POLÍTICA

LAS MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT EXPONEN AL GOBIERNO A DIFERENCIAS INTERNAS

Desde hace varios días el Gobierno quedó expuesto a una serie de idas y venidas sobre posibles medidas tendientes a cumplir con la reducción del déficit fiscal al 1,3 por ciento en 2019, meta imprescindible en el contexto del acuerdo con el FMI. El posible freno a las obras públicas, la continuidad del cronograma de rebaja de las retenciones a la soja y el esquema de subas en las tarifas fueron algunos de los temas que quedaron expuesto a las oscilaciones oficiales.

Pero nunca habían quedado tan en evidencia como ayer con el debate sobre una posible suba de la alícuota para los pasajes al exterior. “Hay que tomar decisiones para acelerar el camino a la convergencia fiscal, pero no estamos frente a una crisis estructural ni mucho menos”, dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por la mañana, en declaraciones radiales, poco antes de aclarar que “está sobre la mesa” y por “consejo de algunos economistas” la suba de la alícuota en los pasajes al exterior, actualmente en el 7 por ciento.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue terminante horas después. “No veo una contradicción [con Peña], no creemos que vayamos a resolver la vida de los argentinos aumentando los impuestos”, afirmó el coordinador del gabinete económico, aunque poco después afirmó: “No está bajo estudio aumentar la alícuota de ningún impuesto en la Argentina”.

El propio Peña, horas después de su declaración, escribió por Twitter: “Lo único que dije es que hay sectores que creen que ese impuesto debería ser más alto. Y eso es lo que dije, que está en la mesa junto a muchas otras propuestas que se discutirán en el marco del debate presupuestario”. Durante la jornada, y a diferencia de las declaraciones del titular de Hacienda, cerca de Peña aclaraban que el tema estaba “bajo análisis”, aunque distinguían entre la suba de la alícuota y la creación de nuevos impuestos, “cosa que no vamos a hacer”.

De todos modos el hecho fue inédito: nunca se había producido semejante contrapunto entre quienes hoy probablemente son las figuras más influyentes del gabinete.

Al igual que los pasajes al exterior, también la acordada baja progresiva de las retenciones (0,5 por ciento por año) estuvo (o está) en la mira de la “tijera” del ministro de Hacienda. Tan fuerte fue el rumor, corroborado en varios ministerios, que el propio Macri reunió ayer a la Mesa de Enlace en la Casa Rosada para desmentir que hubiera una contraorden en ese sentido. “El Presidente ratificó el rumbo, el cronograma sigue tal cual está, el tema retenciones Argentina lo tiene que superar, perjudica el impulso exportador para que entren más divisas al país”, afirmó luego de la reunión Dardo Chiesa, titular de CRA.

La semana pasada, otras medidas de ajuste estuvieron en la discusión de la mesa chica del Gobierno, sin una decisión tomada en concreto, como el anunciado cronograma extendido en el pago de las tarifas de luz y gas. También se desmintió que el recorte acordado con el FMI incluya la obra pública, uno de los puntales de la reactivación que el Gobierno cree posible hacia fines de año. Esta decisión parece, también, ser modificable.

“Algo de obra pública vamos a tener que tocar, los números no cierran de otro modo”, explicó a LA NACIÓN uno de los ministros que participaron de la reunión del gabinete económico que encabezó Dujovne anteayer, en la que se fijó la imposibilidad de contratar nuevo personal y de promover nuevos gastos en el Estado hasta el cierre del presupuesto del año que viene. La decisión de ajustar también las obras públicas es resistida por el “ala política”, en la que sobresale el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (a cargo de buena parte de las obras), pero también los gobernadores de Pro María Eugenia Vidal (provincia) y Horacio Rodríguez Larreta (ciudad de Buenos Aires), que piensan no solo en sus gestiones, sino también en las elecciones del año que viene.

Ambos vienen discutiendo con Dujovne el traspaso de algunos gastos que el Estado quiere sacarse de encima -la subdivisión de AySA, por ejemplo- y que pasen a las jurisdicciones bonaerense y porteña. Las ya lanzadas discusiones con el PJ de cara al presupuesto 2019 chocan con el pedido de los gobernadores de ese partido de postergar la rebaja de Ingresos Brutos, proyectada en el Pacto Fiscal. “No se puede suspender una ley, es de país bananero”, contestaron desde un despacho importante de Balcarce 50.

El decreto de ajuste de personal, que estaría publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas, según fuentes de Hacienda, vino acompañado de una orden que bajó a cada ministerio, muy ilustrativa de los tiempos que vienen. “No aceptan nuevos CUIT, persona que se va, persona que no se reemplaza”, comentaba un alto funcionario a LA NACIÓN en la Casa Rosada, donde ayer el clima era de relativa calma, luego de la segunda baja consecutiva del dólar. Las difíciles decisiones de ajuste siguen en debate.

Los temas que generaron oscilaciones

Recorte de obras públicas

Fue el primer ajuste que anunció Dujovne, cuando ni siquiera se había firmado el acuerdo con el FMI. Dijo que se reducirían en $30.000 millones. En los últimos días, otros ministros afirmaron en reserva que Macri bajó la indicación de que la obra pública no se frenaba.

Subas tarifarias

Cuando asumió Javier Iguacel en Energía, el Presidente le pidió que explorara un cronograma más flexible que el que tenía su antecesor, Juan Aranguren. Lo mismo pasó con los precios de los combustibles. Finalmente terminó confirmando el esquema original.

Retenciones al campo

La posibilidad de postergar por un tiempo la baja de los impuestos a la soja es una medida que Dujovne admitió estar evaluando si los recortes no alcanzaban. El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, presionó en público y Macri se inclinó en este sentido. Ayer lo ratificó ante la Mesa de Enlace.

El impuesto en los pasajes

Fue el episodio que se desató ayer, cuando Marcos Peña dijo que estaba en análisis la posibilidad de subir el gravamen como un modo de desalentar la salida de dólares. Un rato después el propio Peña trató de minimizar sus palabras. Por la tarde, Dujovne fue mucho más tajante y dijo que no se estaba evaluando una medida en ese sentido.

LA NACIÓN /

DUJOVNE PROMETIÓ “ESQUEMA EQUITATIVO PARA TODOS” Y PIDIÓ RESOLVER “EL CASO DEL AGUA” 

En respuesta a los reclamos de gobernadores por los subsidios a Vidal y Larreta

El ministro de Hacienda se presentó ante el Senado para defender el acuerdo con el FMI. Ratificó el rumbo. Dijo que no hay crisis y que no habrá impuesto al turismo en el exterior
En medio del creciente reclamo de los gobernadores opositores para que la Nación delegue en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires los servicios de agua, electricidad y transporte que hoy subsidia para los porteños y bonaerenses, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, prometió ayer “avanzar en un esquema equitativo” para todos. Fue ante la comisión bicameral que controla la deuda, en el Senado, adonde además defendió enfáticamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró: “No tenemos previsto aumentar ningún impuesto en la Argentina”.
Quien concentró las preguntas en el reclamo de los gobernadores para que la Casa Rosada traspase Edenor, Edesur, Aysa y los subsidios al transporte a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta fue el senador por Córdoba, Carlos Caserio.
Llevó ante Dujovne una de las banderas del gobernador Juan Schiaretti. “Es injusto que en el interior estemos pagando del presupuesto nacional, con subsidios nacionales, una tarifa diferenciada para los habitantes que tienen la suerte de vivir alrededor del Puerto de Buenos Aires”, se quejó.
Dujovne empezó a responder sobre la energía eléctrica. Inmediatamente, Caserio retomó el micrófono. “Yo le estoy hablando de Aysa, los $ 15.000 millones anuales. ¿Va a hacer el ajuste acá, sí o no? ¿Y qué me dice del transporte? A eso me refiero ministro”, enfatizó. Ahí el ministro concedió: “Queremos avanzar en un esquema equitativo en las distintas provincias. Y el caso del agua es otra de las cuestiones que tenemos que resolver”.
Además, señaló que el Gobierno buscará no suspender la aplicación del Pacto Fiscal o la Reforma Tributaria. “Nuestra intención es que los argentinos paguen cada vez menos impuestos, tanto nacionales como provinciales. Por eso es nuestra intención mantenerlos (a ambos acuerdos)”.
Las casi cuatro horas de exposición del ministro giraron en torno de las críticas opositoras y de algunos puntos en los que Dujovne hizo especial hincapié.
El funcionario aseguró, ante las preguntas de varios diputados, que “no ha cambiado ni va a cambiar la legislación vigente” en lo referente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y que “sólo se va a usar para pagar jubilaciones”. “No hay nada en el acuerdo con el FMI que modifique el uso de los fondos del FGS. No se plantea que la Argentina tenga que vender acciones”, subrayó.
Además, pidió “no confundir la depreciación del tipo de cambio o un acuerdo con una institución internacional” con una crisis, y prometió que el país saldrá “fortalecido” de lo que llamó “la turbulencia” porque “saldremos con las mismas reglas de juego que con las que entramos”.
Aunque reconoció que en el programa de financiamiento hay “una brecha de $ 8000 millones el año próximo”. Y que producto del acuerdo con el Fondo, “saldrá en un decreto en breve mediante el cual no habrá ingresos por dos años al sector público nacional”.
El jefe del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) en Diputados, Agustín Rossi, lo cruzó con dureza. “En marzo de este año usted tuvo actividades con la presidenta del FMI. La invitó a cenar a su casa-baldío. ¿Ya en ese momento pensaban volver al FMI?”, le reclamó. Por el bloque Justicialista, Pablo Kosiner completó: “Dijeron que fueron al Fondo para evitar la crisis.
¿Qué crisis se evitó? Hay pérdida de empleo, caída de ventas, inflación. ¿Cuánto peor podría ser la situación?”.

EL CRONISTA / ÁMBITO FINANCIERO / BAE /

INFORME DEL MINISTRO EN EL SENADO

NICOLÁS DUJOVNE: “NO TENGO MÁS ACTIVOS LÍQUIDOS EN EL EXTERIOR”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que ya “no” tiene “más activos líquido en el extranjero”, producto de haberlos traído al país entre el 2017 y este año, lo que será reflejada en su declaración jurada. El funcionario también aclaró por qué no abonaba el impuesto inmobiliario acorde a la propiedad que posee en el barrio porteño de Belgrano y se negó a responder si adhirió al blanqueo.

Al brindar un informe ante la bicameral de Seguimiento y Control de la Gestación de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, interrogado por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade sobre su su situación patrimonial, Dujovne brindó su explicación “para terminarla con esta discusión”.

“Hace tiempo he manifestado que los fondos en el exterior estaban invertidos en activos argentinos, equivalente a tener bonos argentinos en el exterior, pero dado el cuestionamiento que he decidido en la sociedad, que esa explicación parece no ser suficiente y para terminarla con esta discusión, en el año 2017 traje parte de mis activos en el exterior, cosa que se verá en mi declaración de bienes que va a ser difundida, creo que a fines de julio por la Oficina Anticorrupción”, manifestó Dujovne.

En tanto el resto de sus activos los trajo al país “en la primera parte de este año”, con lo cual aseguró: “No tengo más activos líquidos en el extranjero”.

Acerca del blanqueo de capitales que, según la Revista Noticias en su edición del 13 de abril pasado, participó Dujovne con $ 20 millones, el funcionario se negó a responder.

“Con respecto al blanqueo que aduce la revista Noticias, el cual yo habría participado, la verdad que eso corresponde a mi vida privada, anterior a ser funcionario, información que supuestamente obtiene la Revista Noticias proveniente de una banda de delincuentes que trafica información de la AFIP, y por lo tanto no voy a contestar”, afirmó.

El ministro también debió aclarar por qué había abonado un impuesto inmobiliario por un descampado, en lugar de una casa que posee en el barrio porteño de Belgrano.

Dujovne relató que inició el trámite para obtener el final de obra hace unos 10 años, “con poca suerte” porque “hubo un incendio en Rentas”. “Insistí varias veces, finalmente logre, no porque me haya intimado el Gobierno de la Ciudad, logré que este año me den la final de obra para poder pagar lo que corresponde”.

“Ahí es cuando algún empleado de Rentas vio, ‘Ah miren! Aquí está, estaba pagando antes de una manera y ahora de otra”, relató el ministro, acerca de cómo habría trascendido su situación impositiva respecto de su propiedad.

Tras explicar que a partir de obtener el final de obra “se recategoriza el monto del impuesto inmobiliario”, aclaró que durante todo este tiempo abonaba unos $3.000 por mes y que, en las últimas semanas, pagó “unos $325 mil por la diferencia de valuación, en lo que respecta al impuesto inmobiliario.

CLARÍN /

DUJOVNE RATIFICÓ EL PACTO FISCAL (PERO HABILITÓ RIESGOSA VENTANA NEGOCIADORA) 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, terminó ayer de abrir las puertas a la dura negociación que habrá con la oposición de cara al Presupuesto 2019, con la riesgosa oferta de revisar las condiciones del pacto fiscal que firmó la Nación con 23 distritos el año pasado y que ratificaron los legisladores a fin de 2017. Además, el funcionario blindó el flamante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dejó en claro que el país saldrá pronto de la recesión prevista “con las mismas reglas de juego” que las utilizadas desde que asumió la administración central, tras la virulenta experiencia kirchnerista.
Dujovne asistió ayer a la comisión bicameral de deuda que comanda el senador “ginsfranista” José Mayans. El discurso inicial fue tibio y similar al que utilizó la semana pasada el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe al Senado. Para ambos, la Argentina sufrió de turbulencias financieras sólo por tres motivos: la sequía, el aumento del petróleo y la suba de tasas en los Estados Unidos. En lo local, nada, excepto la aclaración en cuanto a que poner la lupa sólo en el consumo es una “condena a la mediocridad y al fracaso”.
“¿Por dónde ven la salida y el crecimiento? Vemos desequilibrios fiscales altos, inflación de entre el 30% y 35% dependiendo si hacen algo a futuro con las tarifas o no (…) Es cierto que con consumo solo no alcanza, pero tampoco sólo la inversión ya que necesitamos más exportaciones (…) ¿Podrían explicar qué van a hacer con la liquidación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? (…) ¿Y con las Lebac y Letes? (…) ¿Qué van a hacer con la Carta Orgánica del Banco Central tras el acuerdo con el FMI?”, resumió en su combo de cuestionamientos diputado renovador Marco Lavagna.
“Son los mismos planteos de 2016 cuando decían de prohibir los despidos y cuando pedían medidas porque ‘el Gobierno no iba a arrancar nunca'”, replicó Dujovne, que además agregó: “No debemos confundir una crisis con un episodio de depreciación de tipo de cambio o el pedido de colaboración de un organismo del cual Argentina es miembro (…) Vamos a salir fortalecidos porque salimos con las mismas reglas de juego que con las que entramos a la gestión”.
Por otra parte, el ministro también aclaró que “no hay nada que modifique el marco legal vigente para el uso del FGS” y que la modificación de la Carta Orgánica del BCRA está pensada para que no se financie más al Tesoro. En esa línea, apuntó: “Queremos plasmar eso en una ley para los próximos meses”.
El pack de Lavagna contenía definiciones sobre el pacto fiscal. “La intención es que los argentinos paguen menos impuestos nacionales y provinciales. Es nuestra intención mantener la reforma tributaria y el pacto fiscal. Por supuesto, para lograr ese objetivo vamos a necesitar el acompañamiento responsable de la oposición, para ver cómo podemos cortar gastos corrientes sin impacto de crecimiento (…) pero no es una decisión única del Ejecutivo. Se va a discutir en el Congreso pero no es nuestra intención modificarlo”, manifestó Dujovne.
Con respecto a la deuda, el funcionario nacional se diferenció de las advertencias del diputado renovador ya que los compromisos con el FMI, según argumentó, “reemplazan a deudas de mercado por otras que contienen menores intereses, con un promedio del 4% anual”, y reiteró que “desde 2020, el ratio de deuda en comparación con el Producto Bruto Interno empezará a descender”.
Seguido a ello, el ministro reiteró que el régimen de tarifas “se va a seguir normalizando” y que “los aumentos de agosto y octubre no están definidos”, pero adelantó que el flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, “está trabajando con actuales marcos para lograr mayor competencia” y así “suavizar algunas subas, siempre respetando la convergencia hacia la normalidad en el funcionamiento del sector”. Hacia lo último de las respuestas a Lavagna, Dujovne desnudó el pésimo orden comunicacional del Gobierno en relación con la idea para subir impuestos en pasajes al exterior. “No veo contradicción entre lo que dijimos nosotros y el jefe de Gabinete (…) Son sugerencias de distintos sectores que escuchamos y se consideran, pero no tenemos bajo estudio modificar ninguna alícuota”, sentenció el titular de Hacienda y Finanzas.
Desde el cristichavismo, el jefe en Diputados, Agustín Rossi, tuvo una oportunidad única para revolear dardos al ministro y la desaprovechó de manera olímpica. Lo criticó porque tomaba whisky en un programa de televisión del que formaba parte antes de llegar a administración macrista y por rechazar -cartel mediante- el regreso al FMI. “Era lo que mostraban los kirchneristas. No estaba haciendo una declaración personal. Podríamos pasar el video y para mostrar la historia completa”, respondió Dujovne. El funcionario no se quedó callado y tras la formulación de preguntas, le espetó a Rossi: “El anterior Gobierno que mintió con la inflación y la pobreza. Decían que teníamos menos pobreza que Alemania y es llamativo que su argumento venga del lado de la verdad. Está en su derecho a pensar que nosotros podemos estar equivocados, pero si se habla de mentirosos, los que nos están mirando saben de qué lado está cada uno (…) Antes tomábamos plata de -el expresidente de Venezuela, Hugo- Chávez al 15%”.
Más tarde, Dujovne reiteró que la inflación esperada es del 27% para este año, pese a que a fines de 2017 y a horas de haberse sancionado el Presupuesto 2018, el mismo funcionario pasó dicha meta del 10% al 15%. La semana pasada, Peña proyectó una del 22% interanual a partir del corriente mes.

ÁMBITO FINANCIERO /

DIPUTADOS TRATA HOY LA LEY JUSTINA PARA QUE TODOS SEAN DONANTES DE ÓRGANOS 
El debate se centra en cuál será el rol de la familia y si deberá dar el visto bueno para la ablación.
El proyecto de Ley Justina obtuvo el 30 de mayo -Día del Donante de Órganos- media sanción en el Senado. Modifica muchos aspectos de la ley de donación de órganos y establece que todas las personas son donantes de órganos salvo que hubieran dejado expresada su voluntad en contrario. La iniciativa, inspirada en la nena que murió en 2017 mientras esperaba un corazón, fue girada a Diputados y hoy buscará sanción.
Tras su aprobación en la Cámara alta, la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT) –que reúne a gran parte de los profesionales que practican trasplantes en el país- emitió en el que manifestó su preocupación con la norma porque se pasaría a una figura de donante presunto “duro”, en el que se elimina la necesidad de consentimiento familiar en caso de que el fallecido no hubiera expresado en vida su voluntad de ser o no donante de órganos.
Si bien ese aspecto de la ley se terminará de definir en la reglamentación de la norma, el titular del Incucai, Alberto Maceira, explicó a Clarín cuál es el espíritu de la ley y el rol que creen que debe tener la familia: “En la Argentina tenemos donante presunto desde hace mucho tiempo, con la modalidad de que la familia debe firmar una declaración jurada en la que dice que el fallecido nunca se expresó al respecto. Esto, en algunos lugares del mundo lo llaman donante presunto atenuado. En este proyecto sacamos el formato de la firma, pero nuestra intención no es pelearnos con la familia. Obtener órganos –enfatiza- fruto de una discusión con la familia es atrasar 20 años”.
Maceira remarca que este es un proyecto que busca “agilizar un proceso en el cual se establecía una dinámica en la que se le decía al familiar, su marido es donante pero me tiene que firmar. Queremos sacar esa dinámica de poner a la familia en la responsabilidad de decir que nunca habló sobre donación de órganos”.
En la reglamentación se deberá dirimir el rol final de la familia en el proceso de donación. Y no es un dato menor si se tiene en cuenta que actualmente el 40% de las donaciones se pierden por oposición familiar, según datos del Incucai.
El año pasado hubo 13,46 donantes por millón de habitantes y la meta serían 20, El récord en Argentina fue en 2012 con una tasa de 15,10 dpmh.

CLARÍN /

PEÑA LE REPLICÓ A CARRIÓ Y NEGÓ QUE MACRI COMPRARA LA IDEA DE QUE GANABA EL “NO” 
La pelea interna de Cambiemos por el aborto siguió escalando al punto que debió intervenir el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña: le contestó a Elisa Carrió y opinó sobre las polémicas declaraciones de la vicepresidenta, Gabriela Michetti.
La líder de la Coalición Cívica provocó un nuevo cortocircuito con la Casa Rosada al sostener -el lunes a la noche, por TN- que Mauricio Macri aceptó habilitar el debate porque “le dijeron que ganaba el no”.
En tanto que ayer, al llegar a la Casa de Gobierno, Peña negó de plano la afirmación de Carrió y dijo que el Gobierno decidió promover la iniciativa por “convicción” del mandatario. “Son opiniones de ella. La decisión del Presidente fue por la convicción de la necesidad de dar un diálogo democrático”, respondió en declaraciones a radio La Red.
En esa línea, el funcionario aseguró que lo que hizo el Gobierno fue “canalizar un debate parlamentario que estaba pendiente en 35 años en democracia, bajo el liderazgo del Presidente”.
Agregó que “sectores como la Iglesia, que pueden tener una opinión contraria al aborto, también entendieron que eso es parte de nuestra identidad democrática”, agregó el funcionario.
Carrió había señalado que a Macri “le dijeron que el ‘no’ iba a ganar por amplia mayoría y (le plantearon) una necesidad de debatirlo que no existía”, afirmó Carrió, en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Peña también intervino en el cruce que mantuvo la vicepresidenta con el diputado macrista Daniel Lipovetsky.
Michetti se pronunció contra el aborto aún en casos de violación. “Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con el psicólogo, no sé”, declaró. Lipovetsky – quien coordinó el plenario de comisiones en la Cámara baja- recordó que la despenalización en casos de violación está contemplada en el Código Penal desde 1921. “El debate actual es ampliar ese derecho de la mujer, no limitarlo”, apuntó.
Marcando distancia, Peña aclaró que la vice “habla desde su postura individual, como todo Cambiemos” y buscó poner paños fríos: “Lo más importante es la valoración de un debate muy respetuoso que tiene que seguir en ese tono respetando las distintas posturas y buscando el consenso necesario no sólo para la discusión de la ley sino para los otros temas que surgieron, como la educación sexual”. En la polémica terció el diputado radical Alejandro Echegaray, quien le salió al cruce a Michetti. Señaló que “no se pueden tomar estos temas volviendo al pasado”. En CLARÍN se menciona al diputado nacional, Alejandro Echegaray

CLARÍN /

ACUERDOS POLÍTICOS

EL GOBIERNO Y SERGIO MASSA VUELVEN A NEGOCIAR PARA HABLAR DEL PRESUPUESTO

-Te felicito, tenés unos huevos bárbaros.
-No son huevos. Si se incluye el blanqueo para familiares la seriedad del blanqueo va a ser puesta en duda.

Cuando Sergio Massa cortó la llamada con Mauricio Macri, recibió la felicitación de un importante legislador de Cambiemos que había escuchado toda la conversación en la que se plantó firme ante el pedido reiterado del Presidente de que aceptara incluir la posibilidad de que familiares de los funcionarios se acogieran a la ley de Sinceramiento Fiscal: “Es un retroceso en términos de transparencia, Mauricio”, fue el argumento que le dio el líder del Frente Renovador. Expresó lo que el diputado oficialista pensaba, pero no lo podía decir.

La escena fue en junio de 2016 y fue, en definitiva, la última charla que mantuvieron Macri y Massa. El jefe de Estado insistió tres veces desde Colombia, donde había viajado para reunirse con su par Juan Manuel Santos. Pero, ante la negativa de Massa, decidió romper relaciones, luego de la mini luna de miel que incluyó un viaje juntos al Foro de Davos y el apoyo del Frente Renovador a leyes clave que necesitaba el Gobierno, como el acuerdo con los Fondos Buitre para salir del default. Al cabo, esa postura intransigente le valió asumir el costo político de firmar un decreto modificando la ley, lo que le permitió a su hermano Gianfranco Macri blanquear unos US$ 4 millones. Cerca del Presidente, sin embargo, sostienen que la distancia se dio “porque Massa empezó a especular con la campaña (legislativa) y dejó de ser confiable”.

Con todo, a dos años de aquella ruptura, que públicamente se visibilizaría meses más tarde, cuando Massa impulsó cambios en Ganancias y Macri le pidió terminar con la “demagogia”; para el Gobierno llegó el momento de ponerle fin a la confrontación. Advierten que es clave para alcanzar un acuerdo político que permita cumplir con la meta fiscal y aprobar el Presupuesto 2019; y aseguran que el reencuentro y la foto entre ambos “va a ocurrir”. “Mauricio no es dogmático, sino pragmático. Ya dijo que va a ser lo que sea necesario para el país, aunque su relación con Sergio se haya roto”, dijo uno de los interlocutores oficialistas. “El sabe que es importante que se reúnan y no tiene problema en hacerlo”, arriesgan cerca del Presidente.

Ese encuentro, estiman en un sector del Gobierno, se tendría que dar “en el tramo final” de la confección de la ley de Presupuesto que enviará el Ejecutivo a mediados de septiembre. Aunque hay quienes creen que debería ser antes. “Tiene que darse en no más de un mes”, consideran, al señalar la influencia que tiene el ex jefe de Gabinete sobre sectores del peronismo. “Si se demora mucho puede embarrarnos todo”, argumentan.

Ese apuro llevó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien supo criticar con dureza a Massa, a involucrarse para intentar un acercamiento. Pese a algunas versiones aisladas, no hubo encuentro cara a cara la semana pasada, pero sí una charla por Telegram, en la que el tigrense le avisó que presentará un paquete de propuestas económicas y puso a disposición sus equipos para tratar reformas en el Congreso. Peña se sumó así al operativo seducción en el que trabajan, además de las espadas parlamentarias de Cambiemos, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y, en las últimas semanas, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Sin demasiado éxito en la charla, Peña le pidió ayuda al jefe de los senadores del PJ Miguel Pichetto, quien se mueve en tándem con Massa en los últimos meses.

Quienes frecuentan al tigrense aseguran que no está cerrado a verse con Macri, “pese a todas las barbaridades que dijo el Presidente en los medios”. El viernes, en una reunión que mantuvo con Frigerio, Massa dio señales de estar dispuesto a escuchar. “Pero ahora Macri va a tener que llamarlo”, avisan cerca suyo.

Igual, cuentan que no tiene demasiada expectativa en el éxito de esa eventual reunión. “El problema no soy yo y si se reúne o no conmigo: el problema es que no hay un rumbo económico”, reflexionó ante sus íntimos en las últimas horas, según pudo reconstruir este diario. “La condición sine qua non ​para dialogar es que se cambie el plan de ajuste por programa de trabajo y crecimiento”, agregó. Este punto podría ser el principal obstáculo para un Gobierno cuya obsesión es la reducción del déficit fiscal.

CLARÍN /

EL ACUERDO CON EL FMI

LAS PROVINCIAS SE UNEN PARA NEGOCIAR EL RECORTE DEL PRESUPUESTO 2019

El peronismo archivó sus diferencias políticas y acordó, al menos en principio, negociar en bloque el ritmo y el alcance del recorte del gasto público que Mauricio Macri negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Del PJ dialoguista que encarga Juan Schiaretti (Córdoba) al hipercrítico Carlos Verna, de La Pampa, que renegó al Pacto Fiscal, sentaron ayer a sus ministros de Economía para fijar una táctica común sobre el presupuesto nacional del 2019.

No solo eso: a la mesa se sumó el delegado del socialista Miguel Lifschitz y aunque no participó del encuentro de este martes, también anticipó su participación el misionero Hugo Passalacqua.

En la Casa de Entre Ríos sobre la calle Suipacha, al mediodía se reunieron los ministros de once provincias. Fue la continuidad de la cumbre que varios gobernadores tuvieron hace dos semanas.

El bloque se extiende, hasta acá, a trece distritos. Otras, como Santa Cruz y Santiago del Estero, se sumarían más adelante.

La juntada, que coordinó el entrerriano Hugo Ballay, sumó dos movimientos complementarios: expresaron la voluntad de lograr un acuerdo para que el Gobierno tenga su presupuesto pero en manada no mediante negociaciones bilaterales como quiere la Casa Rosada.

A la espera de una cumbre de gobernadores, que podría ser citada por Macri, los ministros se enfocaron -a ciegas porque no tienen precisiones sobre la letra del presupuesto- a definir un temario de cuatro ejes:

# Programas. Las provincias dicen que hay demora en el envió de fondos nacionales para salud y educación, y en sectores específicos de políticas sociales. La prioridad, según acordaron los ministros, es que esas partidas no se afecten en el presupuesto porque los programas no pueden discontinuarse ni suspenderse por lo cual, si hay recorte, implicaría gastos extra para las gobernaciones.

# Obras. El planteo general es aceptar que la Casa Rosada no presupuesto nuevas obras para el 2019 pero garantice la continuidad de las obras en marcha. Circuló, además, una propuesta de Hacienda para que las provincias se hagan cargo de financiamiento internacionales con los que se fondean distintas obras.

# Pacto Fiscal. Luego de la propuesta formalizada por el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, fue uno de los asuntos en análisis. La intención es proponer al gobierno ralentizar la baja de impuestos provinciales acordada en noviembre pasado. Demorar un año la escala de Ingreso Brutos y de Sellos para mejorar los ingresos propios y, de ese modo, compensar la reducción de las partidas nacionales. Cómo la baja impacta distinto en cada provincia, se acordó que los ministros hagan informe sobre el primer semestre y luego lo cotejen con los demás distritos para estimar el costo/beneficio de la medida. Un argumento que citan las provincias que entre las más beneficiadas por demorar la baja de IIBB es está Buenos Aires.

# Subsidios a AMBA. El tema, muy presente en los reclamos de gobernadores y legisladores, apenas fue analizado de rebote: pedirán informes a los fiscales de Estado para ver los alcaldes o eventuales reclamos. Los mandatarios hablan de esfuerzo “equitativo” y exponen que no pueden la Nación seguir subsidiando

Del encuentro en la Casa de Entre Ríos participaron, además de Ballay, Jorge Quintero (La Rioja), Cristian Ocampo (Chaco), Emiliano Estrada (Salta), José Labroca (Tierra del Fuego), Osvaldo Giordano (Córdoba), Jorge Ibáñez (Formosa), Roberto Gattoni (San Juan), Sebastián Veliz (Catamarca), Ernesto Franco (La Pampa) y el socialista Gonzalo Saglione (Santa Fe). También participó Fernando Yarade, jefe de gabinete salteño y asesores de los bloques del PJ territorial en el Senado y Diputados.

CLARIN /

PLENO DE INCÓGNITAS, EL SENADO DIO EL PRIMER PASO PARA EL DEBATE DEL ABORTO 
Se definió que el martes arranque un maratón de expositores. Hay posturas cambiantes y el final sigue abierto.
Con 65 invitados ya anotados, pero que podrían llegar al doble, empezará el martes en el Senado la fase de exposiciones sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que culminará el 8 de agosto con una votación rodeada de incógnitas. El plenario de las tres comisiones que debe dictaminar tuvo su debut ayer. La reunión estuvo encabezada por Mario Fiad (preside la de Salud, que es cabecera), Pedro Guastavino (Justicia y Asuntos Penales) y Dalmacio Mera (Asuntos Constitucionales). Allí se resolvió que el plenario se reunirá los martes desde las 14 y los miércoles desde las 10, durante todo julio. La lista quedó abierta hasta el jueves y podrían llegar a “100 o 120”, estimó Fiad, en diálogo con Clarín.
El clima de tensión creciente ante la incertidumbre del resultado se trasladó parcialmente a este primer plenario, enfocado a temas operativos.
Hubo un punto de controversia, que anticipó lo que está por venir. Fue en torno a la propuesta de la misionera Magdalena Solari (Frente de la Concordia) de llevar el debate al interior, con dos o tres audiencias. Tuvo rápido apoyo de la radical riojana Inés Brizuela, y de la salteña Cristina Fiore (Pares), del ala antiabortista.
Generaron la reacción de varios senadores que están a favor del proyecto.
“El debate en Diputados ha sido rico y amplio, no hay que tomar otras medidas que dilaten. Hay indicios de que quieren dilatar”, sostuvo la rionegrina Magdalena Odarda (del partido RIO, ex Coalición Cívica-ARI).
Salió al cruce la tucumana Silvia Elías de Pérez (Cambiemos): “Nadie pide un día más de debate sino un debate federal. No se nos puede decir que queremos estirar el tiempo”, sostuvo la senadora, exponente del núcleo duro antiabortista.
También Miguel Pichetto, y luego Marcelo Fuentes, jefes de las bancadas del PJ federal y de los K (ambos a favor) rechazaron llevar las audiencias al interior. “El Senado discute siempre acá, no salió tampoco en la ley de medios, esas fueron reuniones previas al debate hechas por las organizaciones”, sostuvo Pichetto.
Acorde al estilo del Senado, la controversia no fue sometida a votación, y se facultó a los presidentes del plenario a tomar una decisión. Fiad dijo que lo harían hoy. Todo en un clima cambiante, donde la disputa es voto a voto. Los que están por el rechazo contarían desde este lunes con otros dos votos. Si bien no se definieron públicamente, trascendió que está firme en contra la misionera Solari, y que también se pasaría a los “celestes” la santacruceña de la UCR María Belén Tapia.
Mientras aún no se sabe si habrá cambios al proyecto, con lo que debería volver a Diputados (siempre y cuando no sea volteado por el rechazo), en los conteos persiste la paridad, con una decena de “indefinidos”. Entre los “verdes” confían que el 8A habría ausencias que restarían a quienes están en contra. Mencionan a Carlos Menem, un aliado estratégico de Pichetto. Por ejemplo, en el debate por la limitación de la suba de las tarifas, a pedido del jefe del PJ, el ex presidente entró a votar pasadas las 2 de la madrugada.
Los expositores estarán balanceados mitad a favor, mitad en contra del proyecto de IVE. En la lista figuran, anotados para el 24 de julio, el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y el ex titular de esa cartera, Ginés González García. Ambos ya expusieron en Diputados, y apoyan el proyecto.
La calle también será escenario de fuerte disputa. Ya el fin de semana, los “provida” en su acto en Ferro se propusieron “ganar la calle” en estas semanas. Del lado de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro (un colectivo de más de 300 organizaciones, que impulsó el proyecto) preparan una movilización gigantesca para el 8A. Hablan del doble de gente (“dos millones de personas”) que el 13 y el 14 de junio, cuando se votó en Diputados.

CLARÍN / BAE / CRÓNICA /  

RECLAMAN EN EL SENADO DEBATIR EN EL INTERIOR EL PROYECTO SOBRE EL ABORTO

Tal como se preveía, el comienzo del debate en el Senado del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo dejó al desnudo la fuerte tensión que subyace entre los legisladores, incluso al interior de una misma bancada, que quedaron a un lado y del otro de la grieta que abrió en la sociedad la legalización del aborto.

Los primeros chispazos se produjeron ayer, cuando en el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, el grupo de senadoras “provida” planteó “federalizar el debate” y reclamó realizar audiencias en el interior.

Ya ante la primera propuesta, formulada por Magdalena Solari (Frente Renovador de Misiones), el jefe del Bloque Justicialista y uno de los principales impulsores de la legalización del aborto, Miguel Pichetto (Río Negro), intento salir al cruce. “No, no”, gritó mientras pedía la palabra.

Cuando volvió a tener el micrófono, Pichetto fue tajante. “No acuerdo con abrir el debate en las provincias, el Senado discute siempre acá”, sentenció el senador peronista, para quien el pedido de llevar el debate al interior constituía una maniobra dilatoria de los sectores que rechazan la legalización del aborto.

La sospecha de Pichetto se sustentaba en el hecho de que la propuesta de la misionera Solari fue rápidamente secundada por el grupo antiabortista más militante, compuesto por las radicales Silvia Elías de Pérez (Tucumán) e Inés Brizuela y Doria (La Rioja), María Fiore Viñuales (Partido Renovador-Salta) y Miriam Boyadjian (Mopof-Tierra del Fuego). Sentadas juntas, una por una fueron apoyando la moción. “No se busca en absoluto dilatar ningún debate”, replicó Fiore Viñuales.

Por su parte, Elías de Pérez insistió con la necesidad de realizar “un debate federal”, y agregó: “No pueden decir que se quiere estirar el tiempo porque [este] ya está previsto”, afirmó la tucumana. Y destacó que en ningún momento el sector que integra había pedido posponer las fechas previstas para emitir dictamen el 1° de agosto, ni para discutir el proyecto en el recinto, una semana después.

La moción finalmente quedó descartada (aunque no se votó) ante la cantidad de voces críticas al planteo. Hasta la santiagueña Ada Itúrrez (Frente Cívico), opositora al proyecto aprobado por Diputados, se negó a llevar el tema al interior. “Yo ya tengo una posición tomada en virtud de haber hablado con organizaciones e instituciones de mi provincia”, afirmó.

La reunión había empezado a tensarse unos minutos antes de la propuesta del “debate federal”, cuando Pichetto intentó dejar en claro cuál era el principal tema de discusión del plenario.

“Que quede claro que vamos a discutir sobre la media sanción de la Cámara de Diputados”, afirmó. “Las iniciativas de los senadores se tendrán a la vista, pero la media sanción es cabecera del debate”, insistió, con la clara finalidad de marcarle la cancha al radical Mario Fiad (Jujuy), presidente de la comisión de Salud, que incluyó en el temario de la reunión otros proyectos presentados por senadores y que, si bien abordan la problemática del aborto, lo hacen desde otras aristas, pero no desde la legalización.

Las exposiciones

Más allá de estos chispazos, y tal como se preveía, el plenario decidió comenzar las audiencias el martes próximo, a las 14, con los primeros expositores de una lista de 60 personas y organismos, a favor y en contra de la legalización, elegidos por los presidentes de las comisiones: Fiad, Dalmacio Mera (Asuntos Constitucionales) y Pedro Guastavino (Justicia).

La nómina y el orden de invitados a la primera audiencia se conocerá mañana, pero entre sus nombres figuran el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein; abogados penalistas como Hernán Munilla Lacasa; constitucionalistas como Jorge Vanossi y Alberto Bianchi; el ex senador Eduardo Menem, y la Academia Nacional de Medicina y de Derecho y Ciencias Sociales, entre otras instituciones.

A partir de la semana próxima y hasta el 31 de julio, las comisiones se reunirán en plenario martes (a partir de las 14) y miércoles (desde las 10) para escuchar a los invitados que propongan los senadores, quienes tendrán hasta mañana para elevar sus pretensiones. El martes próximo se conocerá la lista definitiva de los expositores. Tras las siete audiencias, las comisiones tendrán que emitir dictamen el 1° de agosto, para habilitar, así, el debate del tema una semana después en el recinto de la Cámara alta.

LA NACIÓN /

CARTA PÚBLICA

DESDE EL RADICALISMO PORTEÑO PIDEN A LOS SENADORES DE LA UCR QUE VOTEN A FAVOR DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

A través de una carta pública, el radicalismo porteño le pidió a los senadores de la UCR que voten a favor del proyecto que despenaliza el aborto, al tiempo que reclamó -luego de defender la iniciativa aprobada por Diputados- un “pronunciamiento explícito” del Comité Nacional sobre el tema.

“Somos herederos de la lucha por la ampliación de derechos y estamos convencidos de que es necesaria la educación sexual para decidir, el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir”, argumentó en el texto la Mesa directiva de la UCR de la ciudad de Buenos Aires En esa línea, el radicalismo porteño exigió a las autoridades del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical un “pronunciamiento urgente sobre el tema en debate”, al afirmar que “no hay lugar para dar mensajes ambiguos, ni para especulaciones electorales”.

La UCR Capital también solicitó al Comité Nacional, que -una vez emitido el pronunciamiento- ordene a los senadores radicales a “votar en tal sentido”, tal como sucedió -a nivel local- con los diputados radicales de la ciudad de Buenos Aires.

“La libertad de conciencia quedará entonces relegada a las decisiones individuales y personales que cada uno quiera tomar en su vida, pues el día que un legislador solo actúe por lo que piensa estará representándose a sí mismo, pero no lo hará en nombre del conjunto”, consideró el texto.

“Porque somos la vida, porque somos la paz; porque queremos ser la herramienta que permita a millones de mujeres ser más libres, en una Patria más justa y soberana, es que les solicitamos que voten a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, cierra la carta abierta.

Las autoridades del radicalismo porteño, en simultáneo, lanzaron la campaña “Dale luz verde a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” para impulsar la aprobación del proyecto que legaliza el aborto, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Como parte de esa campaña, el edificio del Comité Capital -ubicado en Tucumán 1660- permanecerá iluminado de verde en todos sus pisos hasta la votación.

“Estamos orgullosas de lo que hemos conseguido. Logramos imponer nuestra agenda y levantar las banderas históricas de la libertad, del laicismo y de los derechos civiles. Demostramos que la UCR va a trabajar siempre por la ampliación de derechos como lo ha hecho hasta hoy”, expresó la diputada tucumana Teresita Villavicencio, una de las participantes del acto de lanzamiento y que -durante el debate en la Cámara baja, en el que votó a favor del proyecto- pronunció un conmovedor discurso en el que contó su experiencia como policía y cómo se negó a detener a mujeres que abortaban.

CLARÍN / LA NACIÓN /

CORRIDA CAMBIARIA

DÓLAR: DESESTIMAN UNA DENUNCIA CONTRA CAPUTO Y STURZENEGGER

El juez federal Daniel Rafecas desestimó esta semana una denuncia del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade contra el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Federico Sturzenegger, por presunta responsabilidad penal en la corrida cambiaria de las últimas semanas.

El juez basó su decisión en la falta de requerimiento de instrucción por parte del fiscal Gerardo Pollicita, quien había dictaminado por desestimar la denuncia. Tailhade había pedido a la Justicia que investigara si hubo delito en el obrar de las autoridades del Banco Central por la depreciación del peso que derivó, según dijo, en el uso de 10 mil millones de dólares de la reserva de la entidad para “financiar la fuga de capitales” en beneficio de determinados grupos económicos.

Pollicita dijo la semana pasada que tanto Sturzenegger como Caputo actuaron de acuerdo con las facultades concedidas por la Carta Orgánica del Banco Central, que lo denunciado se trata de una cuestión no judiciable y que el Poder Judicial no debe inmiscuirse en decisiones fundadas de los otros poderes del Estado. El fiscal añadió que la denuncia de Tailhade era una mera “crítica a la política económica” del Gobierno.

Se trata de la tercera noticia favorable recibida por Caputo en los últimos días desde los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py. La semana pasada quedó firme el sobreseimiento que había dictado en su favor el juez Luis Rodríguez en el marco de otra denuncia formulada por Tailhade al inicio del gobierno macrista. En este caso fue por presunto delito en la compra-venta de dólares a futuro a través de un fondo de inversión en el lapso que medió entre el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el inicio del de Mauricio Macri.

Esa investigación quedó cerrada porque el fiscal Carlos Stornelli no apeló la decisión de Rodríguez para que fuera revisada por la Cámara Federal al adherir a las conclusiones del magistrado en la causa. El juez consideró como “harto razonables” las explicaciones dadas por el abogado de Caputo, Matías Cúneo Libarona.

Además, también la semana pasada, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la desestimación de otra denuncia contra el ex ministro de Finanzas, en este caso por unos bonos impagos y reclamados por Raynaldo Defranco Fantin, que ya había perdido un juicio civil por este tema, según dijeron fuentes judiciales.

CLARÍN /

MALESTAR EN LAS FUERZAS ARMADAS POR UN MAGRO AUMENTO

Un fuerte malestar generó en las Fuerzas Armadas la magra recomposición salarial dispuesta por el Gobierno para el sector militar, que implica una mejora del 8% para los cuadros inferiores (de voluntario a mayor) y una suma fija de $2000 a partir del 1º de julio, que se extenderá a $4500 en agosto, para los oficiales superiores (de teniente coronel a teniente general en el Ejército y sus equivalentes en las otras fuerzas).

La medida fue tomada a través de una resolución conjunta por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Defensa, Oscar Aguad, y comprende un blanqueo del 3% en los haberes que cobraba el personal superior. Además, se estableció otra suma fija no remunerativa y no bonificable de $2000 por única vez, en junio.

“Es un bono lástima”, graficó un oficial del Ejército ante una consulta de LA NACION, al evaluar el impacto de la resolución.

Los cuestionamientos internos por un incremento considerado exiguo se extendieron a las tres fuerzas, en momentos en que el Gobierno avaló en las últimas semanas una pauta del 20% en negociaciones paritarias y en medio de una creciente inflación.

Con el blanqueo del 3%, el haber mensual de un teniente coronel, capitán de fragata o vicecomodoro, que tienen más de 25 años de servicio, pasará de $28.708 a $31.005, a lo que se añaden las sumas fijas de $2000 en julio y $4500 en agosto. Además, perciben un suplemento por responsabilidad jerárquica o por administración del material -uno de los dos-, lo que redondea un salario en bruto de $44.900.

En medios castrenses se anticipaba ayer que el aumento diferenciado según las jerarquías provocará una avalancha de juicios, similares a los que se plantearon en la última etapa del gobierno kirchnerista por la acumulación de sumas fijas que fueron consideradas pagos en negro. “Además, se produce un achatamiento de la pirámide salarial”, se quejó en voz baja un oficial superior. Antes de la resolución, la diferencia entre el sueldo más alto y el más bajo del escalafón militar era de 4,45 y ahora será de 3,87.

Otra preocupación es que se amplían las diferencias respecto de las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura), que tienen sueldos superiores y recibieron una mejora del 15 por ciento.

LA NACIÓN /

LA PELEA POR EL SALARIO

CON EL AVAL DEL GOBIERNO, COMERCIÓ CERRÓ UNA SUBA SALARIAL EXTRA DEL 10% Y LLEGA AL 25%

El Sindicato de Empleados de Comercio acordó en el Ministerio de Trabajo una nueva suba salarial para este año, que se suma al 15% que había firmado en marzo pasado en el marco de su paritaria.

Según el nuevo acuerdo, los trabajadores mercantiles tendrán una suba extra del 3% en octubre, otro 3% en noviembre y 4% en enero de 2019. Así, el aumento total será del 25%.

La suba acordada por el sindicato de Comercio está en línea con las recientes subas salariales acordadas por otros gremios, como Camioneros, Gastronómicos y Alimentación. La nueva pauta salarial oficial es del 25%.

El aumento, sin embargo, está por debajo de la inflación prevista para este año. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo este martes que la meta del Gobierno es del 27%.

En realidad el gremio se había presentado este martes en el Ministerio de Trabajo para negociar el plus de 5 puntos porcentuales que decretó la Casa Rosada para las paritarias ya cerradas. Esa suba era para julio y agosto (2,5% cada mes).

En vez de ese incremento ahora, los trabajadores empezarán a cobrarlo una suba mayor, aunque a partir de octubre.

Este año Armando Cavalieri buscará su reelección como titular del Sindicato de Comercio.

-¿Pero no se desautoriza de esta manera al Presidente que fijó un 5% de suba salarial?, preguntó este diario a la cartera laboral.

– De ninguna manera. El decreto garantiza a los gremios de menor porte a asegurarse un 20 por ciento de suba anualizada. Los sindicatos de mayor porte, como claramente lo es Comercio, tienen mayor poder de negociación.

La prueba piloto había sido el 22 de junio con la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles, gremio que en su debut se negó a firmar ese porcentual del 5%. Su reclamo es menor que el de Cavalieri, aunque ahora podría ir por más: se resolverá este jueves cuando vuelvan a juntarse las partes.

Pedro Milla, el secretario gremial de esa Federación, había comentado a Clarín este lunes: “Se pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves porque nosotros queremos que el aumento del 5% sea en un solo pago y no en dos de 2,5 por ciento cada uno, como estipula el decreto”. Las cámaras empresarias siguen la línea trazada por el Gobierno.

Se abre de esta manera un horizonte incierto sobre los próximos sindicatos que sean convocados a firmar un acuerdo que ahora asoma chico. Se alistan tintoreros, aceiteros y remiseros. Y luego seguirán: Obras Sanitarias, UTA, Luz y Fuerza y la UOCRA ya que todos ellos cerraron la suba salarial por el 15%.

CLARÍN / ÁMBITO FINANCIERO / PÁGINA 12 / CRÓNICA /

LA SENTENCIA EN EL JUICIO POR EL CASO CICCONE SE CONOCERÁ EL 12 DE JULIO

El juicio por el caso Ciccone, que puede sentenciar al exvicepresidente Amado Boudou, dictará sentencia el próximo jueves 12 de julio, informó ayer el Centro de Información Judicial.

El cronograma de la etapa final del juicio oral incluye el martes 10 de julio como la jornada para presentar las últimas exposiciones antes de la sentencia.

No solo Boudou es juzgado por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez. También habrá una resolución sobre los roles de José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele y Guido Forcieri.

El último alegato ocurrió ayer, cuando la defensa de Vandenbroele, el único arrepentido del caso Ciccone, pidió que sea absuelto por haber actuado como supuesto testaferro de Boudou por la compra de la imprenta.

Cuando le tocó declarar ante el tribunal, Vandenbroele sostuvo que las causas judiciales vinculadas a la operación de The Old Fund con Ciccone fueron “una decisión política”. Y señaló a Núñez Carmona, amigo de Boudou, como la persona que le advirtió sobre la posibilidad de hacer negocios con Ciccone, en una charla informal en un café en Puerto Madero.

Vandenbroele fue el único de los imputados que se adhirieron a la ley del arrepentido, pero no lo hizo ante el TOF Nº 4 (que tiene que determinar si diluye su acusación por la colaboración), sino ante el juez Ariel Lijo, tal como indica la normativa. Sin embargo, la Oficina Anticorrupción, organismo constituido como acusador, pidió una pena sustancialmente menor para Vandenbroele, en comparación con la acusación contra el resto de los procesados, por su “aporte” durante la confesión, que “permitió corroborar la prueba que se produjo durante el debate”. La semana pasada, Boudou cargó contra su supuesto testaferro durante una entrevista en televisión: “Vandenbroele, lamentablemente, es una persona que está jugando el rol de arrepentido, esta nueva figura en la Justicia que es bastante dudosa. Alquilaba un departamento en Puerto Madero. Es muy distinto de decir que le pagaba el cable. Eso no tiene nada que ver con un juicio penal, donde está en juego la libertad de las personas”.

LA NACIÓN /

CGT: CRECE LA INTERNA POSPARO Y MOYANO SUMA APOYO PARA LA OPOSICIÓN

La efectividad del paro nacional de la semana pasada reactivó las disputas internas en la CGT y hoy quedarán expuestas en dos encuentros separados: en uno, los gremios mayoritarios avanzarán en su estrategia para extenderle este año la vida al triunvirato de conducción, mientras que en el otro quedará consolidado un bloque opositor que intentará forzar el recambio de autoridades en agosto, como estaba previsto hasta hace dos semanas, y que mostrará por primera vez una alianza entre Hugo Moyano y los principales sindicatos industriales.
La principal novedad se gestó ayer con una reunión entre Moyano y el líder de los mecánicos del Smata, Ricardo Pignanelli, representantes de dos sectores que hasta ahora no tenían mayor coordinación y que terminaron por confluir por oposición a los “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes” ligados al Ejecutivo. Pignanelli integra un espacio conocido como “tercera posición” junto al metalúrgico Antonio Caló (UOM) y organizaciones del Movimiento de Acción Sindical (MASA) como la Unión Ferroviaria y Luz y Fuerza, y de la Corriente Federal (CFT) como los gráficos (FGB), los docentes privados (Sadop) y los pilotos aeronáuticos (APLA).
Este último conglomerado hará hoy su tercer encuentro en tres semanas seguidas. Desde las 11 en Unión Ferroviaria volverán a debatir Caló, Pignanelli, el dueño de casa, Sergio Sasia, Héctor Amichetti (gráficos), Pablo Biró (APLA) y otros con el canillita Omar Plaíni, llave diplomática de Moyano para el entendimiento entre los dos grupos. Anoche se especulaba con que podría acudir a la cita el propio líder de los choferes o su hijo mayor y lugarteniente, Pablo Moyano, quien además está postulado para encabezar la CGT en un recambio secundado por el bancario Sergio Palazzo. Todos ellos integran el bloque que el Gobierno desearía ver fuera de la jefatura de la central.
El nuevo eje de discordia en la central sindical es, de hecho, la vigencia de las actuales autoridades. Hasta hace pocos días la CGT se encaminaba a una renovación del triunvirato de conducción que integran Héctor Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmid (dragado) y Carlos Acuña (estacioneros) en un congreso pautado para el 22 de agosto. Sin embargo, la contundencia de la medida de fuerza del 25 de junio y las objeciones crecientes a una nueva jefatura unipersonal diseñada por los “gordos” y los “independientes”, con el propio Daer como principal postulante, convenció al sector mayoritario de suspender esa convocatoria sin fecha, como adelantó este diario.
La novedad apuró una alianza opositora. Moyano se había convencido de pujar por la jefatura a través de su hijo mayor e incluso había dejado trascender que en última instancia se pondría a la cabeza como candidato, y negociaba con otros grupos de la CGT bajo la única premisa de obstaculizar los planes de “gordos” e “independientes”. Estos dirigentes, que apuestan a la supervivencia del triunvirato, se reunirán esta tarde en la sede del gremio estatal UPCN.
El de la tarde será un encuentro de la denominada “mesa chica” que integran, además del trío, y los grupos mayoritarios, dos referentes del transporte, Roberto Fernández (colectiveros, UTA) y Omar Maturano (ferroviarios, La Fraternidad), y exponentes del “moyanismo sin Moyano” como Carlos Frigerio (cerveceros) y Jorge Sola (empleados del seguro).

ÁMBITO FINANCIERO /

DESESTIMACIÓN PARA AYALA

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la diputada de Cambiemos por Chaco Aída Ayala y confirmó a la jueza Zunilda Niremperger al frente de la causa en su contra por lavado de activos. Así lo resolvió de forma unipersonal el presidente de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, quien no hizo lugar a un lugar a un recurso de queja solicitada por la defensa de la diputada macrista. PÁGINA 12 menciona a la diputada nacional, Aída Ayala.

PÁGINA 12 /

LA MUERTE DEL FISCAL NISMAN

EMPIEZAN EL ENTRECRUZAMIENTO DE LLAMADOS QUE INCLUYEN A CRISTINA KIRCHNER

En el marco de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, se dio curso al entrecruzamiento de llamados telefónicos de ex funcionarios de la anterior gestión, comenzando por Cristina Kirchner y los integrantes de su gabinete más cercanos. La medida solicitada por el fiscal Eduardo Taiano está a cargo de la Policía Federal.

Las líneas telefónicas asignadas a la ex Presidenta Cristina Kirchner comenzaron a ser analizadas por personal especializado de la Policía Federal. La medida fue ordenada por el juez federal Julián Ercolini tras el pedido del fiscal Taiano, en la causa donde se determinó que Nisman fue asesinado y que su muerte podría ser “directa consecuencia de la denuncia” realizada contra la ex Presidenta por encubrimiento del atentado de la AMIA, tras la firma del Pacto con Irán.

Este cruce y análisis de las llamadas de los teléfonos tanto personales como laborales de la ex presidenta y varios integrantes de su Gabinete se realizará entre diciembre de 2014 y febrero de 2015. Ese lapso incluye el momento del despido del ex agente de inteligencia Jaime Stiuso, en diciembre de 2014.

Tras la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que ratificó que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio producto de la denuncia que presentó contra Cristina, la investigación empezó a avanzar sobre los tiempos y condiciones en que el ex titular de la UFI AMIA trabajó en esa presentación Por eso se definió avanzar con la ampliación de la temporalidad del entrecruzamiento de llamadas telefónicas de los ex agentes de inteligencia Jaime Stiuso, Fernando Pocino, Alberto Massino.

Taiano, quien tiene delegada la investigación por la muerte de Alberto Nisman, había presentado al juez las órdenes de presentación para las empresas de telefonía sobre un gran conjunto de líneas asignadas a la ex Presidenta como a varios de sus ex funcionarios: Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Héctor Timerman, como también al dos de la entonces flamante Agencia Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena.

En el expediente se esperan los resultados del entrecruzamiento de más de 4.000 llamadas de teléfonos que utilizaba Jaime Stiuso (ex agente de la SIDE), de otros integrantes del organismo de inteligencia, como Alberto Massino, Fernando Pocino y hasta César Milani, ex jefe del Ejército, de quien se sospecha que manejaba un grupo de inteligencia paralelo a la SIDE oficial.

También se pesquisan llamadas telefónicas de policías que integraban la custodia de Nisman, y los aparatos ligados a una agencia de seguridad que estaba relacionada con el automóvil Audi que manejaba el fiscal. En estos casos, el análisis se circunscribe al domingo en el que fue encontrado sin vida el ex titular de la UFI AMIA.

Además, la semana pasada Taiano pidió informes al Gobierno respecto a un incendio que ocurrió en la Casa Rosada en las horas previas al descubrimiento del cuerpo sin vida del ex fiscal Nisman.

También se pidió el detalle técnico que explique por qué no funcionaron las cámaras de seguridad en la residencia de Olivos aquel fin de semana posterior a la denuncia del ex fiscal contra Cristina Kirchner, un “fin de semana clave”, determinaron fuentes de la causa.

CLARÍN /

INFORME SECRETO ELEVADO AL MINISTRO DE DEFENSA

SOSPECHAN QUE UNA VÁLVULA DE LA VENTILACIÓN DE LAS BATERÍAS HIZO ESTALLAR AL SUBMARINO SAN JUAN

La comisión investigadora del ministerio de Defensa se enfocó sobre la hipótesis según la cual una falla en una válvula de ventilación de las baterías de proa llamada “Eco 19” habría sido la causa de la implosión que provocó el naufragio del submarino San Juan. El dato está incluido en un adelanto secreto del informe final que los tres marinos retirados que integran la comisión entregaron al ministro de Defensa, Oscar Aguad, revelaron a Clarín fuentes militares. Esa válvula se conecta con el Snorkel y durante la navegación tiene que estar siempre cerrada por cuestiones de seguridad.

Los miembros de esa comisión de Defensa, los contraalmirantes (RE) Adolfo Trama y Alejandro Kenny y el capitán de navío (RE), Jorge Bergallo, harán ahora una prueba hidráulica con la misma pieza pero del submarino Santa Cruz -que se encuentra en reparaciones en el ex astillero Tandanor- en una universidad para determinar si es posible que por un falla o el mal cierre de esa válvula se haya filtrado agua de mar que haya caído sobre las baterías y provocado un cortocircuito. De este desperfecto eléctrico se podría haber producido un chispa que hizo explotar al hidrógeno que se había acumulado en el submarino en medio de la dura tormenta del 15 de noviembre pasado. Bergallo, es además padre de Jorge Ignacio Bergallo, una de las víctimas del San Juan. Los tres son expertos submarinistas y fueron tripulantes del San Juan.

Los expertos tomaron está hipótesis porque el San Juan informó el 15 de noviembre del año pasado que había salido a superficie por haber tenido un cortocircuito (principio de incendio) en el llamado “balcón de barras de baterías de proa”. Informó también que una vez que finalizada la carga de aire –en superficie con el snorkel- volvería a inmersión, “a plano profundo”, como dicen los submarinistas. El aire que entra por el snorkel sirve para alimentar los motores diésel, recargar las baterías y renovar el aire interno. Como consecuencia de la carga de las baterías -los submarinos funcionan con motores eléctricos cuando navegan en inmersión- se libera hidrógeno y por eso es necesario incorporar aire limpio para los tripulantes. El ingreso de agua por el snorkel “es algo normal y está previsto en el diseño” hecho por los fabricantes alemanes, explicó un ex submarinista a Clarín. Por está razón, existe un tanque interno llamado “pozo de snorkel” y una bomba de achique que saca el agua nuevamente al mar. Ahora para que el agua de mar haya llegado hasta las baterías de proa, tal como reportó el capitán del San Juan, Pedro Fernández, tuvo que “haber circulado por el circuito de ventilación y atravesado la válvula Eco-19”, agregó el ex submarinista. Está diseñada para detener pequeñas cantidades de agua que pueda circular por la tubería y permitir que salga por un sistema las purgas. El San Juan nunca reportó durante toda la navegación de noviembre que la Eco-19 tuviera algún desperfecto o hubiese fallado. De haber una falla el comandante hubiera ordenado “recargar las baterías navegando en superficie y no en inmersión”, agregó la fuente. La implosión se produjo cuando el San Juan se encontraba navegando a plano profundo con la intención de verificar y reactivar las baterías de proa. El entonces jefe de la base de Submarinos de Mar del Plata, capitán de navío Claudio Villamide informó, la semana pasada, a la comisión investigadora bicameral que le indicó a Fernández que “no intentara reconectar las baterías de proa” en navegación y menos en medio de una tormenta. Entonces, la hipótesis de la válvula Eco-19 supone que consecuencia de aquel cortocircuito la cantidad de hidrógeno liberado dentro del submarino “fue mayor a la normal y que en el proceso de verificar esas baterías alguna chispa produjo una explosión que al menos inhabilitó a los tripulantes”. Luego, se perdió el control de la nave que “finalmente terminó implosionando a gran profundidad, sin que nadie pudiera activar ninguna medida de las previstas para salir a superficie o enviar señalización de emergencia”, según esta tentativa de explicación.

La pregunta de los investigadores es si la válvula Eco-19 “pudo también haber estado mal cerrada mientras la tripulación estaba intentando hacer snorkel con un mar bravísimo”. Los sensores del snorkel permiten que con cada ola que rompe se corta el ingreso del aire, lo que perjudica la renovación del ambiente interior. Con “los motores diésel a fondo, en el medio de la tormenta, el snorkel cerrándose cada 30 segundos, la situación debe haber sido insoportable y, tal vez, en ese contexto , relajaron la norma y abrieron momentáneamente la Eco-19 para que circule más el aire. Entonces, empezó a entrar el agua por donde no debería de pasar nunca, derramándose sobre los bornes de las baterías de proa y generándose el cortocircuito que termino siendo fatal”, explicó la hipótesis el ex submarinista.

El informe final de la comisión investigadora de Defensa estará listo “a fines de agosto o principios de septiembre”. Este informe será una prueba clave para la investigación judicial que realiza la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Precisamente, Yañez también investiga si la válvula Eco-19 habría sido la causa de la tragedia y hará en julio una visita ocultar al Santa Cruz. La magistrada preguntó a la mayoría de los testigos que pasaron por su juzgado sobre ese mecanismo. Sucede que en el patrullaje que el San Juan había hecho julio del 2017, se había reportado problemas con esa válvula que fueron arreglados según la documentación que Villamide aportó a la comisión bicameral. La magistrada también apunta a la misma válvula del snorkel. En su causa penal también está llamando a testigos para que expliquen qué tipo de repuestos se colocaron al San Juan en la reparación de media vida que se le hizo entre el 2008 y 2005. Se detectó que algunas partes las compraron al astillero Thyssen Nordseewerke de Emden de Alemania y otras se tomaron de las cajas en que había llegado desarmados otros dos submarinos en la época del ex dictador almirante Emilio Massera y nunca se construyeron. La jueza ya tiene determinado que el San Juan, luego de la media vida, “nunca pudo desarrollar su máxima velocidad y máxima profundidad: solo estaba autorizado a hacer “inmersiones de 100 metros”, dijo una fuente judicial a este diario.

CLARÍN /

ECONOMÍA

REUNIÓN DE LA MESA DE ENLACE CON EL PRESIDENTE

LOS 7 ARGUMENTOS DE LOS RURALISTAS QUE CONVENCIERON A MACRI DE NO APLICAR RETENCIONES

Argumentan que sin impuestos crece la producción y se multiplican otras actividades que también pagan impuestos. Aseguran que las retenciones no se traducen en menores precios de los alimentos. El Presidente les prometió no reponer esos tributos.

La mención de que podían volver a aplicarse retenciones en las exportaciones del campo, tras una suba del dólar del 60%, como sucedió casi siempre en la Argentina, produjo el milagro. Y la Mesa de Enlace del campo que aglutina a las entidades del sector renació con fuerza.

Le tocaron a Dardo Chiesa de CRA las declaraciones más duras y enseguida vino la audiencia con el presidente Macri. Era la segunda vez que lo veían para el encuentro hoy a las 14 en Casa Rosada, que todos describieron muy distendido,  no llegó a durar una hora y en el que sólo los convidaron con agua.

Eso sí los ruralistas se prepararon para esta cumbre y los técnicos de la Rural, CRA, Coninagro y la Federación Agraria elaboraron un documento para convencer al Presidente que si coloca retenciones o demora la baja prometida a la soja, las arcas fiscales “terminan perdiendo”. Lo lograron.

Aquí sus argumentos:

Los precios internacionales de los granos están cayendo. Si se mide los valores de los productos entre 2008 y 2015, la cotización de la soja bajó 39%, el aceite de soja, 42% y las harinas de soja un 20%. En el caso del maíz la baja es 43% y en trigo, 31%, respecto del precio promedio de los mismo productos entre 2008 y 2014.

Los $28 por dólar que se percibe todavía no alcanzaron la media histórica de los últimos 18 años que es $33,70. Tipo de cambio alto fue el que promedió entre 2002 y 2004 que a valores de hoy serían $48 por dólar.

Para la agricultura entre el 43% y el 72% de los costos se denominan en dólares, según el producto. En soja es el 59%, en maíz 61% y en el trigo, 55%.

La actividad del campo tiene un efecto multiplicador que derrama en el interior.  Sin retenciones el campo reaccionó. Cuando se eliminaron en 2016, la producción paso de 109 a 125 millones de toneladas. Esto significa 800 mil viajes de camión adicionales. El stock de crédito medido en dólares al sector aumentó 22% desde el cambio de gobierno. Esto es más servicios financieros impulsados por el sector. El consumo de fertilizantes paso de 2,4 millones de toneladas a 3,7 millones (56% más que en 2015).

La venta de tractores paso de 5.319 a 9.696 unidades en 2017, 82% más que en 2015.  La venta de cosechadoras pasó de 693 a 1455 unidades en 2017, 110% más que 2015.  La venta de camionetas pasó de 64.998 en 2015 a 76.663 en 2017, un 18% más que en 2015.

Toda esta mayor cantidad de ventas impulsa la facturación de los diferentes sectores traduciéndose en una mayor recaudación por vía los impuestos generales,  como IVA, más Ingresos Brutos, más impuesto a las ganancias, más impuestos internos como el de combustibles.

Las retenciones no descomprimen los precios de los alimentos.  En el trigo la ponderación del cereal en un kilo de pan no alcanza al 11% del valor que paga el consumidor. En la soja el 90% de lo que se produce tiene como destino los mercados de exportación. En el caso del maíz, sin retenciones se generó una situación inicial de aumento de costos de los alimentos para la producción de leche, aves, cerdos y feedlots, pero la respuesta a precio fue una mayor oferta de granos en el mediano plazo, lo que termino por equilibrar las relaciones de precios a sus niveles históricos.

CLARÍN / BAE /

REPORTE DEL BANCO CENTRAL

EL MERCADO ESPERA UNA INFLACIÓN DEL 30% PARA 2018

Tras la disparada del dólar –50% desde comienzo de año–, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central arrojó que la inflación esperada por el mercado para todo 2018 es del 30%. Y que se prevé un dólar para diciembre de $30,3. Son resultados del relevamiento realizado entre el 27 y 29 de junio.

Así, la cifra inflacionaria aumentó 2,9% en comparación con el sondeo de mayo, cuando la inflación esperada era de 27,1%. En abril había sido de 22% y en marzo de 20,3%.

También aumentó la inflación que se espera para los próximos 12 meses: de 22,2% a 24,2%. En abril, ese valor era del 15% y en marzo del 14,3%.

Para 2019 la expectativa de inflación alcanzó 20,2% para el nivel general. ¿Cómo había sido la expectativa para 2019 en los meses anteriores? Mayo: 19%; abril: 15% y marzo: 14,3%.

En tanto, los participantes del REM proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 de 0,5% (0,8 p.p. inferior respecto del relevamiento previo).

Por otra parte, el mercado estima que la tasa de interés nominal vigente a la fecha –que es del 40%– se mantendrá hasta julio, y que luego tendrá una reducción gradual hasta 33% a fines de 2018.

“Los resultados del REM indicaron un incremento de las expectativas de inflación respecto de la encuesta previa, proyectando hacia delante un sendero de inflación a la baja”, indica el comunicado oficial.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado que lleva adelante el BCRA consiste “en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina”.

Este nuevo relevamiento se difunde en una jornada donde el dólar cerró a la baja ($ 28,666 el minorista), luego de la disparada que lo hizo rozar los $30 a fines de la semana pasada y con un Riesgo País que pasó los 600 puntos.

Esa suba había ocurrido pese a la licitación de venta de dólares del BCRA: la entidad, con los valores actualizados de este martes, ya vendió 1300 millones de dólares desde el jueves 21/06, cuando comenzó a colocar las divisas del FMIA través de la venta de dólares se intenta bajar la demanda y, por tanto, su cotización en pesos.

En esa línea, el lunes el BCRA había subido en 3 puntos porcentuales los encajes bancarios para depósitos en pesos (es decir los depósitos que los bancos no pueden tocar).

Se añadía, así, a otra suba de 3 puntos que entró en vigencia el 18 de junio y a los 2 puntos que entrarán en vigencia el 18 de julio. El nuevo encaje representó una absorción monetaria de $ 60.000 M.

De este modo, la decisión de sacar pesos del mercado (sacar liquidez) mediante suba de encajes logró mantener, al menos por 24 horas más, la calma en el mercado cambiario.

La baja del dólar fue acompañado finalmente por una suba de las tasas de interés que rinden las Letras del Banco Central (Lebacs) que se dispararon hasta cerca del 70% anual.

Con el acuerdo del FMI (impactaron en lo inmediato US$ 15 mil millones, de un total de US$50 mil millones) y las colocaciones de deuda en pesos y dólares en lo que va de 2018, la deuda pública ascendería a unos US$ 365 mil millones.​

Por último, el Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) tuvo un rebote este martes de 7,4% con subas muy fuertes subas de Metrogas (+16.70%), Transener (+14.43%), Banco Macro (+13.23) y Superville (+12.15%).

La Bolsa viene sufriendo jornadas negras, al igual que los precios de los bonos en dólares, en medio de la turbulencia local e internacional.

CLARÍN / ÁMBITO FINANCIERO /

NAFTAS: GOBIERNO VOLVIÓ A LA LIBERACIÓN DEL MERCADO

Shell y Axion aumentaron ayer los combustibles, tras la suba aplicada el domingo por YPF, y ahora el interrogante es cuándo y de cuánto será la próxima suba considerando que el Gobierno dio marcha atrás con los acuerdos con las petroleras y volvió a la liberación del mercado.
Se trata de una desregulación en cierta medida limitada por el hecho de que YPF controlada por el Estado, al tener un 55% del mercado, condiciona a las otras compañías. En los aumentos de ayer, Pan American Energy (por Axion), se mantuvo en línea con YPF, aumentando un 5% la nafta súper y el gasoil, y un 8% los productos premium. Shell, en cambio, subió un poco más: el litro de súper en las estaciones de esta marca pasó a $29,52 con un aumento del 9%, el gasoil llegó a $25,82 con un alza del 9,5%, mientras la nafta premium cuesta $34,99, un 11,1% más, y el diésel de mayor calidad $30,98 con un 12% de corrección.
En parte, las mayores alzas pueden explicarse porque Shell compra el petróleo a terceros, mientras YPF y Axión usan sobre todo crudo propio. Pero habría también una decisión de PAE de seguir el criterio de la petrolera estatal para consolidar un lugar en el mercado, mientras Shell siempre tuvo la política de estar un escalón más arriba.
Por su parte Trafigura hasta ayer no había cambiado la decisión de cesar la actividad en la refinería de Bahía Blanca, aun cuando el giro en la política oficial le permitiría ahora fijar los precios que considere convenientes, e incluso importar crudo y combustibles y aplicar valores internacionales en las estaciones Puma, si es que el mercado se lo permite.
De todas formas, la apuesta del Gobierno -ahora con Javier Iguacel en Energía-a la liberación de precios tiene un costado muy riesgoso, debido a que el petróleo internacional sigue en persistente tendencia al alza por los conflictos a nivel internacional. Por los problemas en Libia y dificultades con los suministros de Canadá, según los datos de Reuters la variedad WTI cerró ayer en Nueva York a u$s74, 79, y el Brent en Londres, que es de referencia en la Argentina, terminó en u$s78,03. Por su parte, el valor del dólar retrocedió levemente pero no hay seguridad de que se consolide un techo en torno a $29 o $30 como pareciera ser ahora la aspiración del Gobierno.
Pero lo que se debe tener en cuenta es que para las petroleras, con el aumento aplicado esta semana, todavía hay un desfasaje del 20% en los precios de los combustibles, con relación a los valores del petróleo y del tipo de cambio. Esto significa que cualquier aumento en alguna de esas variables elevará ese porcentaje que se espera aplicar en los próximos meses.
Para que hubiera una vuelta prolija a los precios del mercado internacional, las empresas deberían trasladar en cuotas en los próximos meses ese 20% más las diferencias que se vayan produciendo. La perspectiva sería entonces de 4 ó 5 meses con aumentos en torno del 5% promedio, lo que pondrá un piso alto a la inflación del segundo semestre. Pero puede incluso ser peor porque hay varios analistas que coinciden en lo peligroso que es liberar los precios para alinearlos con los internacionales con un tipo de cambio excesivamente volátil como el de la Argentina, y en un mundo donde los conflictos no permiten fijar techo para el crudo.
Además, la contención que puede significar YPF es limitada porque tiene el 55% del mercado pero no cuenta con más capacidad de producción, y porque tampoco sería beneficioso que la empresa se siga desvalorizando. Así, este regreso al dogmatismo que está mostrando el gobierno en las últimas horas puede generar nuevos problemas en la economía y más malestar en los consumidores que lo vivido hasta ahora.

ÁMBITO FINANCIERO /

TRAS IDAS Y VUELTAS, DUJOVNE DESCARTÓ SUBIR IMPUESTOS A LOS PASAJES AL EXTERIOR

El análisis de una suba en el impuesto a los pasajes al exterior cobró fuerza a partir de mensajes ambivalentes de altos funcionarios, hasta que Mauricio Macri decidió frenar las especulaciones y Nicolás Dujovne esta vez quedó con la última palabra -por el momento, como él mismo aclaró- para asegurar que el Gobierno no avanzará en ese sentido. Las expresiones del ministro de Hacienda contrastaron con las de Marcos Peña -jefe de Gabinete-, que había considerado el aumento en la alícuota como una posibilidad “sobre la mesa” de discusión para bajar el rojo de la cuenta corriente. Más allá de los contrapuntos discursivos, la saga funcionó como otro emergente de la tensión entre la necesidad de reducir el déficit y la intención de no dar señales negativas a los mercados.

“La posibilidad de discutir los impuestos a los pasajes al exterior está sobre la mesa. Algunos sectores lo vienen planteando por el tema del déficit de cuenta corriente, pero es una de las cosas que se analizará en el contexto de una discusión más amplia de cómo llegar al equilibrio fiscal”, dijo Peña a radio La Red, y empujó un tema que ya venía en análisis hacia el interior del Gobierno por el rojo en crecimiento generado en parte por los viajes de argentinos al extranjero. En el primer trimestre el déficit de la cuenta corriente alcanzó uS$ 9.623 millones, un aumento interanual del 34%, según datos del INDEC. Entre enero y mayo los gastos de argentinos en otros países sumaron US$5.871 millones.

Las medidas para afrontar el problema recortaron posiciones diferentes en el Gabinete. “La Argentina no puede seguir financiando viajes al exterior que con el dólar a 20 pesos eran un regalo. Es un momento difícil y el que quiera irse afuera debería tener recursos en serio”, dijo a Clarín un ministro que se mostró ante otros funcionarios a favor de “frenar la sangría” de la llamada cuenta turismo (más de US$10.600 millones en 2017) con un aumento del impuesto a los pasajes, actualmente en 7%. Ya antes de Peña, Guillermo Dietrich -Transporte- había asegurado que el Gobierno estudia subir esa alícuota -trascendió que a 15%- e incluso aplicar una tasa a las compras con tarjeta de crédito en el exterior, luego desestimado por Peña. “Se trata de distintas alternativas que evalúa el Gobierno y que si se aprueban estarán dentro del Presupuesto del año que viene”, dijo Dietrich el lunes al presentar la eliminación del piso para la venta de los pasajes de cabotaje, aunque agregó que la prioridad “es la baja del gasto público y no la creación de nuevos impuestos”.

Peña también buscó bajar el tono a sus propias declaraciones. “Lo único que dije es que hay sectores que creen que ese impuesto debería ser más alto. Y eso es lo que dije que está en la mesa junto a muchas otras propuestas que se discutirán en el marco del debate presupuestario”, aclaró en su cuenta de Twitter, y diferenció la mirada del Gobierno: “No creemos que la solución a los problemas que tenemos sea subir impuestos”.

El sector del Gobierno que rechaza la iniciativa considera que funcionaría como una “mala señal a los mercados” en esta etapa turbulenta y que la devaluación producirá una reducción de los viajes al exterior y a su vez un freno a las exportaciones, con lo que de acuerdo a esa mirada el rojo se achicará sin necesidad de subir el impuesto. La decisión quedaría a su vez asociada a las restricciones cambiarias -sobre el consumo con tarjeta en el exterior era de 35%- durante el kirchnerismo, del mismo modo que algunas medidas para sostener el consumo y el análisis del freno a la baja de las retenciones: al exponer su posición, Macri se mostró en contra.

Dujovne ya lo había expresado en una teleconferencia con inversores extranjeros. Y lo ratificó en su paso por la Bicameral de control de la deuda en el Congreso, aunque intentó no confrontar con Peña. “No veo contradicción. Sabemos que hay distintos sectores sugiriendo aumentos en impuestos a pasajes al exterior, se consideran pero no tenemos bajo estudio en este momento modificar ningún impuesto ni aumentar ninguna alícuota”, dijo el ministro a los legisladores. En la Casa Rosada concluyeron la jornada con esa posición, para frenar las idas y venidas.

CLARÍN / ÁMBITO FINANCIERO /

NOTAS DE OPINIÓN

LA OBSESIÓN DE MAURICIO MACRI POR VENCER AL DÓLAR

Por Eduardo van der Kooy

CLARÍN /

https://www.clarin.com/opinion/obsesion-mauricio-macri-vencer-dolar_0_Hk-DX5KfX.html

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Por Ricardo Kirchsbaum

CLARÍN /

https://www.clarin.com/opinion/cuestion-confianza_0_SkbSnttGX.html

LOS LÍMITES DE UN ACUERDO CON EL PERONISMO

Por Joaquín Morales Solá

LA NACIÓN

La volatilidad del mundo no cambió, pero la Argentina comenzó a dar los primeros síntomas de que podría estabilizarse a pesar del contexto internacional. Nadie asegura que las cosas seguirán definitivamente ese curso, aunque muchos funcionarios oficiales están convencidos de que tenedores de bonos argentinos valoraron una conducción del Banco Central técnicamente más eficiente. El precio de dólar frenó su escalada. Luis Caputo fue el dueño de la idea de ofrecer bonos del Tesoro en dólares para moderar la desesperación de los tenedores de pesos. Fuentes inmejorables dieron cuenta de la muy buena evaluación que Mauricio Macri hace de la gestión del presidente del Banco Central. Economistas más serenos, como Juan Carlos de Pablo, también valoran las primeras decisiones de Caputo y aconsejan esperar un tiempo para construir una opinión sobre lo que está haciendo.

Nicolás Dujovne hizo lo suyo: habló el lunes, por teleconferencia, con casi todos los fondos de inversión que tienen bonos argentinos. El mensaje fue claro e inconfundible: el gobierno argentino cumplirá con sus compromisos de bajar el déficit acompañado por el peronismo o sin él. Si bien el Gobierno buscará el acuerdo con gobernadores y legisladores peronistas, y pondera en estas horas las últimas declaraciones acuerdistas de varios de ellos, lo cierto es que nadie está seguro de cómo terminará actuando el peronismo. En algún lugar del oficialismo, desconfían. Después de convivir durante dos años y medio, llegaron a la conclusión de que a los peronistas los diferencian solo algunos matices, pero que hay en el fondo de todos ellos, dicen, un rastro populista muy difícil de borrar.

El Gobierno cuenta con el recurso legal y legítimo de prorrogar el presupuesto de este año para 2019; podría hacerle, además, todos los cambios necesarios con las herramientas que le dejará la inflación. Es lo que hizo Cristina Kirchner con el presupuesto de 2010, después de perder la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2009. Y es lo que hará Macri si los peronistas se tornan fastidiosos y sus condiciones fueran inaceptables. Con todo, sería un mal mensaje a los mercados y al propio Fondo Monetario si solo una parte de la dirigencia argentina (la coalición gobernante) aceptara los acuerdos firmados. Pero es cierto que un sector del peronismo racional, al menos, está poco predispuesto a acompañar a Macri cuando deba ajustar el gasto público. “El peronismo acompaña en los buenos momentos, no en los malos”, se anticipan algunos funcionarios. El Presidente ordenó que no se restrinjan los esfuerzos para alcanzar ese acuerdo, siempre y cuando se respeten los compromisos del déficit: 2,7 para este año y 1,3 para el año próximo. “Eso no se negocia”, les indicó a sus funcionarios. Estamos hablando, desde ya, del déficit primario; es decir, descontado el porcentaje del déficit destinado a pagar la deuda del Estado.

A esos mismos funcionarios, Macri les anticipó que no aceptará propuestas para romper los contratos en dólares con las empresas petroleras y gasíferas. Podría haber otro cronograma de aumentos en las tarifas de servicios públicos, pero no un congelamiento de ellas ni la ruptura de los contratos. Las noticias que dieron cuenta de un eventual período de pérdidas para esas empresas empujaron sus acciones hacia la baja en los principales mercados bursátiles del mundo. En esa decisión de Macri influyeron dos razones. Una: el Presidente quiere conservar el prestigio que tiene entre inversores y gobiernos extranjeros. La otra: cree que las promesas de inversión se diluirían en el acto si el Gobierno incumpliera su palabra en un país que viene de romper todos los contratos tras el colapso de 2001 y 2002.

Macri trabaja su prestigio internacional con cada decisión que toma. Es el único pergamino que no relegará nunca. No es narcisismo, suele aclarar él, sino la convicción de que solo un presidente confiable puede poner el mundo cerca del país. Fondos de inversión, organismos multilaterales y gobiernos extranjeros formularon en las últimas horas dos preguntas a argentinos destacados. Son estas: ¿es posible todavía la reelección de Macri el año próximo? ¿Es probable que Macri termine por elegir un esquema de cogobierno con el peronismo? Los que preguntaron afirmaban que la confianza está depositada en Macri (ni siquiera en un vicario suyo) y que una alianza de gobierno con el peronismo terminaría con esa confianza, aun cuando la liderara. El Presidente, tal como están las cosas, no tiene ni siquiera el derecho a renunciar a su reelección. Por otro lado, la desconfianza internacional que sembró Cristina Kirchner terminó en una larga cosecha para todo el peronismo. Puede ser injusto, y seguramente lo es, pero la realidad es como es. Los remedios, que existen, son de efectos lentos.

En el medio, Macri debió disciplinar a su propia tropa. Ni María Eugenia Vidal ni Horacio Rodríguez Larreta querían el traspaso de las eléctricas Edenor y Edesur ni de AySA, la empresa estatal de agua potable. A las eléctricas les da lo mismo hablar con uno o con otro, según dijeron ejecutivos de esas compañías. La empresa de agua es estatal.

La deducción de Macri fue simple: ¿cómo pedirles sacrificios a los peronistas si los suyos no están dispuestos a sacrificarse? Vidal se opuso públicamente a ese traspaso, pero un día después un delegado suyo estuvo negociando el traslado con Dujovne. El Presidente les transmitió su experiencia personal: nadie, nunca, puede darse todos los gustos en vida.

El valor del dólar o la cotización de los bonos argentinos no distrajeron a Macri de una noticia clave en la política latinoamericana: el triunfo en México de Andrés Manuel López Obrador. Ese hombre largamente desconfiado por el establishment mexicano arrasó en las elecciones del pasado domingo y pulverizó en el camino al partido hegemónico durante 70 años, el PRI, lo más parecido que hay en América Latina al peronismo argentino. Macri lo llamó en el acto a López Obrador y lo invitó a visitar la Argentina. Fue una jugada astuta, porque el peor camino habría sido el de dejarlo solo con la simpatía manifiesta de Nicolás Maduro, que cree ver en cada líder progresista una resucitación de Hugo Chávez. Macri está seguro de que López Obrador no es Chávez y que será un gobernante que introducirá muchos cambios en México, pero sin romper las reglas del juego democrático. Tal vez, él mismo se identifica con López Obrador, aunque disientan en el discurso y en la dirección de algunas políticas. Ambos ambicionan ser los verdugos del antiguo régimen.

Dicen quienes lo frecuentan que el Presidente está cada vez más molesto con el microclima político de la Capital Federal y, sobre todo, con el discurso fatalista que pregonan economistas y periodistas que lo conocen. “Hace falta un esfuerzo de comprensión que nadie quiere hacer”, suele repetir. Elisa Carrió y otros dirigentes de la coalición le confirmaron que, en efecto, el clima social del interior del país es muy distinto a la crispación constante de la Capital.

La historia describe que, tras dos años en el gobierno, el ex presidente y austero médico Arturo Illia solía hablar del microclima que creaban las “50 manzanas que rodean la Casa de Gobierno”. ¿Un precursor en la percepción de que existe el “círculo rojo”? Quizás Macri comience a creer que tiene en Illia a un predecesor no solo en el cargo, sino también en la descripción de la vidriera política más importante del país.

LA NACIÓN /

UNA MESA DE NEGOCIACIÓN QUE DEBATE UN TARDÍO FEDERALISMO

Por Diego Cabot

LA NACIÓN

No hay un cuaderno único donde se consoliden las cuentas de la Nación y las provincias y tampoco una sola postura entre los gobernadores. A esto se suma una lista de incumplimientos mutuos que, en algunos casos, llevan décadas de sedimentación. Por si esto fuera poco, están la política y las mezquindades de unos y otros. Aun si llega el consenso en estos temas, hay que tamizar todo por la necesidad de compatibilizar cuentas en momentos en que el dinero no alcanza para pagar los pedidos que cruzan la mesa de negociación.

Así de difícil y condicionado es el diálogo entre la Nación y las provincias, que por estos días volvió a ocupar lugar en la agenda pública. El motivo es simple: empezaron las negociaciones para cerrar los números del presupuesto del año que viene, el malo de la película. El que tiene que contener el corset capaz de lograr el ahorro fiscal que el Gobierno se comprometió a hacer a cambio de la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las facturas van y vienen y los temas pendientes entre unos y otros son moneda corriente. Casi que de encendidas que son las posturas, los hombres que representan a la Nación y los que tienen la voz de las provincias logran que aquellas fotos de acuerdos y pactos fiscales de fines del año pasado estén en sepia. “Todo lo que se firmó el año pasado es perfecto, es muy bueno, pero no se puede cumplir en esta coyuntura. Una pena”, se lamentaba uno de los técnicos que estuvieron en las reuniones que ayer los ministros de Economía provinciales mantuvieron en Buenos Aires.

Hay varios reclamos mutuos. La primera línea argumental es la siguiente: la Nación dice que mejoraron los flujos, que ahora las provincias tienen mucho más dinero coparticipable de reparto automático que lo que antes se les depositaba. Le tiran sobre la mesa el acuerdo firmado en agosto de 2016, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmó con los gobernadores la devolución del 15% de coparticipación que la Nación les retenía a las provincias para uso de la Anses.

Es verdad, dicen las provincias. Pero lo que no aclara la Nación es que ese dinero eran recursos de los distritos que ahora se recuperan, pero no es decisión del gobierno nacional entregarlos o no.

Desde la Nación retrucan que es cierto, pero desde 1994 que se retenían y que fueron ellos los que se lo devolvieron. Piedad por eso, reclaman. “El problema es que no se les pidió nada a cambio. O, mejor, se les pidió poco”, reconocen al acordarse de las promesas de acordar gobernabilidad al Gobierno a la hora de transitar en el Congreso. También aquellos acuerdos ya están en tono sepia.

Pero el tema es que aquella devolución fue pactada en etapas. Ahora están en el 9%, con una progresión de 3% en 2019 y otro porcentaje similar en 2020. Hay quienes en la Nación dicen que se negocie algo a cambio de ese incremento. Pero las provincias no están demasiado dispuestas a ese trueque. Ayer, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reclamó que se adelante el restante 6% a 2019 en vez de esperar un año más.

Hay otro tema que también genera controversias. Los famosos adelantos del tesoro nacional (ATN), que alguna vez generaron polémica por la discreción con la que se repartían, ahora lo hacen por todo lo contrario. Sucede que el reparto está lento desde 2015. Llegó la hora, dicen en las provincias.

Y finalmente, claro está, el compromiso de bajar impuestos como Ingresos Brutos. Varios gobernadores lo hicieron, pero aumentaron tasas o contribuciones conexas. Otros directamente los subieron pese al acuerdo. Correrías impositivas. Problemas de reparto que traen consigo la falta de dinero y el tardío reverdecer del federalismo.

LA NACIÓN /

¿Y SI EL ABORTO SE SOMETIERA A UNA CONSULTA POPULAR?

Por Juan Fernando Brügge – diputado nacional (Partido Demócrata Cristiano –

CLARÍN /

https://www.clarin.com/opinion/aborto-sometiera-consulta-popular_0_HJtOJ-YGX.html

LA NECESIDAD DE ALCANZAR EL CONSENSO SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO 

Por Silvia Lospennato – Diputada Nacional – Cambiemos

LA NACIÓN

Cuando este debate comenzó en Diputados, muchos legisladores que estábamos a favor no coincidíamos en los argumentos por los que apoyábamos la despenalización y legalización del aborto. La construcción de la media sanción implicó identificar esos acuerdos, separarlos de otros argumentos válidos y respuestas legales posibles, para alcanzar finalmente un acuerdo transversal a todas las fuerzas políticas.
Del lado de los que se opusieron a la legalización no quisieron o no pudieron hacer este mismo ejercicio. Por ende, en Diputados tuvimos que optar entre un gran acuerdo sobre cómo tratar la situación del aborto en la Argentina y un dictamen que simplemente decía “rechácese”.
En
El cuento de la criada, Margaret Atwood imaginó un sórdido mundo en que las mujeres fértiles eran obligadas a ser madres y las que se negaban eran sometidas a todo tipo de torturas, desde la picana y la mutilación hasta el encierro. Sin tortura física, pero con la cárcel, nuestro Código Penal vigente prevé condenar a las mujeres que se nieguen a ser madres y se provoquen un aborto para evitarlo. ¿Hay alguien que se atreva hoy en la Argentina, en pleno siglo XXI, a sostener que las mujeres deben ser madres contra su voluntad o ir presas? No despenalizar el aborto significa eso.
Se excusan, los que sostienen esta ley, con que nadie la cumple y nadie persigue a la mujer que aborta, entonces ¿para qué sostenerla en el Código Penal? ¿Qué tipo de mensaje estamos dando si amenazamos con la cárcel, pero no perseguimos el delito? Ojalá signifique que los argentinos ya no creemos que disponer del cuerpo del otro sea una opción moralmente válida. No despenalizar el aborto significa sostener la maternidad obligatoria como política de Estado, el famoso gobernar es poblar de hace casi dos siglos. No tengo dudas de que hay un acuerdo casi unánime en que esa regla debe cambiar.
Tal vez por eso en el debate en el Senado aun los que no apoyan la legalización se han manifestado a favor de la despenalización, lo que significa reconocer que la maternidad no es una obligación que pueda ser impuesta por el Estado. Pero no podemos seguir engañándonos, despenalizar es una propuesta absolutamente insuficiente que implica desentenderse del problema de salud pública del aborto clandestino en nuestro país. Porque cuando la decisión de la mujer es abortar, solo hay una vida que el Estado puede proteger y salvar y es la de la propia mujer, el resto es una falacia discursiva, salvo que encerráramos a las mujeres contra su voluntad y las obligáramos a finalizar esos embarazos.
Por el contrario, la media sanción de Diputados propone reconocer el problema de salud pública y generar las herramientas sanitarias para darles a todas las mujeres el mismo derecho a la salud. Se trata de evitar las muertes, pero también las miles de hospitalizaciones por motivo de aborto, con su enorme costo presupuestario para el sistema público de salud nacional y provincial, y sobre todo el costo social que pagan los cuerpos de las mujeres cuya condición económica les impide solventar los gastos de un aborto clandestino seguro.
Porque si despenalizamos sin legalizar, cristalizaremos la desigualdad social que se esconde en el aborto clandestino, quienes tengan los recursos económicos podrán abortar de manera segura y el resto estará condenado a arriesgar su vida y su salud. El derecho al aborto seguro, legal y gratuito no impondrá ninguna obligación a quienes no quieran practicárselo, esta ley no obligará a nadie a actuar en contra de sus creencias y convicciones.
Probablemente en algunas provincias haya muchas personas que no están a favor, pero los legisladores debemos velar por el conjunto, por el acceso a la salud pública de todos, aunque estuviéramos protegiendo a una minoría, porque el que no necesite el derecho no lo ejercerá y su vida seguirá como si el derecho no existiese, pero a la mujer que lo necesite la habremos reconocido en su dignidad de persona para que atraviese el dolor del aborto acompañada y asistida por el Estado. Los derechos no se plebiscitan ni se miden por encuestas, los derechos se reconocen y se garantizan.
Por ello nuestra propuesta reconoce a la mujer el derecho a decidir voluntariamente la interrupción de un embarazo no planificado, pero este reconocimiento no es ilimitado, no es hasta los nueve meses, es solo durante las primeras 14 semanas. Con posterioridad se aplica el mismo sistema de causales vigente y por ende solo se podrá interrumpir legalmente un embarazo si este implica un riesgo para la salud de la madre, si es producto de una violación o si los médicos determinan la inviabilidad fetal extrauterina, que -debemos volver a señalar- nada tiene que ver con una discapacidad, es solo en los casos en que la ciencia determina que ese feto no sobrevivirá fuera del útero materno.
El acompañamiento médico y sanitario de la mujer en condición de aborto se prevé en tres instancias, primero mediante el asesoramiento preaborto, la mujer accederá a la información necesaria sobre la práctica, pudiendo incluso declinar su decisión de abortar, pero si la decisión es abortar, estará asistida en el centro de salud para garantizar condiciones dignas de atención médica y posteriormente el mismo hospital deberá brindarle la información y los métodos anticonceptivos necesarios para evitar un futuro embarazo no intencional.
La media sanción tampoco obliga a los médicos a practicar abortos, porque se reguló la objeción de conciencia individual, y si en una institución todos los médicos fueran objetores, la única obligación legal será derivar a sus pacientes mediante un convenio a otra institución donde se garantice la práctica. Por último, vale aclarar que no solo no hay impedimentos constitucionales, sino que, por el contrario, son los organismos de derechos humanos del sistema interamericano los que han recomendado a la Argentina eliminar la penalización actual y garantizar el aborto en las condiciones ya previstas en la legislación, y así también lo entendió nuestra Corte Suprema de Justicia cuando en el año 2012 falló en el caso F. A. L.
Pero el aborto seguro es siempre la última instancia de una verdadera política pública en materia de derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual para decidir y la provisión oportuna y adecuada de anticoncepción para no abortar deben ser políticas unánimemente sostenidas, escuchar a los que se opusieron en sus provincias al cumplimiento de las leyes vigentes en esta materia hablar de educación sexual y anticoncepción es un avance enorme que esperemos que se cumpla en los hechos.
Miles de veces escuché que la Argentina debe salir de la grieta y que los políticos deberemos ser capaces de construir una agenda común en algunos temas; en un Congreso de minorías, el consenso siempre es la construcción de una mayoría transversal, por eso me sorprende que a algunos votantes, por suerte los menos, les moleste que los políticos nos pongamos de acuerdo en un tema con quien no coincidimos en otros. Somos conscientes de nuestras diferencias, pero mientras nos convoque la ampliación de derechos, para lograr una sociedad más igualitaria, muchas mujeres seguiremos trabajando juntas, porque no traicionar nuestros principios significa impulsar esa agenda aun junto a nuestros adversarios políticos.
Confío en el Senado de la Nación y en la sociedad argentina para reconocer este derecho al acceso a la salud de las miles de mujeres en situación de aborto que cada año engrosan la estadística de morbimortalidad materna en nuestro país. Que sea ley.

LA NACIÓN /

TAMBIÉN ESTE GOBIERNO TIENE IDEOLOGÍA

Por Juan Gabriel Tokatlian – profesor plenario Universidad Di Tella

CLARÍN /

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