AEl diputado nacional Miguel Bazze (UCR-Cambiemos- Buenos Aires) presentó un proyecto para modificar la Ley 25188 de Ética Pública, por la cual se les impedirá a los funcionarios “la utilización de bienes públicos, para realizar publicidad en beneficio personal o de partidos políticos”. 
“El proyecto de ley impide la exhibición de nombres y apellidos de funcionarios o dirigentes o agrupaciones políticas en  muebles o inmuebles del Estado, y su utilización en la designación de programas o planes de gobierno”, dice Bazze.
El diputado explicó que la propuesta presentada “reforma la ley 25188 de Ética Pública tipificando el delito y reforma además el Código Penal de la Nación estableciendo severas penas que van desde la inhabilitación hasta la prisión para  el funcionario que incurriera en este tipo de irregularidades”.
En los fundamentos el legislador sostiene que  “la utilización de bienes del Estado para realizar publicidad en favor de funcionarios o agrupaciones políticas es una desviación grave de los principios republicanos que deben regir en el ejercicio de la función pública”. 
“Representa una utilización absolutamente incorrecta de los bienes que son propiedad del Estado y una clara exhibición de un exacerbado culto al personalismo incompatible con el sistema republicano y democrático”, dice. 
El cambio propuesto indica en el punto H del artículo 2 de la ley: “No exhibir ni utilizar nombres y apellidos, apodos o referencias personales de funcionarios, agrupaciones o partidos políticos en edificios  públicos, monumentos, paseos, plazas, o cualquier otro espacio público; en vehículos, maquinarias y carteles de obra, y en la designación de programas o planes de gobierno que representen cualquier forma de publicidad política”. 
Por otra parte, en el proyecto de Bazze se sustituye el artículo 266 del Código Penal por el siguiente: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden, o utilice los bienes muebles o inmuebles del Estado para realizar publicidad política en beneficio personal o partidario”.
Además de Bazze, firman el proyecto los diputados Mario Negri, Jorge Dagostino, Patricia Gimenez, Francisco Torroba, Daniel Kroneberger, Martin Hernández y Ricardo Alfonsin.
“Este Congreso debe velar permanentemente por garantizar la calidad institucional generando instrumentos legales que impiden cualquier tipo de exceso en el ejercicio de poder”, finalizó.