El Presupuesto 2018 comenzó a ser analizado ayer en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Sobre la pauta presupuestaria para el próximo año opinó para Télam el diputado nacional de la UCR por Mendoza e integrante de la comisión Luis Borsani.

El Poder Ejecutivo ha dado cumplimiento al mandato constitucional presentando el proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional en tiempo y forma este 15 de septiembre. Ha dado también un paso fundamental en la normalización de nuestra República porque se trata sin dudas de un presupuesto realista. Estamos a las puertas de recuperar la efectividad del presupuesto nacional como herramienta esencial para implementar la política económica y social del Gobierno.

Se destaca el crecimiento de la economía durante los últimos cinco trimestres, cerrando junio con una expansión de la economía de un 4,0% anual presente en la mayoría de los sectores de la economía. El producto bruto crecería 3,0% en 2017 y 3,5% en 2018, con una inflación en baja que sería del 15,7% para el promedio del año, muy por debajo del 24,5% promedio de 2017. El tipo de cambio real no presentaría grandes cambios respecto a este año.

El objetivo de la “solvencia fiscal” está plasmado en una baja del déficit primario del gobierno nacional del 4% del PIB proyectado para 2017 al 3,2% en 2018, contribuyendo de este modo al restablecimiento del equilibrio macroeconómico.

La reducción proyectada del déficit primario es el resultado de una suba del gasto primario del 14,8% -levemente por debajo de la inflación- y una suba de los ingresos totales del orden del 19,0%. Se destaca la suba del gasto en “servicios sociales” del 21,0% con respecto al 2017 llegando a representar el 76% del gasto primario, lo que ratifica la prioridad del gobierno nacional en materia de política social, manteniendo el esquema de expansión y mejora de las prestaciones.

La recaudación tributara nacional crecerá un 19% con respecto al 2017, superando la inflación promedio, de modo que mejorarán las transferencias automáticas a las provincias por el régimen de coparticipación. Hay que tener presente que durante la última década las provincias en su conjunto se llevaban en promedio el 25% de la recaudación tributaria nacional, pasando en 2018 a recibir el 29% de los recursos nacionales en función de la decisión del Gobierno de devolver de manera progresiva la detracción del 15% de la masa coparticipable que antes iba directamente a la ANSES.

El otro gran objetivo es “recuperar la infraestructura pública”: está reflejado en un crecimiento del 17,2% en los gastos de capital, que sumado a otras modalidades de financiamiento y ejecución de la infraestructura pública como los proyectos de participación publico-privada incluidos en el proyecto de presupuesto juntos alcanzan un 35% de aumento respecto de la ejecución proyectada para el año 2017.

Estamos en presencia de un presupuesto que no subestima los ingresos, que expande de manera focalizada los gastos y que contempla las necesidades de infraestructura de las provincias, todo esto transitando un sendero progresivo de reconstrucción del federalismo y de la solvencia fiscal en pos del crecimiento sostenido de la economía y el empleo.

Tengamos en cuenta la profundidad del cambio que está en marcha poniendo atención en un hecho puntual, decir la verdad y ser previsibles: en los últimos doce años se ampliaron partidas presupuestarias que representaron en promedio 18,5% de los créditos iniciales presupuestados cada año, este año 2017 va a cerrar con un desvío de apenas 2,8% entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado. Este Gobierno pretende desterrar la mala práctica de los decretos de necesidad y urgencia para ampliar el gasto público votado por el Congreso.

Se empieza por fin a vislumbrar la consolidación del crecimiento económico, teniendo como norte reducir la pobreza, llevar la inflación a un dígito, sanear las cuentas fiscales y promover las inversiones.

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