Trataremos en el recinto del Congreso de la Nación un proyecto de ley que me enorgullece, no solo porque participé activamente en su redacción, sino porque fue enriquecido con un debate intenso en el que participaron todas las fuerzas políticas. Se trata de una nueva ley de subrogancias. Y es importante porque un juez subrogante es un juez que cubre a otro en caso de que este falte en un juzgado. Los subrogantes son piezas fundamentales para la resolución de pleitos que abruman a los juzgados.

De acuerdo con un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en la actualidad, “casi el 20% de los cargos del poder judicial son ocupados por subrogantes”. ¿Cuál es el problema? Hoy, esos jueces son designados sin objetividad y sin considerar a magistrados investidos mediante el procedimiento constitucional. En otras palabras, existe un limbo jurídico creado por una ley defectuosa: la ley 27.145 (que fue declarada inconstitucional por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia).

Durante el gobierno kirchnerista, se abusó del limbo jurídico de esa norma. ¡Y se capitalizó políticamente esa debilidad! Se crearon procedimientos al margen de lo constitucional para designar jueces subrogantes, propiciando una justicia defectuosa. En vez de participar los tres poderes en la designación de los jueces suplentes, fue el Consejo de la Magistratura, a través los votos de una mayoría simple (mitad más uno), el único órgano encargado de designar los magistrados, dejando afuera a los otros dos poderes.

Con estos parámetros inconstitucionales ocurrió el nombramiento de Laureano Durán como juez subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata, que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. ¡Ese distrito representa casi el 40% del padrón nacional! Y un juez ideológicamente sesgado y eventualmente obediente al poder de turno, designado sin la participación de los tres poderes, podría poner en riesgo el estado de derecho y hasta la misma democracia.

El proyecto es una oportunidad para que el país profundice la independencia de los poderes para seguir fortaleciendo el funcionamiento republicano, bastante averiado después de arbitrariedades de toda índole. El plan Justicia 2020 del gobierno de Cambiemos ya ha recuperado terreno con leyes modernas y eficaces aunque resta un gran trabajo legislativo en los próximos años.

Se incorporaron al debate las opiniones de jurisconsultos de gran trayectoria y expertos pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Asociación de Magistrados, Funcionarios de la Justicia Nacional, Colegios de Abogados, eminentes letrados y miembros de la Sociedad Civil. Todos concluyeron en que esta es una legislación que aporta una garantía de imparcialidad al justiciable.

Nuestro proyecto establece que para ser postulante a la lista de conjueces, se debe rendir un concurso público de aptitudes personales en los que se ponderarán antecedentes profesionales. Los conjueces seleccionadas como jueces suplentes serán designados por mayorías calificadas, al igual que las exigidas para los jueces naturales. Todo acorde a la Constitución Nacional. En otras palabras, se definen claramente las funciones de cada órgano. Como debe ser.

En la personificación de la imagen de la Justicia, la balanza representa consideración objetiva de las partes enfrentadas; la espada muestra la capacidad de imponer sus decisiones; la venda en los ojos (venda que a través de esta norma intentamos volver a colocar sobre ambos ojos), asegura la imparcialidad de un veredicto.

Esperamos mucho tiempo la voluntad política que muestra el gobierno de Cambiemos para fortificar nuestro sistema jurídico y restablecer esos atributos a la Justicia. Lo más esencial del ser civilizado y el estado de Derecho es la Justicia.

Diego Mestre
Diputado Nacional (UCR-Cambiemos)