En octubre de 2016, el presidente de la Nación remitió al Congreso el proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, orientado a prevenir y castigar delitos cometidos por empresas privadas contra la administración pública. En Diputados aprobamos el proyecto de ley en julio, el Senado realizó modificaciones en septiembre, y la iniciativa regresó a nuestra Cámara para su aprobación definitiva.

Corresponde destacar el creciente consenso con sectores políticos de la oposición, que entendieron el énfasis puesto por el Gobierno en situar la transparencia en el seno de la República como una política de Estado. Estamos dando pasos firmes en la lucha contra la corrupción que nos privó por años de oportunidades de progreso, y seguimos profundizando el camino que se inició con la ley de acceso a la información pública, al mismo tiempo que cumplimos con el compromiso internacional asumido hace más de 17 años con la Convención Internacional sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Contaremos en breve con una herramienta clave en la lucha contra la corrupción: la implementación de programas de integridad dentro de las empresas que elevan los estándares éticos de la comunidad de negocios, fortalecen los controles de gestión y abren caminos para la colaboración activa con los organismos de investigación ante posibles casos de fraude.

Estos programas de integridad se erigen en pautas valorativas importantes a la hora de sancionar a las personas jurídicas ante la comisión de delitos vinculados con la administración pública, al tiempo que se constituyen en un requisito necesario para toda persona jurídica que se presente en contrataciones con el Estado, lo que redundará en una mayor transparencia en la gestión del presupuesto. La aprobación de esta ley abonará el camino que está recorriendo el país para ingresar a la OCDE como miembro pleno, y aprovechar las ventajas que esta membresía otorga en términos de financiamiento internacional para proyectos productivos y de infraestructura, posibilidades de expansión del comercio exterior y atracción de inversiones.

Esta norma que pone en cabeza del empresariado argentino un acabado conocimiento de los riesgos de su empresa e industria al establecer políticas y directivas tendientes a prevenir, detectar y remediar actos de corrupción, logrando cambios de paradigma en las transacciones económicas, refleja un profundo cambio cultural en el cual los valores de transparencia e integridad no sólo se convierten en protección para la empresa, sino también en valor económico, haciéndola más atractiva frente a la cadena de valor y generando una sana competencia donde se verán beneficiadas las medianas y pequeñas empresas que tendrán oportunidades de crecer, los consumidores y la sociedad en su conjunto.

Fortalecer la República redundará en un claro impacto económico, ya que los esfuerzos encaminados a generar más seguridad jurídica y transparencia van a reducir el costo del financiamiento, favorecerá la llegada de mayores inversiones y posibilitará la creación de más puestos de trabajo formal. Estamos ante la oportunidad de lograr una inserción inteligente de nuestro país en el mundo y de colocarnos en una situación diferenciadora, donde la transparencia y la equidad marquen la senda hacia el progreso tan merecido por nuestra Argentina.