Congreso. Resolvieron no ir y además comunicárselo al secretario de Culto Santiago de Estrada.
Obispos ausentes al discurso del 1° de marzo en el Congreso
De paso, no fue la única ausencia: tampoco asistió ningún cacique sindical a ese discurso, ni el ministro Jorge Triaca, que estaba ya en España junto a una docena de dirigentes ¿Para qué mostrarse por ahí, habrán pensado Ojea y Triaca? Ese mismo día, monseñor Héctor Aguer, ya renunciado como obispo de La Plata, se vareó por la Legislatura de Bueno Aires, adonde leyó su discurso María Eugenia Vidal. Se sentó callado al lado de Federico Salvai, jefe de Gabinete de la gobernadora y cónyuge de Carolina Stanley, la ministro que mejores relaciones tiene con la Iglesia. No habló del tema y reservó para el sábado su ataque hiriente hacia la posición de Olivos: “Este es un gobierno sin principios de orden moral y natural”.
En esto el obispo platense va a actuar solo porque él y la Iglesia entienden que, así como hay un amplio padrón de católicos moderados, los hay también que necesitan un discurso como el de Aguer. Hay muchos católicos que son antiabortistas, pero no porque se los indique la Iglesia. Es al revés, están en la Iglesia porque piensa como ellos. Aguer en esto expresa los prejuicios de Bergoglio sobre Macri y el PRO. Siempre ha dicho que es una formación que carece de valores. “Ya vas a ver -les ha dicho Bergoglio a algunos de sus visitantes en Roma- que cuando aparezcan los temas que nos preocupan a nosotros, van a mandar a hacer una encuesta para saber qué hacer”.
No se olviden del símil Morsa: Vidal y Aguer, cautelosos en La Plata
En La Plata saben del peso de la opinión de la Iglesia en electorado. Mientras no se demuestre lo contrario, el rechazo del voto parroquia a la candidatura a gobernador del símil morsa es lo que sepultó al peronismo en las elecciones de 2015. Un grupo de obispos le dijo en la cara a Daniel Scioli antes de las elecciones a gobernador sobre Aníbal Fernández: No nos es indiferente. Más claro fue Tucho Fernández, el rector de la UCA, cuando le dijo en su despacho de puerto Madero algo parecido, mientras tocaba pianito sobre una abultada carpeta sobre esta persona a Scioli, quien ha contado: Yo después le avisé a Aníbal. Eso explica la parquedad profesional de Vidal en este tema, en el que se mueve medio metro atrás de Olivos.
Ojea a un ministro: los entendemos
Al Gobierno lo tranquiliza el mensaje que Ojea le dio en privadísimo encuentro a un ministro de Macri: la Iglesia cree que es un gesto oportunista, pero que lo hizo porque estaba frente a unos adversarios que podían hacerle daño. De esa reunión, el Gobierno elevó la idea de que la Iglesia va a mostrar lo menos posible a los curas y que va a trabajar con los gobernadores en el interior, a través de los obispos, para desmontar el voto a favor de la medida. Además, la Iglesia enviará a las cuatro comisiones que van a tratar el tema en Diputados a asociaciones de laicos y expertos en bioética de la UCA. El lema de la Iglesia es la defensa de la vida.
Este martes el cura con mejores relaciones con los medios, el ex vocero Guillermo Marcó, auspicia una mesa redonda, siempre con laicos, en la sede de la Pastoral Universitaria. Al día siguiente hay una primera marcha de grupos pro-vida, preparando otra mega marcha para el 25 de marzo, que es el día del Niño por Nacer. Esa fecha fue instaurada por el peronismo cuando terminaba su mandato en 1999 y que convirtió a Carlos Menem en un ídolo de la causa anti aborto. El oficialismo tranquilizó a los obispos con el primer punteo: en Diputados el rechazo al aborto puede llegar a los 130 votos, aunque la decisión de dar el debate fue porque ya tenía entre 80 y 90 votos a favor algunos de los cuales eran del propio oficialismo.
El conteo provisorio favorece (hoy) al rechazo
La evaluación del oficialismo fue que un proyecto de la oposición, que además expresa a una minoría de la sociedad que casi no tuvo votos, por un asunto que no estaba en la plataforma del oficialismo, es una caja de pandora”. En el Senado, el voto no positivo está hoy 2 a 1. El rechazo tiene representantes muy fuertes, como Federico Pinedo, Cristina de Kirchner y la radical por Tucumán Silvia Elías de Pérez. Esta legisladora es una figura ascendente; se referencia en dirigentes como Ernesto Sanz, está en la línea de pelea contra José Cano y Alfonso de Prat Gay por la gobernación de la provincia.
El Gobierno le ha confiado tareas de gran visibilidad. Se ocupa ahora de la comisión de Economía que va a tratar este mes los tres proyectos de interés económico del oficialismo: Compre Nacional, Financiamiento a la Inversión (disfraz que le han encontrado a las reformas al mercado de Capitales), y la demorada norma de Defensa de la Competencia por la que pelearon Elisa Carrió y Mario Negri durante más de un año en Diputados, en un campo minado por el lobby de empresas (y bloques) con poca fe en la libre concurrencia. Elías de Pérez es rabiosamente antiabortista. Clarín menciona a José Cano y Mario Negri/

 

 

 

 

VIDAL, PEÑA Y LARRETA JUNTAN AL CONSEJO PRO: ABORTO, FUSIÓN Y COMPRA DE SEDE

 

María Eugenia Vidal, Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta, la santísima trinidad del PRO, cerrarán este viernes en Parque Norte la reunión del Consejo Nacional del partido que estará precedida por una reunión de la Asamblea que preside Federico Pinedo. Las turbulencias internas con la UCR no figuran en la agenda oficial pero ocuparán parte central del debate que, en lo formal, tiene dos temas centrales en el orden del día: aprobar la compra del edificio partidario ubicado en la calle Balcarce casi esquina Belgrano, y convalidar la fusión de Unión por la Libertad, el partido de Patricia Bullrich, dentro del PRO.
El macrismo aprobará la adquisición del inmueble que hasta ahora alquilaba para deliberaciones y negociaciones políticas a cuatro cuadras de la Casa Rosada. Más allá de la formalidad inmobiliaria, el oficialismo celebra la compra como un gesto de consolidación política a nivel nacional y como un indicio de su permanencia en el poder más allá de 2019. La mesa ejecutiva del PRO le otorgó un poder a José Torello, asesor presidencial “premium” con acceso al despacho de Mauricio Macri, y al tesorero Santiago Alberdi para concretar la compra del edificio cuyo valor será informado recién el viernes ante los asambleístas del partido de Gobierno.
A partir de las 14:00, y después del apartado vinculado al real estate, la asamblea del PRO se someterá a las ponencias de Humberto Schiavoni, titular del Consejo Nacional del PRO, y de Bullrich, la Ministra de Seguridad de la Nación, para consagrar la fusión de Unión y Libertad con el partido de Gobierno. Ambos sellos apuntan al mismo electorado y en el macrismo destacan el “gesto de generosidad” de la ministra al entregar su agrupación para subsumirla en el PRO. El altruismo político le servirá a la funcionaria para acceder a la jefatura de la Secretaría de Relaciones Institucionales. La decisión será ratificada más tarde por el Consejo a través del secretario general, Francisco Quintana. La deliberación del órgano ejecutivo del sello oficialista está prevista para las 15:30 con apertura a cargo de Schiavoni y Rogelio Frigerio. Para el cierra llegarán los discursos centrales de Vidal, Peña y Rodríguez Larreta.
El Consejo Nacional también designará nuevas autoridades. Esteban Bullrich asumirá como titular de la escuela de formación de dirigentes, Carmen Polledo será consagrada como nueva jefa de la Fundación Pensar y habrá una nueva presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del PRO. En reemplazo de Soledad Acuña asumirá la diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla. Esta legisladora que ya manifestó su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo encabezará el jueves, un día antes de la cumbre macrista en Parque Norte, un encuentro para debatir los proyectos de aborto que ingresaron a Diputados después del mensaje de Macri que instó al Congreso a definir un eventual cambio en la legislación a través de una reforma del Código Penal de la Nación.
Para anestesiar las quejas de la UCR, principal aliado del Gobierno en la coalición Cambiemos, el PRO invitó este viernes a la reunión del Consejo Nacional al titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, y a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy que libra su propia interna con el cordobés Mario Negri, jefe del interbloque de diputados nacionales. Cornejo, quien ofició de anfitrión de Marcos peña este fin de semana en la Fiesta Nacional de la Vendimia, le reclamó a la Casa Rosada que “continúe con la política de apertura de acuerdos comerciales que beneficien al conjunto de productos relacionados con la cadena vitivinícola”. Morales, en cambio, intentó impulsar un proyecto de ley para arancelar la atención a extranjeros en hospitales públicos que sufrió el veto explícito de Negri.
De cara a las elecciones del año próximo, los radicales reclaman al PRO la definición de espacio de poder para el centenario partido que en el macrismo todavía no están dispuestos a anticipar. A la UCR le preocupa específicamente la afinidad de la Casa Rosada con los gobernadores peronistas “dialoguistas” que le garantizan la gobernabilidad a Macri en el Congreso. De cara a la definición de listas y candidatos a gobernadores en las provincias, la UCR mira con recelo la sociedad política de Juan Schiaretti con el Poder Ejecutivo Nacional que, sumado al ascenso de Héctor Baldassi, incomodan a los pre candidatos radicales de ese distrito como Negri o Ramón Mestre. Esas incompatibilidades políticas se replican en otras jurisdicciones peronistas como Entre Ríos donde el colaboracionismo de Gustavo Bordet altera la proyección a futuro de Atilio Benedetti, radical con aspiraciones de gobernar la provincia.
Algunas de esas rispideces fueron abordadas en la cena que compartieron Peña, Morales, Cornejo, Francisco Cabrera, Luis María Etchvehere y Quintana el viernes por la noche en el hotel Hyatt de Mendoza. Los gobernadores UCR están dispuestos a consolidad el colectivo oficialista más allá de expresiones “marginales” como las de Ricardo Alfonsín, abocado a diseñar un colectivo partidario de centro izquierda junto a Margarita Stolbizer y Martín Lousteau. Ambito Financiero menciona a Mario Negri y Atilio Benedetti/

 

 

 

 

EL MACRISMO PREPARA SU PRIMERA PRUEBA ELECTORAL ANTES DE LAS PRESIDENCIALES. 

 

En un 2018 dedicado “por entero a la gestión”, el Gobierno ya tiene un ojo puesto en diciembre, cuando llegará el primer test electoral. Será una prueba de fuego inicial, no solo de sus chances de pelear de igual a igual contra el peronismo en uno de sus reductos más complicados, sino también de alcanzar la cohesión interna que le permita afrontar, sin pérdida de energías, las batallas que se avecinan.

La cita será en Catamarca , que con su actual legislación electoral tiene previstas elecciones para gobernador el primer domingo de marzo de 2019, pero habilitó las PASO, que se llevarían a cabo, a más tardar, en diciembre. Las internas le servirán más a Cambiemos que al peronismo gobernante, ya que la gobernadora, Lucía Corpacci , -primera en todas las encuestas de opinión- tendría decidido buscar su re-reelección al cargo al que llegó cuando era kirchnerista militante, en 2011, y que revalidó en 2015. En Catamarca hay reelección indefinida para gobernador.

“En Catamarca vamos a habilitar las PASO, es un buen método para ordenar”, afirmaron a LA NACION cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, encargado del vínculo con los gobernadores y también preocupado por la instalación de un Cambiemos sin fisuras en el país.

Y Cambiemos pasa, por cierto, por una etapa de transición. El Frente Cívico y Social, que gobernó la provincia por doce años, es el corazón de Cambiemos en Catamarca, y Eduardo Brizuela del Moral y Oscar Castillo (que se alternaron en el poder hasta que llegó Corpacci) sobresalen como los dirigentes más conocidos.

Pero no son pocos los dirigentes que afirman que están “desgastados” y tienen un “techo electoral” que les impediría derrotar a Corpacci. Por eso, los también radicales Miguel Vázquez Sastre (a cargo del Plan Belgrano en la provincia) y el diputado provincial Francisco Monti -que ya jugaron en las PASO legislativas, el año pasado- están dispuestos a volver a hacerlo en las internas que vienen. Sería, si es que se produce, una confrontación con Brizuela del Moral, actual diputado nacional, ya que Castillo dejó trascender que no lo motiva abandonar su banca en el Senado para buscar otro período como gobernador.

Dentro de Cambiemos, pero fuera del Frente Cívico, el médico de la CC-ARI Rubén Manzi también se suma a la pelea. “Los catamarqueños están invadidos por un clima de desaliento, ven pocas oportunidades en el horizonte, pero las oportunidades de la provincia están dormidas y hay que cambiar el enfoque que tuvieron los últimos gobiernos”, afirmó a LA NACION Manzi, opositor no solo al PJ, sino también al FC durante muchos años.

Desde ese conglomerado, que también tiene a Pro y su principal figura, Enrique Cesarini, como otro referente de peso, miran con atención los movimientos de Raúl Jalil, intendente peronista de la capital y segundo en los sondeos que manejan en Balcarce 50.

“Va a jugar, no le queda otra porque no tiene reelección como intendente y tiene chances de ser gobernador”, afirman desde la intendencia catamarqueña. Y aseguran que la buena sintonía de Jalil con el gobierno nacional -es uno de los preferidos de Frigerio y responde con los votos de dos diputados nacionales “afines” en el Congreso- se traducirá, más temprano que tarde, en un anuncio concreto.

Desde Balcarce 50 no están tan seguros. “No lo descartamos para nada, pero hay que ver qué quiere hacer. En algún momento, más adelante, le vamos a ir a preguntar”, afirmaron desde un despacho oficial.

Es que Jalil, aunque se muestra cercano al proyecto del presidente Mauricio Macri, aún no cortó amarras con Corpacci, aunque sí hizo gestos para diferenciarse políticamente: implementó la boleta única electrónica para la elección del año próximo y limitó las reelecciones para cargos locales, lo cual, paradójicamente, le cerró el camino para buscar otro mandato en su actual puesto.

Corpacci, en tanto, tiene una relación cordial e “institucional” con el Gobierno. El viernes, sin ir más lejos, estuvo allí el ministro de Justicia, Germán Garavano. La minería y el turismo son dos de los sectores que la Casa Rosada quiere potenciar en esa provincia, aunque el apoyo oficial no pasa del trabajo en común.

¿Alcanzará con esta conjunción de referentes y dirigentes de Cambiemos para derrotar al PJ en las PASO y luego en las generales? “La gente pide un recambio generacional y un cambio en el modo de hacer política”, dice a LA NACION Cesarini, exmiembro del Tribunal de Cuentas de su provincia, esperanzado -como todo Cambiemos- en conseguir una unidad que le permita hacer frente al peronismo provincial.

  Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca: Llegada al poder en 2011, obtuvo su reelección cuatro años más tarde y dejó trascender que buscará otro mandato

  Eduardo B. del Moral, diputado nacional: El exgobernador y actual diputado es el opositor mejor posicionado para disputar el poder al PJ. Un sector del Frente Cívico lo propone como candidato. La Nación menciona a Eduardo Brizuela Del Moral/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO SUBTERRÁNEO: GUIÑO PARA BLINDAR CRÉDITOS UVA Y UVI (LEY LAVAGNA)

 

El Gobierno tiene una agenda subterránea de leyes para acordar con la oposición, más allá del ramillete de proyectos que Casa Rosada empujó vía paracaidismo al Congreso para no hablar de la economía y, en especial, de la inflación. Por caso, el oficialismo abrirá la discusión de un proyecto del diputado massista Marco Lavagna para blindar los créditos hipotecarios otorgados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) o en Unidades de Vivienda (UVI).
Lavagna madrugó al Gobierno y comenzó a plumear la idea durante el segundo semestre del año pasado. El legislador luego fue consultado por oficialistas e incluso por funcionarios nacionales que le dieron un guiño directo, como por ejemplo. el secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas, Leandro Cuccioli, quien reemplazará al saliente Alberto Abad como jerarca de la AFIP.
El nervio de la ley Lavagna marca como principales puntos:
• Creación del “Programa de Protección frente a los Descalces entre la Inflación y los Salarios para los Deudores de Créditos Hipotecarios” por el lapso de 30 años desde la promulgación de la ley, y la activación de un “Fondo Fiduciario de Compensación Hipotecaria”.
• Nacimiento de un “swap de coeficiente de indexación” para actualizar el monto en pesos de las cuotas de quienes se adhieran al programa.
Ese índice “tomará como base al valor del coeficiente o unidad de actualización original del crédito correspondiente al día de la última cuota cancelada previo al ingreso al programa”.
Por otra parte, dicho valor “se actualizará mensualmente con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el INDEC, y la cifra en pesos de la cuota resultante de aplicar “nunca podrá superar en más de 5% al valor en pesos de la cuota ajustada por el coeficiente o unidad de actualización original”.
No obstante, la autoridad de aplicación “podrá elevar el valor determinado a 8% (…) siempre y cuando se aplique a créditos cuyo destino sea una vivienda única y familiar”. En tanto, “en caso de que el deudor elegible que haya ingresado al programa decida precancelar el crédito con la entidad originante, el saldo del capital de dicho créditos se ajustará con el coeficiente o unidad de actualización original”.
Cobro de cuotas por parte de las entidades financieras. Aparecen tres términos: “nueva cuota a pagar por los deudores”, en cuanto al monto a abonar en pesos producto de la actualización con el índice de actualización del programa; “cuota original”, por la cifra resultante en pesos de la actualización con el índice original; y la “diferencias de cuotas”, es decir, el monto neto resultante en pesos de la aplicación del programa, siendo éste la diferencia entre la nueva cuota a pagar por los deudores y la cuota original.
Sistema de Compensación. En caso que al finalizar el período de cálculo el monto de dicha “diferencia de cuotas” resulte positiva, las entidades financieras respectivas deberán transferir los montos de las diferencias correspondientes a los créditos que hayan otorgado al Fondo Fiduciario. Si el cálculo da negativo, este fondo “transferirá a las entidades financieras respectivas los montos de las diferencias correspondientes a los créditos que hayan otorgado”.
Ingresos del Fondo Fiduciario. El mismo estará integrado por “el 10% de las utilidades anuales del Banco Central”, las “eventuales ‘diferencias de cuotas’, “inversiones” que realice el fondo en cuestión, y por los “aportes reintegrables del Tesoro en caso de insuficiencia” de flujo.
“En virtud del historial de volatilidad macroeconómica y escaso desarrollo financiero de la Argentina respecto a países de la región y a su promedio histórico, en contextos de apertura financiera como en el presente régimen de política económica, es deseable evitar futuras crisis del sistema de financiamiento con hipotecas que pudieran ocurrir como consecuencia de materialización de riesgos de crédito, de mercado inmobiliario o de inestabilidad de precios generales”, argumentó Lavagna en su proyecto.
La iniciativa deberá pasar, entre otras, por la comisión de Finanzas que comandó hasta fines de noviembre pasado Eduardo Amadeo (PRO), quien también participó de reuniones sobre esta ley. Más allá de los guiños del Gobierno, Casa Rosada evalúa modificaciones al texto. “Siempre nos buscan el punto y la coma, estamos acostumbrados”, se quejó ante Ámbito Financiero un operador premium del Frente Renovador, que también aclaró hacia corto plazo: “Somos peronistas y queremos estar junto a los gobernadores”.
El diputado también fundamentó: “Un esquema similar al propuesto fue implementado exitosamente por México después de su crisis de 1995, en años de alta inflación, volatilidad macroeconómica general y salida de una crisis bancaria traumática (…) el fondo resultó superavitario al momento de su liquidación. Ambito Financiero/

 

 

 

 

“SER VICE NO ME APASIONA, PERO UCR DEBERÍA ASUMIR ESE ROL”

 

En el pintoresco balcón de la Casa de Gobierno de Mendoza, el mandatario Alfredo Cornejo admitió que le gustaría que un radical forme parte de la próxima fórmula presidencial en la alianza Cambiemos. “Me parece mejor que ir a una PASO”, señaló, distendido, al recibir a un grupo de periodistas de medios nacionales, entre ellos Ámbito Financiero.
Cornejo, quien confirmó que está descartada la posibilidad de una reelección en la provincia, también dio su mirada sobre el rumbo de la economía y no escapó a la discusión sobre políticas de seguridad.
Periodista: Termina su mandato en 2019 y hay rumores que indican que podría ser candidato a vicepresidente por Cambiemos.
Alfredo Cornejo: No sé de dónde salió eso. Yo estoy enfocado en la gestión. Mi objetivo es entregar en 2019 un Gobierno mejor que el que recibí y que el proyecto tenga continuidad en la provincia. El cargo de vicepresidente no me apasiona, está devaluado. Sí me gustaría que el próximo vicepresidente sea de la UCR. Me parece mejor ese esquema que ir a una interna en las PASO. Además, la experiencia de 2015 no fue buena, porque el radicalismo no tenía una persona indicada. A Ernesto (por Sanz) le jugó la culpa de Gualeguaychú: si hubiese ido en la fórmula lo hubiese criticado un sector de la UCR.
P.: ¿Cuál cree que debe ser el rol de la UCR en este escenario?
A.C.: Tenemos que prepararnos y empezar a influir en la gestión. El radicalismo tiene que llegar a un clima menos culposo de estar en el Gobierno. Para eso, tenemos que estar más comprometidos y participar, en especial en temas de agenda.
P.: ¿No hay posibilidad de que se reforme la Constitución de Mendoza para que vaya por la reelección?
A.C.: Mendoza y Santa Fe son las únicas dos provincias que no tienen reelección del gobernador. En nuestra provincia es muy probable que se reforme la Constitución para permitirlo, pero esa modificación no correrá para mí. Se necesita primero tener los dos tercios de ambas Cámaras. Luego, llamar a un plebiscito para que se vote por el sí o por el no, que tiene que hacerse en las próximas elecciones legislativas. Es decir, no dan los tiempos para que impacte en mi gestión. En líneas generales, de todos modos, creo que
ese impedimento le hizo bien a la provincia. Aunque una reelección me parece correcta, se necesita tiempo para llevar adelante un proyecto político.
P.: ¿Cómo ve el rumbo de la economía?
A.C.: Objetivamente hay datos de crecimiento. En construcción, en autos, en otros sectores. Son datos alentadores. Falta la percepción de ese crecimiento, porque no hay un boom de consumo. También hay una reducción paulatina del déficit y de la inflación. No veo un escenario como el post devaluación de 2002, donde se crecía a tasas de 7%. Nadie se va a enamorar pero hoy estamos creciendo, se percibe como una normalidad. También hay un impacto desigual por ciudades y regiones. En Mendoza, por ejemplo, tenemos una exposición muy alta al mercado exterior. Si Brasil se cae, a nosotros nos afecta. Y hoy hay incertidumbre con la evolución de Brasil.
P.: ¿Cuál cree que es la mejor forma de trabajar en Seguridad?
A.C.: Como en otros temas, la discusión a veces se vacía con la discusión mano dura o gatillo fácil. Y es más complejo. Yo creo que hace falta una mano firme del Estado, que no es mano dura. Hoy el crimen está organizado y el Estado desorganizado. Por eso, creo que hay que avanzar hacia un Estado más organizado y más inteligente. También hace falta un Poder Judicial más comprometido, que se haga cargo. En Mendoza tuvimos resultados en ese sentido. Modificamos el Código Procesal Penal para no trabar los juicios, aplicamos una ley de fragancia. Equipamos a la policía con identificador de huellas e identificadores de patentes. También impulsamos que quede detenida una persona que esté portando un arma. Los delitos bajaron 45% respecto a 2015. Cuando asumimos la tasa de homicidios estaba en 7 cada 100.000 habitantes, más que la marca nacional. Hoy estamos en 5,1, por debajo de la nacional.
P: ¿Cuál es su posición sobre el debate sobre la despenalización del aborto?
A.C.: Es poner blanco sobre negro, cada cual con su posición. Los que tienen una posición clara son minoría, a favor y en contra, con posturas muy fanáticas. La mayoría de la dirigencia está en una posición ambigua, como toda la sociedad. Por eso es bueno que se despeje en la Legislatura. Ambito Financiero/

 

 

 

 

LA VENDIMIA, UNA FIESTA QUE SE TIÑÓ DE PLANTEOS Y ARMADOS HACIA 2019

 

La Fiesta de la Vendimia, que culminó el sábado a la noche con la elección de la reina, se convirtió también en un encuentro político, de cara a 2019.
Una comitiva de funcionarios nacionales desembarcó en el distrito del radical Alfredo Cornejo, quien empieza a mostrar el rol protagónico que impulsa para UCR dentro la gestión Cambiemos.
Por su parte, los gobernadores peronistas Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manuel Urtubey (Salta) se reunieron con dirigentes del PJ mendocino para dar otros pasos hacia una reconstrucción del peronismo, sin el ala kirchnerista.
La visita de funcionarios nacionales en los festejos del vino estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acompañado por los ministros de Agroindustria, Luis Etchevehere; y de Producción, Francisco Cabrera. Además, llegó el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, para completar el combo Cambiemos.
Por el peso de Cornejo desde que se convirtió en jefe la UCR a nivel nacional, esta Vendimia se convirtió en un acto con más contenido político que sectorial. Por eso, con más café que vino, el radicalismo volvió a manifestar sus deseos de un mayor protagonismo dentro de la alianza que llegó al poder con la presidencia de Mauricio Macri.
En el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) del sábado por la mañana coincidió toda la dirigencia. Y ante el optimismo por el crecimiento de la economía que manifestó el jefe de Gabinete durante el evento-donde también destacó el proceso de “apertura al mundo” de la economía argentina- en el radicalismo ven con alarma algunos datos económicos, en especial los ligados a las economías regionales, como es el caso de la vitivinicultura. Inclusive, cuando le llegó su turno, Cornejo pidió “más acuerdos comerciales” con otros países y volvió a festejar que el Gobierno nacional diera marcha atrás con el impuesto al vino.
Dos ejemplos de lo que tratará de imponer Cornejo como gobernador y como líder de la UCR: por un lado, el provincial, que se tomen medidas para las economías regionales, que muchas veces se ven afectadas por la decisión nacional de proteger industrias poco competitivas que, al final del camino, terminan cerrando mercados para producciones locales.
Y, en clave nacional, marcar algunas torpezas a la Casa Rosada, como había sido, creen en Cuyo, aquel intento de gravar al vino con impuestos internos que generó tensión de Cornejo y el Gobierno de Macri. Torpezas que también se traducen en otros puntos ligados a la transparencia y la gestión -sobre todo económica-, lugar desde donde el radicalismo apunta a sumarle institucionalidad al Gobierno.
Y, de paso, hacer pesar en la balanza de la coalición la estructura del radicalismo, incluido un lugar en la fórmula 2019 y mayor injerencia en la gestión (ver página 17).
Los peronistas tampoco se quedaron quietos. Dos mandatarios que tienen producción de vinos, como Uñac y Urtubey, aprovecharon el paso por Mendoza para reunir a la tropa local, que entre las propias fragmentaciones y la buena imagen que logró Cornejo está en un momento de crisis.
Los gobernadores concentraron a intendentes y legisladores PJ para predicar que la unidad partidaria necesita, primero, de la difícil tarea de ponerse de acuerdo con programas e ideas. Aún con el matiz no menor del nivel de diálogo de uno y otro con la Casa Rosada, Urtubey y Uñac coinciden en un discurso que transmiten en diferentes ágoras:
• unidad con “la gente” antes de unidad de dirigentes.
• ponerse de acuerdo en el rumbo del PJ antes de integrar sectores.
• suplir la falta de un liderazgo verticalista con un fortalecimiento de dirigencias territoriales.
La suma de los tres puntos lleva a una lectura: alejar al kirchnerismo duro del próximo armado del PJ nacional.
En especial, la reunión con intendentes (esquema que Uñac viene repitiendo en las últimas semanas) también es una forma de convencer a esos jefes municipales de que ellos son los dueños de los votos. Y que tienen las puertas abiertas.
Los festejos que terminaron con la coronación de la reina (Julieta Lagos, del departamento de Rivadavia, en un evento al que se sumó el socialista santafesino Miguel Lifschitz) habían empezado el viernes con el segundo Foro de Inversiones de Mendoza.
Con la participación de empresarios locales e internacionales, además de Cornejo estuvo Cabrera, quien espera que la economía “crezca un 3,5% en 2018”. Cabrera adelantó que desde el Gobierno nacional trabajan en diversas iniciativas para mejorar la producción nacional: la Ley de Financiamiento Productivo y una nueva Ley de Defensa de la Competencia.
Por su parte, Cornejo anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para lanzar un nuevo bono fiscal para estimular las inversiones en la provincia mediante la devolución de impuestos. Y, en líneas con los ruegos de la Casa Rosada, adelantó que seguirá con la reducción de Ingresos Brutos, con exenciones para el sector agrícola a partir del 2020; el sector industrial desde el 2022; y el transporte dentro de tres años. Ambito Financiero/

 

 

 

 

GIL LAVEDRA DIJO QUE EL ROL “DE LA UCR EN CAMBIEMOS” SE TRADUCE EN DEBATES POLÍTICOS 

El actual coordinador del Programa Justcia 2020, del ministrerio de Justicia, asumió, además, que “el Gobierno está muy atado a la coyuntura”, en una entrevista publicada en La Nación.
El actual coordinador del Programa Justcia 2020, del ministrerio de Justicia, asumió, además, que “el Gobierno está muy atado a la coyuntura”, en una entrevista publicada en La Nación.
El ex camarista que el peso de la Unión Cívica Radical (UCR) en Cambiemos lo determinan “las discusiones políticas” y no la cantidad de “cargos políticos” dentro del frente y que, de cara al futuro, el desafío es “llegar a ser una auténtica coalición de gobierno”.
El actual coordinador del Programa Justcia 2020, del ministrerio de Justicia, asumió, además, que “el Gobierno está muy atado a la coyuntura” en una entrevista publicada en La Nación.
Agregó que “el desafío de Cambiemos es llegar a ser una auténtica coalición de gobierno”, lo que requiere “más debate de las medidas a tomar”, y proyectó para las elecciones de 2019 la posibilidad de un aumento en la cantidad de gobernadores radicales “por su despliegue territorial y presencia en cantidad de provincias”.
Gil Lavedra, actual coordinador general del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, asumió también que el gobierno está aún “muy atado a la coyuntura” debido al estado en el que recibió al país y que “el verdadero balance será el año que viene”.
Según dijo, ese balance deberá considerar no sólo “lo que se hizo”, sino también “lo que se evitó”, a lo que definió con la figura de la “calamidad”.
Para Gil Lavedra el país “progresó enormemente” en cuanto a lo institucional, aunque dijo que todavía existen “déficit elevados” y se debe “avanzar en justicia y transparencia”.
Para esto cree “imprescindible” reformar la ley de Etica Pública, en especial porque “la cuestión de los conflictos de intereses ha sido uno de los más relevantes durante este gobierno”, y darle una “mayor autonomía a Oficina Anticorrupción”.
Asumió que lo que sucedió con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, son “hechos que restan credibilidad” y si bien se pronunció en contra de nepotismo, dijo que tampoco hay que “exagerar” con el alejamiento de familiares de funcionarios de cargos públicos sino verificar que esté garantizada “la idoneidad para el cargo”.
Pidió “juicios orales y públicos” que lleguen rápido y que “las prisiones preventivas sin condena sean casos excepcionales”.
En cuanto al aborto dejó claro que se trata de “una realidad indiscutible” y que “su criminalización no ha funcionado como disuasivo”, y dijo que “al no haber un aborto legal son clandestinos y la mayor causa de mortalidad en materia de maternidad”.
“Es un problema serio que hay que atender”, dijo respecto al debate que el Congreso se propone encarar y en cuanto a su posición dejó claro que “la vida que está por nacer depende de la asistencia de la madre” y que “la protección” de esa vida tiene que ser “incremental” a medida que esa vida en gestación se va evolucionando.
“Si una mujer pierde su embarazo en las primeras semanas de gestación, es una desgracia; si lo hace a los seis meses, ya es una cosa grave, y la muerte en el parto es una tragedia. Esto demuestra que la valoración que tenemos de esta vida en gestación es distinta según cuál sea el momento de la gestación”, graficó. Télam/

 

 

 

 

 

CAMBIEMOS IMPULSA UN PROYECTO DE LEY DE PARIDAD SALARIAL QUE INCLUYE AL SECTOR PRIVADO

 

Mauricio Macri introdujo el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres el jueves en su discurso de apertura de sesiones ordinarias y hoy se conoció el proyecto que el oficialismo prepara para lograr una paridad salarial, que incluya también a los privados.

El Ministerio de Trabajo elabora un proyecto que apunte a equiparar los sueldos entre hombres y mujeres, según el diario La Nación, pero que aún no tiene fecha de presentación ante el Congreso. El viernes, el diputado macrista Martín Medina, hombre cercano a Jorge Triaca, presentó su propuesta que tiene en lineamientos similares a los que se elaboran puertas adentro de la cartera laboral.

No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Según el INDEC, las mujeres cobran casi 30% menos que los hombres. Esto no puede seguir así. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad”.

La información que el Presidente brindó ante el Parlamento, fue tomada del informe de“Evolución de la distribución del ingreso (EPH)” correspondiente al tercer trimestre de 201 de INDEC. De allí surge que en promedio, las mujeres perciben menos de un 30% que los varones y son mayoría entre los que reciben menores ingresos.

La iniciativa propondrá la modificación de los artículos de la ley de contrato de trabajo, además de la creación de un “registro de empresas y organizaciones sindicales con paridad salarial”, a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo.

La propuesta con la que el jefe de Estado sorprendió en su discurso del 1° de marzo irá en línea con una iniciativa del diputado de Pro Martín Medina.

Habrá un plazo de un año para inscribirse en ese registro de manera obligatoria para las empresas con más de 200 empleados y todas las organizaciones de representación sindical y empresarial.

El proyecto modifica dos artículos de la ley de contrato de trabajo. Lo que establece es que aquellos que sientan, tengan una presunción o prueba de que su empleador está pagando a un par suyo más por un sueldo básico en el mismo puesto puede solicitar que el empleador presente los recibos de sueldo y la liquidación de haberes para comprobar. Ante esa prueba vía carta certificada debe solicitarle al empleador que regularice la situación. El empleador tendrá 60 días para regularizar la liquidación y si no cumple con eso, el empleado tiene la posibilidad de presentar un recurso de queja ante el ministerio de Trabajo para que éste intervenga”, explicó días atrás el legislador en diálogo con radio Mitre.

Los artículos a modificar, que plantea el proyecto de Medina, apunta al 172 y 173 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o.1976) y sus derivados, para garantizar la igualdad laboral.

El proyecto dejó en suspenso los controles del Estado y las multas, algo que será debate al momento de la reglamentación de la ley.

Mientras la cartera que dirige el ministro Jorge Triaca continúa la elaboración de su propio proyecto, el diputado Medina ya ingresó su iniciativa el viernes pasado. Clarín/

 

 

 

PUJA ENTRE MACRI Y EL PJ DEL SENADO POR EL REEMPLAZANTE DE GILS CARBÓ. 

 

El gobierno de Mauricio Macri entró en etapa de definiciones para enviar al Senado el pliego del futuro procurador general de la Nación para reemplazar a Alejandra Gils Carbó . La candidata que hoy quiere el Presidente es Inés Weinberg de Roca, jueza del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, pero el peronismo prefiere a Raúl Pleé, fiscal ante la Cámara de Casación.

Según confiaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, un tercer nombre en danza es el de Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara del Crimen porteña; y un posible “tapado” sería Ricardo Recondo, juez de la Cámara Federal Civil y Comercial. No sería el único; habría otro más cuyo nombre no trascendió.

Para Macri, el candidato debería ser alguien ajeno al sistema penal de Comodoro Py. “Tiene que hacer la limpieza de la estructura que dejó la kirchnerista Gils Carbó”, dijo un miembro de la mesa chica del Presidente. Esa condición la tiene Weinberg de Roca.

En cambio, el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, opina que debe tener experiencia para poner en marcha el futuro Código Procesal Penal, conocer el fuero penal, tener firmeza para abordar el problema de la inseguridad y depurar la estructura que dejó Gils Carbó. Pleé sería ese candidato.

Los números en el Senado son la clave: el procurador debe ser aprobado por los dos tercios de los votos. Cambiemos y el PJ tienen 25 bancas cada uno, por lo que, entre ambos bloques, garantizarían esa mayoría agravada.

El peronismo tiene objeciones sobre Weinberg de Roca. Considera que sería una candidata sin independencia. La respaldan Macri y su asesor jurídico Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Y tiene el visto bueno, aunque no la conoce, de la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Eso para el PJ sería una concesión peligrosa.

Por su parte, Pleé no tiene bolilla negra del núcleo macrista, más allá de que está identificado con el sistema Comodoro Py. Pero, eso sí, choca con la firme resistencia de Carrió, que lo considera un hombre de confianza del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, a quien ella identifica como un operador judicial. Pleé lo niega de plano.

El único candidato sin contraindicaciones es Sáenz, pero por ahora está un peldaño por abajo. Pleé y Sáenz conforman un grupo de fiscales, junto con Germán Moldes, que promueve desde 2015 las marchas y los reclamos por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Con 69 años, Weinberg de Roca es experta en derecho internacional y fue jueza del tribunal penal de las Naciones Unidas para los casos de Ruanda y de la ex-Yugoslavia. Fue nombrada por Macri en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad en 2013.

Un senador peronista dijo a LA NACION que “no se la conoce mucho en sus ideas o proyectos”, y aclaró que “no se puede saber la posición del peronismo antes de las audiencias públicas”. Sobre Pleé, en cambio, fue terminante: “Es un buen candidato”.

En el entorno de Macri elogian a Weinberg por su formación intelectual y destacan que habla cinco idiomas. “No tiene compromisos con el sistema penal”, dicen. Consideran que el PJ no la bloqueará, pero que dependerá de otra negociación: el nombramiento del defensor del pueblo, un cargo vacante desde hace cinco años y que el peronismo quiere ocupar con el exdiputado Humberto Roggero, resistido en la Casa Rosada. “Es posible que todo se negocie en conjunto”, dijo una alta fuente oficial.

En cambio, fuentes macristas señalaron que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la rechaza. Si bien no hay apuros, porque Macri está conforme con el interinato de Eduardo Casal, estiman que el pliego se enviará al Senado en menos de dos meses. A partir de entonces, funcionará el decreto 222, que prevé una etapa de audiencias e impugnaciones.

Si bien en el Gobierno dijeron que Macri escuchará a mucha gente y tomará la decisión en soledad, serán claves las reuniones que tendrá en las próximas semanas con el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas; su jefe de asesores, José Torello, y “Pepín” Rodríguez Simón. Por ahora, allí gana Weinberg de Roca. El viernes último, iba a haber una reunión en Olivos entre algunos de ellos. Pero se suspendió cuando se conoció la renuncia del director ejecutivo de la AFIP, Alberto Abad. La Nación/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GOBIERNO APROBARÁ MAÑANA UNA MÍNIMA SANCIÓN PARA EL JUEZ DANIEL RAFECAS

 

Con la mínima mayoría, el Gobierno logrará aprobar mañana en el Consejo de la Magistratura apenas una leve sanción de la quita del sueldo de un mes y no el envío a juicio político del juez Daniel Rafecas, uno de los magistrados que el macrismo tuvo en la mira junto con el ya destituido camarista Eduardo Freiler.

Así lo había adelantado Clarín dos semanas atrás y así será, según lo ratificaron ayer fuentes judiciales. En rigor, el dictamen que se tratará en la próxima sesión plenaria es desestimatorio del envío a juicio político y fue elaborado dos de los tres representantes de los jueces en el organismo, Leónidas Moldes y Luis María Cabral. En lugar de la absolución plena los representantes de la alianza gobernante votarán -y tienen el número necesario- la sanción disciplinaria.

El expediente es el 30/2015 y se originó en una denuncia de la diputada Elisa Carrió por la actuación de Rafecas ante la denuncia formulada cuatro días antes de aparecer muerto en enero de 2015 por el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA. Rafecas desestimó la denuncia de Nisman sin abrirla a prueba.

Luego la causa se abrió por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal y el fiscal Gerardo Pollicita imputó a la ex presidenta y otros ex funcionarios y allegados kirchneristas hasta que éstos fueron procesados y algunos de ellos hasta encarcelados por decisión del juez Federal Claudio Bonadio, ratificada por la Cámara Federal penal porteña. Entre los detenidos se encuentran el dirigente piquetero Luis D’Elía, el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, el ex integrante de la agrupación Quebracho Fernando Esteche y el ex referente de la comunidad árabe Youssef Khalil. Al expediente por la denuncia de Carrió contra Rafecas en el Consejo se le acumularon otros dos. Uno es el 148/2016, abierto a partir de una presentación del diputado y ex vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Waldo Wolff. Y el otro es el 163/2016, tramitado a instancias de Ramón César Hernández.

La reunión plenaria del Consejo de la Magistratura adelantará su inicio respecto de su horario habitual para permitir la participación de sus integrantes en el acto de apertura del año judicial que encabezará el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, a partir de las 11.

Para promover el inicio del juicio político contra un magistrado se necesita una mayoría especial de nueve votos sobre trece miembros. En cambio, para aprobar una sanción disciplinaria se necesita la mitad más uno, es decir siete votos. Esos son los que el oficialismo tiene asegurados. Clarín/

 

 

 

 

ENTRE GUIÑOS Y REPROCHES, LOS GOBERNADORES REDEFINEN SU VÍNCULO CON MAURICIO MACRI

 

José Manuel De la Sota no logra mutar en tardío émulo de Gianni Versace. El ex presidencial, entregado a la moda, es invocado en pintadas como candidato a gobernador para 2019. Es una picardía de peronistas quejosos con Juan Schiaretti pero que alimenta el PRO (lo difundió un medio atribuido a un funcionario macrista) con la fantasía de fracturar al peronismo cordobés.

De la Sota y Schiaretti sostienen, hace años, un sólido matrimonio político donde se repartieron roles y protagonismos, y permitió al PJ cordobés (eso llamado cordobesismo) reinar hace 20 años. Los carteles sobre De la Sota, que agitan caciques inquietos por la empatía de Schiaretti con Macri, es un condimento del sinuoso ordenamiento político del 2018. Nada más: Schiaretti irá por su re-ree y De La Sota, quizá, insista con una aventura nacional.

Aparecen pistas sobre cómo los gobernadores proyectan la pendular relación con la Casa Rosada en este año sin urnas pero que prologa la batalla donde casi todos (algunos no pueden reelegir) arriesgan su butaca. En ese proceso vale todo: gestos, fotos, movimientos y quejas

Sergio Uñac, el peronista sanjuanino que Olivos creyó un PJ amarillo pero se volvió distante, da señales de moderación mientras Juan Manuel Urtubey, el más amigable, prueba un perfil crítico: cuestionó el caso Chocobar y la escasez de obras del Plan Belgrano. Este fin de semana, Urtubey y Uñac estuvieron juntos en la Vendimia con peronistas mendocinos.

El sanjuanino ​avisa que su rechazo a la reforma Previsional no implica que sea un opositor extremo. “Apoyamos todo, menos eso, y no apostamos a destruir al gobierno”, dicen en San Juan. Pero en Casa Rosada molestan sus fotos con Alberto Rodríguez Saá, el puntano que milita el eslogan #Hay2019.

Rodríguez Saá será anfitrión en estos días de una juntada de peronistas críticos mientras el PJ bonaerense sesionará en Congreso para designar a Fernando Espinoza como jefe de ese mesa. Las fechas encimadas más que malicias, parecen impericias, aunque varios bonaerenses, como “Paco” Durañona, Mariano Pinedo y Gabriel Mariotto, activan la cumbre puntana.

La cita en San Luis tendrá un efecto: otros gobernadores y dirigentes provinciales preparan una reacción porque no quieren dejar en manos de ese eje la exclusividad de peronismo opositor a la Casa Rosada. “Después de las paritarias y el inicio de sesiones, empezamos a movernos nosotros”, sopla un peronista.

Juan Manzur, otro díscolo, rompió el techo paritario que pidió Nación. En Gobierno dicen que es porque le marca la cancha José Alperovich que deja decir que puede volver en 2019. El tucumano, al igual que Uñac, el chaqueño Domingo Peppo, el riojano Sergio Casas y, con matices, Gustavo Bordet, de Entre Ríos, están hermanados en club de oposición moderada pero están atravesados por otro fenómeno: conviven con jefes anteriores, algunos vigentes, otros no tanto, como Alperovich, Gioja, Capitanich, Beder Herrera y Sergio Urribarri que, al igual que con De la Sota, pueden ser empujados para incomodar a los mandatarios actuales. Hay otro punto en común: expresan posiciones más anti Macri que los gobernadores, lo que condiciona a éstos.

Fuera del peronismo, con una oposición más intensa que muchos del PJ, Miguel Lifschitz busca remontar el traspié electoral de 2017 y avisar que tiene resto: lanzó una reforma constitucional, magnificó sus diferencias con Macri y habló del “modelo Santa Fe”, como tercera vía al PJ y a Cambiemos. A todos los mandatarios los cruza el “karma” del Pacto Fiscal que rige en parte mientras Hacienda les pide informes mensuales, y a veces semanales, sobre cómo están ejecutando la reducción del gasto en sus distritos. El acuerdo, firmado por todas las provincias menos San Luis, supone medidas de ajuste que, avisan en las provincias, pueden volverse “impracticables” si la economía no remonta. Esa recuperación no la ve, hasta acá, ningún opositor. Clarín/

 

 

 

 

LA IGLESIA DEBATE LA ESTRATEGIA ANTE EL PROYECTO DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

 

La Iglesia definirá esta semana la estrategia que seguirá ante la apertura del debate parlamentario sobre la despenalización del aborto. Será durante la primera reunión del año de la cúpula del Episcopado, que preside monseñor Oscar Ojea e integran una veintena de obispos. Por lo pronto, la mesa chica de la conducción eclesiástica optó por una declaración moderada cuando se conoció días pasados la decisión del gobierno de habilitar su tratamiento en el Congreso, en la que no se cerró a la discusión y mostró una actitud comprensiva hacia las mujeres que llegan a abortar en situaciones muy difíciles, pero ratificó su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo.

Con todo, la envergadura que el tema tiene para la Iglesia obliga a los obispos a un análisis puntilloso y una definición consensuada de los pasos a dar. Lo que parece casi seguro es que durante las deliberaciones, que se inician el martes y terminan el jueves, los obispos difundirán una nueva declaración con mayores consideraciones. En la primera declaración pidieron un “diálogo sincero y profundo”, se pronunciaron a favor de “políticas públicas” que atiendan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que quieren abortar y se manifestaron por la extensión de la educación sexual para prevenir los embarazos no deseados.

Aquella primera reacción de los obispos está en línea con los nuevos aires más abiertos del actual papado. A la vez que recoge la experiencia de otros grandes debates como la ley del divorcio y del matrimonio igualitaria, en el que la Iglesia adoptó una posición muy dura que le terminó resultando contraproducente. Dicho sea de paso: ante el último debate el entonces cardenal Jorge Bergoglio impulsaba una posición moderada, pero perdió la votación entre sus pares. Claro que para el catolicismo la cuestión del aborto tiene una entidad muy superior al divorcio o al casamiento entre personas del mismo sexo.

Uno de los dilemas no menores que los obispos deberán resolver es si promueven o adhieren a marchas contra el aborto. Por lo pronto, la ONG Marcha por la Vida, que se declara no confesional, esta organizando para el domingo 25 este mes –día del Niño por Nacer- una caminata entre Plaza Italia y la facultad de Derecho. El riesgo para los obispos más moderados es que pongan su firma y hasta concurran a manifestaciones que puedan abarcar a sectores muy virulentos. Pero también tienen en claro que deberán jugar fuerte para evitar las acusaciones de tibieza de los sectores más conservadores y, sobre todo, para aunar voluntades en el Congreso en rechazo a la despenalización.

Otra faceta no menor es el vínculo del Episcopado con el gobierno tras la decisión del presidente de abrir el debate del aborto. Fuentes eclesiásticas revelaron a Clarín que en principiola Casa Rosada no le anticipó a la cúpula del Episcopado que iba a habilitar su tratamiento parlamentario. En su sorpresa, varios obispos admiten que consideran la decisión como una cortina de humo para tapar problemas como la persistente inflación y los cuestionamientos a varios funcionarios por falta de transparencia. Y no faltan quienes ven detrás la mano del consultor estrella Jaime Durán Barba.

Así las cosas, la apertura del debate no sólo complica la relación de la Iglesia con el gobierno, sino con el Papa Francisco, con quien la Casa Rosada ya tiene un vínculo frío. Porque si para los obispos la eventual despenalización del aborto puede ser el revés más grave de las últimas décadas, que se produzca durante el papado de un argentino afectaría al propio Francisco, que sufriría el seguro embate de los sectores católicos de todo el mundo más conservadores, que ya vienen cuestionando su pontificado.

Al fin y al cabo, la jugada del gobierno es de altísimo riesgo para su vínculo con el Papa y acaso puede terminar sepultando el viaje de Francisco a su país. Clarín/

 

 

 

 

EL GOBIERNO DEFINE SI LE EXTIENDE AL CORREO OCA LA LICENCIA PARA OPERAR

 

Sin que aún esté demasiado claro como impactará en la crisis de OCA la salida de Alberto Abad de la AFIP, el miércoles el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) se reunirá para definir si prórroga, o no, la licencia de la empresa de correos para operar en el mercado postal.

OCA fue intimada el pasado 20 de febrero por el ENaCom a cancelar las obligaciones impositivas y sociales en un plazo que se venció el jueves pasado. La firma, que adeuda $ 3.400 millones, asegura haber entregado un plan de pagos a la AFIP.

En base a lo que diga la AFIP sobre la hoja de ruta propuesta por la empresa, el ENaCom deberá resolver si le extiende, o no, la licencia.

Consultado por Clarín, Guillermo Armani, abogado de OCA, dijo ayer: “El ENaCom no debería tener argumentos para no extender la licencia de la empresa”.

El abogado agregó: “El ENACOM tiene serias dificultades para anular la licencia de la empresa para operar. No va a poder invocar que OCA tiene una deuda fiscal porque la deuda está en tramitación de pago”.

Desde la optimista óptica de la empresa, lo que podría ocurrir el miércoles es que se les extienda una prórroga de la licencia para operar en el mercado postal por otros 30 ó 60 días.

Pero habrá que ver si eso es lo que finalmente ocurre. Es que en el oficialismo algunos entienden que a la empresa ya se le otorgó “demasiadas” prorrogas y sigue “sin demostrar su verdadera voluntad de pago. Ellos siempre están detrás de atajos”. Fuentes del ENaCom resaltaron que ellos como ente son “el último eslabón” y que lo que resuelvan estará atado a lo que defina la AFIP.

En caso de perder la licencia, la firma no podrá repartir cartas, la parte más jugosa del negocio, ni tampoco distribuir paquetes.

OCA es el principal correo privado del país y cuenta con más de 7.000 trabajadores en su plantilla, casi la totalidad afiliados a Camioneros.

A la empresa postal siempre se la vinculo con Hugo Moyano. El jefe camionero insiste en que su único interés está relacionado con la cantidad de afiliados que tiene en la firma.

Según el abogado Armani, el viernes pasado a la tarde, casi a la misma hora en que Abad anunciaba su salida de la AFIP, Patricio Farcuh, titular de OCA, entregó en el organismo recaudador una nota para que se regularice la situación de la empresa.

Una incógnita ahora es si la renuncia del jefe del ente recaudador podría demorar una eventual regularización de la situación de la firma de correos privada.

Abad sostuvo que su alejamiento fue por razones personales. Pero era público que el año pasado mantuvo una fuerte discusión con el vice jefe de Gabinete Mario Quintana por la resolución del conflicto de OCA. Abad, se dice, no avalaba tratamiento especial alguno para la empresa.

La AFIP le reclama a OCA unos $ 3.400 millones de pesos de deuda, de los cuales 2.500 millones entraron en concurso. A fines de noviembre, la empresa consiguió que la Justicia reabra su concurso de acreedores y suspenda los embargos trabados por la AFIP. Para esa deuda pos concursal de unos $ 900 millones OCA pide a la AFIP que le otorgue un plan de facilidades de pago. Fuentes oficiales sostienen que la empresa debería reconvertirse para seguir operando. El abogado Guillermo Armani dijo que la empresa le presentó al Ministerio de Modernización un proyecto con un “plan de adecuación en el que se plantean nuevas estructuras de trabajo. No se habla de despidos”, aseguró. Clarín/

 

 

 

 

GERMÁN GARAVANO, SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: “NUESTRO PAÍS ESTÁ DESEQUILIBRADO”

 

Germán Garavano adelantó algunos de los principales lineamientos para reformar del Código Procesal Penal Federal y dijo que habrá penas más severas para aquellos funcionarios que cometan hechos de corrupción durante su gestión.

“Lo que se busca con este código que está trabajando una comisión de expertos hace un año es mucho más equilibrio, algo homogéneo, un sistema que nos permita a los argentinos vivir en una sociedad más pacífica y justa”, expresó en diálogo con radio Mitre.

El ministerio de Justicia expresó que “nuestro país está desequilibrado” en materia de procesos penales y remarcó que -por ejemplo- la reforma planteará “penas más altas para los delitos de corrupción”.

El funcionario agregó que los cambios apuntarán a que la víctima deje de ser “la gran olvidada en el proceso penal, algo que genera heridas en la sociedad”.

“Es necesario generar un equilibrio donde no se trate de mano dura, sino poder poner a la víctima en el lugar que corresponde. Se busca que las víctimas puedan participar en el proceso“, expresó tras el debate que suscitó el caso del policía Luis Chocobar que mató a un delincuente de varios disparos por la espalda.

El proyecto Justicia 2020 timoneado que impulsa el ministro Garavano apunta a la modificación de varias aristas del sistema procesal.

Este martes, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inaugurará el año judicial donde hará la presentación de “una política de Estado para la transformación de los poderes judiciales” y convocará a la discusión de esta iniciativa a los diferentes miembros del Poder Judicial.

“A posteriori, los representantes de la magistratura de todos los fueros del orden federal, nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires discutirán las propuestas durante los días 6 y 7 de marzo, tendientes a ser consensuadas con los demás poderes del Estado“, expresaron a través del Centro de Información Judicial que depende del Máximo Tribunal.

Días atrás, Clarín accedió en exclusiva al borrador que la comisión, presidida por el juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky, le giró al ministro Garavano, con algunos de los puntos de la reforma del Código Penal como prohibir la libertad condicional para delitos graves.

Las propuestas apuntarán a que los jueces tengan menos flexibilidad para morigerar penas y que los fiscales sean más protagonistas, tal como lo adelantó el presidente Macri en la apertura de las legislativas. Además de cambios para el aborto y penas más duras por delitos viales, corrupción y narcotráfico. Clarín/

 

 

 

LA UIF INVESTIGA A EL GITANO, EL DUEÑO DEL CORRALÓN DE LA VILLA 31 Y PROVEEDOR DEL GOBIERNO PORTEÑO

 

Con edificaciones de materiales variados y caminos laberínticos y estrechos, el acceso a la Villa 31 por la calle 10 de la manzana 20 es también la puerta para llegar a una de las personas más poderosas del barrio: El Gitano. Se llama Oscar Remorino, es uno de los principales proveedores del Gobierno de la Ciudad en la zona y beneficiario de jugosos contratos. Dueño de la empresa de venta de materiales para la construcción CEMACO, Remorino es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que concluyó que “su patrimonio creció en cuatro años un 1.700%”. En la zona, nadie lo conoce como Remorino: para todos los vecinos de la Villa 31 es “El Gitano” y varios repiten “ya no vive acá, le fue mejor”. Hoy es objeto de una investigación por lavado de dinero, evasión y defraudación. Es una figura indisociable de la expansión del barrio que hoy alberga a más de 40.000 familias.

Como una línea divisoria tajante, el comienzo de la calle 10 para ingresar al barrio deja el camino de tierra y da la bienvenida con el asfalto. La mayoría de las calles pavimentadas en la zona fueron obras adjudicadas a El Gitano.

En ese acceso, a mano izquierda y con una puerta blanca de chapa que se distingue de las demás, está la casa de Remorino. Es el domicilio fiscal que declara ante la AFIP para su firma CEMACO, una de las principales beneficiadas, según consignó la UIF, por los contratos del Gobierno de la Ciudad en la zona. El corralón que se encontraba en la calle 10 ya no funciona como tal. Se desarmó después de que el Gobierno de la Ciudad bajo la conducción de Mauricio Macri, prohibió la venta ilegal de materiales para evitar que se siga edificando en el lugar. Sin embargo, según señaló un informe del organismo que conduce Mariano Federicci, el corralón “habría continuado con sus actividades marginales”.

La principal actividad que declara Remorino es la de “venta al por menor de materiales para la construcción”. Además, declara como actividad secundaria el “cultivo de yerba mate”. Sólo registró siete empleados entre 2011 y 2015, el período de mayor crecimiento de su patrimonio.

Entre 2012 y 2016, CEMACO resultó adjudicataria de variascontrataciones y licitaciones públicas por servicios (relleno de calles, poda de árboles, mejoramiento de áreas verdes, entre otras). Percibió del Gobierno de la Ciudad $ 51 millones, según el informe de la UIF al que accedió Clarín.

Consultados para esta nota, en el Gobierno porteño confirmaron que “La empresa CEMACO presta servicios de mantenimiento en el Barrio 31”. Entre los contratos que se le otorgaron, se encuentran “arreglos de baches, poda de árboles, arreglos en luminarias, destapes en la red cloacal y pluvial, limpieza de la tierra que se genera por obras y reparaciones, tanto de vecinos como de cooperativas del barrio”.

“La forma de auditar que los trabajos se realicen es a través del Registro Único de Reclamos (RUR). Se trata de una herramienta a través de la cual los vecinos del Barrio 31 son atendidos por un operador para realizar su reclamo. Posterior a la llamada, se realiza un seguimiento para constatar que la demanda haya sido resuelta”, indicó un comunicado del gobierno de la Ciudad tras la consulta de Clarín. Los fondos se depositaron en una caja de ahorro del Banco de la Ciudad y fueron “parcialmente retirados en efectivo, hubo extracciones entre 2012-2016 por $18 millones” y no se pudo establecer “la aplicación que tuvieron estos fondos”. La UIF busca reconstruir esa ruta del dinero para “identificar a los verdaderos beneficiarios finales de los fondos”.

“Remorino puso en circulación en el mercado significativas sumas de dinero cuya posible vinculación con una actividad ilícita (fraude al Estado, y/o evasión) no resulta posible descartar”, indicó la UIF.

Para el organismo antilavado, las prestaciones de servicios al gobierno de la Ciudad para las Villas 31 y 31 bis “representaron un incremento en sus actividades como proveedor estatal”. Los ingresos de CEMACO pasaron de $ 392.652 (2010) a $ 15,5 millones (2015). El patrimonio neto pasó, en tanto, de $ 162.445 a $ 5.631.340. La UIF llegó a Remorino luego de que se emitieran una importante cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), uno de ellos fue por la compra de un avión en 2013 que recién incluyó en sus declaraciones juradas de bienes ante la AFIP dos años después. Entonces, El Gitano dijo que su avión con el que viajaba frecuentemente a Misiones, donde tiene un campo yerbatero y se construía una casa, valía sólo $ 160.000. La cifra resultó incongruente para el organismo fiscal, ya que en ese período se observó una transferencia hacia el vendedor por $ 2 millones.

Tras ese episodio, la lupa de la UIF se posó sobre el patrimonio de El Gitano. “Hubo un notable incremento en sus bienes, tanto lo declarado ante la AFIP como los bienes afectados a la firma. En 2011 sólo tenía $ 300.000, pero al finalizar el 2015 su patrimonio ascendía a $ 21.800.000: “un aumento del 7.100% en cuatro años”, remarca el informe.

Remorino tiene un plazo fijo y bonos BONAR17 por $ 15 millones, dos propiedades en la provincia de Buenos Aires, el avión y una propiedad que compró en Misiones. Los números no cierran para el proveedor de Cambiemos en la Ciudad. “Sus acreditaciones bancarias entre 2012-2014 no se condicen con las ventas”, remarcan en la UIF. El organismo determinó que “los gastos operativos de CEMACO superaron copiosamente los gastos inherentes al negocio”. El excedente generado fue superior a los $ 2 millones en 2015.

Además, en 2013 exteriorizó ingresos “por su explotación personal por $ 9.942.615 mientras que los gastos eran $ 9.790.184”. Ante estos números se consultó a cinco proveedores sobre las transacciones con Remorino. Al menos dos de las firmas informaron “no haber operado” con El Gitano, a pesar de que se las involucraba en transacciones por $ 1.300.000. Con todos estos datos, el organismo antilavado sospecha de fondos puestos en el mercado como resultado de algún ilícito, y según fuentes judiciales, “el lavado de activos no está descartado”. Clarín/

 

 

 

 

ÍNDICE DE OPTIMISMO: NUEVA CAÍDA EN POLÍTICA Y ECONOMÍA

 

El Gobierno no consigue recuperar el optimismo en la política y en la economía, de acuerdo con el relevamiento de Management & Fit. Ambos índices continúan con la tendencia a la baja y esta semana el política se ubica en 37,8 puntos y el económico en 34,2 puntos. Por el momento no se advierte un efecto del discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, el jueves.

En el plano político, las mayores bajas se dieron en el sub-indice de clima político que cayó 1,1 puntos, mientras que las expectativas políticas lo hicieron un 0,8. Ambos indicadores se posicionaron en 38,7 y 36,9, respectivamente. En el primer ítem las variables con mayor baja fueron la evaluación de gestión (-1,7) y la percepción de preocupación del gobierno a la hora de gobernar (intereses particulares en detrimento del bien general, -1,6). Luego la evaluación sobre la honestidad del Gabinete (-1,3), el liderazgo político de Macri (-1,1), la capacidad del Gobierno Nacional (-0,9) y la eficiencia del gasto público (-0,8). La única variable que se mantuvo sin caída ni tampoco mostró crecimiento fue la evaluación de la situación política.

En el segundo ítem (expectativas políticas) cayó 2,5 el liderazgo político del Presidente a futuro y se mantuvieron estables la situación política y la capacidad del Gobierno a futuro.

El Gobierno buscó recuperar la iniciativa política con el impulso de una serie de debates que descolocaron o le cambiaron el eje a los sectores opositores, como los que enunció el Presidente ante los legisladores al inaugurar el período de sesiones ordinarias: la despenalización del aborto, la igualdad salarial entre el hombre y la mujer, la extensión de las licencias por maternidad para el padre y la obesidad infantil, entre otros. Por el momento no consiguió resultados significativos en cuanto al optimismo en términos políticos, de acuerdo con este relevamiento.

En cuanto a la economía las mayores variaciones negativas se dieron en las expectativas, con caídas de 1,5 puntos en el optimismo sobre la situación de empleo y de ingresos futuros. La variable precios se mantuvo con diferencias no significativas con respecto a la semana pasada. En total, el índice de expectativas económicas bajó 0,9 puntos y el de confianza 0,6 puntos.

En este último ítem cayeron la situación de ingresos actual (-1,2) y el nivel de vida alcanzado (-1). Se mantuvieron estables la situación de empleo y de precios. Acaso este último número al menos sea un aliciente para el Gobierno, en una etapa en la que no logra contener la inflación y con ajustes de tarifas. Clarín/

 

 

 

 

 

ECONOMIA

 

SE POSTERGA HASTA ABRIL LA REDUCCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES

 

La reducción de las contribuciones patronales y la unificación de las alícuotas, en vigencia a partir del pago de los sueldos de febrero, recién podrán efectivizarse a partir del 3 de abril, cuando estará operativa la nueva versión del aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de Seguridad Social – SICOSS”.

Entonces las presentaciones de los empleadores podrán incluir los meses anteriores, rectificando los valores en base a las nuevas alícuotas y las contribuciones patronales más bajas. “Teniendo en cuenta las modificaciones de la reforma tributaria, estamos readecuando algunos de los sistemas informáticos para facilitar su uso”, informó la AFIP.

El organismo recaudador aclaró que “a fin de utilizar los beneficios dispuestos por la reforma tributaria, las declaraciones juradas determinativas de los recursos de la seguridad social, correspondientes a los períodos devengados enero, febrero y/o marzo de 2018, presentadas con una versión anterior del SICOSS, podrán ser rectificadas por nómina completa utilizando la versión 41 de dicho aplicativo hasta el día 31 de mayo de 2018 inclusive”. Y agregó: “Asimismo, cuando la rectificación de las referidas declaraciones juradas arroje un saldo a favor de este organismo, su ingreso se considerará cumplido en término si se efectúa hasta el 31 de mayo de 2018”.

La ley 27430 de reforma tributaria creó un “mínimo no imponible” que arranca en $ 2.400 sobre el cual no se pagarán las contribuciones patronales desde el devengado de los sueldos de febrero hasta diciembre de 2018. Ese monto aumenta, ajustado por inflación, en forma gradual hasta alcanzar los $ 12.000, a valores de hoy, a partir de enero de 2022.

La reforma también unificó en forma gradual las alícuotas de las cargas sociales que los empleadores ingresan a la AFIP en concepto de contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social.

La unificación de las alícuotas también se implementa de manera gradual, hasta confluir en el 19,5% en enero de 2022. Este año se reducen del 21% al 20,70% la locación y prestación de servicios y aumentan del 17% al 17,50% para producción de bienes y otros.

El Secretario de Seguridad de Social , Juan Carlos Paulucci, le dijo a Clarín que “el efecto combinado de la aplicación del mínimo no imponible y el cambio de alícuotas reduciría la recaudación entre 9.000 y 11.000 millones de pesos durante el primer año y entre 30.000 y 35.000 millones de pesos durante el segundo año”. Clarín/

 

 

 

 

LA UNIÓN INDUSTRIAL PIDIÓ AL GOBIERNO “PONER PAÑOS FRÍOS Y TENER DISCUSIONES PROFESIONALES”

 

“Dejen de llorar y salgan a competir”, fue la dura frase que lanzó a los industriales el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien así salió al cruce de las críticas que hizo la entidad industrial en su primera reunión del año ante “el crecimiento de las importaciones y la fuerte caída en el consumo”.

Esta mañana, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, fue el encargado de responder a las duras declaraciones del funcionario en la Fiesta Nacional de la Vendimia, en Mendoza.

“Me llamó la atención la declaración de Pancho Cabrera, quizás están un poco susceptibles. Nosotros estamos de acuerdo con las medidas del Gobierno en general pero no podemos tener una mirada estadística. Lo que dijo (Cabrera) no cae bien, pero lo vemos como un tropezón“, afirmó en declaraciones a Radio Diez.

Y se refirió a la “mirada estadística” que parte desde el Ejecutivo que “dice que hay muchos que les está yendo bien y hay un montón de gente que no está en esa situación”.

“Eso no es llorar, no lo quiero mirar como un llanto”, fue la respuesta de Acevedo a la frase del funcionario.

A fines de febrero, durante la junta directiva de la Unión Industrial hubo quejas puertas adentro por importaciones, aumentos de tarifas, cortes de energía y nuevos impuestos.

El dirigente de la UIA pidió “poner paños fríos y tener discusiones más profesionales”, para evitar una nueva “dicotomía empresa chica-empresa grande, e industria versus campo”.

De esta manera, Acevedo evitó confrontar con el ministro Cabrera y se refirió a las metas fijadas por el Gobierno, en particular a la inflacionaria y su impacto en el consumo, una de las principales advertencias del sector industrial.

“No sé si la inflación va a ser 15% pero quizás 17%. El Gobierno tiene las herramientas para combatir la inflación“, sentenció.

“En línea general, estamos completamente de acuerdo con las medidas del Gobierno, que son a largo plazo, difíciles de tomar. Después también estamos en la línea de batalla para decir esto lo estamos viendo mal, estamos viendo entrar productos que para nosotros son subsidiados. Eso no se puede tomar como una crítica, sino como algo que nos tenemos que sentar a dialogar”, explicó el dirigente industrial. Clarín/

 

 

 

EL CAMPO FRANCÉS, LA PRINCIPAL TRABA EN EL ACUERDO CON EL MERCOSUR

 

Haute, la vaca mascota del Salón de la Agricultura en París, fue la única que no dijo ni Mu. Con su campana tintineante, curiosa, sociable, rubia, con estilizados cuernos y mamá de tres terneritos, ésta fiel representante de la raza francesa Aubrac posó diplomáticamente. A pesar de que ella y sus congéneres Charolais y Limousine, todas con excelente carne, pueden ser las más afectadas por los resquemores y oposiciones que produce en los agricultores franceses el acuerdo ente la Unión Europea y el Mercosur y los efectos sobre su producción, competencia y calidad sanitaria.

“Acuerdo Unión Europea -Mercosur. Productores y consumidores en peligro”. El cartel verde en letras blancas estaba prolijamente desplegado en el predio donde estaban los toros Charolais y Limousine de 1100 kilos. Un escenario que se repetía en todo el Salón donde había vacas, toros o terneros. Para ellos, el acuerdo que Argentina y la UE proyectaban firmar inminentemente y se debate desde 1995 es una novedad a la que se oponen militantemente.

El tradicional y espectacular Salón de la Agricultura -que finaliza hoy en la capital francesa – desplegó la más extendida, coordinada y sostenida protesta de los productores bovinos y avícolas franceses contra la posibilidad de que se firme el postergado acuerdo Unión Europea Mercosur en Bruselas. No solo era una preocupación de los ganaderos sino una solidaridad extendida entre todo tipo de agricultores. Los productores agrícolas franceses ven el acuerdo como una amenaza a la calidad de su cultura alimenticia, a su estilo de vida, a su manera de producir y competir.

¿El problema? El mito. Ninguno de ellos sabe exactamente cómo se produce en el Mercosur. La mayoría no conoce ninguno de los países que lo integran pero todos hablan de la soja y el maíz genéticamente modificado, la utilización de hormonas y antibióticos en la producción -ilegales en Francia-, la falta de trazabilidad de los animales, los problemas sanitarios y la ausencia de controles rigurosos para detectarlos. Un déficit de comunicación y contacto es el principal problema a remontar para Argentina y los países del Mercosur para despejar al menos la tremenda desconfianza de los productores franceses hacia su aterrizaje en la Unión Europea.

Con 100 expositores, 4.050 animales de 360 razas diferentes que se exhiben durante 9 días, el salón es la exaltación francesa del mundo del “terroir”, del que tan orgullosos están. Con 630.000 visitantes es una vidriera difícil de evitar. Los agricultores representan el 2 por ciento de la población activa francesa pero están muy bien representados. Son ellos el 13,7 por ciento de los alcaldes de Francia y el 12,2 por ciento de sus consejeros municipales. Con 70,2 mil millones de euros en el 2016, Francia registra la más fuerte producción agrícola de Europa.Representa el 17 por ciento del conjunto de la Unión Europea y es el primer productor de carne bovina en la UE, de cereales y azúcar de remolacha.

Mathieu Chateil llegó con sus vacas Limousine desde la Correze, “la tierra de Francois Hollande y Jacques Chirac” junto a su papá . “Si nosotros comparamos la producción nuestra a la de Argentina o Brasil, somos jardineros. Nuestras extensiones son pequeñas, las trabajamos con total dedicación, en familia. El costo de producción es diferente. Si ellos llegan y dejemos que lleguen, será un grave problema para todos los productores franceses. No hay trazabilidad en su ganadería, utilizan productos como antibióticos y hormonas que nosotros tenemos prohibidos y el precio será más barato”, explicó a Clarín.

Para él, cada país del Mercosur presenta problemas diferentes: desde Brasil a Argentina, Paraguay y Uruguay porque las formas de producción y calidad son distintas. ”Aún en Europa existen formas de producir que son diferentes a las nuestras. En España les dejan usar productos que nosotros no tenemos permitidos, en los animales”, cuenta Mathieu, que tiene 200 hectáreas y 160 vacas en Correze.

Otro de los dramas que enfrentan los productores franceses es la demora en poder mandar el ganado a la venta. Deben esperar a veces un mes y medio o dos hasta que hay lugar en los mataderos y sus freezers para la faena. ”Tenemos muchas regulaciones y problemas de acceso al mercado. Los consumidores franceses son exigentes y nos gusta que lo sean. Eso asegura la calidad de nuestros productos“, afirma Mathieu.

Maestro es un toro Charolais de 1164 kilos. Llegó de la región de Cher con Patrice y Nicolás Gaec Barret, habitúes exitosos del Salón de la Agricultura por su reputada genética bovina. Los Gaec Barret son dirigentes rurales y militantes contra el acuerdo Mercosur-UE. “Si se firma sería una catástrofe para los productores franceses, para las regiones. Todo nuestro valor son las regiones. No hay trazabilidad en el Mercosur. Es uno de los principales problemas”, explica Nicolás, este productor y dueño de “Les Bontemps”, su campo de 280 hectáreas en Le Chatelet.

Todas estas quejas fueron escuchas por el presidente Emmanuel Macron en el Salón de la Agricultura, donde fue silbado. “No entrará carne con hormonas a Francia“, prometió.

Pero el problema no es solo la ganadería. Los productores avícolas están preocupados por las importaciones de pollos de Brasil, cuando los consumidores han abandonado las carnes rojas y prefieren las pechugas en su dieta cotidiana. Macron fue recibido por un productor disfrazado: ”Soy un pollo brasileño sin control sanitario”, le dijo.

Pascal Jouse es uno de los agricultores de Loué, la región donde se produce el mejor pollo de Francia. “Nosotros producimos un pollo de calidad, criado en libertad, al aire libre, alimentado sin harinas animales. Usamos cereales, como trigo o maíz. No hay productos genéticamente modificados en ese menú. Es más caro, pero en Francia la gente está dispuesta a pagar más para comer mejor. Eso es lo que no entiende la Unión Europea ni el Mercosur. Francia sabe comer, es nuestra identidad. Está en nuestras raíces”, advierte este productor de 4.000 pollos en 30 hectáreas en la Sarthe.

Francia se encamina a una revolución ecológica agrícola, con diferentes formas de producción, reducción de pesticidas y alimentación biológica. Productores, agricultores, consumidores y el gobierno están de acuerdo en llevar adelante esa transición armoniosamente, con ayudas financieras y orientación. Por eso la petición para que el Acuerdo Mercosur- Unión Europea no entre en vigor bajo ningún pretexto ha convocado más de 52.000 firmas en pocos días. Lo consideran “una amenaza seria para la salud y los derechos de los consumidores”. Clarín/

 

 

 

 

COPARTICIPACIÓN: POR QUÉ LOS FONDOS DE BUENOS AIRES Y DE CABA CRECIERON MUCHO MÁS QUE LOS DE LOS DEMÁS DISTRITOS

 

En los primeros dos meses de 2018, la coparticipación de Nación a las provincias creció un 40 por ciento interanual (de $ 107.939 millones a $ 151.092 millones), pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires registraron incrementos de 15 a 20 puntos porcentuales por encima de las demás jurisdicciones, ¿a qué se debe tal desigualdad en el aumento?

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)en el primer bimestre CABA y la provincia encabezaron el ranking de distritos con mayor crecimiento interanual (57,1% y 50,1% respectivamente), seguidas por un grupo de provincias que vieron crecer estos recursos por entre el 37% y el 39%, mientras que otro grupo de jurisdicciones vieron tasas inferiores al 37%, con el caso de San Luis como extremo inferior con un crecimiento del 31,1%. Las razones de las diferencias

Según el Iaraf, la heterogeneidad observada entre jurisdicciones respecto a la recepción de fondos de Nación se explican por la precoparticipación, por el consenso fiscal y por la demora en algunas modificaciones. 

El primer motivo se refiere a la la gradual restitución a las provincias de la precoparticipación del 15% de la masa coparticipable bruta que se destina a Anses. Desde diciembre de 2015 la reposición es completa para Córdoba, Santa Fe y San Luis, mientras que para el resto de las provincias el cronograma inició en 2016, año en que el porcentaje se fijó en 12%, con una reducción anual del 3 puntos porcentuales que culminará con la desaparición de la precoparticipación en 2020.

Por otro lado, el consenso fiscal implicó modificaciones que en conjunto representaron para todo 2018 un aumento de ingresos para la provincia de Buenos Aires por $ 19 mil millones, un potencial incremento para CABA de $ 6 mil millones, y una pérdida potencial de recursos para el resto de las 22 provincias de $ 15.000 millones.

El incremento neto de fondos de coparticipación a provincias, luego de todas las “compensaciones” de excesos y defectos, será equivalente sólo al correspondiente a la provincia de Buenos Aires por $19 mil millones.

El tercer motivo radica en la no reglamentación de un artículo del consenso fiscal que procuraba reducir la coparticipación a la Ciudad de 3,75% (cifra que alcanzó tras un decreto de 2016 desde 1,4%) a 3,3%. Al no entrar en vigencia aquel cambio, el reparto de recursos se realizó en el primer bimestre con el porcentaje sin cambios del 3,75%.

En términos del agregado de envío de fondos a provincias, generó “artificialmente” un crecimiento de casi 1 punto porcentual superior al que debería haberse verificado si se hubiese llevado a cabo la corrección. El Cronista/

 

LA UIA LE RESPONDIÓ A CABRERA Y RECLAMÓ AL GOBIERNO “PONER PAÑOS FRÍOS”

 

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, se mostró sorprendido por las declaraciones del ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien les pidió a los empresarios que “se dejen de llorar e inviertan”

“Me llamó la atención la declaración de Pancho Cabrera, quizás están un poco susceptibles”, afirmó Acevedo hoy en diálogo con radio 10. Aún así, el titular de la UIA dijo que lo ven “como un tropezón” y pidió “poner paños frios”.

“Hay que poner paños fríos y volver a tener discusiones más profesionales porque si no volvemos a la dicotomía empresa chica/empresa grande e industria versus campo. Eso no existe hoy en la Argentina”, aseguró.

“En línea general, estamos completamente de acuerdo con las medidas del Gobierno, que son a largo plazo, difíciles de tomar. Después también estamos en la línea de batalla para decir esto lo estamos viendo mal, estamos viendo entrar productos que para nosotros son subsidiados”, agregó Acevedo.

Cabrera ayer remarcó la necesidad de que algunos dirigentes empresarios generen una “agenda seria”, que “se dejen de llorar”, “se pongan a invertir y a competir”, y aclaró que desde el Gobierno no se va “a castigar a todo el pueblo argentino para enriquecer empresas grandes”.

“Lo único que no puede pasar es que los argentinos paguen la ropa más cara del mundo”, enfatizó. “Algunos dirigentes empresarios se quejan en lugar de tener una agenda seria y adulta de competitividad”, sostuvo Cabrera en diálogo con radio Mitre, y aseguró que el gobierno “tiene siempre las puertas abiertas”. El Cronista/

 

 

 

EXPORTACIONES ESTANCADAS Y ENCIMA EE.UU. DESATA UNA GUERRA COMERCIAL

 

Frente a uno de los debates económicos más importantes, el ministro de Producción puso el foco en el centro del problema de la balanza comercial de la Argentina.

Dijo Francisco Cabrera: “El problema de la Argentina no es que importamos mucho sino que exportamos poco. En 2017, la Argentina importó menos en dólares que en 2011, 2012 y 2013; y en términos del PBI se encuentra en el nivel más bajo desde 2001. Además, 8 de cada 10 dólares importados se destinan a bienes de capital e insumos”.

Los dichos de Cabrera fueron en el marco de una polémica de industriales que le reclaman al Gobierno que haga algo frente a las denuncias de aumento en la entrada de productos que compiten y afectan la producción nacional.

La respuesta oficial es que no sólo se importa poco sino que las mayores importaciones corresponden a la entrada de bienes de capital e insumos para la producción y no de bienes de consumo. Aunque, y en esto los funcionarios de Producción lo reconocen, hay sectores como la indumentaria y el calzado que están bajo fuego por la competencia externa.

El año pasado las importaciones crecieron 20% y las exportaciones sólo 1%, pero esos datos se dieron en un marco de fuerte ingreso de capitales por las colocaciones de bonos en el exterior e importantes salidas por el gasto de los argentinos.

En forma global entraron unos US$45.000 millones por las colocaciones de deuda de la Nación, las provincias y las empresas privadas mientras que, del otro lado, se fueron, entre otras partidas, unos US$20.000 millones por fuga de capitales y otros US$10.000 millones por el déficit que dejó el turismo dominado por los viajes y los gastos en el exterior.

Sólo en el rubro indumentaria, en Producción destacan dos cifras de 2017: se importaron US$500 millones por containers e ingresaron otros US$1.500 millones en valijas de turistas, en lo que constituye una verdadera avalancha hormiga. Y eso, a su vez, habría sido determinante para explicar por qué el precio promedio de la ropa subió menos que el índice de precios al consumidor.

Se decía en la Argentina que cada punto de crecimiento del producto bruto determinaba tres puntos de crecimiento de las importaciones. El año pasado esa relación fue de uno a seis y explica la preocupación de algunos sectores productores aunque, en muchos casos, son esos mismos productores los que hacen punta a la hora de traer productos del exterior.

Esa relación de uno a seis también indicaría el atraso en el que cayó el dólar el año pasado y que el Gobierno intentó revertir a partir del 28 de diciembre, cuando anunció el aumento de la meta de inflación que le abrió el camino a la baja de tasas y a una suba del dólar de 17% en tres meses, dejándolo en $20,25 en el circuito mayorista.

En el Gobierno dicen que el dólar de $20,25 está en términos reales en el mismo nivel después del salto que tuvo a la salida del cepo cambiario a fines de 2015. ¿Alcanzará para alentar las exportaciones?

La respuesta estará en algunos meses y la prueba será observar si el dólar más alto y los mayores precios de la soja permiten compensar las pérdidas por la sequía, o si se moderan los tours de compras a Chile o Miami. Pero la definición del jueves en el Congreso del presidente Mauricio Macri respecto a que “lo peor ya pasó” permitiría inferir que el Gobierno buscaría aquietar al dólar por un tiempo.

“Lo peor ya pasó” de Macri puede leerse como el golpe en el bolsillo de la gente por la suba de las tarifas de luz, gas, transporte y agua. Y por el cambio de la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones. Y por la devaluación del peso y el impacto en la inflación fueron las decisiones económicas más duras y ahora habría que esperar ajustes más moderados.

El presidente confirmó lo que una semana antes había dicho el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en España sobre que se vivían “los peores” meses en materia de inflación y estuvo en línea con la decisión del Banco Central de no bajar las tasas de interés de referencia ante lo que consideró un alza de la inflación en febrero.

¿Pasó lo peor? Para las exportaciones pareciera que no, después de que el jueves Donald Trump anunciara que EE.UU. va a subir los aranceles del acero y el aluminio para frenar la entrada de productos de China y de otros países entre los que estarían la Argentina y Brasil.

A los problemas para exportar limones y biodiesel ahora se suman acero y aluminio. El mundo se perfila mucho más trabado en materia comercial y la Argentina ya entra con las exportaciones estancadas y después de un año en que, como el pasado, el país ratificó la matriz de seguir viviendo por encima de sus posibilidades. Clarín/

 

 

 

 

TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA NUEVA JUBILACIÓN OPTATIVA A LOS 70 AÑOS

 

Tras la sanción de la Reforma Previsional a fines del año pasado, los empleadores del sector privado podrán intimar a los trabajadores a cesar en el empleo e iniciar el trámite jubilatoriorecién a los 70 años y si, además, reúnen los años de aportes. En ese caso, el empleador deberá mantener la relación de trabajo por un plazo máximo de un año, o hasta que el trabajador obtenga el beneficio, si esto ocurre antes del año.

Este cambio –antes la intimación regía a los 65 años- y otras modificaciones alteraron el panorama de la jubilación para este segmento de trabajadores. Para saber si el trabajador reúne el requisito de los años de servicio necesarios para jubilarse, el empleador puede requerir de la ANSeS esa información correspondiente al trabajador.

En lo inmediato, las intimaciones ya efectuadas por los empleadores y que no derivaron en jubilaciones quedaron sin efecto y el trabajador puede seguir trabajando. También los ya jubilados pueden trabajar en relación de dependencia o como monotributistas o autónomos y seguir cobrando la jubilación. En ese caso, solo aportan el porcentaje o monto jubilatorio pero ya no se lo considera para incrementar su jubilación, a la vez que pierden la antigüedad laboral acumulada y se computa una nueva antigüedad a partir del momento en que se jubiló.

La nueva situación es la siguiente:

1) El trabajador (varón) puede jubilarse a partir de los 65 años si reúne al menos 30 años de aportes. Las mujeres pueden hacerloa partir de los 60 años también con 30 años de aportes. Pero a partir de esas edades, hay un efecto compensación: cada dos años por encima de los 60 las mujeres o 65 años los varones, disminuye un año el requisito (los requisitos) de aportes. O sea, con 62 años las mujeres o 67 los varones pueden jubilarse con 29 años de aportes. Con 64 años las mujeres y 69 años los varones, se requieren 28 años de aportes. Con 65 años, las mujeres y 70 años los varones necesitan contar con 27 años y medio. Y así en adelante.

2) De aquí se desprende que las mujeres o varones dependientes del sector privado que deciden jubilarse a los 70 años requieren como mínimo menos años de aportes: 25 años de aportes las mujeres y 27 años y medio, los varones.

3) “Debe ser claro para el trabajador que cuando el empleador le envía el telegrama con el texto “intimo a iniciar los trámites jubilatorios” o “intimo a jubilarse”, si bien estas son expresiones de la propia ley, no son correctas, ya que nadie, ni el propio empleador, puede obligar a una persona a jubilarse; si quiere, y puede, se jubila, y si no quiere, aunque pueda, no se jubila. La mal llamada “intimación a jubilarse” no es más que un beneficio al empleador, que puede extinguir el contrato de trabajo, sin obligación de pagar indemnización por antigüedad, solo que ahora solo puede hacerlo cuando el trabajador, además de reunir los requisitos para jubilarse, tiene 70 años de edad “, aclara la abogada Elsa Rodriguez Romero.

4) Las jubilaciones se calculan en base al sueldo promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones anteriores al cese laboral según un coeficiente del 1,5% por cada año de aportes más un monto denominado PBU (hoy de $ 3.619,07). En consecuencia, a mayor cantidad de años de aportes, mayor es el haber inicial de la jubilación. Por ejemplo, con un sueldo promedio actualizado de $ 15.000 y 30 años de aportes en relación de dependencia, el haber inicial sería de $ 10.369, equivalente al 69% del sueldo. Con $ 20.000 de sueldo promedio actualizado, el haber inicial sería de $ 12.619, equivalente al 63% del sueldo promedio. Y si el sueldo promedio es el máximo por el que se aporta, de $ 86.596, el haber inicial sería de $ 42.587, equivalente al 49% de ese sueldo promedio. Los cálculos cambian si se combinan años en relación de dependencia con años como monotributista o autónomo.

4) Una variante es si el trabajador (varón o mujer) a los 65 años no reúne los años de aportes. En ese caso puede solicitar el cobro de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) -equivalente al 80% del haber mínimo- y seguir trabajando hasta completar los años de aportes. Luego cuando se jubila pasa a cobrar la jubilación y deja de percibir la PUAM. Pero debe tener en cuenta algunas nuevas condiciones. Los años trabajados desde que cobra la PUAM se computan para alcanzar los años requeridos para obtener la jubilación. Pero, en la reglamentación (el punto no figura en la ley, lo cual puede abrir un nueva litigiosidad) se fijó que para el cálculo del haber inicial se toma en cuenta el sueldo promedio de las 120 remuneraciones anteriores, no al cese laboral, sino al momento del inicio del cobro de la PUAM. En consecuencia, a la hora de solicitar la PUAM, el trabajador debe calcular o proyectar cómo serán sus remuneraciones futuras, luego que le otorguen la PUAM. Si esos sueldos posteriores serán menores, le convendrá solicitar la PUAM porque además de cobrar esa pensión su futura jubilación se calculará sobre una remuneración promedio más alta. En cambio, tendrá que analizar muy bien si los sueldos posteriores son más altos.

5) Los trabajadores que a los 65 años tienen los 30 años de aportes pueden jubilarse si quieren, pero no pueden solicitar la PUAM. Lo mismo para las mujeres de 65 años con 28 años y medio de aportes.

6) Los trabajadores del sector público, aunque los organismos en los que presten servicios se rijan por la ley de contrato de trabajo, están excluidos de estos cambios.

7) Por los trabajadores que siguen trabajando, teniendo los requisitos para jubilarse, se reduce el costo laboral empresario. Es porque los empleadores no tienen la obligación de abonar las contribuciones patronales con destino al régimen previsional, pero deben ingresar las que corresponden al régimen de riesgos del trabajo y obra social. Clarín/

 

 

 

 

 

 

SANTA FE Y ENTRE RÍOS EVALÚAN DECLARAR LA EMERGENCIA AGROPECUARIA

 

El avance de la sequía en la principal zona agrícola del país abrió un fuerte debate en las provincias. A raíz de los reclamos de las entidades rurales, Santa Fe y Entre Ríos analizan por estas horas declarar la emergencia agropecuaria, mientras que Córdoba lo descarta por ahora. Si bien la medida alivia a los productores con el diferimiento del pago de impuestos, les quita valiosos recursos a los gobernadores.

Según la ley nacional, las provincias deben declarar primero la emergencia para que Nación decida luego si homologa el pedido. Hoy el gobierno nacional dispone de un fondo de $ 500 millones, un monto considerado insuficiente por los productores, quienes en cambio ven con interés estirar por hasta un año el vencimiento de impuestos a los bienes personales, ganancias, inmobiliario y de créditos oficiales.

La comisión de emergencia agropecuaria de Santa Fe se reunirá hoy a las 13 para definir sus pasos, con los últimos datos del INTA. “Se va a discutir, depende de la zona y los cultivos, se puede declarar pero después cada productor tiene que ver si cumple los criterios”, señaló a Clarín el secretario de Agricultura provincial, Marcelo Bargellini.

Con pérdidas irreversibles, la campaña actual de soja se perfila como la peor desde 1988. La oleaginosa registró en febrero un nivel de humedad muy negativo, lo que llevó la semana pasada a la Bolsa de Buenos Aires recortó la cosecha estimada a 44 millones de toneladas, 13,5 millones menos que la campaña anterior.

En el caso de Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet podría avanzar con la emergencia en los próximos días, con ayuda de fondos nacionales, aunque se descarta en principio la prórroga del inmobiliario. Se trata de asistencia financiera y aportes no reintegrables, junto con créditos y el diferimiento de los préstamos vigentes que recibe el sector.

“Se evalúa declarar la emergencia porque el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevere, prometió fondos”, dijo a Clarín el secretario de Agricultura, Álvaro Gabás.

La Mesa de Enlace local solicitó el jueves una audiencia con Bordet para pedir la emergencia. Los dirigentes rurales estiman pérdidas en torno a los $ 10.000 millones y esperaban extender el vencimiento del inmobiliario, una medida que costaría a la provincia más de $ 350 millones, según cálculos privados.

Por otra parte, en Buenos Aires, los municipios de Alberto y Bragado elevaron el pedido a la comisión provincial, y las entidades rurales de Tres Arroyos hicieron lo propio con el intendente de esa localidad.

El ministerio de Agroindustria declaró el viernes la emergencia agropecuaria para Mendoza, La Pampa y Chaco, por los incendios desde en las dos primeras provincias, y las fuertes lluvias en el NEA. “La ley prevé ayuda nacional una vez que las provincias decretan la emergencia o desastre agropecuario. Hasta ahora no tenemos ningún pedido”, dijo a este medio Etchevehere. Clarín/