La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), fue la encargada de presentar la postura de Cambiemos en la Reunión conjunta de las Comisiones de Libertad de Expresión y Comunicaciones e Informática, ante la situación laboral por la que están pasando muchos trabajadores de los medios.

Luego de casi 2 años sin que el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión convoque a una reunión de diputados para tratar los innumerables proyectos que se han presentado para garantizar la libertad de expresión, los integrantes de la Comisión de se reunieron con delegados y trabajadores para llevar adelante una reunión informativa y  escucharlos sobre la situación laboral que están viviendo.

“Estamos atravesando el ocaso de una época de despilfarro del erario público que se usó para alimentar a empresarios que se pusieron al mando de medios”, aseguró Banfi. Además, agregó: “Tenemos el desafío de normalizar el uso de la pauta oficial cuyo fin debe ser informar sobre políticas públicas a los ciudadanos a través de los medios de comunicación social y no una  fuente de financiación de uso y abuso de algunos empresarios”.

 

Esta es la carta que leyó la diputada Banfi en el plenario de comisiones:

 

“A todos los trabajadores de la prensa presentes,

Ante todo, queremos expresar nuestra solidaridad con cada uno de ellos y sus familias por cualquier incertidumbre que estén atravesando sobre su futuro laboral. Lo importante son los trabajadores. Debemos ampliar la mirada para encontrar nuevas perspectivas para una solución integral que necesitan los trabajadores de la prensa.

Luego de casi 2 años sin que el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión convoque a una reunión de diputados para tratar los innumerables proyectos que se han presentado para garantizar la libertad de expresión, nos encontramos reunidos junto a la Comisión de Comunicaciones e Informática para llevar adelante una reunión informativa con los delegados y los trabajadores de medios de comunicación a fin de escucharlos sobre la situación laboral que están atravesando.

Desde el comienzo nos hemos concentrado en escuchar a los diferentes sectores que la presidencia del Diputado Carlotto, ha considerado importante que atendiéramos. Lamentamos mucho la falta de seguimiento de parte de la presidencia para atender los casos que se han presentado. Recordemos el caso de la Revista Barcelona con una sentencia judicial cuestionable o el caso de la periodista pampeana, quien fue detenida mientras ejercía su labor periodística por autoridades provinciales. Sin duda haber tenido una agenda concreta sobre el tratamiento de temas de libertad de expresión nos habría hecho avanzar.

Aprovechamos entonces para informar a los presentes que llegando al cierre del año parlamentario no hubo ni una sola reunión, tanto a nivel de asesores como de diputados para tratar proyectos, manifestaciones en defensa de la libertad de expresión en varias provincias o el caso, de llegar un grupo de diputados, a constituirnos en peticionantes ante la CIDH para llevar al periodista Gabriel Hernández de Formosa, atacado por el gobernador Insfrán con un juicio millonario por no defenderlo ante comentarios de un oyente en su propio programa de radio. Eso es una violación flagrante a la libertad de expresión.

Nuestro país resguarda la libertad de expresión y de prensa en todas sus facetas. Este derecho se encuentra garantizado en la Constitución Nacional, en la libertad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa y en el artículo 75 inc.22 al incorporar al derecho argentino los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La Convención Interamericana, la Carta Democrática Interamericana ofrecen una garantía amplísima a la protección de la libertad de expresión ponderando que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que este derecho comprende también difundir informaciones e ideas de toda índole.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han subrayado en su jurisprudencia que la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de los derechos humanos se deriva de su relación estructural con la democracia. En la opinión consultiva 5/85, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente en reafirmar que la libertad de expresión es una condición esencial para que la sociedad esté suficientemente informada; que la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común. Este Estado garantiza la pluralidad de voces desde la obligación de no hacer ningún tipo de intervención sobre los medios de comunicación.

A nivel nacional, la jurisprudencia consideró que dejar librado al mercado el funcionamiento de los medios de comunicación y solo intervenir a través de las leyes que defienden la competencia es la mejor forma de garantizar una manera equitativa del acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación.

Nosotros estamos convencidos que mediante la Ley de Comunicaciones Convergentes lograremos unir, reunir y generar convergencia sin afectar en nada la pluralidad de voces. Por el contrario, promoveremos un protagonismo equitativo de todas ellas.

Es interés de este Gobierno garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y de voces en los medios de comunicación social pero sin asumir el rol de padre protector de industrias en crisis.

Teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales en materia de libertad de expresión y la jurisprudencia argentina, ¿Podemos asegurar que este tema se trata de una violación a la libertad de expresión o en realidad es una crisis del modelo de negocios? En este sentido, queremos que los presidentes tengan presente para futuras reuniones a la Comisión de Legislación del Trabajo y de Industria.

La crisis generada por el uso de nuevas tecnologías y el rol central que cumplen las redes sociales en la comunicación nos hace tener nuevos problemas. O la situación de las agencia de noticias como Agencia DyN, que obliga a todos, en especial a este Congreso, a comprender que la industria está atravesando un proceso de transformación.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH estableció que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial con el objetivo de presionar y castigar o premiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión. Es por ello, que debe considerarse que la rendición de cuentas, la publicación de la distribución de pauta oficial es el principio de protección más justo de la libertad de expresión. Asi lo viene haciendo nuestro gobierno sobre esta materia y nos comprometemos a llevar adelante la demanda que vienen a plantear sobre la violación a la libertad de expresión que impartió el gobierno anterior.

Sin duda, el manejo discrecional por parte del gobierno anterior ha desvirtuado el fin de la pauta oficial y los medios de comunicación argentinos la han comprendido como el oxígeno que necesitan para subsistir.

El Grupo Veintitrés de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel fue el que más pauta oficial recibió en 2011, al concentrar el 12% de los $771 millones que se pagó a los medios . Este grupo es el mismo que dejó a más de 800 empleados en la calle cuando vaciaron y cerraron el diario Tiempo Argentino y Radio América. El mismo grupo –que tampoco pagaba las cargas sociales de sus empleados- estuvo a cargo de CN23, el diario El Argentino, Infonews, Miradas al Sur, Veintitrés, Autobild, Forbes, Newsweek y Lonely Planet. El caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa es un buen ejemplo, construyeron el mayor de los multimedios con plata de la evasión impositiva .

Muchos de estos casos fueron atendidos por los diputados de Cambiemos y contamos con varios proyectos de repudio y preocupación sobre las situaciones sufridas por los trabajadores que no se trataron por falta de seguimiento de la Comisión.

La pauta oficial se convirtió en el nervio fundamental del sistema de medios argentino. ¿Un medio de comunicación debe depender del Estado porque si no se muere? Estamos atravesando el ocaso de una época de despilfarro del erario público que se usó para alimentar a empresarios que se pusieron al mando de medios.

Este es el desafío que tenemos, normalizar el uso de la pauta oficial cuyo fin es informar sobre políticas públicas a los ciudadanos a través de los medios de comunicación social.

Reiteramos, lo importante son los trabajadores. No ignoramos el momento que están atravesando y debemos ampliar la mirada del alcance para una solución integral que necesitan los trabajadores de la prensa.

Hoy vigilamos sus garantías laborales en las relaciones contractuales que mantuvieron. De ser necesario el ENACOM responderá con el proceso de licitaciones para nuevos adquirentes de medios de comunicación.

Para finalizar, sabemos que fueron recibidos por las autoridades competentes en el Poder Ejecutivo Nacional. Queremos agregar que los invitamos a reunirnos con el Interbloque Cambiemos cuando lo consideren necesario. La garantía de la libertad de prensa y de expresión es clave para fortalecer el sistema democrático que hemos elegido para vivir”.

 

 

Interbloque Cambiemos de la Comisión de Libertad de Expresión y de la Comisión de Comunicación e Informática