La Comisión de Justicia, presidida por el diputado nacional Diego Mestre (UCR – Córdoba), dictaminó a favor del proyecto de ley que propone bloquear las candidaturas de las personas con sentencia condenatoria por delitos de corrupción. De esta forma, la iniciativa se discutiría en el recinto de la Cámara de Diputados en la última sesión del período ordinario de este año.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR – Córdoba), impulsora del proyecto junto con las legisladoras Silvia Lospenatto (PRO) y Elisa Carrió (ARI), participó del debate y afirmó: “Es la propia Constitución Nacional la que en el art. 36 marca el camino para esta iniciativa. Cometer un delito de corrupción es un “atentado a la democracia” porque erosiona la base de legitimidad en la que sostiene el sistema republicano. El art. 16 de la CN exige la idoneidad para el acceso a los cargos, y eso habla tanto de la idoneidad técnica como de la idoneidad etica. Finalmente, no estamos modificando las leyes del derecho penal, sino los requisitos de inhabilidad para ser candidatos, donde se deben velar por proteger el bien jurídico superior que es la propia democracia. El proyecto propuesto es respetuoso con los pactos internacionales que gozan de jerarquía constitucional y en particular con la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 23, que admite una restricción frente a una condena de un juez competente”.

El proyecto de ley propone modificar el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos incorporando una causal más para prohibir que sean candidatos los condenados por delito de corrupción (tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, encubrimiento, entre otros), aun cuando la sentencia no esté firme.

La Comisión de Justicia era la última instancia en la que el proyecto debía obtener el dictamen favorable previo a su discusión en el recinto, para obtener la media sanción. La semana pasada, la iniciativa logró el dictamen positivo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el impulso del bloque de las autoras (Cambiemos) y del Frente Renovador.

Tras la comisión, Austin se mostró entusiasta con el avance de la propuesta e insistió en que la iniciativa se constituye como un paso más en la construcción de un Estado decente. “Esta ley viene a incorporarse a las otras, como la de Acceso a la Información Pública, la Ley del Arrepentido o la Extinción de Dominio para que en Argentina la transparencia, la ética pública, la moral y la honestidad sean las características principales del ejercicio de la política”.