Paridad de género. El paso que busca hacer de la paridad en la política un principio rector pone en discusión la matriz cultural y política de los espacios de poder en nuestro país.

En el Poder Judicial, las mujeres son más de la mitad. Sin embargo apenas un 15 por ciento son juezas, camaristas o fiscales. En el mundo, hay sólo 16 mujeres –apenas ocho por ciento– presidiendo algún país. En Córdoba, de las 18 ciudades más grandes, un estudio reciente muestra que 95 por ciento de sus intendentes son varones y que 80 por ciento de esos municipios nunca tuvieron una intendenta mujer. Casi la mitad de esas ciudades tampoco tienen mujeres en sus gabinetes. Los números son elocuentes, parecen de otra época, pero no lo son.

¿Qué ocurre en el Poder Legislativo? En 1991, de la mano de un puñado de diputadas (apenas el seis por ciento de la Cámara) nació la ley de cupo femenino, la primera en el mundo que buscó vencer las resistencias a la participación real de las mujeres en la política. Doce años después, recién en 2003, las mujeres llegaron a ser un tercio del Parlamento. Lo que era un piso se convirtió en un techo y los partidos se limitaron a cumplir la ley, buscando a veces, incluso, estrategias maniqueas para violarla. Desde entonces, la participación de las mujeres en el Congreso dejó de crecer.

Una sociedad paritaria y una democracia con igualdad de oportunidades requieren transformar los patrones culturales y políticos en los que se sostiene la desigualdad. Asumir que la presencia de mujeres en los espacios de decisión debe ser un mandato legal, social, político y cultural. Educar para la igualdad, transformar estereotipos, promover la discusión sobre las tareas de cuidado, las licencias y la brecha salarial, son parte de una gran agenda en movimiento.

Confusión

Algunos contraponen la paridad a la meritocracia, diciendo “que ingresen los mejores”. Es cierto que debemos mejorar la calidad de nuestra democracia, mejorando, entre otras cosas, la formación, compromiso y capacitación de nuestros representantes. Pero también es cierto que hoy las mujeres tienen mejores pergaminos en el Parlamento que los varones: el 70 por ciento de ellas tienen título universitario, contra el 33 por ciento de los varones.

En las universidades, los mejores promedios son de mujeres, al igual que las tasas de graduación más altas. Sin embargo, en las mismas o en mejores condiciones, las mujeres no acceden a cargos de decisión. Sabiamente, la reforma constitucional de 1994 incorporó, en su artículo 37, las medidas de acción positiva para garantizar la “igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios”. Se trata de igualar la línea de partida, para que desde allí se elija a los hombres y a las mujeres más idóneos para cada cargo. Estamos empezando a cumplir con nuestra Constitución.

El paso que busca hacer de la paridad en la política un principio rector pone en discusión la matriz cultural y política con la que se distribuyen los espacios de poder en nuestro país.

El objetivo de la ley es que las listas se integren de manera alternada y secuenciada por hombres y mujeres, como un requisito ineludible para la admisión de estas. El principio de paridad alcanza a las estructuras partidarias, en las que también los partidos deberán adecuar reglamentos y cartas orgánicas para cumplir con la ley y la Constitución.

El camino transitado fue largo, empezó muchas décadas atrás con el voto femenino. Siguió con la ratificación de “Convención de los derechos políticos de la mujer”, con la “Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres” con jerarquía constitucional, con la ley de cupo femenino, y con muchas otras. El paso que dimos se inscribe en esa historia, como reflejo de la larga lucha de mujeres que buscaron el pleno ejercicio de sus derechos políticos como el camino para construir una sociedad igualitaria donde la equidad de género sea una política transversal en todos los órdenes de la vida social.

Mirá la nota en La Voz