El diputado Hugo Marcucci presentó un Proyecto de Ley que pretende que las condenas de inhabilitación por causas graves de corrupción, no puedan ser revisadas por los jueces hasta que se cumplan 25 años desde la sentencia. Actualmente los magistrados tienen la facultad de rehabilitarlos a partir de los 10 años. El autor de la iniciativa señaló que “los que defraudan la confianza pública deben ser castigados de modo ejemplar”.
Técnicamente, la iniciativa propone que en los casos de inhabilitación absoluta perpetua, se amplíe la revisión de la condena de 10 a 25 años, y en los casos de Inhabilitación especial perpetua de 5 a 15 años. A su vez, se imposibilitará la opción de la rehabilitación anticipada para las sanciones temporales.
“La pena no debe ser una sanción menor. Debe representar una pesada carga para todo aquel que comete delitos en la función estatal”, fundamentó Marcucci.
Los efectos totales que recaen sobre los responsables de delitos de corrupción serán la privación del empleo o cargo público que ejercía, la incapacidad de obtener nuevos cargos, empleos y comisiones públicas, la privación del derecho electoral, y los efectos previsionales que contempla el artículo 19 del Código Penal.