El diputado nacional Daniel Kroneberger (UCR Cambiemos – La Pampa) presentó un proyecto de ley que declara como imprescriptibles los delitos contra la Administración Pública ya que no es correcto que no puedan ser juzgados funcionarios corruptos por haber transcurrido un determinado lapso de tiempo sin que esto se haya realizado.

“Será imprescriptible la acción penal derivada de los delitos previstos en el Título XI ‘Delitos contra la Administración Pública’ del libro Segundo de este Código”.

En 2003 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción también conocida como la Convención de Mérida, con 126 países miembros entre los que se encuentra Argentina y cuyos objetivos son:

–       Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes.

–       Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción.

–       Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.

“Lo que se busca es evitar la impunidad de los actos de corrupción, circunstancia habitual en nuestro país, que estos ilícitos queden impunes por el mero paso del tiempo. “Teniendo en cuenta la duración de los procesos por corrupción en nuestro país es habitual que los mismos terminen sin condena por el plazo de prescripción del delito. Esto degrada la credibilidad institucional y corroe la democracia”, explicó Kroneberger.

“Es necesario crear en nuestro país herramientas contra estos delitos y el daño que generan a toda la sociedad y entiendo que la imprescriptibilidad aporta un elemento fundamental, es necesario asegurar que todos aquellos funcionarios que cometan delitos contra la sociedad serán investigados y condenados y  que la impunidad no será una posibilidad para ellos”.

“Hoy la sensación es que la impunidad está generalizada y es sabido que los procesos penales mueren por efecto de la prescripción deteriorándose cada vez más la confianza que los ciudadanos depositan con el voto en quienes deberían velar por el bien común”.

“La corrupción afecta a todas las personas pero, sobre todo, a los sectores más vulnerables desviando el uso de recursos públicos a intereses particulares mediante apropiaciones indebidas”.