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CÓRDOBA: SE CAYÓ UN ACUERDO Y SIGUE EL PARO DE TRANSPORTE

clarín.com / telam.com.ar /

EN DIPUTADOS, EL BLOQUE DE CAMBIEMOS CONVOCÓ A UNA SESIÓN ESPECIAL

En medio del prolongado conflicto del transporte público en Córdoba, que mantiene paralizada la ciudad desde hace nueve días, los diputados y senadores de Cambiemos en el Congreso impulsarán una ley que declare esencial este servicio. El objetivo es obligar a los sindicatos del sector a prestar servicios mínimos cuando convoquen a un paro.

El presidente del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, llamó a una sesión especial para hoy, a las 15, en la Cámara baja. Paralelamente, la presidenta del bloque Pro en el Senado, Laura Rodríguez Machado, y sus pares Ernesto Martínez (Cambiemos) y Carlos Caserio (Unión por Córdoba) presentarán un proyecto de ley que declare servicio esencial el transporte público.

Resulta inédito que las principales fuerzas políticas de Córdoba hayan depuesto sus diferencias políticas para enfrentar juntas un paro que consideran inaceptable. Ayer, durante una reunión en la Casa de Gobierno de la provincia, el gobernador Juan Schiaretti, del PJ, y el radical Ramón Mestre instruyeron a sus legisladores para que, tanto a nivel provincial como nacional, se sancionen sendas leyes que garanticen prestaciones mínimas del servicio de transporte cuando haya paro.

“En materia de acciones se mostró un gran marco de unidad. El gobierno provincial mandará una ley a la Legislatura. A nivel nacional, el interbloque Cambiemos convocó a una sesión especial para debatir cambios a la ley 25.877, de ordenamiento del régimen laboral, para redefinir qué se entiende por servicios esenciales. El actual artículo 24 de esa norma no contempla el servicio de transporte público de pasajeros y eso es lo que pretendemos modificar”, explicó Negri.

En el bloque oficialista admiten que es difícil, siendo minoría, reunir el quórum para hacer arrancar la sesión especial. Máxime en una semana en la que los principales dirigentes políticos y legislativos están abocados al cierre de alianzas y de listas con vistas a los próximos comicios legislativos.

No obstante, se hará el intento. Habrá que ver si el gobernador Schiaretti hace valer su alianza política con Sergio Massa, líder del Frente Renovador, para que sus legisladores bajen al recinto.

“Hay dos proyectos listos para ser tratados mañana (por hoy), pero nosotros somos minoría, necesitamos 129 presentes en sus bancas -enfatizó Negri-. Por eso hemos pedido a los distintos bloques del peronismo que nos ayuden. Si mañana no tenemos los votos, vamos a seguir insistiendo”, agregó el legislador radical.

La dirigencia cordobesa observa con preocupación, y así se reflejó en la reunión de ayer en la Casa de Gobierno, que la conflictividad gremial en Córdoba se agudice con el correr de los días. El gremio local de la UTA, en abierta desobediencia a las directivas de la filial nacional, rechazó el acuerdo paritario que fijó una suba salarial del 21% en tres cuotas y, luego, desoyó la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo.

“No cuestionamos el reclamo gremial por mejoras salariales. Pero no se puede elegir el camino de la violación de la ley constantemente. Tres instancias del Ministerio de Trabajo fueron violadas, todas las convocatorias al diálogo fueron violadas. Una sociedad no puede tolerar que se transite por fuera de la ley porque eso es jaquear el orden institucional”, enfatizó Negri.

“Con el proyecto de ley para declarar el transporte público servicio esencial se respetará el derecho a huelga de los trabajadores que adopten una medida de fuerza, pero al mismo tiempo se le brindará a la sociedad una solución para poder movilizarse y realizar sus tareas cotidianas”, sostuvo, por su parte, Rodríguez Machado.

LA NACIÓN /  

DE URGENCIA, LLAMAN A UNA SESIÓN PARA DECLARAR “SERVICIO ESENCIAL” AL TRANSPORTE

En una movida sobre la hora y vinculada de manera directa con el paro de choferes en Córdoba, hoy el oficialismo pidió que mañana a las 15 la Cámara de Diputados realice una sesión especial para tratar dos proyectos de ley que declaran “servicio esencial” al transporte público, lo que obligaría a los sindicatos a brindar prestaciones mínimas aunque estén en huelga.

El pedido de sesión especial fue presentado por Mario Negri, diputado radical por Córdoba y líder del interbloque de Cambiemos.

Anoche, sin embargo, en diferentes bancadas parlamentarias veían “verde” que el oficialismo logre sentar 129 diputados para reunir el quórum. Así, la sesión naufragaría.

Cambiemos suma 86 diputados y solo lograría el quórum si hiciera un acuerdo con otras fuerzas. Sí asomaba como probable que ayuden con el número diputados de otras bancadas que provienen de la provincia de Córdoba.

Anoche, en el bloque de Sergio Massa le plantearon al oficialismo que podrían bajar, pero si en el temario se incluía el proyecto que rebaja IVA a los alimentos y se anulaba la reciente resolución que permitió un incremento en los ingresos de los diputados.

En el bloque del Movimiento Evita decidían anoche qué hacer.

En el del FpV tienen pautada una reunión para hoy a las 13. Ayer nadie adelantaba oficialmente que podrían hacer, pero la decisión era no bajar al recinto.

La propuesta de Negri es tratar una modificación del artículo 24 de la ley 25.877 de Ordenamiento del Régimen Laboral, que fija que cuando haya medidas de fuerza en actividades consideradas esenciales se deberán garantizar “servicios mínimos para evitar su interrupción”.

La norma considera esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. La intención es agregar al transporte público.

En simultáneo, anoche los tres senadores por Córdoba, el peronista Carlos Caserio, la macrista Laura Rodríguez Machado y el juecista Ernesto Martínez, se proponían presentar en la Cámara Alta un proyecto que declara “servicio público esencial a la actividad de transporte público de pasajeros”.

“Es un proyecto común para que este tema no se politice”, dijo Caserio, quien juega con el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Consultado por Clarín, el ministro de Trabajo de Córdoba, Omar Sereno, señaló que “esta situación es muy difícil de manejar si todos los intervenientes no entendemos que no hay democracia si no se respeta el estado de derecho. Los trabajadores deben entender que los derechos de los trabajadores se defienden a través del sindicato y en el ámbito de la negociación colectiva. Apeló a la racionalidad”. En CLARÍN se menciona al diputado nacional, Mario Negri.

CLARÍN /

LEVANTAN SALVAJE HUELGA DE COLECTIVOS EN CÓRDOBA

Los choferes del transporte público de Córdoba levantaron anoche el salvaje paro por tiempo indeterminado que dejó a la ciudad sin colectivos durante ocho días, por lo que hoy volverán a prestar el servicio. El desenlace llegó tras una reunión en el Ministerio de Trabajo local, donde se arribó a un acuerdo que incluye la reincorporación del centenar de trabajadores despedidos y el pago de las horas no trabajadas, mientras que seguirán discutiendo el resistido aumento del 21% en tramos sellado por UTA a nivel nacional, entre otros ejes.
La huelga salarial había recibido una doble embestida que erosionó su impacto, al entrar en acción un plan de emergencia oficial con unos 160 colectivos gratis y custodia de 800 policías y 500 gendarmes, y al sufrir la deserción de un centenar de colectiveros, que decidieron retornar a sus tareas.
Pero además la virulenta medida de fuerza -que golpeó a miles de cordobeses, con rebote en un dictado de clases mermado y pérdidas económicas- aunó ayer esfuerzos de la oficialista Unión por Córdoba y el opositor frente Cambiemos, en plena efervescencia electoral.
En esa línea, el gobernador peronista Juan Schiaretti anunció desde el Centro Cívico -junto al intendente radical Ramón Mestre, legisladores y representantes empresarios y religiosos- el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para declarar al transporte como servicio esencial y regular las huelgas en los servicios públicos. La iniciativa -que alcanza a la energía eléctrica, el agua, la salud y la justicia, aunque no a la educación- incluye la obligatoriedad de guardias mínimas en los paros.
“Está el respaldo del Gobierno nacional para garantizar la convivencia en Córdoba, así como también las medidas que nosotros adoptemos”, dijo ayer Schiaretti, tras dialogar telefónicamente con Mauricio Macri el domingo.
La estrategia tiene su correlato a nivel nacional. Ayer el presidente del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri (UCR- Córdoba), confirmó que hoy “habrá una sesión especial para establecerse por ley que el transporte público de pasajeros es un servicio esencial”. Negri participó del encuentro en Casa de Gobierno, tras lo cual destacó que “se mostró un gran marco de unidad”.
Por su parte, por la mañana Mestre instó a la Justicia a intervenir y volvió a advertir sobre el fogoneo desde sectores de izquierda y del kirchnerismo. En ÁMBITO FINANICERO se menciona al diputado nacional, Mario Negri

ÁMBITO FINANCIERO-ÁMBITO NACIONAL /

TRAS UNA SEMANA DE PARO, HUBO ACUERDO EN CÓRDOBA Y HOY HABRÁ COLECTIVOS

Tras una semana de paro de colectivos en Córdoba capital, el Municipio y la UTA local llegaron anoche a un acuerdo y hoy se restablecerá el servicio de transporte público. Según ese entendimiento, los cerca de cien despedidos serán reincorporados, los choferes cobrarán $ 6000 de adelanto y el resto de la paritaria se negociará en la provincia. El acuerdo llegó luego de que ayer el Municipio iniciara ayer un esquema de emergencia con choferes que se trasladaron acompañados por gendarmes y en momentos en que se puso en discusión la posibilidad de que el Congreso defina por ley que el transporte público es un “servicio esencial”, lo que limitaría las medidas de fuerza sindicales en el sector.

Ayer el paro, originado por un conflicto salarial luego de que los delegados sindicales locales rechazaran el acuerdo de un 21% de aumento alcanzado por la UTA a nivel nacional, había cumplido su octava jornada consecutiva y el intendente Ramón Mestre dispuso un sistema de contingencia que incluyó a 400 gendarmes, 600 policías provinciales y 50 federales. Los efectivos viajaron de a dos a bordo de los colectivos, con los 160 choferes que no adhirieron a la medida lanzada por la UTA cordobesa, a través de ocho corredores centrales entre las 7 y las 21 y de forma gratuita.

El director de Transporte municipal, Esteban Rossi, señaló: “Tenemos choferes que reflexionaron y por otro lado tenemos nuevos chóferes que las empresas comenzaron a contratar y que hoy está dispuestos a salir en su primer día de trabajo”.

En ese marco, Mestre había amenazado con una consulta popular para que los vecinos se expresen sobre el transporte como servicio esencial, en tanto que la Provincia mandará una ley a la Legislatura para regular las huelgas de los servicios públicos. Además, los diputados y senadores nacionales por la provincia intentarán hacer lo propio hoy en el Congreso Nacional, aun sin paro vigente.

En la Cámara baja, el oficialismo intentará sesionar desde las 15. La reunión fue pedida por el jefe del interbloque Cambiemos, el cordobés Mario Negri. Como esa bancada no está en condiciones de alcanzar el quórum por sí sola, uno de los aliados electorales de Sergio Massa, el gobernador Juan Schiaretti, estuvo ayer intentando que el Frente Renovador garantice con sus diputados la sesión. Sin embargo, no hay una postura unánime sobre el tema.

En contra de la iniciativa, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola advirtió ayer que “la sesión pedida por Negri es para ilegalizar la huelga del transporte cordobés mediante la declaración de todo el transporte del país como servicio esencial”. El legislador consideró que “se trata de un ataque vertebral al derecho de huelga”. Por las posiciones encontradas, anoche el oficialismo no estaba seguro de poder abrir la sesión.

El conflicto impactó en el escenario electoral, a dos días del vencimiento del plazo para la presentación de alianzas para las elecciones parlamentarias nacionales. Unión por Córdoba (UPC) y Cambiemos ya tienen definidos a sus socios políticos, mientras que los restantes partidos continúan dialogando para tratar de sumar aliados, además de determinar precandidaturas mediante listas de unidad o las primarias para las nueve bancas de diputados nacionales que renovará el distrito. En EL CRONISTA se menciona al diputado nacional, Mario Negri

EL CRONISTA /

PROYECTO EN DIPUTADOS 
El oficialismo pidió una sesión especial para hoy en la Cámara de Diputados para declarar “servicio esencial” el transporte público, a raíz del paro de los choferes de colectivos que paralizó la ciudad de Córdoba durante más de una semana. La sesión fue solicitada por el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, para las 15 horas con un único temario: declarar “servicio esencial” al transporte de pasajeros para que, mediante una ley, los sindicatos que decidan tomar medidas de acción directa estén obligados a prestar servicios mínimos.
La propuesta de Negri se resolvió tras la reunión que mantuvo con el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el intendente de la Docta, Ramón Mestre, y va en línea con la iniciativa de reformar el Ordenamiento del Régimen Laboral que abordará la Legislatura provincial. En tanto, los tres senadores nacionales por Córdoba –los macristas Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, y el delasotista Carlos Caserio– anunciaron que también presentarán en la Cámara alta un proyecto similar a pedido del gobernador Schiaretti y el intendente Mestre. En PÁGINA 12 se menciona al diputado nacional, Mario Negri

PÁGINA 12 /

CÓRDOBA IMPULSA DECLARAR SERVICIO ESENCIAL AL TRANSPORTE PÚBLICO

El gobierno de Córdoba anunció que enviará un proyecto a la Legislatura para “regular” el transporte público en caso de huelgas y que impulsará que los parlamentarios nacionales que representan a la provincia trabajen para la sanción de una ley que declare esencial ese servicio en todo el país. La nueva decisión fue adoptada a raíz del paro de conductores de colectivos del servicio urbano de la capital provincial, que hoy cumple ocho días.

Por otro lado el intendente de Córdoba, el radical Ramón Mestre, se manifestó ayer a favor de declarar “servicio esencial” al transporte público, a la vez que anunciaba el llamado a una consulta popular para que los vecinos se expresen en ese sentido.

Además, el presidente del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri, anunció que pidió una sesión especial para tratar proyectos que declaren a nivel nacional al transporte público como servicio esencial, lo que obligaría a mantener una prestación mínima en caso de huelga. En BAE se menciona al diputado nacional, Mario Negri

BAE /

URGENTE

CRECE LA TENSIÓN EN CÓRDOBA: SE CAYÓ UN ACUERDO Y SIGUE EL PARO DE TRANSPORTE

La huelga de la UTA entró en su noveno día. Anoche se había llegado a un arreglo, pero luego el intendente Mestre lo desconoció y los choferes anunciaron que sigue la huelga.

“Los trabajadores despedidos han perdido su puesto y las horas no trabajadas no serán abonadas. No hay ni ha habido ningún acuerdo”. Con este tuit que envió esta medianoche, el intendente de Córdoba Ramón Mestre desconoció un arreglo que los choferes y su ministro de Trabajo habían anunciado dos horas antes, y así el paro de transporte en Córdoba entró en su noveno día consecutivo.

clarín.com /

URGENTE

EMPRESARIOS SE NIEGAN A FIRMAR ACTA ACUERDO DE AMNISTÍA PARA CHOFERES Y CONTINÚA EL PARO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN CÓRDOBA

El paro de los choferes del transporte de pasajeros de la ciudad de Córdoba entró esta madrugada en el noveno día de huelga debido a la reticencia de los empresarios del sector a firmar el acta de acuerdo que antes de la medianoche había sido consensuada con los delegados en el Ministerio de Trabajo de la provincia.

Cuando todo parecía cerrado antes de la medianoche con el anuncio de los choferes del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba en levantar las medidas de fuerza, tras un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la provincia, repentinamente todo volvió a fojas cero cuando los empresarios se negaron a firmar el acta-acuerdo que comprometía una “amnistía” para los despidos, sanciones y descuentos por los días de paro.

Consecuentemente esta madrugada comenzó a transitar el noveno día consecutivo de paro total de actividades en rechazo al incremento salarial del 21% acordado en paritarias por la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

“Se nos ha complicado a último momento”, manifestó apenas pasada la medianoche el ministro de Trabajo de la provincia, Omar Sereno, al sostener que los empresarios del transporte urbano de pasajeros “rechazaron” el acta que se había acordado con los delegados de los choferes para que en las primeras horas de esta madrugada retomen sus tareas. “Entendemos que el paro va a continuar”, manifestó el ministro Sereno a la emisora local LV3 al explicar que el acuerdo se negoció en función de una propuesta que los empresarios habían firmado el pasado viernes 9 de junio, en donde se dejaba sin efecto los despidos para que levanten el paro y que ahora el sector consideró que ese beneficio ya expiró, que ha perdido eficacia y efecto jurídico, por lo tanto manifestaron la vigencia de los más de 80 despidos por no haber acatado la conciliación obligatoria ni la ilegalidad de las medidas decretada por al cartera laboral.

“La medida de fuerza estaba levantada. Se presentó una situación no prevista y hoy vamos a convocar a las partes a seguir dialogando”, manifestó el funcionario provincial.

A partir de la persistencia del conflicto, hoy continuará prestándose el servicio en el marco del “Plan de Emergencia” con unos dos centenares de colectivos para cubrir alrededor de un 20% de los recorridos que diariamente demanda el departamento de la capital cordobesa.

También el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, como poder concedente y sin haber participado en las negociaciones, al igual que los empresarios, se manifestó de manera contundente en confirmar la vigencia los despidos por haber actuado en la “ilegalidad” en el proceso de las protestas. “Nosotros nos planteamos en iguales términos que las empresas, es decir que los trabajadores despedidos han perdido sus trabajos y las horas no trabajadas no van a ser abonadas”, y ratificó el “Plan de Emergencia” que comenzó a implementarse ayer.

El conflicto comenzó a gestarse el 2 de junio último con diversas asambleas y la madrugada del lunes 5 arrancó el paro total de actividades, que se continúa ininterrumpidamente desde entonces y alcanza a Aucor, Coniferal, Ersa y trolebuses Tamse, las cuatro empresas que prestan el servicio urbano de pasajeros en la capital cordobesa.

El sector reclama un incremento salarial del 32,5% y la normalización de la UTA local que se encuentra intervenida desde el año pasado.

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CONGRESO, CAJA DE RESONANCIA BOBA DE CAMPAÑA PRE-PASO

La golosa campaña pre-PASO 2017, es decir, la apetitosa inscripción de frentes electorales -mañana- y cierre de listas del 24-6 (escenario VIP en Buenos Aires) de oficialismo y oposición, convirtió al Congreso en una caja de resonancia boba, donde las fuerzas aprovechan el zigzagueo de los legisladores ante el dilema actividad versus siesta y la posterior culpa ante críticas fuera del Parlamento.
Quien saca provecho -siempre, y con lógica- de esta situación es la oposición, debido a que sin el usufructo del Estado -el cristinismo creó posgrado en ese sentido- utiliza las herramientas a mano para castigar al oficialismo. No obstante, Cambiemos, en su primera experiencia al frente del dilema actividad-siesta, gatilló algunos errores y juguetea con una carga virtual de la agenda parlamentaria que es aprovechada por el antimacrismo para hacer campaña.
La agenda del Congreso se infló en las últimas horas con la resucitación del Gobierno al debate sobre la reforma del sistema penal juvenil -reapareció Ministerio de Justicia de Germán Garavano- y la discusión de fondo sobre la baja de edad de imputabilidad de los menores. Parte de la oposición aprovecha y lanza dardos para exigir el tratamiento del tema, como el serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Sus flamantes hermanas políticas, Margarita Stolbizer (GEN) y Victoria Donda (Libres del Sur), no piensan igual: la primera calificó la intención de “populista y demagógica”.
Hasta hace unos días, Garavano sumó millas sobre el escándalo Odebrecht y su vinculación argentina. A partir de allí, Cambiemos recordó el pedido de Macri de meses atrás y colocó un “stent” para revivir la circulación del proyecto de responsabilidad empresarial. El macrismo operó en distintos medios y logró reinstalar la iniciativa, pero en cuestión de horas se desinfló.
Ahora comprometieron novedades en Diputados para la próxima semana, aún sin saber qué es en concreto lo que se busca con la modificación de la legislación vigente o incluso lo que quiere el Ejecutivo. En cambio, para bloquear el 2×1 tras el fallo de la Corte Suprema convirtieron al Congreso en un Fórmula 1.
Más allá de las “buenas intenciones” de todos los bloques, Diputados presenta un difícil panorama de actividad viable debido a la tensión en el PJ e incluso en Cambiemos, con legisladores desparramados por todo el país por las internas domésticas. Pensar en una negociación de Cambiemos con Massa, con el PJ o con el kirchnerismo -o viceversa- para el quórum en comisiones o en el recinto se convertirá en una inédita muestra de buena fe. Por caso, hoy se intentaría realizar una sesión especial por el desastroso problema de transporte en Córdoba, aunque anoche el paro se desactivó.
En el Senado, la visita de Marcos Peña para el 28 de junio próximo despejó el camino de movilización concreta en el recinto, con legisladores también despilfarrados en distritos, y otros que mantienen base en sus despachos gracias a la terminal directa con los gobernadores, que a su vez les permite un acceso más permeable a Casa Rosada.
Cambiemos regaló en las últimas semanas dos situaciones insólitas a la oposición. Una, el “dietazo” que firmó el presidente de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, quien desactivó en 2016 un aumento salarial en esa Cámara tras ser “corrido” por la izquierda. Hoy lo apura Massa, un no tan enemigo. La segunda, y con la anuencia de Monzó y de la líder del Senado, Gabriela Michetti, fue la presentación de un sospechado proyecto de fondo compensador para la planta permanente del Congreso negociado y aplaudido por el jefe del mayoritario gremio legislativo (APL), Norberto Di Próspero, “compañero” de Amado Boudou. Sobre este último tema, todos bloques mantienen silencio.

ÁMBITO FINANCIERO /

LOS DOCENTES RECHAZARON UNA NUEVA OFERTA DE VIDAL Y MAÑANA VUELVEN AL PARO

Otra vez paro. Tras cuatro meses de conflicto, los docentes de la provincia de Buenos Aires convocaron mañana a una nueva huelga. La medida de fuerza fue la respuesta de los gremios a la última oferta de suba salarial -del 21% móvil, más presentismo y sumas compensatorias- presentada ayer por el gobierno de María Eugenia Vidal.

El nuevo paro, de 24 horas, fue convocado por todo el Frente de Unidad Docente. Así, sumarán 16 los días de clases perdidos en las escuelas primarias de la provincia desde el inicio del ciclo lectivo.

“Fue una reunión difícil. Se reunieron con un paro ya lanzado”, dijo anoche a LA NACION el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro. “La propuesta no fue analizada. Pidieron la devolución de los días de paro descontados; ellos ya sabían que eso estaba fuera de negociación.”

En tanto, el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, calificó el paro como “más político que gremial” y lo vinculó al cierre de listas para las elecciones legislativas.

En una reunión que duró más de tres horas, los docentes exigieron, además, sacar el tema del presentismo de la discusión salarial, señaló Finocchiaro. El gobierno provincial quiere reducir un 15% el ausentismo y otorgar a cambio una mejora a los maestros del orden de los 5000 pesos al año. Es decir, un extra de 440 pesos mensuales.

La nueva propuesta incluye un aumento del 21% con cláusula gatillo para 2017 más un plus por presentismo y recomposición de 2000 pesos por cargo para 2016. Para los próximos dos años, la oferta es similar a la inflación más un 10% de la inflación oficial y un plus por presentismo. Por caso, si se baja un 10% el ausentismo, cada docente podría cobrar 440 pesos adicionales.

Pero la oferta no conformó a los gremios. “¡Veintiuno por ciento las pelotas!”, gritaban anoche los sindicalistas reunidos frente al Ministerio de Economía provincial.

La novena reunión paritaria docente de la provincia empezó cerca de las 18. Poco antes de las 21 salieron los gremios y anunciaron: “Este Frente de Unidad Docente determina un paro para este miércoles (por mañana) en protesta por estos cuatro meses de lucha con la misma estructura salarial”.

“La propuesta del gobierno sigue siendo prácticamente la misma con apenas algún punto diferencial que significa una suba de 98 pesos. Todos los gremios sentados en esta mesa hemos decidido rechazarla”, dijo Mirta Petrocini. “Incluyen otra vez la cláusula por presentismo, lo vamos a discutir, pero no es una variable. Exigimos que nos paguen lo descontado. Es salvaje”, añadió la titular de la FEB.

Los seis gremios, agrupados en el Frente de Unidad Docente, estuvieron representados por sus máximos referentes, excepto por la ausencia de Roberto Baradel. Por el Suteba acudió María Laura Torre, la secretaria gremial. Además estuvieron presentes Miguel Ángel Díaz, secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba); Edith Contreras, representante de la Unión de Docentes Argentinos seccional provincia de Buenos Aires (UDA); Inés Busso, secretaria adjunta y administrativa del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), y Jorge Dobal, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

En los últimos días había crecido el malestar entre los docentes por los descuentos que realizó el gobierno por los días de paro. “Las expectativas cada vez son menores”, había advertido Miguel Díaz antes de entrar a la reunión.

Por el gobierno se sentaron a la mesa Hernán Lacunza (ministro de Economía), Marcelo Villegas (ministro de Trabajo) y Alejandro Finocchiaro. La exigencia de los maestros bonaerenses es la misma que desde el inicio de las negociaciones: “Ningún docente por debajo de la línea de pobreza”.

Tras el fracaso de la negociación, anoche Villegas vinculó el anuncio de paro a las elecciones legislativas de octubre próximo y al cierre de listas. Anuncian la medida de fuerza “con un tiempo que tiene que ver más con lo político que con lo gremial”, sentenció el ministro de Trabajo de Vidal.

LA NACIÓN / CLARÍN / ÁMBITO FINANCIERO-ÁMBITO NACIONAL / EL CRONISTA / PÁGINA 12 / BAE /

MACRI DENUNCIÓ UNA “MAFIA” DE JUICIOS LABORALES Y SEÑALÓ A RECALDE COMO RESPONSABLE

En una escalada de la tensión entre la Casa Rosada y un sector de la Justicia, el presidente Mauricio Macri acusó ayer al abogado Héctor Recalde,  jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, de conducir la “mafia de los juicios laborales”, que, afirmó, obstaculizan la creación de empleos.

Durante la asunción de Jorge Faurie como canciller, Macri indicó que existe “un grupo de estudios con un grupo de jueces laboralistas, conducido por Recalde”, que “convencen” a los trabajadores de impulsar demandas que terminan en el cierre de pymes.

“Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque destruye la generación de empleo futuro”, sostuvo Macri, quien días atrás, y ante un auditorio de empresarios, ya había insistido en el pedido de dinamitar la “industria del juicio”.

“Cuando alguno de los estudios laboristas convence a un pibe, de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio, dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle, porque la pyme cierra”, remarcó Macri. Además, aseguró que la proliferación de juicios laborales obliga a los empresarios a evitar contratar gente. “(Los juicios dejan a) un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos”.

Los dichos del Presidente no fueron sorpresivos, ya que no fue la primera vez que habló de los juicios laborales. A mediados del año pasado, los calificó de “palos en la rueda”. Hace dos semanas, cuestionó con nombre y apellido a Graciela Marino y a Enrique Arias Gibert, dos jueces laboristas que avalaron la paritaria del gremio bancario. La semana pasada, en tanto, empresarios industriales respaldaron una nueva crítica del mandatario a la “mafia” de los juicios y reclamaron una ley que resguarde las pymes.

“Está con el tema en la cabeza”, justificaron ayer en el Gobierno la embestida del mandatario contra Recalde.

En el entorno de Recalde, que llegará hoy de Ginebra tras participar de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, tomaron los dichos como otro embate contra la justicia laboral. Señalaron a LA NACION que los dichos de Macri fueron una respuesta a la carta abierta que publicó el legislador el fin de semana en Página 12, en la que denunció persecuciones a los jueces laborales.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV) en Diputados responderá hoy, aunque aún resta definir si será en una conferencia de prensa con la bancada o con un comunicado. Además, desde su entorno, insistieron en que “no hubo un incremento exponencial” de los juicios, aunque los datos oficiales demuestran lo contrario.

Hay preocupación en el sector pyme porque cada vez se registran más juicios. Según publicó LA NACION semanas atrás, en la ciudad de Buenos Aires ingresan un promedio de 100 demandas por mes y por juzgado, el doble de lo que puede asumir la estructura vigente. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo da cuenta de que en 2016 hubo 115.000 juicios sólo en el ámbito porteño. En 2011 no llegaban a 60.000. El crecimiento de la cantidad de demandas por incumplimientos laborales provocó una saturación en los tribunales, que se demoran hasta cinco años en resolver los pleitos.

Sin embargo, en la Asociación de Abogados Laboralistas afirmaron que la cantidad de juicios es poca si se tiene en cuenta “la cantidad de violaciones” de los derechos de los trabajadores (trabajo en negro, falta de pago, entre otros puntos).

“El discurso que pone como responsable el juicio por la marcha de las empresas es falso. Pretende flexibilizar y quitar derechos a los trabajadores. El quiebre de pymes tiene que ver con políticas macroeconómicas y no con reclamos”, señaló a LA NACION María Paula Lozano, secretaria general de la asociación. Y agregó: “No hay una industria del juicio; hay una industria del incumplimiento laboral”.

LA NACIÓN / CLARÍN / ÁMBITO FINANCIERO / EL CRONISTA / PÁGINA 12 / BAE  

FAURIE ASUMIÓ CON LA PROMESA DE “GANAR MERCADOS” Y AJUSTAR LA PLANTA DIPLOMÁTICA

Una nueva era se inauguró en la Cancillería con el desembarco del diplomático de carrera Jorge Marcelo Faurie como ministro de Relaciones Exteriores y Culto quien ayer, poco después de jurar en el cargo ante la mirada del presidente Mauricio Macri, se esmeró en subrayar que viene a continuar la “inserción inteligente al mundo” –frase acuñada por su predecesora, Susana Malcorra y “ganar nuevos mercados” para la Argentina en la economía global.

Macri interrumpió la ceremonia de jura de Faurie, seguida por el gabinete en pleno y miembros del cuerpo diplomático, para elogiar el trabajo de Malcorra y señalar que, en lo que va de su gestión, se logró “un nivel de visibilidad y un entusiasmo único en el mundo” con la Argentina. También chanceó al nuevo ministro, en medio de la jura, interrogándolo sobre el por qué de su segundo nombre. “Marcelo significa ‘el que trabaja la tierra’, y a eso vine… a trabajar”, devolvió enseguida, ante la risa generalizada de los presentes.

Tras los efusivos saludos, el canciller aseguró a El Cronista que llega al cargo con el mandato de continuar la “inserción inteligente” al mundo. “Queremos que eso signifique acceso a mercados, y que genere más productividad, para tener más trabajo y más bienestar. Ese es el norte para que disminuzca la pobreza”, sentenció, a tono con el discurso del Gobierno.

Por expreso pedido de la Jefatura de Gabinete, a quien le debe su llegada al cenit de la carrera diplomática, Faurie comenzará en las próximas semanas una revisión integral de la estructura ministerial para “tener una Cancillería eficiente y del siglo XXI” y enfocada en las negociaciones comerciales, como se esmeran en repetir cerca de Marcos Peña y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Para eso se valdrá de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional, en la que aún no definió un titular. “Tenemos que hacer un trabajo de reducción de la estructura, que está quizás un poquito recargada en algunas áreas”, reconoció el nuevo canciller. La idea que circula en los despachos es “rebalancear” la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ala económica de la Cancillería, con más funcionarios, y depurar el lado político del Palacio San Martín.

Ante la prensa, Faurie evitó dar precisiones sobre la vacante en la embajada argentina en Washington. “Las embajadas se irán cubriendo progresivamente”, se limitó a decir.

En la despedida que anoche se ofreció a Malcorra en el edificio de Esmeralda 1212, Faurie brindó dos mensajes: agradeció el apoyo del cuerpo diplomático extranjero, al que invitó a seguir fortaleciendo los vínculos, y a los funcionarios de “la Casa” les pidió que estén “a la altura de la circunstancia” para demostrar que están capacitados para conducir esta nueva etapa de la Cancillería. Toda una señal antes de sentarse a ultimar detalles para asistir la próxima semana a la asamblea general de la OEA en México y, seguidamente, al Comité de Descolonización de la ONU, en Nueva York.

EL CRONISTA / BAE  /

CRISIS SIN FIN: JUBILADOS TOMARON LA GOBERNACIÓN

En medio de la demorada firma de un acuerdo fiscal entre el Gobierno de Alicia Kirchner y la Casa Rosada, que se traduciría en una ayuda financiera para la provincia de $1200 millones de pesos, jubilados santacruceños que reclaman el cobro de sus haberes y que hace 75 días montaron un acampe frente a la Caja de Previsión Social, ingresaron por la fuerza a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, y afirmaron que permanecerán allí hasta que se haga efectivo el pago. En el interior del edificio, un grupo de efectivos desarmados permitió el ingreso de los manifestantes al hall central.
La determinación es consecuencia de la dilación en el pago de salarios, que alcanza también a docentes y estatales desde hace más de dos meses y que suma acampes, paros y manifestaciones con las que buscan presionar a la administración provincial.
La vocera de Jubilados Unidos recordó que llevan 75 días de acampe sin respuestas y que por eso decidieron tomar la gobernación. “Estamos todos en la misma. Nos une un único objetivo: que nos paguen el sueldo y tener una buena obra social. No puede ser que vayamos a una farmacia y nos discriminen porque somos afiliados de la Caja de Servicios Sociales y tengamos que estar sacando un número aparte por las deudas que mantiene el Estado con los prestadores médicos y de farmacias”, concluyó la dirigente.
Los policías que están en el interior del edificio se encuentran desarmados porque, según dijeron distintas actores del conflicto “fue a pedido de la jefatura” y porque los agentes “no están dispuestos a reprimir a quienes podrían ser sus padres”.
El Gobierno hizo frente a los salarios de hasta $23.000 y anunció que, a medida que vaya ingresando plata a la provincia, podrá ir pagando lo que le debe a los trabajadores.
“El Ejecutivo santacruceño se encuentra a la espera del convenio con Nación. Los pagos de mayo de los empleados públicos y de jubilados se harán efectivos en función al ingreso de recursos”, informó ayer la administración a través de su cuenta de Twitter en un mensaje que puede ser interpretado como una presión directa a la Casa Rosada ante la demora del acuerdo.

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LA UCR PONE EN RIESGO LA CONFORMACIÓN DE CAMBIEMOS VERSIÓN MEDITERRÁNEA

Héctor Baldassi recorre la provincia ya como primer candidato a diputado nacional por Cambiemos. También el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza.

La designación de ambos por parte de la Casa Rosada provocó un reclamo del radicalismo que impulsaba a Diego Mestre, hoy diputado nacional y hermano del intendente Ramón Mestre. El clima de la última semana en la provincia, postergó las peleas electorales.

Sin embargo los plazos corren y mañana deberán inscribirse las alianzas electorales. ¿Cambiemos será Cambiemos? Opción 1: UCR y PRO irán juntos. Opción 2: la UCR inscribirá una lista para competir en la PASO contra el PRO, una opción que no cae bien en el Gobierno nacional. La Opción 3 aún es posible: que la UCR vaya con la Lista 3 en soledad.

¿Cambiemos puede no conformarse en la provincia de Córdoba?, fue la pregunta en FM Palermo. “Veremos”, respondió Diego Mestre. En EL CRONISTA se menciona al diputado nacional, Diego Mestre

EL CRONISTA /

STOLBIZER HIZO UN ÚLTIMO ESFUERZO POR JUNTAR A LOUSTEAU Y A MASSA

A horas del cierre de inscripción de las alianzas electorales, Margarita Stolbizer empujó un acercamiento entre Martín Lousteau que competirá con el sello ECO, y su aliado Sergio Massa en el distrito porteño. “Martín es un excelente candidato, me gustaría apoyarlo y que nos apoye, porque tenemos una estrategia bastante común, que es tratar de llenar con propuestas a la gente para mostrar que a la grieta la alimentan desde los otros dos lugares y que no puede ser el escondite para los corruptos”, expresó Stolbizer a radio Mitre.

Y agregó: “Si yo pudiera hacer un vínculo entre Massa y Lousteau, encantada de hacerlo”.

La intervención de Stolbizer se vio como un último esfuerzo, porque dirigentes del entorno de Lousteau dejaron trascender la posibilidad de un acuerdo con el GEN porteño que lidera la diputada, pero rechazaron incluir al massismo. Stolbizer tiene una relación de larga data con Lousteau.

Y fuentes de la UCR porteña –que sostiene la candidatura de Lousteau- descartaban anoche un acuerdo: “No hay nada, ni con Massa ni con Stolbizer”, dijeron. Hace unos días en Animales Sueltos, del canal A24, Lousteau había asegurado que “no” sería aliado del tigrense en estas elecciones.

Hace tiempo que el massismo porteño viene explorando las chances de un acuerdo con el ex embajador en Washington y ex ministro de Cristina Kirchner. A Lousteau la Casa Rosada le negó la posibilidad de competir en las PASO de Cambiemos por lo que decidió desafiar la hegemonía macrista en el distrito, para posicionarse rumbo a 2019 en que quiere pelear la jefatura de gobierno porteño como en 2015. Apoyado por el radicalismo porteño, que sacó los pies del plato de la coalición nacional.

“El problema es que no nos quieren”, se sinceraba hace unos días un operador massista. El FR demoró bastante su armado porteño por esta causa.

Sergio Massa se reunirá hoy con su tropa porteña para ordenar la cuestión electoral. En el FR no se resignaban a bajar expectativas, e interpretaban “gestos” del ex embajador hacia Massa en las últimas horas. Si no hay acuerdo con Lousteau, en la Ciudad se reproducirá la alianza “1País” que en la Provincia reúne al Frente Renovador, GEN y Libres del Sur, el partido de Victoria Donda y Humberto Tumini formalmente incorporado con un acto el sábado en Argentinos Juniors.

Massa definió los candidatos que quiere: el economista Matías Tombolini, para encabezar, y la especialista en temas previsionales Mirta Tundis, que debe renovar su banca.

Hay miradas dispares sobre las chances del massismo en la Ciudad. La negativa es la que recuerda que en abril de 2015, el economista Guillermo Nielsen no superó en las primarias el piso del 1,5 por ciento de los votos, por lo que el FR se quedó sin postulante propio en las elecciones para jefe de gobierno que tuvieron lugar en julio.

Pero en las generales de octubre de ese año, la candidatura de Massa traccionó dos bancas para el FR porteño, que ocupan el economista Marco Lavagna y Carla Pitiot.

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CIERRE CLÁSICO: CRISTINA Y EL PJ EN CLAVE DE HISTERIA

Cada uno tomó un camino distinto. Pero lo cierto es que ayer arreciaron los pedidos de intendentes, finales y sin respuesta concreta, que repitieron hasta el hartazgo el ya conocido pedido para que Florencio Randazzo bajara pretensiones y se sometiera a la unidad que le reclama el kirchnerismo más cerrado.
Hubo solicitadas y pedidos reiterados, como el de Martín Insaurralde. Y hasta un avance de Daniel Scioli en un paso que no se había dado hasta ahora. El ex candidato presidentes anunció anoche que harían todo “el esfuerzo por la unidad porque es lo que la gente pide para defenderla”. Pero esta vez Scioli le agregó: “si no se da iremos a interna y san se acabó”. Afirman sus íntimos que la frase se escuchó tras un acto en la Sociedad de Socorros Mutuos de San Miguel.
Scioli había dicho en ese acto que “el voto es el instrumento claro y contundente para decirle al Gobierno que así no se puede más” y añadió que “hay gente que tenía esperanza y hoy tiene decepción, tristeza y bronca”.
A esas realidades debe oponerse la posición que viene sosteniendo Cristina de Kirchner y que mantiene histérico a todo el PJ: la ex presidente no habla casi con ningún allegado, salvo su hijo. No es una novedad: es el sistema con el que se manejó cada vez que tuvo que tomar una decisión electoral. Es decir, sorprendiendo a propios y ajenos.
Hay un dato evidente y obvio pero que debe repetirse para entender el momento político que vive el PJ esta semana: una cosa es la inscripción de frentes y otro el cierre de listas de candidatos. La contundencia de ese segundo paso no puede compararse con el vencimiento de presentación de frentes.
Los escenarios de la interna, anoche, no eran homogéneos. Ayer, el kirchnerismo continuó con declaraciones silvestres y reuniones del estilo “clandestino” que mostró Florencio Randazzo hasta el viernes pasado, cuando presentó el espacio “Cumplir” aunque sin hablar con los medios, rol que ocupa el exjefe de Gabinete K y hasta hace un mes atrás massista Alberto Fernández, hoy líder de campaña del exministro del Interior de Cristina de Kirchner.
Primero, y tras un ramillete de charlas exclusivas con su madre el diputado Máximo Kirchner abrió el juego con pocos “leales” -esa palabra aún no ingresa del todo en el vocabulario K, por la constante y eterna desconfianza hacia los propios- pero con el mismo objetivo cerrado de unidad sin PASO. El jugueteo de las opciones electorales continuó ayer con el diputado y análisis junto al jefe del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y más tarde con los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada).
Un elemento interesante condimenta el frenesí del PJ-FpV bonaerense: justicialistas ex-K (Daniel Filmus, que continúa de vez en cuanto con la presentación de su libro “Pensar el kirchnerismo. Lo que se hizo, lo que falta y lo que viene”) y los aún ultra K festejaron ayer la “unidad” para competir contra el macrismo en Capital Federal. Eso sí, con PASO. Mañana, Randazzo y sus dirigentes se reunirán y pondrán como ejemplo ese caso, que choca de lleno con la intención de Cristina de no chocar contra su exministro, y que además alimenta la ansiedad de sus seguidores en cuanto a si realmente jugará o no en agosto.
Sin embargo, y tras el insólito llamado de Máximo Kirchner a diputados ex-K para reunificar bloque -nadie en el PJ de Bossio recibió ni siquiera un indicio real de esa intención, más allá de la propia operación cristinista-, ayer aparecieron afiches que empujaron aún más la presentación de Cristina. Por caso, una imagen de la ex presidente con la frase “Brillemos otra vez” apareció por las calles de Moreno, donde comanda el intendente Walter Festa.

ÁMBITO FINANCIERO /

FPV PORTEÑO AMPLIADO ARRANCA PUJA DE LISTAS (INFLUYE PROVINCIA)

La pelea del kirchnerismo contra el PRO por ahora no tiene candidatos ciertos en la Ciudad de Buenos Aires, sólo una alianza variada que buscará definir en la interna oficial la lista que competirá contra Elisa Carrió y Martín Lousteau en el distrito difícil para el peronismo. Si bien, el kirchnerismo consiguió la unidad para armar el nuevo sello electoral porteño, la confección de la tira ahora le impone también la suerte que corra el armado en la provincia de Buenos Aires. Y en otro sentido, complica a los “armadores” la petición de Cristina de Kirchner, quien solicitó que la lista la encabece una mujer.

En la sede del Pj porteño, de la calle San José, se terminó ayer de armar la alianza que reemplazará al sello Frente para la Victoria para disputar las PASO el próximo 13 de agosto. El reglamento de esa interna y todas sus condiciones, se terminaron de pulir entre el domingo y ayer de la mano del titular del PJ Capital, Víctor Santa María, el ex legislador Juan Manuel Olmos, y el ex candidato Mariano Recalde.
El Frente se llama Unidad Porteña y condiciona el resultado de las PASO a obtener un piso de 15% de los votos que en total tenga la alianza. Por ahora, UP tiene tres patas, como se venía anticipando: la del kirchnerismo propiamente dicho que formó el FpV, incluido el PJ, La Cámpora y diferentes aliados; un combo de centroizquierda que anima Itaí Hagman y en tercer lugar la dupla electoral que proponen Gustavo Vera y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.
Sin embargo, el grupo K podría dividirse y sostener una cuarta lista si, en la provincia de Buenos Aires Cristina de Kirchner no logra una lista de unidad y termina confrontando contra Florencio Randazzo pero no en las PASO. Eso lastimaría la Unidad Porteña al menos en algunos de sus integrantes, como Jorge Taiana del Movimiento Evita y el propio Alberto Fernández (partido PARTE) que es jefe de campaña del ex ministro kirchnerista.
Como sea, la pelea por las listas y las candidaturas comenzó también ayer, una vez que cada uno de los partidos que integran Unidad Porteña firmaron el acuerdo que tiene plazo hasta mañana para presentarse en la Justicia electoral.
La conformación de UP, además tiene algunas particularidades. Por ejemplo, no se permitirá más de una lista de legisladores por cada lista de candidatos a diputados nacionales, evitando así las colectoras. Además se formó una Mesa Ejecutiva. De acuerdo con el acta de constitución, habrá “un órgano de decisión denominado “Mesa Ejecutiva” compuesta por cuatro miembros”. Así, la conforman Santa María, Carlos Tomada, Gabriela Alegre y Jorge Taiana. “Dicha Mesa Ejecutiva tendrá a su cargo las decisiones que se deban tomar para el funcionamiento de la Alianza que se constituye”, señala el documento.
Animados por el armado de la alianza el referente de Ahora Buenos Aires, el economista Itaí Hagman explicó que “definimos participar de estas PASO y armar el nuevo frente amplio opositor Unidad Porteña”.
La puja principal es entonces la lista kirchnerista que, para las bancas en diputados integraría Daniel Filmus y Juan Cabandié. mientras se define qué mujer podría encabezar la tira. A legisladores la encabezaría Mariano Recalde y la legisladora María Rosa Muiños, titular del Bloque Peronista, quien así renovaría su mandato, mientras se discute también la renovación de José Campagnoli (Sabbatella), Pablo Ferreyra y Gabriel Fuks (Filmus).
Por ahora conforman Unidad Porteña 17 partidos políticos y cada uno de los presidentes de esas agrupaciones pasan a formar un “Consejo Distrital” según el documento que se firmó ayer. Los dirigentes porteños intentarán ahora que la pelea bonaerense del kirchnerismo no malogre el nuevo frente electoral que buscará una posición en la grilla de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más hostil para el kirchnerismo.

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MASSA INCORPORA A MOYANO Y GREMIOS DEL TRANSPORTE

Sergio Massa sumó el apoyo del líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, así como de los estratégicos gremios de colectiveros (UTA) y maquinistas de trenes (La Fraternidad). Los respaldos fueron resueltos la semana pasada tras un raid de encuentros con la participación del propio líder de 1País, Graciela Camaño, el jefe de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, y el triunviro de la CGT Carlos Acuña. Para el tigrense representa un envión clave luego de haber sufrido la deserción de Héctor Daer, otro miembro del triunvirato de la CGT y referente del segmento de los “gordos” de la central.
Esa cadena de reuniones despejó la incertidumbre respecto de la posición de Moyano, que había permanecido prescindente de la política partidaria desde la elección de 2015, cuando evitó pronunciarse sobre un postulante pese a haber hecho varios guiños a favor de Mauricio Macri. La alianza implicará la participación del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), del camionero, en la campaña del Frente Renovador, el GEN de Margarita Stolbizer y Libres del Sur, de Victoria Donda y Humberto Tumini, bajo el sello 1País.
Hasta anoche no estaba claro si la alianza derivaría en candidaturas puntuales por la provincia de Buenos Aires, donde estará centrado el eje del acuerdo, aunque cerca de Moyano daban por sentado que habría postulaciones de extracción gremial. Entre los negociadores explicaron que el armado incluirá a unos 40 gremios, entre los que reportaban a la ex CGT Azul y Blanca, de Barrionuevo, los que rodean al camionero y los del transporte.
La negociación decisiva arrancó a principios de mes en Tigre, donde se sucedieron reuniones con dirigentes de seccionales del sindicato de Comercio como Rubén Ledesma, de La Matanza, Orlando Machado, de Avellaneda y Raúl Guiot, de San Martín. En tanto que la semana pasada hubo tres encuentros que terminaron de sellar el entendimiento.
A principios de la semana Barrionuevo fue anfitrión de una reunión en Gastronómicos con la participación de dos de los convocados estelares: Roberto Fernández, jefe de la UTA, y Omar Maturano, de los maquinistas de La Fraternidad. Se trata de dos gremios que se hermanaron en los últimos años tanto en el plano gremial (suelen cerrar paritarias en tándem por estar en ambas actividades cruzados por los subsidios) como en el político, aunque en este último caso no se habían resuelto hasta ahora a jugar de lleno en la arena partidaria. Los dos dirigentes son capaces por sí solos de garantizar la contundencia de un paro nacional con la restricción de los servicios ferroviarios y de colectivos.
El siguiente encuentro fue también clave. En la biblioteca de Camioneros, en el barrio de Parque Chacabuco, cenaron el miércoles pasado Massa y Camaño con Moyano; sus hijos Facundo y Pablo; Octavio Argüello, organizador del partido CET; el panadero Abel Frutos, y el aeronavegante Juan Pablo Brey, posible candidato a diputado nacional por la nueva alianza. En esa instancia Moyano ungió a su hijo Facundo y a Luis Velázquez, del gremio de choferes de San Justo y referente de la Juventud Sindical, para la integración de más gremios al esquema.
El último eslabón hasta ahora se concretó el jueves pasado con una cena multitudinaria en la Asociación Obrera Textil, adonde confluyeron dirigentes intermedios de todos los sindicatos involucrados en el armado. Entre ellos, el de estaciones de servicio, de Acuña, el de químicos y el de aguas gaseosas (Sutiaga). Para mañana en el Frente Renovador prevén una nueva reunión para darle más visibilidad a la alianza político sindical.

ÁMBITO FINANCIERO /

LA CASA ROSADA EVALÚA UN DECRETO PARA TRANSPARENTAR APORTES DE CAMPAÑA

Dinero (mucho) en “negro”, sin recibos ni origen comprobable. Deficiencias en un control que tarda demasiado tiempo en cumplir sus objetivos y pena a destiempo las irregularidades. Prohibición del aporte empresario que, al fin y de manera poco ortodoxa, termina haciéndose efectivo.

Son éstas algunas de las principales deficiencias que el Gobierno reconoce en la vigente ley de financiamiento de los partidos políticos y que pretende subsanar a partir de una ley que demandaría mayorías especiales en el Congreso. Como los tiempos políticos se aceleran, la Casa Rosada evalúa instrumentar algunas modificaciones en las próximas semanas vía decreto, sobre la base de las recomendaciones que un grupo de organizaciones de la sociedad civil planteó a través de un borrador, que ya llegó al despacho del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

Exenciones del impuesto a las ganancias para aquellas contribuciones a las campañas que se hagan a través de transferencias electrónicas y una distribución “más objetiva” del dinero que el Estado destina a los partidos políticos son algunas de las recomendaciones que las ONG Cippec y Poder Ciudadano hicieron llegar ayer al Ministerio del Interior, según pudo saber LA NACION. También se aconseja que la justicia electoral facilite el acceso a los aportes de campaña de manera más rápida, casi de manera simultánea con el desarrollo del calendario electoral.

Desde el Gobierno insistieron en que se priorizarían, por cierto, las iniciativas más sencillas para llevar adelante por vía de resoluciones o decretos, sin necesidad de aprobar una nueva ley, que el oficialismo piensa llevar al Congreso con un espíritu similar.

En el Gobierno aplaudieron la mayoría de las recomendaciones del borrador, aunque se mostraron cautos con relación a los tiempos. “Apostamos a la transparencia, que es un problema en todos los países del mundo, incluso en Estados Unidos hay problemas con el financiamiento de las campañas”, afirmaron cerca del secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, que tendrá bajo su análisis los decretos una vez que se afine su instrumentación.

En el Gobierno no hay consenso acerca de la celeridad con la que podrían instrumentarse las reformas. Clusellas, por ejemplo, cree que “no es lógico cambiar las reglas en medio de una campaña electoral”, aunque desde Interior confían en que “algunas modificaciones menores”, como la devolución del IVA a los aportes bancarizados para incentivarlos, pueden efectivizarse en un lapso más corto y aplicarse en las legislativas de agosto y octubre. Desde Cippec se mostraron confiados en que “estas modificaciones abran el debate para una nueva ley y que no la terminen reemplazando”.

El Gobierno coincide con las organizaciones civiles en la necesidad de luchar contra el dinero en negro como fuente principal de financiamiento de las campañas. “La mayoría del dinero que financia las campañas es en efectivo. Y es absurdo que se prohíba el aporte empresario”, coincidieron en un despacho importante de la Casa Rosada y el Cippec, cuyo encargado de presentar la propuesta fue un equipo coordinado por Nicolás Cherny.

La discusión sobre los tiempos que demanda el control de los gastos de campaña también es prioritaria para el Gobierno. “No puede ser que la campaña de 2007 todavía esté sin resolución judicial”, afirmaron cerca de Pérez, en crítica a los fondos con los que se financió Cristina Kirchner para acceder a la presidencia ese año. De todos modos, la Justicia también tiene bajo la lupa la rendición de fondos de las campañas presidenciales de Mauricio Macri y Daniel Scioli, que disputaron la segunda vuelta electoral en noviembre de 2015.

Permitir los aportes empresarios (aunque sea en un porcentaje mínimo) es otra de las metas compartidas por las organizaciones y el Gobierno. “¿Por qué un empresario no puede poner dinero, si proviene de un origen lícito?”, preguntó a LA NACION un alto funcionario.

LA NACIÓN /

EL GOBIERNO PRETENDE SER QUERELLANTE EN CUATRO CAUSAS CONTRA ODEBRECHT

Con el objetivo de ser parte de las causas, tomar conocimiento de cada actuación judicial y aportar nuevos datos, el Gobierno se presentó ayer en cuatro juzgados de Comodoro Py y pidió ser querellante en los casos vinculados al capítulo argentino del Lava Jato.

La Oficina Anticorrupción, que conduce Laura Alonso, presentó escritos en los juzgados de Daniel Rafecas, de Rodolfo Canicoba Corral, de Sebastián Casanello y de Marcelo Martínez De Giorgi. Plasmó allí su mirada de las hipótesis delictivas, entregó información recopilada en el organismo de control y brindó datos aportados por un anónimo que hizo una denuncia sobre una de las obras investigadas.

La OA pretende ser querellante en los casos que investigan presuntas coimas y sobreprecios en el soterramiento del Sarmiento, en las plantas potabilizadoras de AySA y en los gasoductos norte y sur. También, en una de las causas que más sensibilizan al Gobierno, la que investiga los pagos que el operador brasileño Leonardo Meirelles le hizo al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

El organismo pidió tomar conocimiento de todos los expedientes e, incluso, sacar fotocopias. Los jueces ahora deben evaluar si aceptan o no que el organismo de control, que depende del Poder Ejecutivo, sea tomado como parte de los casos.

A pesar de que Mauricio Macri atribuyó a una mera “coincidencia” el hecho de que el operador de Odebrecht Meirelles le transfiriera más de US$ 800.000 a Arribas, la OA hizo una “investigación preliminar” sobre la operación y pidió ser querellante en la investigación que tiene la lupa sobre el hombre de confianza del Presidente.

“La OA envió notas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al procurador general de Brasil, a Odebrecht SA de Brasil y su filial argentina, a la AFIP, a la UIF y al señor Gustavo Héctor Arribas”, aseguró en su escrito la OA. Sin embargo, resaltó: “Arribas le manifestó a esta oficina que jamás tuvo vínculo profesional, comercial y ni siquiera social con Marcelo Odebrecht ni sus empresas”.

El organismo de control le reclamó al juez: “Esta oficina pretende que se establezca si fueron efectuadas las cinco transferencias bancarias; si dichas sumas fueron efectivamente recibidas por Arribas, y si los montos aludidos guardan vinculación con transferencias dispuestas por la firma Odebrecht u otros miembros del consorcio adjudicatario de la obra de soterramiento del tren Sarmiento destinados al pago de sobornos”.

Respecto de la causa del soterramiento del Sarmiento, la OA apuntó contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su secretario de Obras Públicas José López, al tiempo que intentó despegar a Iecsa, la constructora que pertenecía al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

En la causa sobre las plantas potabilizadoras de AySA, que tramita el juez Casanello, la OA aportó la carta de una denunciante anónima que brindó detalles a través del correo empleadadeaysa@prontonmail.com. En ese mail, la denunciante señaló que era una funcionaria con más de 35 años de trabajo en Obras Sanitarias y en AySA, y que en 2007 la Dirección de Infraestructura, a cargo de Raúl Biancuzzo, al que califica de “socio desde los 80 y cómplice del presidente de AySA Carlos Ben”, ordenó licitar la obra Planta Paraná de las Palmas.

“La denunciante describe que existió en AySA una banda integrada por distintos funcionarios: Carlos Ben; Oscar Vélez; Mario Pérez Latorre; Marcela Ferreira; Carlos Biancuzzo; Juan José Gómez, y que contaría con el acuerdo de Julio De Vido, José López y Fabián Pérez para armar toda la trampa para obtener retornos, en asociación con Odebrecht y Camargo Correas”, manifestó la OA. Por los gasoductos, la OA se presentó en el juzgado de Rafecas y solicitó también ser querellante en la causa bautizada “Skanska II”, que investiga la segunda ampliación de los gasoductos norte y sur. Ese proyecto se solventó con una compleja ingeniería financiera, que, según el organismo, se corrió de los marcos legales.

En 2005 el Ministerio de Planificación elaboró un “plan de acción” para ampliar la capacidad de transporte de gas en el país, siendo la Secretaría de Energía -por entonces encabezada por Daniel Cameron- la “organizadora del programa”. Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) lanzaron concursos abiertos para hacer las ampliaciones y Albanesi SA y Cammesa resultaron contratadas, a la vez que ambas empresas subcontrataron a Odebrecht.

LA NACIÓN /

ODEBRECHT: INHIBICIÓN DE BIENES PARA LOS ACUSADOS. GOBIERNO CUELA A ALONSO

Sin información oficial aportada desde los Estados Unidos que pueda ser utilizada como prueba, y con la Justicia brasileña reticente a liberar aún el flujo de datos que Odebrecht confirmó ante esos tribunales, los jueces argentinos comenzaron a agitar sus causas para generar presión. El juez federal Sebastián Casanello -que investiga la licitación de AySA otorgada a un consorcio de empresas locales- dispuso la inhibición general de todos los bienes del ex presidente de la empresa estatizada, Carlos Ben y de quien fuera su mano derecha, Raúl Biancuzzo. El magistrado investiga sobornos en la construcción de una planta potabilizadora en Zárate, una de las dos obras más importantes de la constructora, junto al soterramiento del Sarmiento, para el cual el juez Marcelo Martínez De Giorgi aspira a dar curso a las medidas propuestas por los fiscales para analizar la contabilidad de las empresas adjudicatarias. En el manual de investigación de este tipo de hechos, las coimas aparecen disimuladas en los estados contables de las firmas que utilizan fachadas para justificar los pagos ilegales.

Mientras tanto, la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso intentará ser querellante en cuatro causas vinculadas a obras públicas de Odebrecht en Argentina, entre ellas la que está en stand by contra el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Se trata de una manera elegante de poder introducirse en los expedientes, solicitar medidas y tener acceso a las pruebas, más allá de si el Gobierno logra o no obtener la información prometida desde Brasil y Estados Unidos, donde se mostraron colaborativos, pero como reveló Ámbito Financiero, no aseguraron ningún documento oficial que, pese a trascendidos, sirva para alimentar un proceso judicial a nivel local. La solicitud de Alonso fue realizado en las causas en las que se investiga el Proyecto de Ampliación Gas 2006-2008 relacionado con Skanska (a cargo del juez Daniel Rafecas) que autorizó de inmediato su inclusión como querella); la ampliación del Tren Sarmiento licitada en 2006 (bajo el mando de Marcelo Martínez De Giorgi); la causa contra el jefe de los espías, por presuntas transferencias en 2013 (originalmente cerrada por Rodolfo Canicoba Corral); y la ampliación de una planta potabilizadora en Tigre y una depuradora en Berazategui encargadas por AySA (en manos de Casanello). Curiosamente, la OA no se presentó en el expediente que, por separado, investiga a IECSA, por entonces bajo el mando de Ángelo Calcaterra por haber recibido una financiación estatal de $45 mil millones para culminar la obra del Sarmiento. A cargo del juez Sebastián Ramos, ese caso surgió por la denuncia del tándem de fiscales Gerardo Pollicita-Ignacio Mahíques, luego de haber indagado a Cristina de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La causa del Sarmiento está dividida en dos: lo que compete por sobornos a exfuncionarios K (que avanza) y la que involucra a la gestión Cambiemos.
Casanello dispuso ayer avanzar contra Ben e investigar su patrimonio y el de su familia, a pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez. La unidad especializada -en contacto permanente con sus pares brasileños- detectó una firma offshore radicada en Panamá que estaría relacionada con el ex funcionario. Ben se había presentado ante la Justicia de forma espontanea y defendió el accionar de AySA en la licitación. Una pericia ordenada por Casanello concluyó que el presupuesto se modificó en un 20% a favor de Odebrecht. En su descargo, Ben aseguró que la modificación fue “por ajuste del índice de inflación y por ajustes técnicos”.
Alonso justificó que en todos los casos, “los hechos que constituyen el objeto procesal de estas causas pueden integrar una parte de la ramificación local de uno de los escándalos de corrupción más grandes que en los últimos años ha sacudido a la región latinoamericana”.

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REVÉS PARA CRISTINA EN OBRA PÚBLICA ACELERA INDAGATORIA

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer un pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina de Kirchner para investigar toda la obra pública realizada por su Gobierno entre 2003 y 2015 y clausuró el intento de la ex mandataria para diluir el expediente en el que fue procesada por direccionar licitaciones a favor del grupo empresarial de Lázaro Báez, solo en Santa Cruz. Como parte de su alegato, la exjefa de Estado había solicitado a la Justicia “readecuar el objeto procesal” de la causa que instruye el juez Julián Ercolini y solicitó una pericia completa a todos los trabajos realizados durante su gestión, lo que daría como resultado -según su planteo- que el santacruceño quedara en el orden 38 de la nómina de empresas beneficiarias de contratos con el Estado para realizar obras de diverso tipo.
La tercera negativa terminará por robustecer la presión de la Cámara Federal para dos jueces: Sebastián Casanello deberá considerar posibles maniobras de lavado de dinero con el antecedente de lo adjudicado a Báez; y Julián Ercolini deberá definir un llamado a indagatoria para Cristina pedido por la fiscalía en el marco de la causa Hotesur, que señala que los alquileres del hotel presidencial tenían relación directa con el retorno por esas obras.
La ex mandataria había reclamado “que sea investigada no sólo una empresa (Austral Construcciones), no sólo una provincia (Santa Cruz), sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares”. Para Cristina la omisión en investigar a la firma IECSA S.A. del grupo Macri, que obtuvo la pavimentación de uno de los cinco tramos de la ruta 9 y su explotación con Báez como subcontratista, fue “una clara muestra del direccionamiento con intencionalidad política” de la investigación. Sin embargo, la Sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, confirmó, por unanimidad, la decisión de rechazar un pedido de la defensa de Cristina en el que solicitaba una readecuación del objeto de investigación de esta causa.
Los magistrados precisaron que el objeto procesal de esta causa es delimitado por la parte acusadora en la etapa procesal correspondiente y que, además, lo obrado en la etapa de instrucción en meramente provisorio. Indicó que es en la etapa de juicio donde queda delimitada la descripción de los hechos concretamente imputados. Casación confirmó de esta manera lo decidido un mes atrás por la Cámara Federal, que apoyó la decisión del propio Ercolini. Este juez, que ahora concentra la mayoría de los expedientes contra la ex mandataria, deberá ahora definir si da curso al pedido de indagatoria que le realizaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, por el expediente conocido como Hotesur. El cerco sobre Cristina comenzó a acelerarse luego de que la Cámara Federal rechazara un pedido de indagatoria de la Unidad de Información Financiera (UIF) pero alertara que el juez Casanello debe investigar una maniobra integral, lo que en los hechos sugirió que el magistrado deberá seguir esa línea para avanzar con el caso.

ÁMBITO FINANCIERO /

TENSA REUNIÓN ENTRE ARROYO SALGADO Y LAGOMARSINO POR PERICIA

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, pidió que el juez Julián Ercolini, que investiga su muerte, participe de la deliberación de la junta interdisciplinaria que se realiza en la causa para determinar las causas que rodearon su muerte. Ayer se realizó una audiencia en el despacho del magistrado, en la que además estuvo presente el técnico informático Diego Lagomarsino, imputado por haber entregado el arma a Nisman.
Arroyo Salgado, que es querellante en la causa, efectuó el pedido formal en presencia de Lagomarsino, quien hace algunos días había cuestionado la realización de la junta y recusó a los peritos de Gendarmería, dado que excluyeron la participación de peritos de parte. Según fuentes judiciales, el viernes pasado la defensa de Lagomarsino denunció que existió una reunión reservada que tuvieron los abogados querellantes con el fiscal Eduardo Taiano y el juez Ercolini. Por esto, el marco del encuentro de ayer en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 fue marcado por la tensión entre ambas partes, que decidieron comparecer en persona más allá de la presencia de sus abogados. Custodiado por al menos tres efectivos de civil, Lagomarsino estuvo en breve lapso en el despacho del juez y consintió la presencia de Ercolini en los peritajes. Es la primera vez desde que Nisman fuera hallado sin vida que Arroyo Salgado y el informático se cruzan cara a cara.

ÁMBITO FINANCIERO / LA NACIÓN / BAE /

GOBIERNO ACELERA PROYECTO PARA BAJAR A 14 AÑOS LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

El crimen de Brian Aguinaco, a manos de un menor de 14 años, en diciembre del año pasado, fue el triste puntapié para que desde el Gobierno y la oposición instalaran la discusión sobre la baja de la imputabilidad. Se debatió el tema, y se comenzó a trabajar desde el Ministerio de Justicia en la reforma del sistema penal juvenil, aunque se le bajó el tono para evitar que llegara al Congreso un tema tan susceptible en un año electoral.

El asesinato de Agustín Bustamante, de 3 años, tras un disparo de un adolescente de 16, motivó que la discusión surgiera de nuevo, aunque esta vez el Gobierno estaría dispuesto a acelerar los plazos y presentar en el corto plazo un anteproyecto para reducir la edad para ser punible, a 14 años para homicidios, y 15 para casos de robo calificado con armas de fuego, violación y secuestros extorsivos.

“El proyecto está a días de finalizarse para ponerlo a disposición del ministro Germán Garavano para su análisis y consultas”, reveló a la agencia Télam el subsecretario de Política Criminal de esa cartera, Juan José Benítez, integrante de la Comisión que desde hace cinco meses elabora el texto. El proyecto forma parte del plan Justicia 2020, y la idea del Ejecutivo era llevarlo al Congreso tras los comicios.

La medida genera diferencias incluso en el propio Gobierno, o en funcionarios designados por el Ejecutivo. Por caso, el jefe de la policía bonaerense, comisario general Fabián Perroni, expresó su rechazo a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. “Personalmente no estoy de acuerdo. Creo que hay que trabajar más en los chicos que vienen postergados hace años”, dijo Perroni al ser consultado en radio La Red.

Entre los lineamientos que incluye esta reforma del sistema penal juvenil, figura una baja en la edad de punibilidad a 14 años para homicidios, lo que implica que el joven “pueda ser sometido a proceso, es decir que se pueda investigar para determinar su responsabilidad en el delito cometido”, pero también que pueda “recibir una respuesta del Estado, acorde a la edad y el delito”, ya sea a través de “sanciones” o de “medidas restaurativas” para su reinserción en la sociedad, luego del cumplimiento de su pena, detalló Benítez.

Respecto a la pena que puede recibir un menor de 14 años que cometió un homicidio, Benítez dejó claro que “el encierro es la última instancia”, cuando se descartan todas las otras sanciones disciplinarias menores, que pueden ser la indicación de que el joven termine el colegio, o inicie la capacitación para algún oficio.

Otras alternativas intermedias al encierro total son situaciones de privación de la libertad por períodos, en los que el joven deberá concurrir al instituto, o prisión domiciliaria con monitoreo electrónico o a través de la supervisación de una institución o un referente.

EL CRONISTA / BAE /

JURY PARA DOS JUECES MÁS

En sigilo y sin levantar polvareda, el Gobierno hizo ingresar al Consejo de la Magistratura dos expedientes más contra camaristas del fuero del Trabajo para intentar enviarlos a juicio político y destituirlos. Nuevamente por el contenido de sus sentencias, algo que habitualmente es rechazado como justificativo para sanciones, el Ejecutivo nominó a Luis Raffaghelli y a Diana Cañal. Lo hizo por haber fallado en la causa “Sapienza Matías Ezequiel y otros c/ Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual /Acción de amparo”, donde los camaristas resolvieron a favor de 9 empleados de la ahora ENACOM, que fueron desplazados, según argumentaron, por razones ideológicas.
Los jueces ordenaron su reinstalación lo que sulfuró al Ejecutivo, algo similar a lo que había sucedido con sus pares Graciela Marino y Enrique Arias Gibert que convalidaron la paritaria bancaria, en plena puja por poner un tope a los reclamos salariales. Suman en total cuatro los expedientes con los que el Gobierno apunta al fuero del Trabajo (dentro de la órbita de la justicia nacional), aunque hasta ahora, los casos no han prosperado siquiera dentro de la Comisión de Disciplina y Acusación, hegemonizada por el bloque oficialista.
Los últimos dos casos motivaron la reacción del gremio de judiciales que conduce Julio Piumato -otrora aliado- que protestó contra el presunto avasallamiento e intento de desguace de todo el fuero. El Ejecutivo ya fracasó en ponerle un plazo a su traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires ante la resistencia de gremios, jueces y abogados laboralistas.

ÁMBITO FINANCIERO /

ECONOMÍA

ENDEUDAMIENTO DE PROVINCIAS CRECIÓ 60,2% EN INICIO 2017

Con el telón de fondo del año electoral, el endeudamiento de las provincias creció 60,2% durante el primer trimestre y las emisiones de deuda se duplicaron. Las conclusiones pertenecen a la consultora Economía & Regiones, que sostiene además que en ese período el superávit primario se expandió 12% y que el gasto público lideró las erogaciones.
Según el informe, al 31 de marzo el stock de deuda sub-soberana habría ascendido a $ 507.596 millones, con una expansión interanual del 60,2%, equivalente a $190.843 millones en valores absolutos.
“Se explica en gran medida por el salto del tipo de cambio, que revalúa las deudas en moneda extranjera (multilaterales y títulos públicos), y por las emisiones en moneda extranjera”, afirma, en medio del desembarco de una misión del FMI en el país para evaluar las cuentas nacionales y provinciales.
En tanto, las colocaciones de deuda durante el último trimestre ascendieron a $ 71.919 millones, lo que representa una expansión interanual de 114%. Del total emitido, un 20% correspondió a Letras de Tesorería ($14.486 millones), en tanto que los restantes $ 57.433 millones provinieron de títulos de deuda pública emitidos principalmente por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
En el primer trimestre, las emisiones de deuda en bonos fueron lideradas por la provincia de Buenos Aires, que emitió u$s1.500 millones con un nuevo bono internacional en dólares al 2023 y la reapertura del PBJ27, emitidos al 6,6% y 8,1% respectivamente. Fue seguida por CABA, con emisiones en pesos en el mercado local, que sumaron $13.460 millones a tasa variable más un spread fijo.
En tercer lugar se ubicó Córdoba, que colocó u$s510 millones al 2024 con corte de 7,45%. También realizaron colocaciones de bonos Entre Ríos (u$s350 millones, 9% al 2025), La Rioja (u$s200 millones, 10% al 2025) y Santa Fe (u$s250 millones, 7% al 2023).
En paralelo, el estudio destaca además que la distribución de recursos fiscales entre Nación y las provincias se centralizó aún más en el primer trimestre debido al ingreso extra de montos del blanqueo, que no se coparticipan.
ÁMBITO FINANCIERO-ÁMBITO NACIONAL / LA NACIÓN /

VEINTE PROVINCIAS FIRMAN UN ACUERDO PARA REGULAR NUEVOS PROYECTOS MINEROS

Una de las primeras medidas de Mauricio Macri como presidente fue levantar las retenciones a la minería con el ambicioso objetivo de replicar, aunque sea en parte, lo que sucedió en la última década del otro lado de la cordillera. Ahora, Macri presentará un nuevo Acuerdo Federal Minero, que sentará las bases en materia regulatoria para todas las nuevas inversiones mineras que puedan venir al país.

Se trata de un primer paso en pos de un nuevo marco regulatorio para la industria. Pero el texto que firmarán hoy a las 17 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno no entrará en vigencia de forma inmediata, sino que deberá ser antes aprobado o rechazado por el Congreso nacional y, luego, por las respectivas legislaturas provinciales.

Según el borrador al que accedió LA NACION, el texto establece que las provincias podrán cobrar regalías por hasta el 3% “sobre el importe total de ingresos brutos devengados por cada emprendimiento minero, derivados de la comercialización de las sustancias minerales obtenidas en sus respectivos territorios”. El acuerdo actual, que data de 1993, fijaba como tope el 3% del denominado “valor boca mina”, que surge del precio de venta del mineral menos los costos operativos de tratamiento y comercialización, lo que equivaldría en definitiva al 2,5% del valor de venta del mineral.

En el nuevo acuerdo se incorpora, a su vez, la posibilidad de que las provincias cobren a las empresas hasta el 1,5% sobre el valor de venta para la constitución de uno o más fondos fiduciarios públicos de infraestructura. Y se hace hincapié, en todas sus páginas, en la necesidad de desarrollar la actividad de manera sostenible, respetando el medio ambiente.

También deja a criterio de cada provincia la posibilidad de promover la “actividad minera y la producción de minerales, según la modalidad que considere más adecuada”. Así, por caso, Mendoza, que prohíbe la minería a cielo abierto, figura como firmante.

El convenio, sin embargo, podría no tener toda la fuerza que hubieran deseado del Gobierno. Por lo pronto, porque si bien adherirán casi todas las provincias mineras, ya anticiparon que por ahora no lo avalarán La Pampa, Chubut y La Rioja, las dos últimas, jurisdicciones con gran riqueza mineral.

En Chubut se encuentra el proyecto Navidad, la mina de plata, pero tiene además un proyecto de oro en Esquel y todos los de uranio. Mientras que La Rioja es zona de oro y cobre, y de gran potencial de exploración, considerando que linda con una de las regiones en Chile de mayor desarrollo minero.

LA NACIÓN / ÁMBITO FINANCIERO-ÁMBITO NACIONAL / EL CRONISTA / BAE /

UN BANCO ESTATAL FUERTE, ENTRE LAS LEBAC Y EL SECTOR PRODUCTIVO 
Es un contrasentido, por decir lo menos, lo que ha pasado con un banco estatal fundado en 1891 para asistir, primariamente, al sector rural y más tarde apuntalar la agroindustria, las economías regionales y las pymes industriales. ¿Y qué ha pasado?: que de un tiempo a esta parte gana plata, plata segura y en cantidad, gracias a un jubileo financiero armado desde el propio Gobierno.
En la comparación, esa es hoy su principal fuente de ingresos.
El banco es el de la Nación Argentina, el jubileo financiero nace de los intereses que otro banco estatal, el Central, paga por las Lebac y sus ganancias corren parejas al volumen de letras que lleva acumulado. Tiene en cartera 130.000 millones de pesos, según sus balances, que le reportan más de un tercio de las utilidades.
Pero allí mismo existe algo que va camino de cambiar. El directorio que preside un radical, Javier González Fraga, secundado por otro radical, Enrique Vaquié, ha resuelto empezar a desprenderse de las Lebac y así reforzar líneas de crédito productivas.
Todo se hará en su medida y armoniosamente, como decía no un radical sino un peronista. De arranque, el stock será bajado de 130.000 a 100.000 millones.
No parece mucho, solo que al mismo tiempo el BNA debe cuidar que un desprendimiento masivo de letras hiera la política monetaria del Central y provoque un cimbronazo en el sistema financiero. Y debe cuidar, también, su propio patrimonio.
Para que se entienda mejor el balanceo, las Lebac llegaron a rendir 30% anual y dan hoy 25,75%, siempre sin demandar demasiado trabajo administrativo. El Nación paga 16% por los plazos fijos y cobra entre 24 y 26,8% por prestarle a empresas privadas, lo cual implica una tarea muchísimo mayor.
El operativo ha sido avalado, si no impulsado, desde la Jefatura de Gabinete y como todo tiene que ver con todo, cuenta con el visto bueno del ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Al parecer, algo semejante se le habría pedido al Banco Provincia.
En los primeros lugares de la lista del Nación figuran las economías regionales, muchas sacudidas por la falta de competitividad de sus productos en el mercado internacional y, por lo mismo, urgidas de financiamiento para planes de reconversión impostergables.
Está visto que a unas y a otras les pega el retraso cambiario y la perspectiva de que ese lastre perdure durante algún tiempo. Claro que aquí las cuentas comienzan a cruzarse, dentro de un escenario si se quiere más amplio y más complejo.
Un lugar importante lo ocupa justamente el enorme, insostenible stock de Lebac del Central. Suma ya $ 895.000 millones, y como casi todo vence a corto plazo está forzado a seguir emitiendo y a ofrecer intereses atractivos sólo para cubrir los pagos: fueron poco menos de $ 500.000 millones la última vez.
Semejante cuadro explica que el Ministerio de Finanzas haya resuelto salir a colocar bonos del Tesoro Nacional en pesos que “competirán” con las Lebac y se agregarán a los que ya existen en dólares. Ostensible, el objetivo detrás de la movida consiste en aliviar la carga y el costo de la carga que enfrenta el BCRA.
Todo deuda al fin, en el mismo cuadro entran tanto el pago de las obligaciones en divisas como el financiamiento del cuantioso déficit fiscal. Y dado que una buena porción es ingreso de dólares, de ahí emerge otro problema bien conocido: una oferta abundante que presiona a la baja del tipo de cambio.
De eso hablan todavía las necesidades financieras de este año y empiezan a hablar las del que viene: ambas equivalen a alrededor de US$ 40.000 millones. Cuánto exista allí de pesos depende y dependerá del mix que arme el ministro Caputo.
En cualquier caso algo luce seguro: gran parte del paquete serán dólares contantes y sonantes que el Banco Central deberá convertir en pesos y, simultáneamente, esterilizarlos de modo de acomodar todo a su programa monetario antiinflación. Luego, las Lebac seguirán en el ruedo.
Y así será pensando en las aún más rigurosas metas que Federico Sturzenegger se ha impuesto para el año próximo: del 8 al 12%, aunque mejor sería decir alcanzar un promedio del 10%. O sea, bajar el índice de precios a la mitad.
Si ese fuera definitivamente el escenario asumido por la cúpula del Gobierno, la pregunta que viene es ¿cuánto deberán mover las tasas hasta coronar el objetivo o salvar tropiezos? Otra: ¿cuáles serán los salarios compatibles con el objetivo? Por ejemplo, ¿arrancando con 10% para los estatales? Una primera aproximación a las definiciones oficiales surgirá a mediados de septiembre, antes de la elección, cuando el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto Nacional de 2018. En línea con el 10% de Sturzenegger, la pauta inflacionaria debiera ser 10% anual, igual que el crecimiento del gasto público u otras variables por el estilo. Y ya que estamos, ¿donde pondrán el dólar y los subsidios a la electricidad y al gas? Sería una verdadera rareza, si fuese cierto, que la ley irá sin semejantes precisiones. Y si aparecen algunas potentes serán un anticipo del ajuste fiscal post-octubre. Visto el conjunto, ni hace falta decir que las variantes financieras y productivas del Banco Nación son apenas entremeses. El Nación tiene un stock de $ 130.000 millones en Lebac. Planea recortes y usar la plata en créditos. Pero de ahí sale un tercio o más de sus ganancias.

CLARÍN /

EL FMI SE REÚNE CON EL GOBIERNO PARA ANALIZAR LA META FISCAL Y LA DEUDA

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá hoy con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su par de Finanzas, Luis Caputo, en el cierre de las reuniones con funcionarios económicos de cara a lo que será la revisión por segundo año del artículo IV del organismo.

El encuentro que se desarrollará en el Ministerio de Haciendo está previsto para las 17:30 y, según confiaron voceros de los ministros “son reuniones protocolares”.

Sin embargo, otras fuentes oficiales explicaron que en la reunión con Dujovne se abordará la situación fiscal y el camino por el que el Ejecutivo planea alcanzar un déficit de 4,2% del PBI como meta fiscal, mientras que con Caputo las conversaciones pasaran por el endeudamiento. Aunque desde el entorno del ministro descartaron que vaya hablar de toma de deuda.

La misión que encabeza Roberto Cardarelli, el economista en jefe del FMI para la Argentina, se reunió ayer con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y según pudo reconstruir este diario, el ex titular de Shell mostró el derrotero de quita de subsidios y recomposición tarifaria de los servicios.

Desde la entidad crediticia explicaron a El Cronista que “se trata de una visita de rutina de una “staff mission”. Esta es básicamente una misión intermedia antes de la misión más amplia de consulta del Artículo IV que se llevará a cabo a finales de este año, y que realizará una evaluación más completa de la economía Argentina”.

Los representantes del Fondo no sólo se reunirán con funcionarios públicos sino que también tienen pautados encuentros con consultores privados para tener una visión “más completa” de la realidad local.

“Esas misiones intermedias del personal técnico permiten a nuestro personal tener una visión más instruida sobre las perspectivas económicas del país así como la evolución de la política económica”, agregaron desde la oficina de prensa del organismo internacional.

La Argentina volvió a cumplir con la fiscalización del artículo IV el año pasado, luego de 10 años de ausencia entre otras cosas porque la administración de Néstor Kirchner canceló la deuda de u$s 10.000 millones que el país tenía con el organismo de crédito internacional.

El artículo forma parte del convenio constitutivo del FMI y dice que “el Fondo supervisará el sistema monetario internacional a fin de asegurar su buen funcionamiento, y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones”.

En este sentido, el artículo deja claro que para poder desarrollar esa tarea de vigilancia “los países miembros proporcionarán al Fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión y, a solicitud del Fondo, lo consultarán sobre sus políticas de tipos de cambio”.

Aunque aún no está confirmada la fecha de la visita, se especula que sea en noviembre cuando ya hayan pasado las elecciones de medio término.

La visita anterior también fue en noviembre y, una vez finalizada, los ejecutivos del FMI se mostraron “complacidos con la reanudación” de la consulta y recalcaron la importancia de “una estrecha interacción entre las autoridades y el personal técnico de cara al futuro”.

EL CRONISTA / PÁGINA 12 /

UNAS 50.000 FAMILIAS MÁS ACCEDERÁN AL PLAN PROCREAR

El Gobierno decidió ampliar el número de personas que accederán a los créditos subsidiados del plan Procrear para compra de vivienda, entre las que se habían anotado en la etapa más reciente de inscripciones (cerrada el 31 de marzo).

Así, cerca de 50.000 postulantes recibieron ayer un mail con la novedad de que habían sido seleccionados para el préstamo, aun cuando un mes antes se les había dicho que, por el puntaje obtenido, no habían ingresado en el plan. Así se lo confirmaron a LA NACION Iván Kerr, presidente de Procrear, y Tomás Bibiloni, director nacional de Acceso al Crédito.

Según explicaron, de algo más de 160.000 familias que se habían postulado en esta última etapa, 70.000 quedaron afuera por comprobarse que no cumplían con los requisitos exigidos. A otras 40.000 se les había informado en mayo que habían sido beneficiadas, y ahora se suman casi 50.000 más.

La decisión obedece a varias causas, como un aumento del presupuesto que obtuvo el plan al pasar de la Anses a la Secretaría de Vivienda y la cantidad de postulantes al Procrear Construcción (menor que la esperada). Esta última línea es la que prevé otorgar créditos para construir viviendas, pero a condición de que la persona ya tenga un terreno propio que cumpla con determinadas condiciones. Hasta ahora, para ese programa se anotaron unas 16.000 personas y la inscripción cierra pasado mañana.

LA NACIÓN /

¿AGROINDUSTRIA PASA A SECRETARÍA?

Ante las versiones que indican que el Gobierno está evaluando modificar el rango de la cartera de Agroindustria, para que, de ministerio pase a ser una Secretaría del Ministerio de Producción, distintos actores del sector comenzaron a expresarse en contra. Entre ellos Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien manifestó: “Sería un retroceso y una señal muy mala para el sector. Nosotros históricamente solicitamos la creación de un ministerio. El sector agroindustrial representa el 56% del PBI. Somos además el sector que genera y no el que gasta. Necesitamos políticas activas y por eso es importante que como sector estemos representados por un ministro que pueda hablarle de igual a igual a otros ministros en una reunión de Jefatura nacional de Gabinete. Si la idea del Gobierno es ahorrar plata de la administración pública, es un grave error cercenar al Ministerio de Agroindustria que es el que produce la plata y no el que la gasta.

Los modelos en las provincias que han copiado el modelo nacional de Ministerio de Agroindustria han funcionado mucho mejor que aquellas donde existe un ministerio de producción del que depende un secretario de agricultura”.
Por el momento el resto de las entidades del agro no hicieron declaraciones concretas al respecto pero en líneas generales productores, empresarios y voceros de las principales cámaras agroindustriales manifestaron su descontento.
En el mientras tanto, desde el Gobierno no niegan ni confirman la información, pero en las próximas semanas tendría que haber una resolución ya que se definiría si Ricardo Buryaile, actual ministro de Agroindustria, será candidato en las próximas elecciones y ahí habrá que buscar sucesor o no.

ÁMBITO FINANCIERO /

NOTAS DE OPINIÓN

UNA FUERTE Y CRECIENTE TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LOS JUECES LABORALES

Por Ismael Bermúdez

CLARÍN /

https://www.clarin.com/politica/fuerte-creciente-tension-gobierno-jueces-laborales_0_H16aPR3zb.html

ESPECTÁCULO

Por Víctor Hugo Ghitta

LA NACIÓN /

http://www.lanacion.com.ar/2033047-espectaculo

LAS BUENAS PRÁCTICAS ELECTORALES

Por Alberto Ricardo Dalla Via

CLARÍN /

https://www.clarin.com/opinion/buenas-practicas-electorales_0_ryhEb-9zW.html

LA INFLACIÓN NACIONAL LE PERMITIRÁ AL BCRA RECALCULAR TODO EL SEMESTRE

Por Hernán De Goñi

EL CRONISTA /

https://www.cronista.com/columnistas/La-inflacion-nacional-le-permitira-al-BCRA-recalcular-todo-el-semestre-20170613-0061.html

POCAS BUENAS NOTICIAS PARA EL GRADUALISMO PERO MUCHAS SEÑALES A FAVOR DEL DIÁLOGO

Por Alejandra Gallo

EL CRONISTA /

https://www.cronista.com/columnistas/Pocas-buenas-noticias-para-el-gradualismo-pero-muchas-senales-a-favor-del-dialogo-20170613-0007.html

LA DEUDA DEL CENTRAL SE TRIPLICÓ CON MACRI PERO HAY MARGEN PARA ESTIRAR EL JUEGO

Por Laura García

EL CRONISTA /

https://www.cronista.com/finanzasmercados/La-deuda-del-Central-se-triplico-con-Macri-pero-hay-margen-para-estirar-el-juego-20170613-0019.html

EL MILAGRO TIENE NOMBRE: EDUCACIÓN

Por Diego Guelar – Embajador en la República Popular China

CLARÍN /

https://www.clarin.com/opinion/milagro-nombre-educacion_0_Skroxbqf-.html

EL EMPLEO EN NEGRO ES EL PRINCIPAL PROBLEMA EN UN FUERO COLAPSADO

Por Paula Urien

LA NACIÓN /

http://www.lanacion.com.ar/2033072-el-empleo-en-negro-es-el-principal-problema-en-un-fuero-colapsado

OTRO ROUND CON LA JUSTICIA QUE TIENE EN VILO A GREMIOS Y EMPRESARIOS

Por Nicolás Balinotti

LA NACIÓN /

http://www.lanacion.com.ar/2033071-otro-round-con-la-justicia-que-tiene-en-vilo-a-gremios-y-empresarios

LA UNIVERSIDAD NECESITA EXCELENCIA

Por Marcelo Rabossi – Profesor full time de la Universidad Torcuato Di Tella. Especialista en Educación

LA NACIÓN /

http://www.lanacion.com.ar/2032976-la-universidad-necesita-excelencia

LO QUE EL ESTADO AÚN TIENE QUE APRENDER SOBRE LOS FEMICIDIOS

Por Natalia Gherardi

LA NACIÓN /

http://www.lanacion.com.ar/2032971-lo-que-el-estado-aun-tiene-que-aprender-sobre-los-femicidios